Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La Municipalidad de Córdoba publicó la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre del año y confirmó lo que es una evidencia: hubo una fuerte suba del gasto en coincidencia con el período preelectoral. Si se comparan las erogaciones devengadas entre enero y abril de este año con las del 2022, la suba del total fue del 143 por ciento. Casi 35 puntos por encima de la inflación.
En el primer cuatrimestre del año pasado, el gasto total devengado había sido de 28.626 pesos. Este año, casi rozó los 70 mil millones de pesos (69.577 millones).
El intendente y precandidato a gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
La partida de trabajos públicos es la que más creció en el estratégico cuatrimestre previo a las elecciones provinciales y municipales en las que el intendente Martín Llaryora buscará llegar a la Gobernación y el viceintendente, Daniel Passerini, tratará de sucederlo en la Comuna. El devengado por el pago de obras fue de 10.729 millones de pesos, un 298 por ciento más que lo ejecutado el año pasado, cuando en el mismo período se habían devengado 2695 millones.
El rubro personal creció apenas por encima de la inflación: el gasto para pagar los alrededor de 10 mil sueldos de los empleados y los funcionarios municipales pasó de 11.821 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año pasado a 24.918 millones en 2023. Se trata de una suba del 110 por ciento.
El Municipio de Córdoba.
Cabe aclarar que en esa partida de personal no están incluidos los monotributistas que se desempeñan con contratos de locación de servicios, ni los becarios, mucho menos quiénes participan del programa Servidores Urbanos (chalecos celestes). Tampoco se conoce a ciencia cierta cuántas personas se desempeñan en cada una de esas categorías.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
El presidente Javier Milei suspendió el viaje que tenía previsto realizar a Mendoza, donde iba a asistir a la tradicional Fiesta de la Vendimia, debido al trágico temporal que azotó la ciudad de Bahía Blanca. Así lo confirmaron hoy fuentes oficiales a los periodistas acreditados en Casa Rosada, que precisaron: “(El Presidente) se va a quedar monitoreando todo lo de Bahía Blanca desde Olivos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó: “El Presidente de la Nación ha suspendido las actividades previstas en la provincia de Mendoza para el día de mañana”.
La decisión tuvo como motivo las fuertes lluvias e inundaciones que se registraron en Bahía Blanca. Desde la madrugada hasta pasado el mediodía, la ciudad recibió más de 290 milímetros de precipitación, con un saldo de al menos seis fallecidos y cientos de familias afectadas. Según informó el último parte de la municipalidad, “en cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis: una mujer en la vía pública en las calles Paroissien y Rawson, cuatro personas en vía pública en la zona de Sarmiento al 1000 y una persona en Cerri. Hasta el momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud del desastre climático, la existencia de mayor cantidad de víctimas mortales”.
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, publicó un video en X donde describió la compleja situación: “Bahía Blanca ha sido nuevamente azotada por una catástrofe natural. La situación se ha tornado muy crítica en diversos sectores. En este marco ya se contabilizan más 300 mm de agua acumulada y continuamos trabajando con todos los recursos disponibles para llegar con la asistencia y rescate de las personas afectadas”. Acto seguido, añadió: “Además, hay grandes contingentes de todas las Fuerzas y del Gobierno de la Provincia llegando a Bahía Blanca. Hasta el momento se evacuaron 275 personas en la localidad de Bahía Blanca, y más de 800 en Cerri. En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el número asciende a seis y de momento no se puede descartar, en virtud de la magnitud de lo ocurrido, la existencia de mayor cantidad de víctimas fatales”.
El funcionario municipal solicitó a los habitantes no circular por las calles: “A esta hora, gran parte de la ciudad continúa bajo agua, por lo que solicito a los vecinos extremar las medidas de cuidado y no circular por la vía pública. Estamos desde el inicio de esta tragedia trabajando con maquinaria del Municipio y recursos del Ejército, Bomberos, Policía Bonaerense, Defensa Civil y Prefectura Naval para poder llegar a cada uno de los bahienses afectados”.
La magnitud de la tormenta aisló la ciudad. Los accesos por ruta se cerraron, entre ellos el que conecta con la ruta 3, debido a que el agua cedió el pavimento. Otras vías, como el Camino Viejo y la ruta 51, también sufrieron restricciones. El transporte público se suspendió, el aeropuerto quedó cerrado y el suministro eléctrico se cortó en forma preventiva. El hospital municipal y otros centros de salud reportaron filtraciones y complicaciones para atender a los pacientes. Asimismo, se informó que continuaban las clases suspendidas y no había atención en oficinas públicas.
Como parte de la respuesta oficial, se movilizaron equipos de rescate de Policía Federal Argentina y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Voceros provinciales explicaron que se enviaron más de 40 efectivos especializados, 8 agentes de Defensa Civil, 6 lanchas de rescate urbano, drones con cámaras de alta definición y dos helicópteros, entre otros recursos. Se dispuso además la restricción y corte del servicio eléctrico en áreas comprometidas. En el ámbito nacional, el ministro de Seguridad envió a las fuerzas federales, mientras las autoridades pidieron a la población mantenerse en sus hogares y detener cualquier tipo de actividad hasta nuevo aviso.
Ante este escenario, Milei decidió permanecer en la Residencia Presidencial de Olivos para supervisar la evolución de la emergencia en contacto con las autoridades locales. El Presidente había sido invitado por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para asistir al Almuerzo de Bodegas de Argentina y al Acto Central de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, las fuentes oficiales insistieron en que la prioridad quedó enfocada en Bahía Blanca, donde las condiciones climáticas seguían generando serios riesgos para la población.
Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.
Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.
En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.
El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.
En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
