“¡Gainza ya no me atiende el teléfono!” | La furia del narco “Tavi” Celis con el precandidato a intendente de Paraná
Durante una extensa entrevista, la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira dio detalles de la relación entre el peligroso narco paranaense Daniel “Tavi” Celis y el actual pre candidato a intendente de Paraná Emanuel Gainza.
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La ex empleada municipal de Paraná (Entre Ríos), Griselda Bordeira, brindó una extensa entrevista a El Presto, donde detalló cada intercambio que mantuvo el actual precandidato a intendente Emanuel Gainza y el líder de la banca narco Daniel “Tavi” Celis. Rememorando la causa por la cual está privada de su libertad y no así su ex compañero del Municipio de Paraná, Bordeira lanzó contundentes detalles que complican aún más al joven precandidato de Juntos por el Cambio.
Consultada por uno de los intercambios que recuerda haber tenido con el líder de la banca narco, Bordeira comentó: “Me acuerdo perfectamente porque durante todo este tiempo uno va repasando cómo pasaron las cosas”, afirmó y rememoró cómo en un Día del Niño, diversas organizaciones vecinales se reunieron para realizar un modesto evento para los niños, Gainza se comprometió a llevar una gran donación de juguetes, pero no cumplió.
“Ahí lo noté muy enojado a Celis, no solo porque no llevó la donación sino porque Gainza no le atendía el teléfono“, al percatarse de la tensión de “Tavi”, Bordeira se comunicó con Gainza y este le dijo: “¡No me pases con Celis ni le digas que hablaste conmigo!”. En ese contexto, Griselda admite: “Recién hoy tomo dimensión de ese llamado telefónico…”.
La Libertad Avanza aprobó una ampliación del Presupuesto 2025 que convalida una suba de gastos por $447.443 millones y un aumento de la recaudación tributaria. Este voto de todo el bloque mileísta contradice directamente la postura que llevó a la expulsión de Ramiro Marra, quien a comienzos de 2025 fue apartado del partido por votar a favor de esos mismos “aumentos de impuestos” ajustados por inflación.
Todo comenzó en la maratónica sesión de la Legislatura Porteña de diciembre de 2024, cuando se votó el Presupuesto 2025. Marra y Yamil Santoro condicionaron su apoyo y consiguieron un logro fiscal histórico: una reducción de $330.000 millones en gastos e impuestos.
No obstante, el resultado de la votación fue la expulsión de Marra en enero de 2025, hecho que se enteró mediante redes sociales. El partido, conducido por los hermanos Milei, lo apartó bajo la acusación de haber votado a favor de “subir impuestos”. La realidad, como es sabido, es que la Ley Tarifaria sólo estaba readecuando las escalas de tasas clave (como el ABL y patentes) en función del IPC, un mecanismo que responde a un ajuste por inflación, el mismo que sucede con toda la recaudación tributaria y que, justamente, se trata del tipo de readecuación que cada gobierno nacional hace sobre las tablas de los monotributistas.
Pero ahora el argumento ideológico del mileísmo se pulverizó con la llegada de la Ampliación Presupuestaria 2025, cuyo proyecto se formalizó en septiembre y se votó durante la mañana del viernes 28 de noviembre de 2025. Este documento autoriza un monumental aumento del gasto de $447.443.000.000 para cubrir partidas distintas partidas (personal, servicios, inversiones, etc.) y, a su vez, legitima la estimación de una mayor recaudación tributaria, generada por ese mismo ajuste por inflación.
A diferencia de lo ocurrido con el Presupuesto original, en la votación de esta ampliación (y en la posterior aprobación del Presupuesto 2026), todo el bloque de La Libertad Avanza —incluida su jefa de bloque, la ex kirchnerista Pilar Ramírez—votaron a favor. Este voto no sólo convalida el mismo “impuestazo” que antes denunciaban, sino que anula aquel recorte de $330.000.000.000 conseguido por Marra y Santoro en diciembre de 2024.
