05 julio, 2025

Kirchneristas formoseños aprobaron leyes que amplían el poder totalitario de Gildo Insfrán

La mayoría oficialista de la Legislatura de Formosa aprobó la modificación de cuatro Leyes para otorgarle más atribuciones de control al Poder Ejecutivo, comandado por el dictador Gildo Insfrán.
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La primera fue la prórroga de la emergencia económica, una norma que va en contrasentido antes el discurso del superávit y habilita al ejecutivo a usar la discrecionalidad para el pago de juicios o deudas con sus acreedores, blindándolo desde hace 20 años.

El diputado del PJ, Jorge Román explicó que el gobierno de Formosa viene con un “balance positivo y una caja holgada”. Aseguró que les preocupa el ajuste del gobierno nacional, la volatilidad, inestabilidad de la economía por lo que resultaba adecuado, “resguardar los logros del modelo” y pidió el apoyo de los diputados.

El diputado por el PRO, Enrique Ramírez, dijo que el oficialismo se olvida de “dónde venimos” y que por este gobierno es que hoy se tienen que tomar medidas extremas. “Alberto Fernández fue el peor presidente de la historia de la Argentina que nos deja parados donde estamos” sin embargo a pesar de sus argumentos, sentenció que no se justifican 24 años de una prórroga de la Ley de Emergencias en distintos gobiernos y en realidad es porque, “a Insfrán le encanta la discrecionalidad”.

La diputada de la UCR, Carla Zaizer, dijo luego que Formosa es una provincia “enferma de emergencias” y que la excepción se transformó en una regla. Puntualizó que el gobierno de Insfrán estaba ya en emergencia en la “década ganada” de Néstor y Cristina Kirchner. Se preguntó luego por qué los legisladores de UxP de Formosa, votaron la quita del impuesto a las ganancias si significaba una pérdida millonaria para la provincia. “Tenemos que cuidar nuestra cámara de diputados y seguir delegando atribuciones al ejecutivo”.

La diputada por Nuevo País, Gabriela Neme dijo que el diputado Román tendría que explicar porque “hace dos años prorrogábamos la misma ley si teníamos superávit”. Aseguró que las legislaturas provinciales no pueden aprobar atribuciones especiales a los gobernadores y podrían ser considerados, “infames traidores a la Patria”.

El diputado del PJ, Agustín Samaniego, sugirió que el interés de los diputados estaba en el pago de algunos proveedores del estado en particular. “Se pasan por donde sea la carta magna” aseguró y sugirió que la diputada Neme “tiene una deudita en el estado que quieren cobrársela”.

El diputado del PJ, Rodrigo Vera, dijo que le llamó mucho la atención que no se habló por parte de la oposición, “el DNU más inconstitucional de la Argentina” del presidente Milei en unos de los “actos más tiránicos que se puede tener memoria en la República Argentina”.

La diputada por Nuevo País, Mara Amarilla, al tomar la palabra, explicó que: “Trae a colación el DNU del presidente que fue votado por el 55% y no tiene nada que ver. Entonces digo que parece que le molesta el centralismo y las decisiones que consideran unilaterales. ¿Acá en la provincia no les molesta el mismo centralismo que impide que esta Cámara pueda trabajar y votar en forma separada? De repente la república le molesta y ¿Acá qué? De repente le agarró una amnesia selectiva y ¿No se acuerdan cuando modificaron la Constitución para permitir las reelecciones indefinidas?”.

Luego se modificaron varios artículos de la Ley de Colonización y Tierras Fiscales cuyo miembro informante fue el diputado del PJ, Aldo Ingolotti quien manifestó que el “modelo formoseño” va a desarrollar la explotación de energías renovables como un parque solar en el municipio de Ibarreta y otro en el Polo Científico que necesitan “tierras fiscales”.

La diputada por la Libertad, Progreso y Trabajo, Emilia Maciel, dijo que las distintas opiniones “No ser respetan en esta cámara y lamento que no tengamos la altura de mostrarles a los jóvenes o niños que aspiran a ocupar una banca en este lugar”.

El expediente N° 145: con este proyecto de ley se extendió la emergencia económica y otorgaron al Poder Ejecutivo, es decir a Gildo Insfrán, las facultades para disponer partidas presupuestarias sin pasar por la Legislatura

“Sé lo que es no tener acceso a los títulos de propiedad y se lo podrían dar a todos los productores, donde no tienen recursos algunos” y dijo que, “En vez de despojarlos para darles sus tierras a empresas, les den los títulos para que puedan venderlas y que no sea el estado el que se las expropie”. Dijo además que esta medida solo afianza la situación de que muchos “compueblanos” no van a tener sus títulos de propiedad”.

