La Plata | El kirchnerismo no se organiza para enfrentar a Garro en el 2023
El rechazo a Victoria Tolosa Paz y las internas a nivel nacional en el oficialismo, les brinda la oportunidad a la oposición de mantenerse con el liderazgo en La Plata.
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La política platense se encuentra atada de pies y manos con el 2023 a la vuelta de la esquina. No solo por el panorama nacional que se encuentra domesticado entre varios vaivenes sobre la famosa “rosca” del radiopasillo.
Algo así habrá intuido la diputada Victoria Tolosa Paz, luego de aquella fallida aparición en un club donde fue abucheada e insultada, motivo por el cual tuvo que retirarse del evento. Sin embargo, la diputada se mantiene cercana al presidente, Alberto Fernández, quien a veces la llama para mostrarse en algún evento menor como, repartir computadoras del Estado o presentar alguna obra.
Victoria Tolosa Paz
Borrada de los espacios donde solía aparecer y de la pelea mediática, la esposa del empresario, José “Pepe” Albistur, ha dejado de aparecer como lo venía haciendo hasta hace poco. Fuentes cercanas confiaron que en el interior de la provincia, la señalan menos.
La Cámpora (LC) está repleta y atenta a cualquier garbanzo que le puedan lanzar a Cristina Fernández de Kirchner. Sin actividad política concreta, salvo el apoyo por redes sociales al candidato izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, es el centro de la escena en el Frente de Todos platense para saber qué movimientos realizar en la oposición
Por otro lado, de forma mediática, el ex juez Luis Arias comenzó con su habitual verborragia a poner matices sobre el accionar del Gobierno de La Plata, despegándose un poco de la línea editorial del bloque que comanda la concejal Yanina Lamberti.
El caso de Guillermo Escudero es todo lo contrario, poco trabajo en el Concejo Deliberante, por el cual le pagan el sueldo, y mucha caminata al mejor estilo Pablo Bruera. Un tercer sector se asoma (o bien un cuarto porque aún se duda de lo que hará Julio Alak) el cual conforman Gastón Castagnetto y la ex concejal Ana Arranz. Todo muy verde y con diferentes matices.
El ex juez Luis Arias no oficializó su idea de ir por la Intendencia, aunque se encarga de lanzar dardos venenosos hacia la gestión de Julio Garro
Por el lado de Juntos por el Cambio (JxC), asesorado por Javier Pacharotti, el abortista y responsable también de la fatídica ley de alquileres, Daniel Lipovetzky, paró gente con folletos en la paradas de los semáforos en la periferia. Ni los volanteros conocen su nombre, pero los ponen con mesas y banners a promocionar su figura.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), ya algunos dirigentes optaron por la foto cerca de Julio Garro que del armado partidario. Mientras que los jóvenes y la Franja Morada apuntan al “vamos por todo”, mientras los viejos militantes de las mesas de boliche donde han participado gran parte de su actividad política, iniciaron la retirada.
El diputado bonaerense se encargó de lanzar sus ambiciones de ir por la Intendencia de La Plata y presentarle una interna a Julio Garro
Por el lado del alcalde platense Julio Garro, continúa su gira local entre festejos del Día del Niño, de La Primavera, aniversarios de localidades, y cuanto escenario le pongan adelante sus organizadores. De política muy poco, sigue su camino provincial en busca de encabezar o ser el vicegobernador bonaerense, siempre dentro de la “rosca” del frente que representa, sin muchas salidas al interior.
Con una polarización notoria que se vive y se palpa, menos candidatos y un tono sumamente bajo, pasó la semana política platense sin mucha bulla e infinidad de amagues. Todo hace indicar que, ante tanta incertidumbre en las encuestas y en los números, la identidad política se afina cuando se camina por lo seguro y son muy pocos los que quieran dar la cara.
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El diputado Diego Santilli, fortalecido por su victoria en la provincia de Buenos Aires, planteó su objetivo de mantener la alianza con el Gobierno nacional. En declaraciones a Infobae, aseguró que el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza debe “consolidarse y preservarse”, no solo para acompañar la gestión de Javier Milei, sino también para garantizar estabilidad política en el Congreso.