La incoherencia en la acción legislativa podría explicarse en el contexto de la nueva alianza política sellada entre el PRO y La Libertad Avanza. La necesidad de la administración porteña de readecuar el presupuesto por la inflación, sumado al nuevo apoyo del Gobierno Nacional a la gestión de Jorge Macri, obligaron al bloque libertario a cambiar su flexible vara de principios. La rigidez ideológica se suavizó por las necesidades de la caja y la convivencia política.
La evidencia fiscal es concluyente: el argumento de que Marra traicionó los ideales libertarios por un voto confirma la carencia de sustento. La pregunta que resuena es si la militancia mileísta continuará sosteniendo la excusa del voto, o si aceptará que la expulsión de Marra se debió a una simple puja de poder impulsada por Karina Milei, quien, como advirtió su hermano el Presidente, es la persona que pasa a la gente por la guillotina.
El Monitor de Opinión Pública (MOP) de la consultora Zentrix habría arrojado un dato contundente, siendo que el 67.5% de los argentinos se pronuncia a favor de que la cuota sindical pase a ser voluntaria, y si se suman quienes se ubican en una posición neutral el consenso social escala al 82,2%. Apenas el 17,8% defiende mantener la obligatoriedad vigente.
Para entender la polémica hay que distinguir dos conceptos que a menudo se confunden y que forman el corazón de la llamada “caja” sindical. La cuota de afiliación es el aporte que paga quien decide asociarse al sindicato para acceder a sus beneficios (por ejemplo campings, turismo, actividades recreativas y asesoría legal), es voluntaria y, por eso, rara vez genera controversia. En cambio la cuota solidaria —el epicentro del conflicto— es un descuento que el sindicato aplica a todos los trabajadores del rubro, aunque no estén afiliados, y suele rondar entre el 1% y el 3% del salario.
Los gremios la justifican argumentando que sus negociaciones paritarias benefician a la totalidad de los empleados, por lo que corresponde que todos contribuyan al financiamiento de esa representación; sus críticos replican que obligar a no afiliados a pagar vulnera la libertad de asociación y redistribuye recursos sin consentimiento individual.
La encuesta revela que la mayoría de la gente siente que este “aporte solidario” funciona en la práctica como un impuesto al trabajo o un “peaje” obligatorio, donde el trabajador ve reducido su salario para financiar una estructura de la que no eligió ser parte y que, según la percepción del 63%, no lo representa.
Tanto votantes del oficialismo como de la oposición coinciden de manera clara en que los aportes sindicales deben ser voluntarios. Esta convergencia es extraordinaria en un clima político altamente polarizado, donde casi no existen consensos.
Lo particularmente significativo es que incluso entre votantes peronistas, la base sociológica histórica del sindicalismo, la percepción negativa alcanza el 30,2%. Este dato evidencia que la erosión de legitimidad gremial ha llegado hasta sus propios votantes tradicionales.
Existiría una visión extendida de que los sindicatos operan como estructuras burocráticas encapsuladas desde hace décadas, donde las dirigencias se han renovado muy poco y parecen desconectadas de los problemas reales de los trabajadores.
En algunos casos, como el del sindicato de Camioneros, el aporte solidario equivale al 3% del salario más un 4% adicional sobre el básico, lo que genera ingresos anuales de aproximadamente 206.500 millones de pesos para el gremio. En el sector de transporte pesado, estos descuentos pueden alcanzar más de 800.000 pesos anuales por trabajador.
El rechazo se inscribe en una demanda más general de la reforma laboral del presidente Javier Milei. El 55% de los encuestados apoya que se actualicen o reemplacen las normas laborales vigentes. Esto sugiere que la población percibe el marco legal laboral como rígido, desactualizado y poco compatible con las dinámicas económicas contemporáneas.
