“¡Gainza ya no me atiende el teléfono!” | La furia del narco “Tavi” Celis con el precandidato a intendente de Paraná
Durante una extensa entrevista, la ex funcionaria municipal Griselda Bordeira dio detalles de la relación entre el peligroso narco paranaense Daniel “Tavi” Celis y el actual pre candidato a intendente de Paraná Emanuel Gainza.
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La ex empleada municipal de Paraná (Entre Ríos), Griselda Bordeira, brindó una extensa entrevista a El Presto, donde detalló cada intercambio que mantuvo el actual precandidato a intendente Emanuel Gainza y el líder de la banca narco Daniel “Tavi” Celis. Rememorando la causa por la cual está privada de su libertad y no así su ex compañero del Municipio de Paraná, Bordeira lanzó contundentes detalles que complican aún más al joven precandidato de Juntos por el Cambio.
Consultada por uno de los intercambios que recuerda haber tenido con el líder de la banca narco, Bordeira comentó: “Me acuerdo perfectamente porque durante todo este tiempo uno va repasando cómo pasaron las cosas”, afirmó y rememoró cómo en un Día del Niño, diversas organizaciones vecinales se reunieron para realizar un modesto evento para los niños, Gainza se comprometió a llevar una gran donación de juguetes, pero no cumplió.
“Ahí lo noté muy enojado a Celis, no solo porque no llevó la donación sino porque Gainza no le atendía el teléfono“, al percatarse de la tensión de “Tavi”, Bordeira se comunicó con Gainza y este le dijo: “¡No me pases con Celis ni le digas que hablaste conmigo!”. En ese contexto, Griselda admite: “Recién hoy tomo dimensión de ese llamado telefónico…”.
En el Paso Internacional Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Salta) con Bermejo (Bolivia), pasadores de mercadería se enfrentaron con la policía cuando los efectivos intentaron ejecutar un operativo para decomisar ropa usada y otros bienes. El episodio ocurrió del lado boliviano de la frontera. La resistencia de los llamados bagayeros derivó en un intercambio con piedrazos que dejó varios policías heridos y un vehículo militar dañado.
Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.
El funcionario destacó el rol del Plan Güemes en el área. “Estamos en lucha total contra el narcotráfico, en donde el contrabando es secundario, pero dentro del contrabando viene la droga. Entonces hay una doble función, tratando de ser tolerantes con el contrabando, porque todo el pueblo, de manera directa o indirecta que son 4 mil o 5 mil personas, viven de esto, más el norte de Orán y muchas otras zonas”. Precisó que diariamente se registró un movimiento de 10 mil personas.
Zigarán cuestionó la inacción judicial: “La lucha es a diario y los narcos, minuto a minuto, generan situaciones para pasar su mercadería, pero nosotros necesitamos una justicia federal más activa”. También expuso falencias internas: “Acá en Gendarmería perdimos 90 efectivos entre Salta y Jujuy por los tour de compras, los sobornaban y perdemos más por contrabando que por narcotráfico”. Añadió que los efectivos están mal pagos.
Respecto del cerco divisorio entre Aguas Blancas y Bermejo, confirmó que estuvo construido “hace más de dos meses”, aunque aún resta una reunión con autoridades nacionales “para definir temas”. Sobre la polémica que rodeó la obra, sostuvo: “El cerco era una medida secundaria para poner un orden migratorio. Nada más que justo Trump hizo todo un tema con deportar gente y el gobierno boliviano lo tomó como una medida de Milei para también expulsar bolivianos y nada que ver. Se hizo famoso el muro por cuestiones externas a la situación real de Aguas Blancas”.
El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo fue combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte mediante controles y capacidades de análisis criminal. Además del despliegue de fuerzas federales y la coordinación con fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan reforzó la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad argentino.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.
“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.
La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.
La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.
Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.
Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.
El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.
Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.
“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.
Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.
Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.
El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.
Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.
La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.
El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.
En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.
– Claudio Petris
Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.
El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.
– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”
La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.
Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
La ceremonia de apertura tuvo lugar ayer en el recinto de la Legislatura provincial. Una situación de salud que afectó a uno de los convencionales electos modificó el orden del acto y provocó demoras en el cronograma oficial.
El gobernador Pullaro, en su doble rol de convencional, encabezó la apertura. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidente de la Cámara de Diputados Clara García y el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, encargado de tomar los juramentos.
Este último fue quien abrió la sesión con el juramento de Osvaldo Sosa, el convencional de mayor edad, quien asumió como presidente provisional. Candela Rodríguez, la más joven del cuerpo, asumió como secretaria.
Una vez completado ese paso, el pleno eligió sus autoridades definitivas. Felipe Michlig (UCR) resultó designado como presidente; Diego Giuliano (PJ) como vicepresidente primero; Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) como vicepresidente segundo; y Daiana Gallo Ambrosis (Partido Socialista) como vicepresidente tercera.
Durante su discurso, Pullaro afirmó que “reformar no es un gesto técnico, es un acto político y cultural, un momento fundacional que expresa qué sociedad queremos ser”.La declaración provocó el rechazo del bloque de Amalia Granata, cuyos integrantes se retiraron del recinto en señal de protesta.
La composición política de la Convención quedó determinada por los resultados de las elecciones del 13 de abril, convocadas por la Legislatura a través de las leyes 14.384 y 14.152.
En cuanto a la distribución partidaria, el espacio Unidos para Cambiar Santa Fe obtuvo 33 bancas; Más para Santa Fe, 12; La Libertad Avanza, 10; Somos Vida y Libertad, 7; Activemos, 4; y el Frente de la Esperanza, 3.
El proceso deliberativo tendrá una duración inicial de 40 días, con posibilidad de extenderse hasta 20 días más si así lo aprueba la Convención. La fecha límite establecida es el 12 de septiembre de 2025.
Durante este período, los convencionales tratarán 42 artículos previamente seleccionados. Entre los temas figuran la reelección del gobernador, autonomía municipal, límites a mandatos, reforma judicial, derechos ambientales, digitales, de género y la modernización del Estado. Pullaro propuso incluir en la nueva Constitución medidas como la “Ficha Limpia”, la prohibición del nepotismo en cargos públicos y la obligación de mantener equilibrio fiscal en la administración estatal.
Las comisiones iniciarán su trabajo en las ciudades de Santa Fe y Rosario, tras la aprobación del reglamento interno durante las próximas sesiones plenarias.
Desde el Ejecutivo provincial expresaron que la reforma apunta a establecer una base institucional firme para las próximas décadas y promover el desarrollo sostenido de la provincia. En su mensaje final, Pullaro convocó al consenso y al respeto institucional. Afirmó que “en Santa Fe somos capaces de construir acuerdos sin agravios” y exhortó a todos los bloques a sostener una reforma seria y responsable.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