Pérdida de bancas y movimientos internos
Con el recambio legislativo, el PRO pasará de tener 35 a 25 diputados. Este retroceso no solo implica una pérdida numérica, sino también un cambio en la correlación de fuerzas internas. Uno de los casos más resonantes es el de Damián Arabia, expulsado del partido por su cercanía con los libertarios, quien evalúa sumarse a La Libertad Avanza o formar un interbloque afín al oficialismo.
“Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, confió el legislador cercano a Patricia Bullrich. Su salida expone las tensiones que atraviesa la fuerza fundada por Mauricio Macri y acelera los debates sobre el rumbo político del espacio.
Bullrich, entre el respaldo electoral y la interna macrista
La ministra de Seguridad fue una de las figuras más votadas en los comicios del domingo y se posiciona como posible candidata a gobernar la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en su entorno reconocen malestar con Mauricio y Jorge Macri por lo que consideró una falta de apoyo en la campaña porteña.
En privado, Bullrich calificó de “maldad” la decisión del expresidente de respaldar solo a Fernando De Andreis, quien resultó electo diputado y es uno de los dirigentes más cercanos al fundador del PRO. En el macrismo consideran que De Andreis será una pieza central en la etapa de reorganización interna.
Reconfiguración del bloque y alineamientos
La conducción de Ritondo y Santilli buscará mantener la alianza parlamentaria con los libertarios, a la vez que reorganiza el bloque propio. Desde ese sector reconocen que “el frente formalizó un trabajo que ya venía ocurriendo desde diciembre de 2023, con el PRO colaborando con el Gobierno desde el primer día”.
Entre los diputados que mantienen esa línea se encuentran Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, todos reelegidos. La estrategia es sostener un bloque con identidad propia, pero funcional a los proyectos de Milei en materia económica y de reforma institucional.
El rol de Macri y el diálogo con Milei
El expresidente retomó el contacto con el jefe de Estado tras las elecciones. Según trascendió, conversaron sobre las reformas laboral, tributaria y previsional que el Gobierno planea presentar el 15 de diciembre. Dirigentes del PRO, como Sergio Capozzi, Diana Fernández Molero y Finocchiaro, participan en la redacción técnica de esos proyectos dentro del llamado Consejo de Mayo.
En paralelo, el entorno de Macri busca consolidar un proceso de renovación interna, con De Andreis como figura emergente y un mensaje dirigido al propio Jorge Macri: “Recuperar los valores originales del PRO y adaptarse a los tiempos actuales”.
El reacomodamiento no solo definirá el futuro del bloque, sino también la relación del macrismo con el poder libertario. En un Congreso fragmentado, el PRO podría convertirse en el aliado indispensable para el oficialismo, o en un actor autónomo que busque reposicionarse de cara a 2027.
Diego Santilli inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Llegó a Paraná, fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Casa de Gobierno y mantuvo con él una reunión privada de alrededor de una hora y media. Luego, ambos brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos, donde detallaron la agenda de trabajo y remarcaron la necesidad de consensos para avanzar con reformas estructurales a nivel nacional y provincial.
Frigerio explicó que en el encuentro repasaron “todos los temas de gestión conjunta”. Señaló que “vimos los problemas que restan solucionar y también las cosas positivas” y que, además, hablaron “de los asuntos nacionales que son prioritarios para el presidente Javier Milei”. El gobernador resumió el tono de la reunión al afirmar: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.
Al describir la agenda entrerriana, el gobernador indicó que “son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar”. En ese marco, le entregó a Santilli una carpeta con el detalle de todos los reclamos que Entre Ríos tiene pendientes con la Nación y repasó junto a él ese listado durante la reunión.
El flamante ministro del Interior, por su parte, enmarcó la visita en el inicio de una ronda de encuentros con mandatarios provinciales. “Tuvimos una reunión larga porque mi tarea es escuchar a todos los gobernadores e intentar lograr una agenda común para Argentina y las provincias. Si les va bien a los entrerrianos, les va bien a los argentinos. Ese es el camino”, sostuvo. En el mismo sentido, definió: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.
El ministro subrayó que el país tiene “una agenda importante de reformas”. Detalló que incluye “sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que llevarán adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias” y remarcó que “también las provincias tienen reformas importantes” y que “el trabajo tiene que ser en equipo”.