El Gobierno nacional, a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsó en 2025 una serie de cambios que impactan de lleno en el sistema sindical. En marzo se publicó el Decreto 149/2025, que impide que los convenios colectivos establezcan aportes obligatorios destinados a cámaras empresariales o asociaciones sindicales cuando se trate de empleadores o trabajadores no afiliados. Aunque la norma apuntó primero a los aportes patronales, el oficialismo dejó claro que su intención es extender esa misma lógica al financiamiento de los gremios.
A esto se suma la propuesta de reforma laboral que el Ejecutivo planea debatir en las sesiones extraordinarias, un paquete más amplio que contempla la flexibilización de convenios —dando prioridad a los acuerdos por empresa por sobre los de rama—, nuevas regulaciones sobre jornadas y bancos de horas, y modificaciones que, según advierten las centrales sindicales, podrían traducirse en la eliminación o una fuerte restricción de las cuotas solidarias.
Un gravísimo episodio de violencia escolar sacudió el pasado viernes a la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 29 “Hipólito Bouchard”, de Grand Bourg, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Según denunciaron trabajadoras de la institución, la familia de una alumna ingresó de manera violenta al establecimiento, agredió a auxiliares y desató una situación de caos que obligó a encerrar a los alumnos en las aulas para resguardarlos.
El episodio ocurrió por la tarde en el comedor del complejo educativo ubicado en la localidad de Pablo Nogués, que alberga la Escuela Secundaria N° 18, la Escuela Primaria N° 29 y el nivel inicial. De acuerdo con las versiones, la situación se originó con un enfrentamiento entre dos alumnas, que los docentes separaron. Una vez que se calmó el conflicto, la madre de una de las involucradas se presentó en el colegio y pidió hablar con la directora pero, dijo, no fue atendida.
Ante la falta de respuesta, el grupo familiar pateó el portón del comedor —que separa los distintos niveles y conecta el edificio de primaria con el de secundaria— e irrumpió a los gritos en el espacio donde las trabajadoras preparaban la merienda. Según relataron a los medios locales, las agresiones fueron directas y contundentes: insultos, golpes de puño y líquido caliente arrojado sobre las trabajadoras. Los agresores tomaron las ollas con agua hirviendo y rociaron a las docentes con el mate cocido que pensaban servirles a los chicos poco antes de que comenzaran a merendar.
Varias trabajadoras sufrieron quemaduras y crisis nerviosas. Dentro del colegio, la directora de la escuela fue amenazada y varias auxiliares resultaron con diversas lesiones. En medio de un caos generalizado, con gritos, golpes y corridas dentro del establecimiento, los agresores les exigieron a las docentes que se encerraran en las aulas junto a los estudiantes, que no entendían el motivo del ataque. Desde la escuela advirtieron que “pudo haber ocurrido una tragedia”, y que si el ataque hubiera ocurrido minutos después, el comedor habría estado lleno de niños.
El portón del comedor quedó destruido, al igual que las mesas que los chicos utilizaban para almorzar y merendar, y se registraron otros destrozos en el establecimiento. La disputa se trasladó luego a la plaza ubicada frente al lugar del hecho, donde continuaron las peleas e insultos entre familiares. Patrulleros y ambulancias intervinieron para contener el caos.
Las víctimas realizaron la denuncia y publicaron un comunicado en redes sociales. Las trabajadoras de la EP N° 29 difundieron allí su testimonio y expresaron desesperación y agotamiento frente al incremento de episodios violentos en las escuelas bonaerenses.
“Entraron a los gritos, irrumpieron sin control y buscaron agredir directamente a nuestras auxiliares”, aseguró Laura Sosa, una de las docentes atacadas. “Fueron atacadas, insultadas y rociadas con mate cocido caliente, sufriendo quemaduras y un shock emocional enorme. La violencia se dirigió principalmente hacia ellas, que estaban cumpliendo con su tarea cotidiana de alimentar a nuestros estudiantes”, contó Laura en su mensaje.
