16 febrero, 2025

La ciudad de Mendoza multó con 350 mil pesos a organizaciones sociales por cortar las calles

La marcha realizada este jueves que duró aproximadamente tres horas colapso el centro mendocino y el frente de la Casa de Gobierno. Ante ello, la Intendencia avanzó contundentemente: "Infringen el Código de Convivencia de la Ciudad".
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El gobierno de la ciudad de Mendoza, comandada por el radical Ulpiano Suárez, aplicó multas que podrían ascender a casi $350.000 a organizaciones sociales por cortar las calles céntricas cuando se manifestaron este jueves en contra del “ajuste del FMI y reclamar una solución ante el problema alimentario”.

Habituados a las manifestaciones que colapsan el centro de la ciudad, el municipio mendocino sostuvo que “estas sanciones son como consecuencia de movilizaciones que ocuparon toda la calzada, produciendo un corte total del tránsito, hecho que infringe el Código de Convivencia de la Ciudad“.

 Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza.
Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza

Las actas por infracción aplicadas fueron siete, debido “al incumplimiento de la normativa vigente”, detalla en una nota de prensa en la cual asegura que los manifestantes “no solo violaron el Código de Convivencia, sino que no respondieron al cese de su conducta, más allá de la advertencia de los agentes de la Dirección de Tránsito”.

La marcha, que tuvo una duración aproximada de tres horas, atravesó el microcentro y concluyó en Casa de Gobierno. “En ella participaron agrupaciones como el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán, Frente de Izquierda, Movimiento Evita, Corriente Clasista Combativa (CCC) y Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)“, entre otras.

El accionar de los piqueteros se encuentra penado como gravísimo por el Código de Convivencia y cada una de las actas labradas implica una multa que podría llegar a la suma de $346.000,00, según detallaron desde el municipio.

Redacción

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Productores pampeanos exigen soluciones a Ziliotto y denuncian el cobro indebido de impuestos y el mal estado de los caminos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.

Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.

– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP

En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.

En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.

– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto

Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%. Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.

Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.

Redacción

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Hein analiza junto a Osprera los desafíos de la obra social de los trabajadores rurales en Entre Ríos

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.

“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.

La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.

Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.

En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.

La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.

Redacción

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Hein y Bentos buscan fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad en Entre Ríos

El pasado miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió a la diputada Mariana Bentos (bloque Juntos por Entre Rìos) para dialogar sobre la necesidad de continuar trabajando por los derechos de todos los entrerrianos y entrerrianas. Entre los temas analizados, fundamentalmente, coincidieron en la importancia de continuar generando instancias y proyectos de ley que fortalezcan la accesibilidad a diferentes ámbitos, de las personas con discapacidad.

“Esta gestión se ha mostrado abierta desde el inicio, con la convicción de que la participación debe ser de todos los ciudadanos, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad de trabajar para que las barreras sean cada vez menores”, señaló la diputada.

En vistas al inicio de un nuevo período legislativo, indicó: “Este año tenemos una nueva oportunidad de proponer y aprobar iniciativas que den respuesta a las necesidades y problemáticas que tienen muchos vecinos, de diferentes edades, y que por alguna discapacidad no pueden acceder ya sea a espacios o actividades, así que sobre eso estuvimos planificando en esta reunión”, precisó Bentos.

Redacción

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Nuevas protestas y tensiones por el precio de la yerba mate en Misiones

En la jornada de ayer, cerca de 200 productores, en medio de reclamos por el bajo precio de la yerba mate, intentaron impedir el paso de camiones de una planta procesadora en la localidad de San Pedro, a 250 kilómetros de Posadas. Lo que generó momentos de tensión entre los manifestantes y los trabajadores de la empresa.

