Luego de meses de reclamos sindicales, Lácteos Vidal despidió a los empleados que bloqueaban la empresa
Tras dos meses de conflictos con sus trabajadores, Lácteos Vidal a decidió despedir a 26 empleados.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La empresa Lácteos Vidal de Carlos Casares, anunció este jueves el despido de todos los trabajadores que mantenían protestas contra la compañía fuera de las instalaciones, bloqueando la puerta de la planta, ocasionando dificultades en la producción.
Recordemos que la protesta había comenzado el 18 de julio por denuncias de demoras en los pagos de salarios y aguinaldos, sumado al reclamo de seis trabajadores por no estar representados en Atilra y el cuestionamiento a las categorías de otros 14 trabajadores. Sin embargo, desde la empresa negaron cualquier retraso de pagos, aportes o bonos acordados por paritaria.
Así la mafia sindical de Atilra, acosa a los empleados que quieren ingresar a trabajar en Lácteos Vidal.#BloquearEsDelito pic.twitter.com/G9HqUwgYD1
El despido afecta a 26 trabajadores que mantenían una protesta contra la compañía junto a tres delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la Argentina (ATILRA)
De acuerdo al director técnico Arturo Díaz, la planta operaba a la mitad de su capacidad: “La fábrica hoy está a mitad de máquina, una planta parada y la otra funcionando al 50% de su capacidad. Es difícil, pero hoy contamos con 26 trabajadores que le pusieron el hombro, que nunca dejaron de presentarse al trabajo y por esos trabajadores estamos luchando hoy, por sus familias y queriendo que la fábrica comience a trabajar en su plenitud, con trabajadores nuevos que se vayan tomando y capacitando”.
“La situación seguía difícil. Se estaba tornando demasiado larga e insostenible y, lamentablemente, uno quiere seguir trabajando y mantener los puestos de trabajo y tiene opciones muy limitadas. Después de todo este tiempo llegamos a tomar la decisión de notificar los despidos de los 26 trabajadores y 3 delegados”, dijo Díaz al medio Continental Agro.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche terminó en un escándalo condenuncias por agresiones físicas, amenazas y una mujer desmayada durante el acto encabezado por el intendente Walter Cortés.
Los hechos ocurrieron en medio de un conflicto político y social por el futuro del CerroCatedral, donde vecinos y algunos concejales de la oposición se manifestaron contra el proyecto de desarrollo impulsado por el Ejecutivo municipal y CAPSA(Catedral Alta Patagonia S.A., la empresa concesionaria de la explotación y operación del cerro, emblema de la localidad), en el marco del debate por los cambios y la definición de parámetros urbanísticos en esa zona.
El intendente Cortés inició su discurso con un extenso informe de gestión centrado en obras y en temas de la agenda local, entre ellos la definición de parámetros para el cerro Catedral, la situación del vertedero municipal y la reforma de la Carta Orgánica prevista para este año.
Una manifestante integrante de la Asamblea de Jubilados en lucha, relató que recibió un cabezazo en el tabique nasal que le provocó un desmayo. La mujer, que debió ser hospitalizada, luego radicó una denuncia penal y debió ser hospitalizada.
También un integrante de Residentes Unidos Bariloche llevó a la Justicia las agresiones que sufrió en el acto de apertura. Este vecino explicó que al ingresar al recinto varias personas lo rodearon y lo increparon. “Estábamos acá adentro, reclamando pacíficamente. Se ve que me tienen fichado, porque apenas entré me rodearon seis personas, a las que les pregunto si me estaban rodeando a mí, a lo que me contestan que sí, que me cuide, que después nos ibas a cruzar”.
Según indicó, tras ese episodio volvió a ingresar y allí se produjo la agresión que desencadenó los disturbios. De acuerdo con su versión, un hombre vinculado al entorno del intendente le propinó un golpe de puño en la cara, una situación que quedó registrada en un video.
La denuncia penal del vecino agredido quedó asentada en la Subcomisaría 55 de Playa Serena. Según la certificación de actuaciones judiciales labrada con fecha 2 de marzo de 2026, el denunciante declaró que “siendo las 11:10 aproximadamente me hice presente en el gimnasio municipal n° 5 acompañado con un grupo, desde que entré a la asamblea gente allegada al intendente Walter Cortés me rodearon y comenzaron a increparme invitándome a salir fuera y amenazándome con que ya nos íbamos a cruzar”.