A raíz de este ataque, los docentes recordaron que, apenas un día antes, el jueves pasado, una maestra de un colegio de San Martín fue brutalmente golpeada por la madre de un alumno: “La violencia en torno a las escuelas está aumentando y nosotras, las trabajadoras, estamos absolutamente desprotegidas. Entramos a trabajar, no a sobrevivir”, subrayaron.
“Terminamos la jornada con miedo, angustia y cansancio emocional, después de ver cómo golpeaban, amenazaban y quemaban a nuestras compañeras auxiliares. Y mañana tenemos que volver igual, porque amamos lo que hacemos y porque necesitamos trabajar. Pero así, no se puede más”, concluyó la docente que ofició de vocera de sus colegas.
En el plano institucional, hoy lunes los directivos del colegio se reunieron con las autoridades de Educación de la provincia de Buenos Aires. Según trascendió, la familia agresora tuvo antecedentes. Por este motivo, desde la institución realizaron la denuncia en la comisaría local y la tía de la menor fue demorada, aunque ya recuperó la libertad.
La investigación por daños y lesiones quedó en manos de la fiscal Mirna Sánchez, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial San Martín.
El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó por mayoría el presupuesto general 2026, conformado por el cálculo de recursos y gastos para el año próximo. El monto superó los 80 mil millones de pesos y se financió “íntegramente por recursos propios”.
El departamento Ejecutivo presentó el proyecto al finalizar el mes de octubre y, desde entonces, los concejales de todos los bloques lo trataron y analizaron en Comisiones Conjuntas. En la reunión realizada el jueves 11 de diciembre, y tras las explicaciones sobre los alcances del presupuesto brindadas por el secretario de Hacienda, Daniel Acuña, el proyecto obtuvo despacho favorable y luego se aprobó por mayoría.
En ese marco, el Jefe de Gabinete Luciano Garro se mostró sorprendido por el logro: “Hace mucho no pasaba eso. Siempre se inflaban (los montos de los presupuestos) con obras que bajaban de Nación y Provincia. A falta de recursos, el Intendente Mauricio Davico propone la optimización del Estado para hacer nuestra propia obra pública”.
Ejemplo de esta directriz es la planta asfáltica inaugurada en octubre de este año por el municipio entrerriano. En aquel momento, el intendente Davico destacó que el objetivo es integrar la mejora vial con la promoción de la inversión privada: “Eliminamos el 66% de las tasas municipales. Es un combo para generar trabajo y atraer capitales”.
En esa línea, Garro comentó que la planta permitió la ejecución de 5.500 metros lineales de asfalto en un mes que fueron financiados con recursos propios.
Además remarcó que durante el primer año de gestión se invirtió para mejorar el acceso al agua potable y que se compraron maquinarias de primera línea “pensadas para que queden a la ciudadanía por muchas gestiones”.
– El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico
“Absolutamente todo se ha hecho con fondos municipales ya que nos dedicamos a optimizar recursos”, y agregó que “el plantel de maquinaria pesada no se renovaba desde hace 10 años”.
Por último, Garro valoró las inversiones privadas que se realizaron en la ciudad y mencionó proyectos como Mostaza, un hotel y un predio para eventos privados en la zona del Boulevard de León, con capacidad para más de 20.000 personas.
“Hay que decirlo bien claro: esas carnes importadas de Brasil son un sobrestock de congelados que, cuando se les acerca la fecha de caducidad, tienen que salir a colocarlo en mercados alternativos, al precio que sea. Son carnes llenas de agua y que contienen promotores de crecimiento como la Ractopamina, prohibida en 160 países. Estamos ante una carne, además, que cuando el consumidor la descongela tiene muy pocos días para consumir y no se puede volver a congelar”.
Esa advertencia surgió de Guillermo Lloveras, un médico veterinario muy reconocido en el sector porcino local, por haber trabajado muchos años desde su empresa Genporc en el mejoramiento genético de la calidad de los cerdos argentinos, lo que posibilitó una visible mejoría del consumo. Ahora, con las facilidades que el gobierno de Javier Milei instrumentó para las importaciones de alimentos, ve peligrar todo ese esfuerzo, ya que espera que haya un ingreso importante de carne de origen brasilero cuya calidad es inferior a la de Argentina.