Tras repasar logros de los primeros dos años de la gestión del Gobierno nacional, Santilli anticipó que luego de alcanzar la estabilidad económica y social ahora “viene la etapa del crecimiento”. “Esa es la base para construir políticas”, añadió. Sobre el presupuesto nacional, cuya discusión se está dando en el Congreso, lo definió como “una manta corta”. “Hay que tener equilibrio. Y en ese marco ir resolviendo los temas. Necesitamos que la Argentina crezca porque eso llegará a cada una de las provincias”, postuló.
Frigerio, en sintonía, planteó que hay “una nueva etapa en este segundo tramo del Gobierno. El Presidente plantea que hay que tener más diálogo, proximidad y empatía con las provincias. La designación de Diego tiene que ver con ese criterio de mayor amplitud y menos endogamia. Él le dará un salto de calidad importante a la gestión”. Además, vinculó el equilibrio de las cuentas nacionales con la posibilidad de las provincias de acceder al crédito: “Cuando baja el riesgo país, porque el Gobierno nacional tiene equilibrio, aprueba el presupuesto y avanza en las reformas, nos permite a provincias endeudadas ir al mercado de capitales y mejorar su perfil”.
En cuanto a los puntos concretos de la agenda entrerriana, Frigerio detalló que Entre Ríos reclama su participación en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay; el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, donde ya hubo un avance; y una mejora en la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande a fin de obtener excedentes que vuelvan a la provincia para obras en la región afectada por la represa, un aspecto en el que también hubo una mejora parcial. Aclaró que, pese a esos avances, Entre Ríos mantendrá los reclamos en la Corte Suprema de Justicia “hasta que se encarrilen definitivamente”.
El gobernador mencionó además la habilitación nacional para que la provincia acceda a financiamiento de organismos multilaterales y pueda realizar obras, y la reanudación de los trabajos en las rutas nacionales que atraviesan el territorio entrerriano como la 12 y la 18. Sumó en ese capítulo las obras sobre la ruta provincial 23, la planta de agua potable de Paraná y la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay. Destacó, asimismo, que “la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días”, y valoró el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.
“Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento del Ministerio del Interior”, se esperanzó Frigerio tras repasar esos temas. Santilli, a su turno, aseguró que se comprometió con el gobernador y con los entrerrianos “a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.
Consultado por Infobae sobre el encuentro que encabezó el expresidente Mauricio Macri con referentes del PRO, Santilli respondió que es “sano que sucedan las reuniones, que se junten los representantes de los partidos. Yo soy fruto de un acuerdo LLA – PRO. Ese es el rol que me toca. La democracia partidaria está bien que suceda y que cada uno pueda relanzar sus posiciones y miradas teniendo en cuenta la Argentina que queremos todos. Nosotros queremos un país que crezca”, redondeó.
Frigerio acompañó esa mirada, pero tomó distancia de la interna partidaria. “Coincido con lo que dijo Diego. No tengo mucho tiempo para meterme en temas partidarios. Ni siquiera tenía demasiada información de esa reunión. Prefiero no opinar sobre lo que no sé. Pero celebro que haya vida en los partidos políticos. Es importante para la democracia”, expresó.
Respecto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santilli fue más directo. “Con todo respeto, creo que hay que ser coherente en la vida y no tener doble personalidad. Estoy visitando a los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, donde la provincia de Buenos Aires no participó. Tampoco adhirió al RIGI ni a la ley de reiterancia para terminar con la puerta giratoria. No se sumó a la ley antimafia. Y así, de manera sucesiva, puedo seguir con mil más”, enumeró. Luego recomendó: “No escriban una cosa por redes y hagan otra en lo público ¿O acaso le tienen que ir a pedir permiso a Cristina Kirchner? Seamos coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política en común. Pero no decir una cosa en un lado y hacer otra. Yo digo lo que hago”, remató.
Santilli también se refirió al vínculo personal que lo une con Frigerio y a la decisión de iniciar en Entre Ríos su agenda federal como ministro del Interior. Definió al gobernador como “un gobernador, amigo de muchos años” y explicó: “Elegí Entre Ríos (como primer destino) porque con Rogelio me une una larga amistad y hay que comenzar por los lugares donde uno construyó una relación. Se aprende de personas como él que tienen experiencia en este cargo”.
El Gobierno Nacional incorporará al temario del Congreso, con la intención de tratarlo antes de fin de año, el denominado Caso Formosa, uno de los episodios más resonantes de la política institucional argentina en décadas. El anuncio anticipa un debate legislativo que se proyecta como una discusión sobre las garantías republicanas, la tutela de los derechos humanos y la distribución de poderes entre la Nación y las provincias.
