08 febrero, 2025

Lamentable: uno de cada cuatro mayores de 60 años vive en la pobreza

Según la UCA, la falta de ingresos es uno de los factores que más golpea a los jubilados, ubicándolos muy por debajo de la linea de la pobreza.
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El 26% de las personas mayores de 60 años se encuentra en condiciones de pobreza en el país, donde la falta de ingresos es el factor que más afecta a este sector de la población.

Los datos fueron recolectados del “Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayores” que presentó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). Dicho informe, describe la situación de los adultos mayores de 60 años según condiciones sociales, económicas, de vivienda, del estado y atención de salud y del bienestar subjetivo experimentado entre 2017 a 2021.

Del informe se señala que la falta de ingresos es una de las variables que más afecta a las personas mayores: aunque hay una tendencia creciente a seguir formando parte de los mercados laborales, la gran mayoría obtiene sus ingresos del sistema previsional, que en Argentina es casi universal y para todos; sus otras fuentes de ingresos son los ahorros propios y la ayuda de terceros.

Por otra parte, están en una mejor situación las personas de más de 75 años, las que han finalizado sus estudios secundarios, quienes viven solos o con otras personas también mayores y quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires

Hay acuerdo entre los especialistas que las mediciones de la pobreza por ingresos no son aplicables a las personas mayores, por la ausencia de una canasta básica de necesidades para esta población. Es por eso, que se aplica el método multidimensional, que expresa cuántas carencias básicas se tienen: en personas mayores, el 26% tiene pobreza de acuerdo con el informe.

En cuanto a la ayuda de terceros (incluye la estatal y no estatal) el 27% las percibe, mucho menos que en los hogares sin personas mayores. En otro punto, se señala que el 12% de las personas mayores no accede a una vivienda digna: para la UCA esto se encuentra totalmente asociado al nivel educativo y al nivel socioeconómico.

Tener el secundario completo es un “seguro” y se encuentran en mejor situación las personas mayores de 75 años y las personas que no conviven con menores de 60. En cuanto al déficit de acceso a servicios básicos, en personas mayores es del 23%.

Redacción

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Autoconvocados y legisladores cruzaron al IOMA tras la muerte de un afiliado y denunciaron amenazas

Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.

El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.

La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.

La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.

En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.

– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta

Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.

Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.

– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco

Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.

El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.

Redacción

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Juan Grabois AMENAZÓ al presidente Milei y a funcionarios del Gobierno: “Los vamos a hacer correr”

El dirigente piquetero Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande y exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, durante la presentación de su libro Argentina Humana en la ciudad costera. 

En un evento que colmó las instalaciones del Sindicato Luz y Fuerza, Grabois instó a sus seguidores a confrontar con firmeza lo que calificó como un modelo de “deshumanización” impulsado por el gobierno libertario.

“Vamos a derrotar a los que deshumanizan a nuestro pueblo: a Montenegro, a Bullrich, a Milei, a Caputo, a Sturzenegger y a toda esa banda de hijos de puta que los vamos a hacer correr”, declaró el dirigente, remarcando la necesidad de una oposición frontal y sin “buenos modales”. Además, criticó las políticas de “cultura del descarte” y subrayó que “el capitalismo está llevando a la destrucción de la humanidad”.

En una jornada marcada por su confrontación con el intendente de Mar del Plata, Grabois también anunció que presentará una denuncia penal contra Montenegro por “abuso de autoridad” en los operativos municipales para desalojar a “trapitos” y “limpiavidrios”. “Están violando el Estado de derecho, maltratando a personas que no se pueden defender. La criminalidad de Estado es un problema grave”, denunció. 

Montenegro, por su parte, respondió desde sus redes sociales: “Tu lógica es el apriete, tirar piedras, exigir planes. Pedir, pedir y pedir. A los trapitos y fisuras que ranchan en cajeros y amedrentan a los trabajadores que quieren retirar plata: en Mar del Plata no”. La relación conflictiva entre Grabois y Montenegro tiene antecedentes. Hace dos años, el intendente acusó al dirigente de estar detrás de la ocupación de tierras en El Marquesado.

El dirigente de ultraizquierda también anunció sus intenciones de presentarse como candidato en las elecciones legislativas de 2025, aclarando que no aceptaría encabezar listas con figuras de la "partidocracia" y apostando por propuestas que, según él, están "más cerca de Noruega que de la Unión Soviética". Destacó que su modelo político busca un equilibrio entre justicia social y responsabilidad fiscal, aprendiendo de los errores de gestiones anteriores.

Durante la jornada, Grabois también reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los movimientos sociales en el contexto político actual. "Nuestra responsabilidad es levantar a quienes están caídos en la angustia y la incertidumbre, y combatir la crueldad a través de la organización comunitaria", enfatizó. Con estas palabras, invitó a los asistentes a participar activamente en la construcción de un modelo más inclusivo y solidario.