De acuerdo con esa denuncia, el hombre identificado como autor del golpe inicial fue César Milton Catrigual Guerrero. Desde el 31 de marzo de 2025 ocupó el cargo de colaborador directo del intendente Walter Cortés, en virtud de la Resolución Municipal N° 00000686-I-2025, firmada el 16 de abril de 2025. Esa resolución, dictada en el marco de la Ordenanza N° 3439-CM-2023 que aprobó la estructura política de la gestión, estableció una remuneración equivalente a dos salarios básicos de la categoría 19 más zona fría, vigentes hasta que “el Sr. Intendente disponga lo contrario”.
Medios locales también recordaron que, antes de su incorporación al Ejecutivo municipal, Catrigual Guerrero fue desvinculado de la Cooperativa de Electricidad de Bariloche (CEB) tras acumular años de inasistencias injustificadas.
La concejal opositora Julieta Wallace afirmó que presenció una de las agresiones y apuntó contra el entorno de Cortés. “Fui testigo cómo el chofer de Cortés le pegó una piña a un vecino que se fue a manifestar en contra del proyecto del Cerro Catedral“.
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche emitió ayer lunes una resolución y se abocó de oficio a investigar los episodios de violencia registrados durante el acto oficial. El documento, firmado por la defensora Mariana Minuth, consignó empujones, gritos, una intervención policial deficiente y la caída al piso de una mujer y de su hija de 9 años, hechos que derivaron en el desmayo de la vecina y en la agresión física a otro asistente.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 años durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcó en una investigación por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultó una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.
La causa está a cargo del fiscal Alejandro Carón del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este año en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rápidamente.
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.
El procesamiento de ese material permitió detectar un vehículo asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por los múltiples puntos de monitoreo que tiene la ciudad. La investigación también contó con el aporte de cámaras privadas, permitiendo así ampliar la trazabilidad del vehículo y agregando elementos probatorios para orientar las tareas de campo de las Fuerzas de Seguridad.
A través de estas tareas los agentes lograron establecer vinculaciones con otros hechos de características similares. Entre ellos, un robo ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en un comercio de Lima al 1000 y otro episodio registrado el 13 de abril de 2024 en un local de Corrientes al 900.
Todos los hechos presentaron un modus operandi coincidente y habrían sido cometidos por un mismo grupo delictivo que actuaba de manera coordinada.
En continuidad, se allanaron tres domicilios. En uno de ellos se detuvo a Matías Miguel R (de 40 años) sindicado integrante de esta banda vinculada a una serie de robos calificados. También se secuestraron tres teléfonos celulares, dos bandoleras y un DVR correspondiente al sistema de cámaras del domicilio.
Sobre la utilización de la plataforma tecnológica en el caso, el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”. El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.
El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo, identificar vehículos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cámaras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Milei y Elsztain en una sinagoga.
La construcción del candidato
Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.
Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.
El botín minero y el escudo del RIGI
Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura”considerado unarareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
Yacimiento de plata “El Quevar”.
La Argentina S.A.
La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.
El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegioestatal que redefine los cimientos de la economía nacional.
A pocos metros de la costa de Lago Escondido, en un valle encajonado entre cerros que superaron los dos mil metros, Joseph Lewis avanzó con una estructura subterránea de 4.000 metros cuadrados, de características militares, sin planos visibles ni autorizaciones que avalaran la obra. Según las descripciones incorporadas en pedidos de informes, la fortificación contó con tres subsuelos y dos plantas, y quedó enterrada en morenas glaciarias con hormigón y acero.
El financista británico regresó a su estancia patagónica en enero de 2026, luego de recibir el indulto de Donald Trump tras haber sido condenado por fraude en Estados Unidos. En ese marco, supervisó los trabajos de una construcción que incluyó salas de comunicaciones, spa y peluquería, además de un piso exclusivo para su estadía. Las imágenes satelitales apenas insinuaron la magnitud de las excavaciones y, de acuerdo con lo consignado, ningún funcionario inspeccionó la obra.