El evento catalizador para que esta agenda vuelva a la discusión es el triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025. El oficialismo nacional ganó con más del 40% de los votos. En términos de renovación parlamentaria, LLA pasó de 37 a 93 diputados (sumados los aliados). El espacio pasó de 6 a 19 senadores y a partir del 10 de diciembre de 2025, los nuevos legisladores asumirán, lo que le daría al sector libertario una mayoría significativa para impulsar proyectos de alto impacto institucional.
Precisamente después de esta nueva correlación de fuerzas, Francisco Paoltroni, senador nacional por Formosa y líder del espacio libertario formoseño, declaró que después del 10 de diciembre pedirá formalmente la intervención federal de Formosa, confiando en que habrá quórum suficiente para aprobarla. No se necesitan dos tercios para una intervención federal, sino una mayoría simple, que es decisión del Presidente de la Nación Javier Milei, según la Constitución Nacional.
Para entender la magnitud de este hecho, es necesario comprender quién es el gobernador de Formosa Gildo Insfrán, alguien que a ejercido el poder de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 1995, acumulando ocho mandatos consecutivos y gobernando la región durante aproximadamente 30 años. Lo que hace extraordinaria esta continuidad es que comenzó como vicegobernador desde 1987, lo que significa que su permanencia en la fórmula ejecutiva provincial asciende a casi 40 años consecutivos.
La particularidad del régimen de Insfrán radica en que ha logrado ganar todas las elecciones provinciales con supermayorías abrumadoras, obteniendo en la mayoría de las ocasiones entre el 65% y 76% de los votos. Esta consistencia electoral ha permitido que mantenga un control casi absoluto sobre las tres ramas del gobierno provincial, siendo la policía, el poder legislativo y judicial estando bajo la influencia directa del partido gildista, limitando la posibilidad de contrapesos reales o independencia.
Paoltroni ha sido el más visible promotor de la intervención federal. Ya a finales de 2024, solicitó a Milei que dispusiera esta medida, argumentando que “la perpetuación en el poder, la falta de independencia judicial y las graves violaciones a los derechos humanos” justifican la acción, utilizado argumentos tanto legales como políticos, como el artículo 99 inciso 20 de la Constitución Nacional que faculta al Jefe de Estado para intervenir en una provincia cuando las instituciones locales no respetan la forma republicana de gobierno. En sus declaraciones más recientes, afirma que el 65% de los formoseños apoya la medida.
Una intervención federal es una medida excepcional prevista por la Constitución que permite al Gobierno Federal asumir el control de una provincia. En tal situación, las autoridades locales son suspendidas y se designa un interventor federal encargado de gobernar el territorio mientras las instituciones provinciales quedan bajo supervisión directa de la Nación. El propósito declarado de esta medida es remediar las causas que la motivaron y restablecer el pleno ejercicio de los derechos y de las autoridades legítimas.
A lo largo de la historia argentina, las intervenciones federales se han aplicado en contextos de gobiernos provinciales considerados autoritarios o en violación de la forma republicana. Ejemplos de ello son los casos de Santiago del Estero y Catamarca, donde administraciones con rasgos autoritarios fueron removidas del poder mediante este mecanismo constitucional.
La gestión de Insfrán rechaza categóricamente los pedidos de intervención, argumentando que todas las instituciones funcionan correctamente y que una decisión así sería “calamitosa”. La fiscal de Estado, la Dra. Stella Maris Zabalasostuvo que “no concurren ninguno de los requisitos” para una intervención, ya que en la región “las instituciones funcionan a pleno”. Sin embargo, sectores opositores, incluyendo legisladores, abogados y organizaciones de derechos humanos, argumentan que Formosa cumple con los requisitos constitucionales para una intervención federal debido a la falta de autonomía judicial, las violaciones sistemáticas de derechos individuales y la vulneración del principio de la República.
En diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo histórico declarando inconstitucional la reelección indefinida en Formosa. Esta sentencia unánime se fundamentó en que la perpetuación en el poder viola el principio republicano establecido en los artículos 1, 5 y 123 de la Constitución Nacional. El fallo tuvo un impacto inmediato, obligando a que Formosa realizara una reforma constitucional.
