“Me ofrezco como anfitriĆ³n de esta ciudad, por cercanĆa, porque quiero y porque me gusta asumir esa responsabilidad”, recalcĆ³ Garro. No es novedosa la expresiĆ³n de buenas relaciones que mantiene el mandatario de La Plata con el jefe de Gabinete provincial, Insaurralde, a quien no hace mucho tiempo atrĆ”s destacĆ³ por su trabajo en el marco del encuentro de alcaldes amarillos en la ciudad.
La CĆ”mara de Senadores de Mendoza aprobĆ³ una reforma de la Ley 6722, norma que regulĆ³ el uso de armas de fuego por parte de la PolicĆa provincial, y enviĆ³ el proyecto nuevamente a la CĆ”mara de Diputados para su segunda revisiĆ³n. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposiciĆ³n, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupaciĆ³n por el alcance de las nuevas facultades.
La modificaciĆ³n apuntĆ³ a actualizar el protocolo de actuaciĆ³n policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuaciĆ³n de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el paĆs, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentĆ³ como una herramienta para otorgar “certeza jurĆdica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisiĆ³n de LegislaciĆ³n y Asuntos Constitucionales del Senado otorgĆ³ despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuaciĆ³n, identificaciĆ³n del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefiniĆ³ el protocolo de actuaciĆ³n y habilitĆ³, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificaciĆ³n pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
MartĆnKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendiĆ³ la actualizaciĆ³n de la norma y recordĆ³ el tiempo transcurrido desde la sanciĆ³n original. “La reforma acompaƱa el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actĆŗa ante el riesgo”.
El malestar social alcanzĆ³ en febrero su peor registro desde que comenzĆ³ la serie, hace casi dos aƱos, segĆŗn el Ćŗltimo Ćndice de Irascibilidad Social elaborado por la consultora Casa Tres y publicado en exclusiva por la revista digital SeĆŗl. El indicador cayĆ³ por tercer mes consecutivo y se ubicĆ³ en -14 puntos, seis por debajo de enero.
El resultado perforĆ³ el piso de -13 puntos que se habĆa registrado en septiembre de 2024 y septiembre de 2025, hasta ahora los meses mĆ”s bajos de la mediciĆ³n. SegĆŗn una de las comparaciones incluidas en el informe, el Ćndice quedĆ³ ademĆ”s 11 puntos por debajo de noviembre del aƱo pasado.
De acuerdo al relevamiento, el deterioro del clima social no respondiĆ³ a un hecho coyuntural aislado, sino a una intensificaciĆ³n de los problemas que ya venĆan siendo detectados. La economĆa y el poder adquisitivo siguieron como las principales preocupaciones de los encuestados, mientras que el desempleo ganĆ³ peso y alcanzĆ³ en febrero el nivel mĆ”s alto de menciones espontĆ”neas de toda la serie.
La mediciĆ³n de Casa Tres condensĆ³ variables como la evaluaciĆ³n del Gobierno, el poder adquisitivo y el clima emocional respecto del futuro del paĆs. Sus valores oscilaron entre -100 puntos, que expresaron el mĆ”ximo nivel de descontento, y +100, que representaron el mayor grado de apoyo y conformidad.
El Gobierno mantuvo niveles de apoyo relativamente mĆ”s altos entre los jĆ³venes, los hombres y los sectores de mayor nivel socioeconĆ³mico. En esos grupos, la conformidad con la gestiĆ³n resultĆ³ superior a la irascibilidad social.
La mediciĆ³n se conociĆ³ pese a los avances legislativos del oficialismo, entre ellos la sanciĆ³n de la reforma laboral, y planteĆ³ que los logros macroeconĆ³micos que el Gobierno dio por alcanzados no alcanzaron para una ciudadanĆa que empezĆ³ a demandar mejoras concretas en su vida cotidiana. A partir del resultado de febrero, el anĆ”lisis sostuvo que la sociedad pasĆ³ de un estado de “espera” a uno de “ansiedad”.
El senador nacional por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Paoltroni, quien ocupa el cargo de Convencional Constituyente de la Provincia de Formosa, ha sido condenado por un tribunal de primera instancia por desmonte ilegal. El juez fallĆ³ a favor del Gobierno de Formosa, ordenando que pague mĆ”s de $101 millones, mĆ”s intereses y costos judiciales.
Todo comenzĆ³ con una inspecciĆ³n del Ministerio de ProducciĆ³n y Ambiente de Formosa, que detectĆ³ cambios realizados sin los permisos ambientales correspondientes, dando a conocer una deforestaciĆ³n clandestina en tierras pertenecientes a Paoltroni. Esto significa daƱar ecosistemas como selvas o monte nativo, clave para la biodiversidad y el cambio climĆ”tico en el norte argentino.