En línea con los productores locales, que han salido a advertir que los cerdos brasileños reciben un medicamento que aquí está prohibido, Lloveras indicó que “la Ractopamina es un promotor de crecimiento que favorece la deposición de músculo en detrimento de la grasa y mejora la conversión alimenticia del animal”.
“Quieren disciplinar a las carnes, rompiendo un sector que venía con un crecimiento sostenido”: Los productores de porcinos advierten sobre un aluvión de carne (con hormona incluida) desde Brasil
Y explicó que el riesgo para el consumidor al comer carnes de origen brasileño es que ese compuesto “está prohibido en 160 países”, entre ellos la Argentina. “La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) la prohíbe esencialmente porque no se puede garantizar la inocuidad de su consumo en la población. Lo que sí se sabe es que, en el animal, el uso de Ractopamina produce alteraciones a nivel cardíaco y neurológico”, explicó el veterinario al sitio especializado El productor porcino.
Por eso, Lloveras enfatizó: “Tenemos que decirle al consumidor que consuma carne de cerdo argentina: que está libre de promotores de crecimiento, que es fresca, que va a tener más durabilidad, que la va a poder congelar. La carne de cerdo brasilera no tiene la seguridad alimentaria ni la calidad que tiene la carne de cerdo argentina”, declaró.
-¿Cómo sabe el consumidor lo que está comprando?
–Ante la duda, el consumidor tiene que saber que la carnicería de barrio tiene carne de cerdo argentina, porque son las grandes cadenas de supermercados las que importan de Brasil. Además, la etiqueta tiene que decir ‘Origen Brasil’, tiene que decir que es carne congelada y se tiene que vender congelada al público.
El experto insistió en que “no tenemos que dejarnos engañar con los precios, eso es clave. No lo analizaron ni en el Ministerio de Economía, ni en la Secretaría de Comercio. En lugar de tomarse el trabajo de sentarse con la cadena porcina y analizar la situación de los precios (y los cortes nacionales disponibles, que incluso pueden ser más baratos que la bondiola brasilera), tomaron esta decisión de dar beneficios impositivos a un importador sin pensar que, al productor argentino. Si no revierten la medida, le están firmando un acta de defunción” a la actividad, señala el gerente de Genporc.
“Tienen que rever estas políticas que no fueron bien pensadas, porque a veces lo urgente atenta contra lo importante”, opinó el veterinario, quien reclamó a la comunidad porcina: “Tenemos que hacer oír nuestras voces, porque yo creo que el Presidente no está al tanto de lo que va a suceder con esto, que es una medida que atenta contra los privados, que estamos ansiosos por seguir creciendo con unas pautas más libres, en un marco más lógico de crecimiento y desarrollo. Creo que esto merece un análisis un poco más profundo”.
En este sentido, Lloveras formuló una autocrítica, al considerar que la producción local de cerdos no ha sabido posicionarse ante la política como un sector estratégico: “En su máxima expresión, Argentina podría ser líder mundial en producción de cerdos y en exportación, podrían ingresar 30 mil millones de dólares anuales. Además, eso sería agregando valor a los granos que ya producimos, generando trabajo, generando arraigo rural, dando de comer carne económica y sanísima a los argentinos”, reflexionó.
E insistió en su rechazo a la política de apertura indiscriminada: “El mundo está viendo el potencial que tenemos. Es un sector que puede atraer inversiones y que ya dio muestras de que, por sí mismo, puede crecer y puede competir en un mercado libre. Pero si un grupito de supermercadistas va a poder importar carne de cerdo de sobre stock internacional de forma irresponsable; atenta contra el propio espíritu libertario y se transforma en libertinaje”.