No obstante, lo ocurrido después revela la complejidad del conflicto institucional. Durante septiembre de 2025, la Convención Constituyente formoseña, controlada por el “feudo” de Insfrán, aprobó una reforma constitucional que eliminó formalmente la reelección indefinida, pero incluyó una cláusula transitoria que habilita a Insfrán a una nueva candidatura. Esta disposición considera el actual mandato de Insfrán como el “primer período” bajo la nueva normativa, permitiéndole competir nuevamente en 2027. Además, la reforma también modificó el artículo 32 de la Constitución provincial para limitar los alcances de una intervención federal, agregando requisitos complejos que restringiría la actuación de eventuales interventores del Gobierno Nacional.
Lo que caracteriza al modelo formoseño no es simplemente la permanencia en el cargo, sino el de un control político estructurado que ha construido a lo largo de los años. Este esquema opera a través de varios mecanismos, como tener a un porcentaje muy elevado de la población formoseña que depende directa o indirectamente del sector público, generando una pobreza generacional que se utiliza como control social. El sistema funciona mediante el reparto de bolsas de mercadería a cambio de votos, llevando a los ciudadanos a las urnas “con el bolsillo lleno de lo que deben meter en el sobre”.
La provincia ha empleado herramientas legales para perpetuarse en el poder, como la Ley de Lemas, que permite presentar múltiples listas para confundir al electorado. En 1999, Insfrán logró una reforma constitucional que eliminó definitivamente los límites de mandatos, permitiendo su propia reelección indefinida.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) emitió una grave advertencia y prohibió el consumo de agua en diez municipios bonaerenses, tras actualizar su “Mapa de Arsénico” y detectar niveles tóxicos de este químico.
El estudio se basó en la recolección de más de 350 muestras de agua y confirmó que los valores de arsénico superaron los parámetros considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, con una situación que afectó directamente a más de veinte municipios de la provincia de Buenos Aires y de otras regiones del país.
El informe clasificó las zonas según su nivel de peligrosidad mediante un sistema de colores: el verde indicó agua segura, el amarillo advirtió sobre posibles enfermedades y el rojo marcó el escenario más crítico, donde se prohibió explícitamente beber el agua o utilizarla para cocinar.
Mapa de Arsénico en Argentina
– Podes acceder al mapa del ITBA haciendo click en esta imagen
Diez localidades quedaron en la “zona roja”, con la recomendación directa de no consumir agua de red ni de pozo. Entre ellas se encontraron Chivilcoy, Mercedes, Escobar, General Rodríguez, Cañuelas, Monte, Roque Pérez, Azul, Villarino, Almirante Brown, Ezeiza y San Vicente. Además, el estudio identificó otras diez localidades en “zona amarilla”, donde la población debió permanecer atenta: General Pueyrredón (Mar del Plata), Villa Gesell, Tres Arroyos, Olavarría, Junín, San Pedro, Bolívar, Baradero, Salliqueló y La Plata, junto a otros municipios del Gran Buenos Aires.
Según el trabajo de los expertos, las personas quedaron expuestas al arsénico a través del agua que ingirieron de forma directa o que usaron para cocinar, regar y realizar actividades industriales. La ingesta sostenida en el tiempo de agua con niveles elevados de arsénico, por encima de los límites fijados por la OMS, incrementó el riesgo de padecer Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). Esta patología se vinculó con cuadros graves como cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga y de riñón, enfermedades cardiovasculares, tos crónica y/o persistente, fibrosis pulmonar y alteraciones neurológicas, especialmente en niños.
Un aspecto que el informe consideró preocupante fue que el arsénico careció de olor y sabor, de modo que el agua contaminada pudo verse cristalina y parecer segura. Para detectar la presencia del químico y definir si era necesario instalar sistemas de potabilización, el ITBA subrayó que resultó fundamental analizar periódicamente el agua que salió por la canilla, aun cuando cumpliera con otros parámetros de potabilidad vigentes.
El “Mapa de Arsénico” del ITBA se presentó como una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento en reservorios de agua subterránea y superficial a lo largo del país. El Instituto anunció el relanzamiento del mapa, que ofreció una visión detallada de la distribución de arsénico y se consolidó como referencia tanto para investigadores como para la población en general, al brindar datos accesibles y confiables sobre un problema de salud pública de alta relevancia. La actualización mejoró la interfaz y la accesibilidad del recurso gracias al trabajo de la alumna Lucía Digón, de la carrera de Ingeniería Informática.