La legisladora Magdalena Odarda sostuvo durante siete años pedidos de explicaciones sin respuestas y volvió a exigir precisiones sobre quién autorizó la intervención. En su presentación, describió la fortificación como “totalmente apta para uso militar” y pidió determinar si funcionó como un refugio antiaéreo o si respondió a una decisión personal del magnate. También señaló que se abrió un camino de ocho kilómetros junto a la costa que no respetó la línea de sirga establecida por ley.
Mientras se desarrollaron las excavaciones, el Ministerio de Defensa de la Nación mantuvo desactivado el visor online de áreas de frontera del Instituto Geográfico Nacional, una herramienta que, según se indicó, resultó clave para establecer si las obras vulneraron zonas sensibles vinculadas a la soberanía.
El cuadro, de acuerdo con la misma información, incluyó otros emprendimientos en la Patagonia. El Emir de Qatar contó con una residencia excavada en la roca a 1.700 metros de altura en el cerro Baguales, en un contexto en el que también se mencionó a un magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiso construir represas privadas. A su vez, el fideicomiso Amaike, de la familia real de Abu Dhabi, desplegó infraestructura en la cordillera y en la costa atlántica.
Ese último grupo adquirió del holding Tavistock, propiedad de Lewis, un aeropuerto privado en la costa atlántica rionegrina, en Sierra Grande, ubicado a 700 kilómetros en línea recta de las Islas Malvinas. Allí, según se consignó, ningún control estatal supervisó el tráfico aéreo: Gendarmería no ingresó, Prefectura no ingresó y, cuando la propia policía rionegrina intentó hacerlo, se le negó el acceso sin que se registraran consecuencias.
En paralelo, siete congresistas estadounidenses recorrieron Tierra del Fuego y Neuquén en un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sin aviso ni invitación a los gobernadores. Gustavo Melella protestó tibiamente y Rolando Figueroa se enojó con la prensa que lo sorprendió sin respuestas. A 48 horas de esa visita, el embajador Jamieson Greer, secretario comercial de la representación comercial en Argentina, firmó un acuerdo de comercio recíproco con Pablo Quirno.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en el marco de la investigación por el suicidio de Rodrigo Gómez —un soldado extorsionado por una banda carcelaria—, reveló una grave crisis en las cárceles bonaerenses, donde al menos unas 48.693 líneas telefónicas legales permiten a presos continuar delitos desde los penales.
“Toda esta maniobra extorsiva va mutando y lo más preocupante es que todo esto no es novedoso porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal gracias al uso irrestricto de un celular”, destacó la funcionaria judicial, subrayando que “hoy un teléfono es un arma”.
La investigación pericial concluyó que estos dispositivos se convirtieron en “pymes del delito” y generaron un “espacio de vulnerabilidad institucional” en toda la provincia.
– Sandra Arroyo Salgado
Durante la pandemia de COVID-19, un habeas corpus colectivo autorizó celulares en cárceles bonaerenses para mantener el contacto familiar, medida que persiste pese al fin de la emergencia sanitaria del 2019. Esto benefició inicialmente la reducción de conflictividad interna, pero evolucionó hacia “call centers tumberos” para extorsiones, estafas, narcotráfico y robos coordinados extramuros.
El problema escaló, siendo que originalmente no se buscó fijar una fecha de caducidad de esa medida y la cosa quedó como derecho adquirido para quienes no lo tendrían que merecer.
Actualmente, los presos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuentan con teléfonos celulares registrados que pueden utilizar con relativa libertad.Sus conversaciones pueden ser monitoreadas si existe una orden judicial que lo exprese. A ese número se suman los aparatos que ingresan de contrabando —a través de familiares o, en algunos casos, de personal penitenciario—, una práctica que, según fuentes judiciales y de seguridad, persiste en todas las unidades del país.
Un ejemplo reciente de las consecuencias de esa trama de comunicación y contrabando ocurrió el miércoles pasado, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una banda que operaba desde el Complejo Penitenciario Almafuerte de Luján de Cuyo y realizaba extorsiones. A través de una red social los acusados contactaron a un hombre en Chubut y le montaron el mismo engaño que perjudicó a Rodrigo Gómez. La víctima, padre de familia, llegó a estar al borde del suicidio pero finalmente realizó la denuncia que permitió la investigación.