āHemos avanzado con algunas acciones administrativas vinculadas al senador Francisco Paoltroni, al intendente de la localidad de Las Lomitas, Atilio Basualdo, vinculadas a las infraccionesā, destacĆ³ el ministro de la ProducciĆ³n y del Ambiente, Lucas RodrĆguez.
Paoltroni no pagĆ³ la multa. Entonces, la fiscal de Estado, Stella Zabala, iniciĆ³ un juicio de ejecuciĆ³n para cobrarla forzosamente. Fue notificado varias veces y tuvo posibilidad de pagar voluntariamente, pero no lo hizo. El juez rechazĆ³ todos sus argumentos defensivos y confirmĆ³ la deuda.
Basualdo fue sancionado con multas que suman aproximadamente $1.025 millones. Las infracciones incluyen la remociĆ³n de 467 hectĆ”reas en las inmediaciones de Pozo Molina, una regiĆ³n considerada de alto valor biolĆ³gico por sus corredores, y otras 192 hectĆ”reas en la zona del Quemado Nuevo.
La defensa sostuvo que, por ser senador, Paoltroni no podĆa ser sujeto de ese procedimiento. El tribunal rechazĆ³ la excepciĆ³n, afirmando que la inmunidad protege actos y opiniones vinculados a la funciĆ³n legislativa āvotos, intervenciones en el recintoā, pero que āno es un salvoconducto para evadir sanciones ambientalesā, econĆ³micas o responsabilidades civiles y administrativas.
Se alegĆ³ que la provincia no estaba legitimada para ejecutar la multa. La jueza considerĆ³, en cambio, que el Estado provincial sĆ tiene competencia y facultad para aplicar y ejecutar sanciones por infracciones a la normativa ambiental local, y por eso desestimĆ³ la excepciĆ³n.
La defensa planteĆ³ que la normativa que sostiene la multa serĆa invĆ”lida. El tribunal, tras analizarla, la declarĆ³ vĆ”lida y ajustada a la ConstituciĆ³n, por lo que el argumento fue igualmente rechazado.
SegĆŗn la resoluciĆ³n, los desmontes investigados constituyen un ācambio de uso de sueloā sin autorizaciĆ³n y alcanzan superficies significativas en varias colonias de la provincia. En total, fue estimado por una ādeforestaciĆ³n masivaā que afectĆ³ a 597 tierras repartidas en tres colonias de la provincia. Los trabajos fueron efectuados en 112 hectĆ”reas en Colonia El Silencio, 7 en Colonia Brouchard y 478 en Colonia San Roque, zonas cercanas a Ibarreta y Subteniente PerĆn.
La defensa ya anticipĆ³ la intenciĆ³n de apelar la sentencia. Si hay apelaciĆ³n, la causa deberĆ” ser revisada por instancias superiores. A su vez, la provincia puede avanzar con medidas de ejecuciĆ³n (embargos u otras medidas cautelares) para asegurar el cobro si la ley lo permite. La FiscalĆa de Estado afirmĆ³ que defenderĆ” la resoluciĆ³n en las instancias siguientes.
Historial judicial
La recopilaciĆ³n de casos que involucran al senador formoseƱo Paoltroni se conforma a partir de una combinaciĆ³n de investigaciones administrativas y expedientes judiciales. En pocos meses, su nombre quedĆ³ vinculado a denuncias por embargos judiciales y sospechas de irregularidades econĆ³micas relacionadas con su actividad agropecuaria.
Como consecuencia, la provincia aplicĆ³ sanciones econĆ³micas que en el caso especĆfico de Paoltroni superan los $104, aunque forman parte de un conjunto de multas mĆ”s amplio que alcanza cifras mucho mayores dentro de distintos expedientes. Las sanciones fueron derivadas a la Justicia para su ejecuciĆ³n cuando no fueron abonadas en el plazo establecido.
Desde su entorno sostienen que las sanciones y expedientes forman parte de una persecuciĆ³n polĆtica impulsada por el gobierno provincial del gobernador peronista, Gildo InsfrĆ”n. Por otro lado, las autoridades ambientales argumentan que las evidencias son fĆ”cilmente verificadas mediante imĆ”genes satelitales del Sistema de Alerta Temprana (SAT).
El choque se profundizĆ³ cuando Paoltroni cuestionĆ³ abiertamente al asesor y estratega cercano al presidente, Santiago Caputo y puso en tela de juicio decisiones relevantes, entre ellas la designaciĆ³n del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, siendo este āparte de la castaā. Las crĆ³nicas documentables y las fuentes del propio oficialismo lo describieron como el punto de quiebre que justificĆ³ la medida.
āNo estaba a la altura de lo que queremos que sea un senador de LLAā, subrayĆ³ una alta fuente del Poder Ejecutivo.
Paoltroni, en cambio, sostuvo que sus cuestionamientos eran legĆtimos y que incluso mantenĆa de igual forma su apoyo Javier Milei, por lo que reivindicĆ³ su espacio polĆtico y anunciĆ³ luego la conformaciĆ³n de su propio espacio llamado, āLibertad, Trabajo y Progresoā.