El proyecto quedó bajo la responsabilidad del Dr. Jorge Daniel Stripeikis, Director del Departamento de Ciencias Exactas y Naturales del ITBA, y contó con la colaboración del Dr. Jhon Alejandro Ávila, docente de la institución y Responsable del Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA). Ávila llevó a cabo todas las mediciones, su actualización y la comunicación de los resultados. Durante la pandemia, la recepción de nuevas muestras disminuyó drásticamente y, en ese contexto, el ITBA relanzó un llamado a la comunidad para que se sumara nuevamente a la iniciativa y permitiera seguir actualizando el mapa con datos precisos.
“Somos una universidad comprometida con el desarrollo del país y con este tipo de proyectos buscamos aportar datos valiosos que ayuden a la toma de decisiones proactivas en una de las principales problemáticas de la comunidad que es el acceso a una fuente de agua segura”, comentó Stripeikis.
El estudio advirtió que la presencia de arsénico en aguas subterráneas de la Argentina, en niveles superiores a los recomendados por la OMS, podía afectar potencialmente a más de cuatro millones de habitantes. El ITBA destacó que esta exposición se registró principalmente en la llanura Chaco-Pampeana y en zonas andinas de Cuyo y del NOA, aun cuando el agua cumpliera con otros parámetros establecidos para considerarse potable.
Stripeikis detalló el origen mayoritariamente natural del problema: “La contaminación por arsénico es mayoritariamente natural y obedece a fenómenos que se produjeron hace millones de años cuando se levantó la estructura de lo que hoy conocemos como la Cordillera de los Andes. En nuestro país, las áreas geográficas más damnificadas con este fenómeno son el 70 por ciento de la provincia de Buenos Aires, particularmente lo que es el corredor de la ruta 5, como son las localidades de 9 de julio, Bragado, Casares y Trenque Lauquen, y también zonas aledañas a Mar del Plata. Además, se encuentra en todo el sur de Córdoba y Santa Fe y en La Pampa y Mendoza. En el norte, en particular Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa”.
Tras el estudio del ITBA, estas regiones quedaron bajo una alerta por la gran cantidad de arsénico presente en el agua, en especial en áreas donde la población accedió casi exclusivamente a aguas subterráneas. El relevamiento señaló como zonas afectadas a casi el 70% del territorio de la provincia de Buenos Aires —sobre todo el corredor de la ruta 5 (9 de Julio, Bragado, Carlos Casares, Trenque Lauquen) y áreas cercanas a Mar del Plata—, al sur de Córdoba y Santa Fe, a gran parte de La Pampa y Mendoza y a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.
La Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) denunció que la municipalidad de Cañuelas aplicó en 2025 un aumento desmedido sobre la guía municipal que se cobró por cada animal trasladado al Mercado Agroganadero de esa localidad bonaerense. Según un informe de la entidad, lo que en enero de este año se cobró 1.965 pesos por animal comenzó a valer 4.409,75 pesos sin IVA desde diciembre, es decir, una suba del 124,4%, con la que las guías “multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año”, muy por encima de una inflación que, entre enero y octubre, rondó el 24,8% y registró una variación interanual del 31,3%.
CAMyA señaló que, de haberse actualizado al ritmo de los precios de la economía, la guía municipal debería haber llegado a unos 2.455 pesos. La cámara precisó que “la diferencia generada excede la inflación en $1.954,75 por guía. Esto constituye un sobrecosto injustificado para el matarife frente al resto de la cadena cárnica”.
El informe advirtió que la suba “se convierte en un gasto operativo directo y afecta la estructura de costos y la competitividad”, que podría conducir al sector a “ajustar tarifas, trasladar mayor costo al precio final de la carne y reducir el margen operativo”. “Esto afecta principalmente al consumo interno, que ya enfrenta caída de demanda y presión impositiva”, añadieron.
CAMyA vinculó el aumento de las guías con la política tributaria local que el Concejo Deliberante de Cañuelas aprobó a fines de 2024, cuando otorgó por amplia mayoría un incremento en torno al 200% para las tasas municipales. Ese esquema, según la cámara, se sumó a la decisión de la gestión de la intendente de Fuerza Patria, Marisa Fassi, que impulsó el ajuste sobre la guía municipal con aval del Concejo.