Fue en el kilómetro 1051 de la ruta nacional 14, en el acceso al secadero de la firma Perez Hermanos, momento en el que un camión se dispuso a seguir camino por sobre quienes estaban allí con el propósito de impedir el paso. La medida se tomó con el fin de que no ingrese materia prima para encarecer el precio del producto final, ante el incumplimiento del pago de 459 pesos por el kilo de hoja verde. Intervinieron en el lugar agentes de la Policía de Misiones y la Gendarmería Nacional.

El presidente de la Unión de Agricultores de Misiones, Marcelo Hacklander, señaló que “el problema comenzó con el decreto 70/23 de Milei, que desreguló el mercado yerbatero”. Este decreto, que eliminó las funciones de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dejó a los actores del sector en la libertad de negociar los precios a lo largo de toda la cadena productiva.

“Hoy, la oferta de los secaderos es de 180 pesos por kilo, que ni siquiera cubre los costos productivos, que rondan los 356 pesos por kilo de hoja verde. Hay gente que quiere seguir trabajando porque tiene necesidades y entrega la mercadería a ese precio”, agregó Hacklander. En este sentido, criticó al gobierno nacional, al que acusó de ignorar el reclamo de los productores: “Se jactan de que el precio del kilo de yerba bajó un 30%, pero eso no es cierto; sigue manteniéndose entre 3.000 y 4.000 pesos”.

Por su parte, Omar Tabaczuk, productor de San Pedro, describió la situación como “una pelea de pobres contra pobres” y se sumó a las quejas por los costos. “Estamos en una situación difícil. Los secaderos nos están pagando por debajo de los costos que fijó el INYM, debajo de una producción. Los costos están muy sometidos. Es una situación complicada la que vivimos los productores, tareferos y prestadores de servicios”, sostuvo.

Es importante destacar que Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate, elaborando el 60% de las 500.000 toneladas que se producen en el mundo. Misiones es responsable del 90% de esa producción, mientras que el 10% restante proviene de Corrientes.

Ante la grave crisis, los productores no descartan nuevas medidas de protesta, que incluyen un paro de cosecha y la paralización del transporte de yerba mate, hasta que se revierta la situación y se fije un precio justo. De esta manera, los productores del Litoral insisten en la necesidad de garantizar un precio adecuado para quienes producen la materia prima de esta tradicional infusión nacional.

Redacción

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Bullrich ofreció viviendas de un plan disuelto para “compensar” los bajos salarios de Gendarmería

Tras un encuentro informal que se llevó a cabo en Aguas Blancas (Salta), quedó registrado una confusa declaración de la ministra de Seguridad en un video que se viralizó en redes sociales: le prometió viviendas del disuelto plan Procrear al padre de un gendarme que se acercó a ella en reclamo por sueldos dignos para los integrantes de la fuerza.

“Mi hijo no tiene para comer, le sale 400.000 pesos para comer, gana 750.000 pesos por mes, no alcanza”, le explicaba el hombre. La ministra le respondió que “el Gobierno hizo un esfuerzo del 5, más el 1,5, más el 1, es el 5,89. Nadie estaba asumiendo esos riesgos. Hicimos un esfuerzo enorme para todos ustedes. Entiéndanlo” y sostuvo: “Yo le juro que en la medida que el país vaya creciendo los vamos a ir mejorando, téngame confianza, estoy con ustedes”.

La promesa de viviendas del desguazado plan Procrear y críticas

La sorpresa invadió el ambiente cuando, en medio de los reclamos, Bullrich mencionó el posible otorgamiento de techos a los gendarmes a través del Procrear: “Son viviendas para ustedes. Les vamos a dar viviendas”, afirmación que a simple vista contradice la realidad del decreto 1018/2024 en el que el gobierno disolvió el programa y al Fondo Fiduciario destinado a financiarlo.

El exdiputado de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, criticó a la ministra y afirmó que la promesa podría sugerir la libre disposición de los recursos públicos. Además destacó que este tipo de promesas pueden estar cargadas de arbitrariedad en la gestión.

¿Cómo fueron los aumentos?