Los teléfonos que ingresan a las cárceles de contrabando suelen ser, por lógica, los más utilizados para cometer delitos. Sin embargo, existen excepciones. El caso del soldado es uno de ellos, donde uno de los números involucrados en el episodio estaba registrado oficialmente dentro del sistema del SPB.
El contrabando estimado
Según datos oficiales de noviembre de 2024, para ese entonces el 73% de los internos ya tenía un teléfono celular. Aunque se implementaron restricciones, el control efectivo sobre su uso fue prácticamente inexistente. En ese contexto, se registraron más de 42.800 dispositivos, una cifra que desde entonces creció un 13,77%.
“Vengo laburando hace una banda de tiempo… ya vengo hace dos años… una banda de presos está laburando así, en todos lados laburan así… en la 30 (Unidad de General Alvear) están laburando todos, en todos los pabellones están laburando”, afirma un preso en uno de los audios que recopiló la magistrada.
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, durante 2025 se secuestraron 1.525 teléfonos celulares ilegales dentro de las unidades penitenciarias. De ese total, 1.366 fueron hallados en requisas de rutina, mientras que otros 159 fueron incautados por orden judicial en el marco de distintas investigaciones.
La situación, que expone el alcance del uso de dispositivos móviles en las cárceles, fue definida en ámbitos judiciales como una “bomba de tiempo”.
Días atrás, la integrante principal del tribunal Arroyo Salgado solicitó medidas para abordar el problema en una nota enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena. Además, remitió una nota similar al procurador de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, jefe de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires.
“El uso de teléfonos celulares en el ámbito carcelario bonaerense es una herramienta ‘imprescindible’ para que los detenidos continúen con su empresa criminal”, sostuvo la titular del juzgado.
El soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Andrés Gómez tenía 21 años y era soldado voluntario del Ejército Argentino, integrante del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
En diciembre de 2025 se encontraba cumpliendo tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos. Durante una guardia nocturna, el 16 de diciembre de 2025, fue encontrado muerto en su puesto tras dispararse en la cabeza con su arma reglamentaria.
Pero pronto quedó claro que el suicidio no era un hecho aislado. Antes de quitarse la vida, Rodrigo había sido víctima de una banda delictiva de embaucadores. Todo comenzó cuando el joven conoció en una aplicación de citas a una supuesta mujer que se presentaba como “Julieta Ayelén Cardozo”. El perfil era falso y detrás de esa identidad operaban los delincuentes.
La víctima inició una conversación que parecía inocente. Días después apareció un nuevo interlocutor que se presenta como la madre de la joven y acusa al hombre de haber mantenido contacto con una menor de edad.
A Rodrigo lo amenazaron con denunciarlo por corrupción de menores, hacer públicos los chats y avanzar con una supuesta detención. La única manera de evitar el escándalo —le dijeron— era pagar.
El soldado comenzó a transferir dinero a cuentas vinculadas a los malhechores. De acuerdo con la Justicia, realizó varias transferencias, pidió préstamos y llegó a enviar más de 1.4 millones de pesos. Pero en este tipo de maniobras el pago nunca cierra el conflicto, por el contrario, abre la puerta a nuevas exigencias. Cada transferencia daba lugar a un nuevo reclamo.
“Cuando necesitan algo te lloran y te piden un voto, pero después, cuando en realidad los necesitás, nadie aparece”, denunció Juan Carlos Gómez, padre de Rodrigo. Aseguró que, a la fecha de su perdida, no recibió ni una llamada ni una comunicación formal por parte del Ejecutivo Provincial, y reprochó específicamente la ausencia de gestos de condolencia tanto del gobernador Axel Kicillof, como del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.
Los mensajes recuperados por los investigadores muestran cómo el joven fue entrando en una espiral de desesperación. En los audios decía que ya no tenía dinero, que estaba “en quiebra”. La presión psicológica fue devastadora. Gómez temía perder su carrera militar, ser acusado públicamente de pedofilia y que su familia conociera la situación. Dejó una carta póstuma en la que pedía perdón y explicaba que no quería seguir causando problemas.
Un informe de Zuban Córdoba reveló que el 72,7% de la población está en contra de un conflicto armado entre esos países. El estudio también muestra diferencias marcadas según el voto en el balotaje.
La investigación permitió vincular al sospechoso con otros golpes a trabajadores cometidos con un patrón similar en distintos puntos de la ciudad santafesina.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