En declaraciones al portal de noticias agropecuarias Bichos de Campo (Sofia Selasco), el vicepresidente de CAMyA, Sergio Pedace, describió el impacto recaudatorio del esquema vigente: “La guía es por animal. En Cañuelas entran por mes unas 100.000 cabezas. Imaginate que por eso recaudarían unos 400 millones de pesos por mes. Es una locura”.
– Sergio Pedace
El dirigente añadió que el valor de la tasa se fijó en función del precio del novillo. “Las guías siempre manejaban montos más normales. Ahora lo pusieron en base a la relación de lo que vale el novillo y claro, ellos están cubiertos con cada aumento”, sumó el matarife.
En paralelo a la escalada de las guías, los matarifes debieron afrontar también un aumento del 40% en los aportes destinados al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), que debieron ser abonados de manera compulsiva tanto por los productores como por los frigoríficos.
Ese reajuste se decidió luego de casi dos años sin cambios, ya que los aportes no se modificaban desde enero de 2024. De acuerdo con lo resuelto por el Consejo de Representantes del IPCVA, a partir del 1° de diciembre el aporte quedó fijado en 1.185 pesos por cada animal bovino que los productores enviaron a faena, mientras que el frigorífico donde se realizó la tarea debió pagar otros 535 pesos. De esta manera, el Instituto pasó a recibir 1.720 pesos por vacuno faenado.
“Todo se va a trasladar a carne. Son todas cajas que le hacen mal al precio de la carne y al mercado local”, lamentó el vicepresidente de CAMyA.
Pedace se refirió también al impacto de la tasa aprobada en Cañuelas. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente, porque es un costo. Esa es la realidad”, afirmó. Sobre el mecanismo de cobro, cuestionó que “lo cobran solamente porque llega Cañuelas al mercado y del mercado se va al frigorífico, al feedlot o a donde vaya”.
El directivo planteó que el incremento de la guía se tradujo en un encarecimiento directo sobre la hacienda que pasó por el mercado concentrador. “Es un costo directo al precio del novillo y después por ende a la carne. El animal más chico paga más porque los 4 mil y pico de pesos hay que dividirlos por 300 kilos. Una vaca de 500 kilos, para exportación, termina pagando menos porque va por cabeza y no por kilo”, explicó.
– La intendente junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, NicolásPino (segundo de derecha a izquierda)
Frente a este escenario, Pedace anticipó que la cámara analizaba acciones institucionales contra la suba. “El comité trabaja arduamente y estamos evaluando de hacer alguna presentación a la municipalidad para que dé marcha atrás con estos aumentos. Eso lo estamos evaluando”, comentó.
El reclamo de los matarifes se dio en un contexto particular para el Mercado Agroganadero de Cañuelas. En 2022, el entonces Mercado de Liniers se trasladó desde el barrio porteño de Mataderos a su sede actual en Cañuelas, ubicada a la vera de la Ruta Provincial 6. Según recordó, esa plaza concentró algo más del 10% de la hacienda que se faenó en Argentina y se constituyó en referencia de precios ganaderos a nivel nacional.
A nivel local, distintas fuentes reconocieron que la instalación del predio “cambió la dinámica del pueblo” aunque todavía no llegaron las grandes inversiones que se esperaban. En ese contexto, el sensible aumento en los valores de traslado al mercado de Cañuelas implicó un gasto promedio de 180.000 pesos para una jaula con 40 novillos, según los cálculos difundidos.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó debilidades en los mecanismos de control interno del Instituto Nacional del Cáncer (INC)en la gestión de los fondos otorgados a proyectos de investigación entre 2020 y 2022. Según el organismo de control, hubo falencias en la presentación, evaluación y rendición de cuentas de los subsidios, que ponen en duda la transparencia del proceso y la eficacia del seguimiento institucional.
El informe, aprobado en abril de 2025, evaluó la “Asistencia Financiera VI” del Programa de Promoción de la Investigación en Cáncer, que otorga apoyo económico a grupos de investigación en todo el país. En ese período, el crédito presupuestario asignado fue de $38,8 millones de pesos, de los cuales se ejecutó un 82%. La auditoría examinó una muestra de 15 ideas-proyecto sobre un total de 21 presentadas.