En el expediente N° 147 modificarán los artículos 11 y 123 de la Ley 1180 de Administración Financiera para permitir que las empresas que están comprendidas en regulaciones de compras y contrataciones, empresas del estado, de economía mixta o fondos fiduciarios puedan sencillamente realizar compras directas, obviando los controles estipulados en los artículos modificados y fue presentada por el diputado del PJ, Rodrigo Vera.

La diputada Neme detalló además que “ellos van a seguir haciendo negocios con la plata del pueblo”. “No les interesa que estamos en una epidemia de dengue. No les interesa la emergencia de la gente”. Explicó que los convocaron por una emergencia y eso es una emergencia aseguro. “Solo les importa sesionar para salvarse y para que estas empresas públicas tengan la libertad de contratar como quieran”. Cerró diciendo que suprimen todos los principios de los actos públicos. “Pido una justicia con lupa para los funcionarios”.

El diputad por la UCR, Miguel Montoya aseguró que los principios de los actos públicos “No son poca cosa y estamos eliminando la responsabilidad del estado en estos procesos”. Dijo que se hace referencia a los controles nacionales y los provinciales. “En la provincia la Contaduría, Tesorería, etc., personas que son designados por el Poder Ejecutiva sin ninguna intervención del legislativo. No existe en la provincia la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por lo tanto no existen organismo de control en la provincia comparables a los de Nación.

Finalmente modificaron la Dirección General de Rentas de la provincia para convertirla en una Administración Tributaria de la Provincia de Formosa y la modificación del Código Fiscal. La diputada informante fue Inés Beatríz Lotto, quien dijo que la razón es modernizar el estado para adecuarlo a las necesidades del “modelo formoseño”. Explicó que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y mejorar volviendo más eficiente a la recaudación.

La diputada por la UCR, Agostina Villaggi, en el uso de la palabra, expresó que cuando los convocaron a la sesión extraordinaria pensó que era algo urgente pero se encontró con que, “Nada que ver”. Dijo que nadie se hizo cargo de la emergencia hídrica con las inundaciones y los daños por las tormentas, “Me pregunté si íbamos a tratar el aumento de los salarios de los empleados de la provincia que están por debajo de la línea de la pobreza con una inflación que venimos soportando hace cuatro años porque la fiesta populista hay que pagarla pero esos temas no lo vamos a tratar en este recinto, vamos a tratar solo lo que le importa al Ejecutivo. La incoherencia en esta legislatura está a flor de piel”.

Aseguró que todos los años, “Venimos entregando atribuciones al gobernador. Esta es una sesión incoherente”. Las leyes fueron aprobadas por la mayoría oficialista y el rechazo de la oposición en una sesión extraordinaria de más de tres horas.

*Fuente: Periodismo Profesional (Leo Fernández Acosta)

Redacción

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El Municipio de Mar del Plata multó a 280 trapitos en un mes a partir de denuncias vecinales vía WhatsApp

La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.

La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.

Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.

Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.

Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.

Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.

Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Diputados convirtió en ley la creación de la OSER: “Es un cambio fundamental y necesario”

En una sesión realizada ayer, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER), organismo que reemplazará al actual Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin modificaciones respecto al texto remitido por el Senado provincial, durante la quinta sesión especial del 146° período legislativo, presidida por Gustavo Hein. La ley establece que la OSER funcionará como una entidad pública con autarquía administrativa y financiera, heredando legalmente todos los derechos, obligaciones y patrimonio del IOSPER.

Durante el debate, el diputado Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, destacó la participación amplia en el tratamiento legislativo: “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Agregó además que, tras la intervención del IOSPER, se evidenciaron “otras irregularidades, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis”.

Gallay también resaltó los beneficios que la nueva ley traerá a los afiliados: “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.

Entre las innovaciones destacadas se mencionó la reducción del directorio a solo cuatro miembros, de los cuales dos serán designados por los gremios. Además, se establecerá un consejo consultivo ad honorem y un nuevo sistema robusto de fiscalización con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno del oficialismo y otro de la oposición, para garantizar transparencia.

La diputada Gabriela Lena (JxER) defendió la reforma con énfasis: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Asimismo, añadió: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.

Por su parte, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) cuestionó duramente la iniciativa: “no es necesaria una nueva ley” para resolver los problemas planteados y afirmó que la nueva composición del directorio “reduce la participación de los representantes de los afiliados” y “concentra el poder en el gobierno de turno”. Stratta también criticó que la aprobación del proyecto tuvo un “tratamiento exprés” y señaló deficiencias administrativas actuales como el aumento de coseguros.

El diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también se mostró en desacuerdo con el proyecto, aunque reconoció que era “seguramente necesaria una actualización” del marco normativo. Advirtió sobre “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.