Posteriormente, integrarĆa su agrupaciĆ³n en una alianza con LLA donde fue Lule Menem āun operador de estrecha confianza de la SecretarĆa General de la Presidencia, Karina Mileiā quien gestionĆ³ su vuelta.
La PolicĆa de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 aƱos durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcĆ³ en una investigaciĆ³n por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultĆ³ una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.
La causa estĆ” a cargo del fiscal Alejandro CarĆ³n del Ministerio PĆŗblico de la AcusaciĆ³n (MPA) y se iniciĆ³ a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este aƱo en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresĆ³ al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rĆ”pidamente.
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cĆ”maras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnolĆ³gica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el anĆ”lisis de imĆ”genes provenientes de la red de videovigilancia.
Sobre la utilizaciĆ³n de la plataforma tecnolĆ³gica en el caso, el secretario de TecnologĆas para la GestiĆ³n de Santa Fe, Ignacio Tabares, seƱalĆ³: āCada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registradosā. El funcionario agregĆ³ que āeste sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigaciĆ³n avance y la Justicia pueda actuarā.
El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volĆŗmenes de imĆ”genes en menor tiempo, identificar vehĆculos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cĆ”maras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
La direcciĆ³n de Emergencias y CatĆ”strofes, dependiente del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que conduce NicolĆ”s Kreplak, atraviesa una etapa de fuerte turbulencia interna. El Ć”rea āclave en la coordinaciĆ³n del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES)ā enfrenta renuncias de profesionales, reestructuraciones controvertidas y una denuncia penal que involucra directamente a su titular.
La base del exhospital Naval y el reordenamiento interno
Uno de los cambios mĆ”s significativos en la estructura operativa de la direcciĆ³n de Emergencias y CatĆ”strofes fue la instalaciĆ³n de una base en un sector cedido por el exhospital Naval. Desde allĆ funciona parte del despliegue logĆstico de emergencias provinciales.
– Basura al descubierto y el improvisado sistema de ventilaciĆ³n
SegĆŗn la descripciĆ³n, los baƱos centrales no cuentan con duchas y solo dos habitaciones cuentan con dicho servicio bĆ”sico, mientras que el resto del personal āno tiene forma de higienizarseā. āA veces en los techos se escuchan ratasā, agregaronĆ³. AdemĆ”s, explicaron que esos espacios originalmente eran depĆ³sitos y ānunca estuvieron destinados a albergar personalā.
Las crĆticas internas no se limitan al funcionamiento administrativo. Por caso, durante los operativos desplegados en BahĆa Blanca por las inundaciones, fuentes consultadas seƱalaron episodios que generaron incomodidad en parte del personal.
En paralelo al conflicto operativo, se radicĆ³ una denuncia penal por presunta extorsiĆ³n contra el actual director del Ć”rea, JerĆ³nimo Chaparro Fresco. La presentaciĆ³n quedĆ³ registrada en el ministerio PĆŗblico Fiscal de La Plata y ya cuenta con nĆŗmero de expediente.
El conflicto en Emergencias se suma asĆ a un escenario mĆ”s amplio de cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema sanitario provincial, que en los Ćŗltimos aƱos tuvo como eje de debate la destrucciĆ³n del IOMA, la obra social del estado bonaerense que mantiene presos y sin alternativas a sus afiliados.
El Trementinal: la āanexiĆ³n de factoā y el asedio a los pobladores
En el departamento salteƱo de San MartĆn, la comunidad Ava GuaranĆ de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemĆ”tico. Productores caƱeros bolivianos ya consolidaron una ocupaciĆ³n de facto sobre 2.500 hectĆ”reas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali VĆ”squez denunciĆ³ que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al rĆo Tarija.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasiĆ³n.
IngenierĆa del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasiĆ³n es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caƱa producidas ilegalmente en Salta cruzan el rĆo“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinĆ”mica del rĆo Bermejo. Esta rudimentaria ingenierĆa busca desplazar la vaguada del rĆo, criterio jurĆdico que define el lĆmite internacional, para ejecutar una expansiĆ³n territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaranĆes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la PolicĆa MarĆtima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los caƱeros y amenazar con encarcelar en el paĆs vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la āsoberanĆa blandaā en el norte
Esta erosiĆ³n territorial se complementa con una estrategia de āsoberanĆa blandaā en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presiĆ³n es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educaciĆ³n o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrĆ³n registra 5.700 electores para una poblaciĆ³n real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasiĆ³n de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La investigaciĆ³n permitiĆ³ vincular al sospechoso con otros golpes a trabajadores cometidos con un patrĆ³n similar en distintos puntos de la ciudad santafesina.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contĆ³ que ya leyĆ³ el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cĆ³mo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
