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Un sector de La Plata tiene problemas con el servicio del agua desde este jueves debido a los “trabajos” que llevan a cabo operarios de Aguas Bonaerenses SA en la ciudad. La empresa informó que se realizarán tareas de “empalme” sobre la red local centralizadas en la intersección de avenida 7 y 99 como parte de la obra “cierre de mallas en cañería de 200 milímetros”, que incluyó el el tendido de cañería de ese diámetro sobre calle 99, en su extensión entre las avenidas 7 y 122.
Los inconvenientes parten de que se cercó el sitio y diferentes zonas de la ciudad ya se vieron afectadas. Sin embargo, en los sitios de labor no hay empleados que estén cumpliendo con las obras. Desde el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof,
Ausencia del equipo de Axel Kicillof en el sitio de labor correspondiente.
Los trabajos se enmarcan en las obras previstas en el “Plan Verano” que el Gobierno de Kicillof lleva adelante para la supuesta mejora del suministro en distintas zonas de la ciudad. Sin embargo, ya son varias las denuncias de vecinos en La Plata que indicaron las negligencias y faltas de personal a los sitios de trabajo.
Para poder hacer efectivo el empalme del nuevo conducto, deben detenerse una serie de perforaciones que alimentan a ese sector de la ciudad. En consecuencia, el suministro de agua se verá interrumpido en la zona comprendida desde 80 a 630 y 4 a 13 aproximadamente, pudiendo verse afectados con baja presión sectores aledaños a ese cuadrante.
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El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, brindó un crudo análisis de realidad provincial con números críticos de las cuentas públicas. En un contexto tensionado por los reclamos salariales, advirtió por la fuerte caída de los ingresos, fundamentalmente de los nacionales que explican el 75% de los recursos del Estado entrerriano.
“Estamos peor que en la pandemia“, enfatizó este martes el mandatario provincial durante una ronda de diálogo con periodistas de la provincia.
Según indicó, los recursos se ubicaron en agosto un 20% por debajo del año pasado e incluso advirtió que “son menos que en pandemia”.
Durante el encuentro en la Casa Gris, se compartió un informe que da cuenta que la Provincia enfrenta una profunda caída en sus fuentes tributarias, apenas morigerada por el ingreso extraordinario del Impuesto a las Ganancias en mayo, que permitió cancelar el vencimiento del segundo vencimiento de deuda en dólares heredada.
Por otro lado, indicaron que no se han recibido transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional, entre ellas las destinadas a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, motivo por el cual el Tesoro Provincial debe suplir dicho recorte. En ese sentido, destacó las medidas de austeridad del gasto público y las reformas en el sistema previsional con el objetivo de “desandar la bomba”.
“La emergencia se sostiene y los objetivos no son los que trazamos al inicio de gestión“, lamentó Frigerio, quien destacó que no se observa una proyección de mejora de la actividad que impacte positivamente en los recursos. En esa línea, dijo que la prioridad hoy es sostener la provisión de alimentos y garantizar el empleo público -que significa el 90% de los recursos corrientes- y que no cierren puestos de trabajo en el sector privado -ya son 5.000 en el año, precisó.
En este contexto, el gobernador reconoció que los salarios quedaron muy bajos frente a la inflación. Planteó que la realidad de las familias se agravó con aumentos importantes como tarifas “por decisión del Gobierno nacional”. De todos modos, aseguró que siguen buscando “alternativas para poder realizar una propuesta superadora a los gremios”.
La denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández tuvo sus repercusiones en Córdoba, porque un grupo de legisladores de la oposición volvió a pedirle al gobernador Martín Llaryora que aparte de su cargo al ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, quien está imputado en una causa de violencia de género.
En marzo pasado, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, pidió la elevación a juicio de la causa, en la que el ministro provincial está imputado por lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género.
Gill ratificó su inocencia en relación con los cargos presentados en su contra por una expareja cuando él ejercía como intendente de Villa María.
El funcionario provincial amplió este año su testimonio ante la fiscalía y reiteró su posición de inocencia. Tras la imputación, hubo un pedido de elevación a juicio que fue apelado por el acusado y aún no fue confirmada la elevación a juicio.
La semana pasada, cuando se conoció la denuncia contra el expresidente, en el recinto de la Legislatura de Córdoba hubo legisladores de la oposición que plantearon que el ministro debía renunciar y pidieron al mandatario provincial que tome una decisión al respecto.
El bloque del Frente Cívico había presentado un pedido de informes en el que solicitó se dé cuenta de casos de violencia de género en el Poder Ejecutivo. Esto fue lo que también generó que algunos opositores aprovecharan para insistir en el recinto con el apartamiento de Gill.