El aumento anunciado para los gendarmes mantendría bajos los salarios, especialmente para aquellos que habitan en las grandes ciudades y sus altos costos de vida. El Gendarme II, el más bajo en el escalafón, pasará de 599.000 a 636.000 pesos, lo que no parece ir de la mano con el “esfuerzo enorme” asegurado por la ministra.

El plan Procrear fue creado en 2012, discontinuado en 2018 y relanzado en 2020. El programa consistía en la compra de un terreno y la construcción de la vivienda, con el financiamiento total de ambos. Su objetivo era beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, a partir de una preselección que consideraba situaciones de enfermedad o la composición de riesgo de las familias. Luego, los adjudicatarios eran determinados por sorteo.

– El gobierno de Milei disolvió el Fondo Fiduciario Público PROCREAR el 13 de noviembre del año pasado

Simultáneamente con el reclamo en el norte del país, este lunes también se manifestaron familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales frente al Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires, y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, entre otros puntos, exigiendo sueldos dignos para los uniformados.

Redacción

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Argentinos de la creencia budista Falun Dafa fueron golpeados por patotas chinas en Buenos Aires

El pasado domingo 26 enero, durante el festejo del Año Nuevo chino, en una plaza pública de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de argentinos creyentes de la disciplina milenaria de la Escuela Buda, Falun Dafa, fueron brutalmente agredidos por ciudadanos chinos en connivencia con autoridades del Gobierno de la Ciudad.

Cada año, los practicantes argentinos de Falun Dafa participan con sus familias en la celebración del Año Nuevo chino. Al ser una disciplina milenaria de origen chino, están interesados en celebrar este acontecimiento como parte de la tradición de la cultura antigua china.

Falun Dafa es una creencia milenaria que pone gran énfasis en el mejoramiento espiritual, es decir volverse una mejor persona y retornar a los valores morales y a las tradiciones. Gracias a su profunda enseñanza, en China en los años ‘90, llegó a tener cerca de 100 millones de creyentes. Ante semejante popularidad, en 1999 comenzó una enorme campaña difamatoria, seguida de una persecución brutal contra estas personas -que continúa hasta el día de hoy- en el marco de las persecuciones religiosas que ejecuta el Partido Comunista en el país asiático. El régimen del Partido Comunista califica a sus practicantes de “delincuentes” por creer en Dios y vivir bajo los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.

Como parte de su campaña transnacional, en Argentina esta represión a la libre expresión y conciencia lleva más de dos décadas, con múltiples informes que documentan la injerencia de la Embajada china sobre funcionarios locales.

Cuando estos creyentes argentinos pacíficos entraron el 26 de enero a la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio de Belgrano, fueron identificados por patotas chinas, las cuales rodearon a cada uno de los practicantes, según revela un informe difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina.

El evento fue coorganizado por instituciones ligadas a la Embajada china, como Fénix Dorada, y con patrocinio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a tratarse de un encuentro “abierto» y en un espacio público, la Policía de la Ciudad habría recibido órdenes de no proteger a estos ciudadanos argentinos, quienes fueron identificados de inmediato, golpeados y detenidos. En cambio, sí dejar vía libre a los grupos violentos chinos.

En las imágenes -ver debajo- se observa cómo agresores chinos irrumpieron con violencia en medio del acto público, confiscando a la fuerza celulares, banderas, volantes y paraguas, atacando físicamente a hombres, mujeres y hasta madres con niños.

Testigos y material audiovisual confirman que personal policial presente en el lugar no intervino para detener las agresiones a pesar de los gritos de auxilio. Peor aún, al menos dos practicantes (entre ellos un padre de familia y una mujer) fueron esposados y detenidos bajo acusaciones infundadas de “agresión” y “hostigamiento”.

Golpizas chinas a ciudadanos argentinos

Ignacio Chirinos, un córdobes que asistió con su esposa, se encontraba al frente del escenario cuando apenas comenzaba el evento. Antes de abrir una bandera fue rodeado por más de 6 ciudadanos chinos quienes empezaron a forcejear la bandera para robársela a la vista de todos los presentes y la inacción de la policía.

