La Ley de Humedales es una iniciativa ciudadana presentada por primera vez en 2013, que ya obtuvo dos medias sanciones por parte del Senado (2013 y 2016), pero nunca pudo ser aprobada por la Cámara de Diputados. Su proyecto radica en la regulación, protección y conservación de los humedales, ya que el 35% de los mismos ha desaparecido desde los últimos 52 años y los incendios en zonas pampeanas profundizan más el peligro de que se destruyan reservas naturales muy importantes.
Sin embargo, la ley de humedales encuentra una disyuntiva en su implementación por el inventario y la moratoria, donde se requiere un determinado presupuesto al que es difícil de acceder por la situación económica del país actual y colisiona con la actividad minera que debería ser regulada si esta ley es aprobada. Esta ley interfiere con un sector clave de la producción argentina. También atenta contra la Constitución, otorgándole poderes “extra federales” al gobierno nacional sobre como coordinar terrenos provinciales.
La minería ayuda a movilizar las economías regionales en zonas alejadas de los grandes centros productivos y poblacionales y en la actualidad realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes de origen nacional. Lo que más complica a la minería es la definición de “humedal”, dada la posibilidad de que una catalogación excesivamente laxa o amplia cercene la posibilidad de exploración, explotación y desarrollo minero en distintos lugares claves del país. Por su lado, la ley de Humedales argumenta que no se busca prohibir la producción en los humedales. Por su lado, el lobby minero asegura que “ya existen leyes que regulan los ecosistemas argentinos y que esta ley no es útil”.
La ley se basa en respetar y cuidar las principales fuentes de agua dulce del país, a también promueve el empleo responsable del medio ambiente y controla el avance de la frontera agrícola en zonas que deben ser preservadas como reservas naturales. Sin embargo, una ley laxa, como la que se está planteando en diputados, pone en control de los inventarios al poder nacional y no provincial, yendo en contra de las leyes ambientales vigentes y también pone palos en la rueda en uno de los tres sectores más productivos del país. La ley de humedales requiere mucha más revisión antes de poder ser llevada al congreso como una medida de última urgencia, pues no está teniendo en cuenta sectores productivos del país que no pueden ser regulados aún más.