Entre las principales observaciones, el informe señala que el Programa no realizó controles formales sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones de admisibilidad de los proyectos: “Solamente se verificó la existencia de un archivo informal en Excel denominado ‘Análisis Admitidos-No Admitidos’, del cual no surge su autor”, indica el organismo gubernamental. Además, se constató que en ningún caso se acreditó documentalmente que los directores de los proyectos no tuvieran rendiciones pendientes de convocatorias anteriores, como exige la normativa.
Tampoco se presentaron copias de DNI ni títulos habilitantes de los directores de proyecto, lo que implica “incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria”. A esto se suma la falta de claridad en los criterios de adjudicación: “No surge con claridad la metodología utilizada para la adjudicación de los proyectos, lo que genera incertidumbre sobre si se ha efectuado la mejor asignación de recursos”, advirtió el organismo.
– María Verónica Pesce, exdirectora del Instituto Nacional de Cáncer
La SIGEN detectó inconsistencias entre los puntajes otorgados por los evaluadores y los proyectos finalmente adjudicados. Por ejemplo, en la línea de investigación clínica se seleccionó un proyecto ubicado en el puesto 22, con un promedio de 65,7%, cuando el promedio general de las postulaciones fue de 78,4%. Casos similares se repitieron en las líneas de investigación básica e implementación. Además, “las evaluaciones de los evaluadores internos y externos no estaban firmadas”, y en varios casos se realizaron en hojas de cálculo “altamente manipulables”.
Otro de los puntos críticos fue la falta de seguimiento de los desembolsos. En algunos casos, los investigadores recibieron los fondos con hasta cinco meses de demora, lo que los obligó a modificar cronogramas y a afectar los resultados previstos. Aun cuando las demoras provinieron de las entidades administradoras, la SIGEN cuestionó que “el organismo no realizó un seguimiento oportuno respecto de los desembolsos y la ejecución de los proyectos”, lo que atentó contra el cumplimiento de los objetivos.
– La auditoría de la Sindicatura General de la Nación
También se verificó que los segundos desembolsos se realizaron sin controles adecuados sobre el avance y cumplimiento normativo de los proyectos. En la mitad de los casos relevados, los objetivos fueron alcanzados solo de manera parcial. La SIGEN ejemplificó con dos proyectos puntuales. En el primero, “los objetivos se cumplieron parcialmente debido a la falta de equipamiento, contaminación de muestras y motivos de salud del director”; en el segundo, “la cantidad de pacientes estudiados fue muy inferior a la propuesta original”.
El informe detalla, además, que hubo demoras excesivas en la aprobación de reformulaciones presupuestarias, con plazos que en algunos casos superaron los seis meses. Esto afectó el desarrollo normal de los proyectos y, en ocasiones, las modificaciones se aprobaron cuando el período de ejecución ya había concluido. En un caso, la SIGEN constató que una solicitud de prórroga presentada en julio de 2022 fue aprobada recién en enero de 2023, fecha que coincidía con la finalización del proyecto original.
Las rendiciones de cuentas también mostraron importantes deficiencias: en 13 de los 15 proyectos auditados, el Programa no verificó la documentación exigida por el instructivo administrativo. El organismo recordó que las rendiciones “que no presenten toda la documentación requerida deben ser devueltas sin excepción”, algo que no ocurrió.
La auditoría concluyó que el Instituto Nacional del Cáncer “no realizó acciones para verificar el avance de las tareas programadas y medir el cumplimiento de los cronogramas de trabajo”. Para la SIGEN, las falencias detectadas revelan la necesidad de fortalecer los controles internos en todas las etapas del proceso: desde la admisibilidad de las ideas-proyecto hasta la rendición final de los fondos otorgados.
Las filiales argentinas de los bancos españoles aplicaron recortes drásticos ante tasas del 60%, presión cambiaria y morosidad creciente. Qué esperan del país.
Las guías municipales de Cañuelas multiplicaron su valor por cinco en lo que va del año, tras un aumento del 200% aprobado en diciembre de 2024. “En un país que está tratando de parar la inflación, esta suba va directo al bolsillo de la gente”, alertaron desde CAMyA.
La DGI denunció a Sur Finanzas, manejada por Ariel Vallejo y vinculada al presidente de la AFA, por montar un circuito de billeteras virtuales, criptoactivos y prestanombres con cuentas de personas de bajos ingresos.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