“Mientras en el cielo se están dando algunas batallas, parece que en la tierra se tejen negocios poco claros. Tenemos que alzar la voz y hacer saber al Presidente que, si no hay un cambio, la situación va a ser realmente grave”, cerró Lloveras con su alegato.
El gobierno de San Luis estableció esta semana que los alumnos que ejerzan bullying u otras formas de violencia en las escuelas de la provincia podrán perder total o parcialmente el beneficio económico del programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro”. La medida se formalizó mediante un decreto que el gobernador Claudio Poggi firmó para modificar la Ley N° VIII-0752-2011, que regula el Estímulo Educativo y la Concientización del Ahorro a través del mencionado programa.
La nueva normativa estableció que los estudiantes deberán acreditar una conducta escolar basada en el respeto y la convivencia. Así, los alumnos que incurran en prácticas de bullying (acoso, extorsión, amenazas o cualquier forma de violencia física, sexual, psicológica o verbal) ya sea de manera personal o virtual, quedarán alcanzados por un esquema de sanciones que contemplará descuentos importantes en el beneficio económico, la exclusión parcial del programa o la pérdida total de las estampillas acumuladas.
Según informó la Agencia de Noticias de San Luis, la normativa precisó que los alumnos que incurran en alguna de esas conductas serán pasibles del descuento del equivalente en estampillas correspondiente al año en curso al momento del hecho.
– El gobernador de San Luis, Claudio Poggi
En caso de verificarse la reiteración de la conducta en tres oportunidades, en un mismo ciclo lectivo o en años continuos o discontinuos, el Ministerio de Educación procederá al descuento total de las estampillas acumuladas hasta esa fecha y los ‘imputados’ podrían perder hasta 1200 dólares. El esquema sancionatorio entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo 2026.
El decreto incorporó además la obligación de que los estudiantes mantengan un comportamiento adecuado no solo con sus compañeros, sino también con docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza, a modo de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento educativo.
Encabezada por Guillermo Araujo, la cartera educativa señaló que el programa buscó fomentar el ahorro escolar y propuso convertirse en un instrumento de promoción de la convivencia pacífica y el respeto dentro de las escuelas de la provincia de San Luis.
– El ministro de Educación de San Luis, Guillermo Araujo
En diálogo con medios locales, el ministro ahondó en la iniciativa: “La escuela es la caja de resonancia de lo que va pasando en la sociedad. Se busca reconstruir el tejido social y fomentar un ambiente sano en la escuela, forma parte de eso. No podemos permitir que un chico tenga miedo de ir a la escuela, porque no aprende”.
Asimismo, sumó que la intención es concientizar acerca de que el bullying es un flagelo que “no se puede dejar pasar”.
La medida decretada por la provincia “es una herramienta sancionatoria más. También tenemos otro mecanismo para intervenir, mediar, tener reuniones, evaluar las actas con hechos objetivos, charlar con compañeros, no es sólo a partir de la denuncia. La idea no es llegar a la sanción. También enviamos un proyecto de ley para que los padres se hagan responsables penalmente con tres días de arresto y aumento del trabajo comunitario si sus hijos tienen estas conductas. Los actos tienen consecuencias”, consideró el burócrata.
¿Cómo es el programa de ahorro del gobierno de San Luis?
El programa “Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro” se implementó en San Luis en el año 2011 como un estímulo educativo y una herramienta de concientización del ahorro. Las estampillas funcionaron como un incentivo que los alumnos de escuelas públicas y privadas acumularon a lo largo de la primaria y la secundaria. Cada año, el estudiante que promocionó el grado o curso anterior recibió la estampilla correspondiente y la coleccionó en una libreta. En el nivel primario, cada estampilla tuvo un valor equivalente a u$s50; en el nivel secundario, las estampillas valieron u$s100 de 1º a 6º año y u$s300 en el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logró un ahorro equivalente a u$s1.200, que pudo canjear en pesos para financiar estudios superiores o emprendimientos.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