“Si a (Gabriel) Bermúdez (imputado por acoso y denunciado por violencia de género) Daniel Passerini (intendente de la ciudad de Córdoba) le pidió la renuncia en cuanto se enteró de que tenía esa causa, Martín Gill es el único que está procesado. Cualquier persona que trabaje en una fábrica, en la parte privada, cualquier hombre que llegue a tener una denuncia de esta magnitud y esté procesado, es sacado de inmediato; lo dejan sin trabajo. Si este hombre no está a la altura para estar ahí moralmente, le tendrían que haber pedido que se retire, que se aparte hasta que se esclarezca su causa”, expresó Nancy Almada, legisladora del Frente Cívico, quien había planteado el pedido de informes.
“Llaryora no le pide la renuncia porque se lo está pidiendo la oposición y él tiene que mostrar con una gran soberbia cuánto poder tiene. Piensa que le van a llevar puestos a los ministros. Un pensamiento soberbio”, insistió Almada.
Viviana Martocci, también legisladora del Frente Cívico, fundamentó por qué el ministro debería ser apartado. “Debe renunciar porque se encuentra imputado en una causa de violencia de género elevada a juicio; es decir que para la Justicia existen elementos de convicción sobre los graves delitos que se le endilgan. De ninguna manera puede un funcionario continuar en su cargo en esa situación. Evidentemente, el ministro no se aparta de su función porque es amparado por una estructura de poder que silencia y normaliza la impunidad ante la violencia de género”, manifestó.
“El gobernador jamás debió designarlo, pero hoy debe exigirle la renuncia en forma inmediata si en verdad quiere demostrar su compromiso con la erradicación de la violencia de género, porque la omisión implica complicidad”, agregó.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, la radical Alejandra Ferrero, coincidió con la importancia de que ante la imputación Gill no continúe en el cargo.
“Debe ser inmediatamente apartado del cargo, porque no sólo pesa una denuncia, sino una imputación y tiene un procesamiento con elevación a juicio por una causa de violencia de género. Y me parece que el Gobierno debe predicar no sólo con la palabra sino con el ejemplo. Declaman la lucha contra la violencia de género, pero no la ejercen. A Llaryora le falta decisión política, el coraje para pedirle la renuncia. Passerini de inmediato le pidió la renuncia a Bermúdez sin que este ni siquiera haya sido imputado; con la sola denuncia lo apartó de su cargo. Es vergonzoso”, dijo.
“Vemos la hipocresía, la misma que hubo a nivel nacional, de un gobierno embanderado en la lucha contra la violencia de género y que tiene a la vista resultados como los de Alberto Fernández, Fernando Espinoza, José Alperovich”, insistió.
En abril pasado, el legislador ex-Coalición Cívica Gregorio Hernández Maqueda había planteado el pedido de tratamiento sobre tablas para la realización de un juicio político contra Gilltras conocerse su imputación, pero no tuvo los votos necesarios para su tratamiento.
¿QUÉ DICE EL OFICIALISMO CORDOBÉS?
En el oficialismo, el tema fue debatido en su momento a puertas cerradas y primó la postura de que debe pesar la “presunción de inocencia”. Por lo tanto, el gobernador no tendría razón ni motivos para apartarlo de su cargo. “Es una denuncia de instancia privada, no tiene aún elevación a juicio, no interfiere en lo más mínimo en el desempeño como ministro. Entonces, ¿por qué apartarlo? ¿Por qué la renuncia?”, se preguntó un hombre con llegada al Centro Cívico.
“Esto es más de la politiquería barata de la oposición, que pone a todos en la misma bolsa”, lanzó este dirigente del oficialismo, quien aseguró que hay coincidencias en la mesa chica del gobernador y razones por las que Gill no presenta la renuncia.
“Ahora quieren que se aparte; mañana pedirán que se aparte otro ministro. Denuncian que no se hace nada, que se oculta, que se encubre, pero por qué no miran a la Justicia, donde están siendo juzgados los funcionarios con elevación a juicio, a los que les debe caer el peso de la ley”, se sinceró otro hombre próximo al Centro Cívico al referirse al proceso que se lleva adelante contra Diego Concha, exdirector de Defensa Civil, imputado de “homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en abuso de sus funciones y por mediar un contexto de violencia de género”.
“¿Por qué quieren exponerlo como si fuera Concha? Porque quieren hacer politiquería”, dijo otro funcionario que defendió la decisión de evitar una renuncia.
Entre algunas legisladoras oficialistas, en cambio, hay malestar por el tema, sobre todo, entre las que abrazan desde hace años la bandera de la lucha contra la violencia de género. Aunque respetan la decisión del ministro.