Como se puede observar en los videos grabados por vecinos que se acercaron a la plaza, después de que los agresores chinos lograron quitarle la bandera a Chirinos, inexplicablemente, la policía intervino solo para reducir violentamente a este creyente pacífico, al tiempo que dejó “vía libre” a los agresores para que continuaran golpeando impunemente a otros ciudadanos argentinos.

Alejandro Mendiberry, que se había trasladado desde Quilmes para participar de la celebración de Año Nuevo chino, también sufrió una golpiza por un grupo de ciudadanos chinos que lo rodearon, propinando golpes de puño y patadas. Mendiberry tenía una remera que decía “Falun Dafa es bueno – Verdad, Benevolencia, Tolerancia es bueno”. Mediante golpes de puño, los agresores chinos le arrancaron y destrozaron la remera.

Una familia oriunda de Jujuy, practicantes de Falun Dafa, fue acosada por la policía de forma ilegal y arbitraria. La mujer de nombre Romina García se encontraba cerca de una valla cuando una mujer de civil que se identificó como del “Ministerio de Seguridad” quiso robarle una remera amarilla de Falun Dafa, y la acusó de “terrorista”. El inusitado y absurdo suceso también quedó registrado.

“Los hechos dejaron en evidencia que a aquellos chinos comunistas no les importó en absoluto que se tratara de ciudadanos argentinos en su propio país, ni tampoco que hubiese mujeres y niños entre los practicantes de Falun Dafa. ¿Quién les ha dado tanto poder y coraje en Argentina? Indudablemente tenían luz verde por parte de las autoridades del gobierno de CABA -que ordenó a la policía que no reprimiera a los agresores- para hacer lo que quisieran con estos creyentes argentinos”, resalta el informe de la Asociación de Falun Dafa en Argentina.

Las acciones ocurridas en el Año Nuevo chino se habrían impartido para asegurar que nadie viera las remeras amarillas usadas por algunos practicantes argentinos, las cuales llevaban inscripciones como “Verdad, Benevolencia y Tolerancia” y “Falun Dafa es bueno”. El objetivo sería resguardar la imagen de China y ocultar la existencia de Falun Dafa de la Escuela Buda, satisfaciendo lineamientos de la Embajada china. Mientras tanto, los agresores foráneos, identificados con pulseras celestes en las muñecas, se retiraron sin ser demorados.

Cabe resaltar que en 2023 se estrenó el documental ArgenChina: la soberanía perdida, que revela dos décadas de hostigamiento contra practicantes de Falun Dafa en Argentina. Estos hechos se enmarcan en una campaña de represión transnacional del PCCh, ampliamente documentada. A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales —sin importar el gobierno de turno— han permitido que el régimen chino extienda su persecución religiosa más allá de sus fronteras.

“La soberanía argentina no debe ser pisoteada por una potencia extranjera. La comunidad de Falun Dafa continuará sus actividades pacíficas para el bienestar del pueblo argentino, aunque el PCCh las considere una amenaza porque exponen su brutal persecución y matanza de inocentes de fe en China. No se puede erradicar a practicantes argentinos por ejercer su libertad de creencia en un país que se considera democrático y libre, ya que nuestra Constitución y leyes garantizan las libertades fundamentales de los ciudadanos”, indicaron los practicantes de Falun Dafa.

En el escrito citado, los practicantes argentinos de Falun Dafa solicitaron a las autoridades que les brinden garantías para que puedan profesar su fe y expresarse libremente sin temer por sufrir agresiones a su integridad física.

“¿Seguirá Argentina permitiendo que matones comunistas golpeen a su pueblo bajo la tutela de la Embajada china? ¿O tendremos un gobierno que vele por los derechos fundamentales y la soberanía nacional?”, concluye el informe.

Redacción

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