El cierre del debate estuvo a cargo del diputado López, quien defendió la propuesta del Ejecutivo provincial como una medida necesaria para mejorar el funcionamiento de la obra social. Además, anunció que algunas inquietudes planteadas, como el impacto sobre la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, serán corregidas por el gobernador mediante reglamentación.

Finalmente, la ley fue aprobada con 20 votos a favor y 13 en contra, marcando un nuevo rumbo para la salud pública en la provincia de Entre Ríos.

Redacción

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“AHORRO FISCAL” | Mendoza eliminó las PASO para 2025 y 2026

El gobierno de Mendoza logró suspender las elecciones PASO para este año y 2026. Lo hizo a través de una aprobación exprés en la Legislatura provincial, donde el oficialismo radical contó con apoyo del PRO. El resultado fue contundente: 37 votos a favor y 9 en contra.

La iniciativa, impulsada por la diputada Stella Maris Huczak, en un principio solo buscaba eliminar las primarias de este año. Sin embargo, en una maniobra de último momento, se amplió el alcance hasta 2026. El oficialismo argumentó que se busca ahorrar recursos y simplificar el calendario electoral.

Desde el PJ y el Partido Verde, surgieron críticas por el apuro del trámite. Legisladores opositores denunciaron que la medida no pasó por todas las comisiones necesarias y que se evitó un debate profundo. El senador Dugar Chappel calificó la jugada como “engañosa”.

Además, la norma aprobada incluye un artículo que suspende las PASO en municipios que decidan desdoblar sus elecciones. Esto generó nuevas tensiones entre el Ejecutivo provincial y los intendentes.

Con las internas eliminadas, la UCR mendocina acelera su acercamiento a La Libertad Avanza. La vicegobernadora Hebe Casado anunció públicamente su afiliación al partido libertario, aunque todavía no fue registrada formalmente ante la Justicia Electoral.

El gobernador Alfredo Cornejo mantiene conversaciones reservadas con sectores cercanos a Milei. El objetivo sería consolidar una alianza provincial de cara a las elecciones generales de octubre.

No todo es unidad dentro del radicalismo. El ministro de Defensa, Luis Petri, planteó una alternativa para definir candidaturas: usar un colegio electoral interno. Esta propuesta enfría momentáneamente las negociaciones con los libertarios y refleja las tensiones dentro del oficialismo.

Por su parte, Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados provincial, defendió la decisión. Aseguró que las PASO “ya no cumplen la función para la que fueron creadas”.

Aunque todo indica que las elecciones se alinearán con el calendario nacional —previstas para el 26 de octubre—, el Ejecutivo todavía no lo confirmó. El gobernador tiene tiempo hasta el 18 de julio para tomar esa decisión.

Mientras tanto, la Junta Electoral provincial trabaja en la reestructuración de los plazos legales. Deberá redefinir fechas para la presentación de alianzas y listas, será necesario adaptar el cronograma electoral a la nueva situación.

Con este movimiento, Mendoza se convierte en la primera provincia en suspender por dos años consecutivos las elecciones primarias. La medida le da al oficialismo margen para negociar sin presiones internas y avanzar con alianzas estratégicas.

Redacción

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La escasez de chapas patentes deja a más de 650.000 vehículos con matrículas de papel

La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.

En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.

La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.

El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.

Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.

Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.

En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.

El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.

El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.

Redacción

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Diputados de Juntos respaldaron el congelamiento de sueldos para funcionarios

El bloque de diputados provinciales de Juntos por Entre Ríos manifestó su apoyo al decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, que establece la suspensión de actualizaciones salariales para funcionarios del Ejecutivo. La medida forma parte de un paquete de control del gasto público, en un contexto de marcada restricción presupuestaria.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que la decisión responde a “la delicada situación a la que fue conducida la provincia de Entre Ríos con la merma real de la coparticipación y la eliminación directa de transferencias del Gobierno nacional”, a lo que se suma “la realidad de tener que afrontar el vencimiento de la deuda generada por épocas de descontrol que nos precedieron”.

Desde la bancada remarcaron que el momento exige dejar de lado reproches pasados para dar prioridad a las soluciones inmediatas: “Somos conscientes de que no es tiempo de mirar para atrás, sino de anteponer soluciones o paliativos inmediatos ante la difícil situación. Y sabemos también que es necesario contarle a los entrerrianos por qué se toman esas medidas”.

En esa línea, los legisladores hicieron hincapié en la necesidad de romper con viejas prácticas de administración: “La provincia vivió décadas de desapego a la responsabilidad en la administración de los recursos públicos, pero eso quedó atrás. Ahora es tiempo de afrontar las consecuencias de aquello. Por eso avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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