En el recinto en la Legislatura, la justicialista Julieta Rinaldi se llevó los aplausos de varios de sus pares cuando, al responder el pedido de informes sobre los casos de violencia de género en el Poder Judicial, dijo que esto debía ser contestado en este ámbito, pero que también estaba interesada en conocer ese detalle.
Fue en ese marco que Rinaldi alzó la voz para insistir. “Sea del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, del que sea, los violentos tienen que caer. Caiga quien caiga”, dijo la legisladora, quien el año pasado integró el jury para destituir al exjuez Martín Flores, denunciado por violencia de género y abuso sexual en perjuicio de una de sus exparejas.
También la legisladora del PRO Karina Bruno pidió, en el marco del mismo debate legislativo, que se trabaje puertas adentro en la Legislatura en la elaboración de un protocolo de violencia de género para ese ámbito. Recordó que lo presentó en abril pasado y está a la espera de ser abordado. “La llave también la tenemos nosotros en esta Legislatura”, dijo, al referirse a los opositores más críticos al Gobierno provincial.
Desde el círculo cercano a Gill dijeron que no hablará sobre el tema y que no hay novedades al respecto. Se insistió que el ministro se presentó ante la Justicia para ejercer su derecho de defensa y que hasta el momento no hay una elevación a juicio de la causa.
La Ciudad no acepta cubrir el subsidio que quitará Javier Milei para los colectivos y el boleto en las líneas porteñas se iría a 642 pesos.
Hoy el costo del viaje en colectivo en las 31 líneas de jurisdicción nacional pero que tienen recorrido solo por dentro de la Ciudad de $863. De ese importe, el pasajero paga $371, la Nación aporta en subsidio $271 y el gobierno porteño aporta $221.
Al retirarse el aporte de la Nación, como la Ciudad mantiene su parte del subsidio actual, el Gobierno Nacional debería establecer una nueva tarifa en $642 para sustituir la quita del subsidio nacional.
“Sin dudas el Gobierno Nacional tiene la potestad de bajar o eliminar subsidios al transporte público de Colectivos en el Amba, también tiene la responsabilidad de definir la tarifa, la habilitación, los recorridos, etc.”, comentaron fuentes del gobierno porteño.
“Lo que el Gobierno Nacional no puede hacer es quitar los subsidios sin corregir las tarifas. No hay pensamiento mágico en esto, o hay subsidio o hay tarifa. Una u otra decisión son potestad plena y exclusivas del Gobierno Nacional”, dicen en la Ciudad.
En el entorno de Jorge Macri se quejan de que el gobierno nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad.
“Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones”, protestan en la Ciudad. Lo mismo asegura el gobierno bonaerense. El razonamiento de Jorge Macri (al igual que el de Kicillof) es que Milei no les quiere dar los subsidios pero quiere que asuman ellos el costo para que no suba el boleto y no se dispare la inflación.
La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
La provincia de Salta reafirmó su decisión de cobrar la atención médica a ciudadanos extranjeros en sus hospitales, a pesar del pedido del consulado boliviano para revisar la medida. La cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, solicitó al gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, que se consideren nuevos convenios para establecer un arancel diferencial para los bolivianos, argumentando que reciben numerosas quejas por el reciente cobro. Sin embargo, Valenzuela indicó que la solicitud “estaba fuera de lugar” y no podía prosperar.
El cobro a extranjeros fue implementado por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificado por la Legislatura salteña. La medida busca cubrir los costos de atención médica, aplicando tarifas para tratamientos específicos y cirugías, mientras que las emergencias que comprometan la vida siguen siendo gratuitas. Valenzuela también informó que, tras la implementación de los aranceles, la cantidad de pacientes extranjeros se redujo drásticamente, pasando de 300 a solo 5 personas por semana en su hospital.
En el departamento de Orán, fronterizo con Bolivia, la medida permitió ahorrar 60 millones de pesos en el área de salud en lo que va del año. “Mientras esté vigente la medida, no tenemos otra alternativa que hacer cumplir la ley”, subrayó el responsable del hospital local, respaldando la aplicación de la Ley Provincial 8.421.
La política de cobro fue impulsada después de que varios argentinos fallecieran en Bolivia al ser rechazados por no poder cubrir los costos médicos. Esto llevó al Gobierno de Salta a revisar los convenios de reciprocidad con Bolivia. “Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, denunció el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.
Los aranceles fijados en abril incluyen $100.000 por día de internación, $250.000 por terapia intensiva y $245.000 por parto. Estas cifras fueron actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año, y se espera que la medida siga vigente a pesar de las peticiones del consulado boliviano.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