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Redacción

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Gobierno y empresarios buscan impulsar exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió este jueves a Jorge Miranda, CEO de la empresa Power Trading LLC, y a Javier Antonio Aguilar, director comercial de la misma firma y concejal de Concordia. Durante la audiencia, los ejecutivos propusieron a Hein una iniciativa que favorecería las exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico.

“Traemos iniciativas relacionadas con el futuro de las empresas y los estados provinciales, que estamos gestionando desde organizaciones de empresarios del Caribe y del Mercosur. Tratamos de darle mayor relevancia al corredor Capricornio, que es el corredor bioceánico que une Antofagasta (Chile), Jujuy, Salta, Bolivia, Paraguay y termina en Santos (Brasil), y estamos tratando de unirlo con el corredor del Mercosur”, explicó Aguilar.

Sin embargo, sostuvo que “esto no es tan fácil con la nueva legislación”, y amplió: “Hoy, las nuevas normas de la Unión Europea con respecto a la deforestación y la ley misma de deforestación, acarrean un sinfín de problemas a los productores, porque no cuentan con las herramientas necesarias. Ellos son muy conocedores de sus productos, pero están exentos de los instrumentos que los llevan a exportarlos”.

“Buscamos hacer participar a las autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de instruir a los productores para que puedan utilizar ese corredor, que es muy importante, de 45 millones de personas”, agregó.

Aguilar, por su parte, comentó que tienen la intención de que “los productores, especialmente de la provincia de Entre Ríos, puedan llegar a cualquier parte del mundo a través del corredor bioceánico”. En ese sentido, buscan herramientas que permitan avances en este proyecto.

Redacción

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SANTA CRUZ | Vidal impulsó un examen toxicológico para empleados públicos y desató la furia de los gremios

Ayer martes, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al examen toxicológico que el Ministerio de Salud buscó implementar, en primera instancia, en el personal de esa cartera. La iniciativa aprobó un protocolo para verificar el consumo de sustancias y generó reparos en sectores gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Vidal afirmó no entender “la preocupación que generó el reciente anuncio que hizo el Ministerio de Salud, al aprobar un protocolo para realizar un examen toxicológico para verificar el consumo de sustancias al personal de la cartera”. Subrayó que “lo vamos a implementar en todo el Estado Provincial” y puntualizó que “no llegamos al gobierno para hacer, exactamente, lo mismo que el anterior y creo que los trabajadores que prestan servicios en el Estado deben recuperar para esta sociedad la cultura de trabajo”.

El mandatario insistió en su postura al declarar: “Corresponde, cuál sería el inconveniente. A ver, yo soy trabajador. Trabajé bajo relación de dependencia. Lo lógico y lo que corresponde es respetar las normas de convivencia que hay dentro de un sector de trabajo. No entiendo porque la preocupación. La verdad que no lo entiendo. Se armó todo un escándalo con esto”.

Ante el rechazo de algunos gremios, Vidal recordó su pasado como representante sindical y expresó: “No entiendo el drama porque, en definitiva, si nosotros prestamos un servicio en algún lugar y recibimos un salario por eso, creo que tenemos que ir en condiciones para hacer esa labor”. Agregó: “Sobre todo porque somos responsables de garantizar la integridad física de los otros trabajadores que están alrededor”.

Redacción

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Hein y Bentos buscan fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad en Entre Ríos

El pasado miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió a la diputada Mariana Bentos (bloque Juntos por Entre Rìos) para dialogar sobre la necesidad de continuar trabajando por los derechos de todos los entrerrianos y entrerrianas. Entre los temas analizados, fundamentalmente, coincidieron en la importancia de continuar generando instancias y proyectos de ley que fortalezcan la accesibilidad a diferentes ámbitos, de las personas con discapacidad.

“Esta gestión se ha mostrado abierta desde el inicio, con la convicción de que la participación debe ser de todos los ciudadanos, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad de trabajar para que las barreras sean cada vez menores”, señaló la diputada.

En vistas al inicio de un nuevo período legislativo, indicó: “Este año tenemos una nueva oportunidad de proponer y aprobar iniciativas que den respuesta a las necesidades y problemáticas que tienen muchos vecinos, de diferentes edades, y que por alguna discapacidad no pueden acceder ya sea a espacios o actividades, así que sobre eso estuvimos planificando en esta reunión”, precisó Bentos.

Redacción

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Un municipio de Salta construirá un muro de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar los cruces clandestinos: “Era un descontrol total”

El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignación del país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.

La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.

Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.

Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.

La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.

Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.

En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.

El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.

Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.

Redacción

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