30 mayo, 2025

Juntos arremetió contra el Frente de Todos por la toma de tierras en Mar del Plata: “Intentan justificar lo injustificable”

El oficialismo marplatense salió a cruzar al kirchnerismo por intentar justificar la toma de tierras en El Marquesado.
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El kirchnerismo denunció que el Ejecutivo de Mar del Plata tiene tierras que le cedió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y perdió 10 meses para ejecutar un proyecto de salud. En un comunicado de prensa, desde el interbloque de concejales de Juntos salieron al cruce de las acusaciones K. “Nuevamente desde el Frente de Todos intentan justificar lo injustificable”, afirmaron los ediles del intendente Guillermo Montenegro.

En ese sentido, puntualizaron que “abril de 2021 el Municipio le solicita al AABE bienes en su poder para la realización de dos proyectos en el área de salud municipal, solicitud que aún hoy no tiene respuesta, ni positiva, ni negativa. En junio de 2022, se produjo la ocupación ilegal de terrenos ubicados entre las calles San Salvador, Guanahani, Canosa e Ingeniero Rateriy, en manos de grupos organizados”.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

“Ante esta situación, el intendente Guillermo Montenegro realizó las gestiones con la AABE (por tratarse de tierras del Estado), y desde ese momento el Municipio las tiene a su custodia. El Ejecutivo definió darle fines recreativos y sociales, destinados a los vecinos del barrio y así evitar una nueva usurpación del terreno“, añadieron los ediles oficialistas en un comunicado oficial.

Y subrayaron que “desde aquel intento de toma, el Municipio inició trabajos, que incluyeron la apertura de la calle, la limpieza del terreno, la incorporación de luminarias, y hoy se puede ver un obrador de la empresa constructora que desarrolla tareas de asfalto en una zona aledaña, que va a permitir la creación de varias canchas de fútbol en el terreno, lo cual además evita una posible nueva toma, que fue y es el objetivo principal del convenio firmado”.

Manifestación de vecinos contra la usurpación de tierras en El Marquesado.
Manifestación de vecinos contra la usurpación de tierras en El Marquesado.

“En febrero del 2023 el Gobierno nacional entrega a una Asociación Civil ligada a Grabois 140 hectáreas del sur de nuestra ciudad en custodia provisoria, días después se produce el ingreso de militantes del MTE con el aval del Estado nacional“, destacaron los concejales de Juntos.

“Es increíble que el Frente de Todos tenga la caradurez de cuestionar al Ejecutivo y a este interbloque cuando es el Estado el que no da respuestas e impone decisiones beneficiando a los amigos. Nunca contestó al requerimiento municipal para los progamas de salud. Fue el propio intendente Montenegro quien se hizo cargo de la inoperancia nacional ante el cuidado de las tierras usurpadas en junio de 2022, incluso con una erogación de recursos del Municipio, que al fin y al cabo son de los vecinos. Decidió entregar tierras públicas en beneficio de unos pocos. Háganse cargo de la falta de gestión, el Gobierno para unos pocos y dejen de tirar la pelota afuera”, sentenciaron.

Redacción

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Para sostener el capricho de las elecciones desdobladas, Kicillof gastará $4.000 millones

En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.

El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.

¿Crisis real o campaña encubierta?

A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.

La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.

Una gestión que va a contramano del país

Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.

Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.

A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.

Una estrategia electoral encubierta

El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.

La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?

La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Frigerio respaldó la intervención del IOSPER: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.

Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.

En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.

El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:

  • Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
  • Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
  • Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
  • Estabilidad laboral de todo el personal actual.
  • Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
  • Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.

Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.

Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.

Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.

Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.

Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.

Redacción

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Frigerio impulsó el traspaso del Palacio San José a la provincia en una reunión de gabinete

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este miércoles una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno de Paraná en la que participó la vicegobernadora Alicia Aluani, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y todo el equipo ministerial. El tema principal fue la transferencia del Palacio San José —residencia del general Justo José de Urquiza, ubicada en Caseros, departamento Uruguay— a la órbita provincial, con el fin de garantizar su conservación y restauración.

Al término del encuentro, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, señaló que se trató de “una instancia muy productiva en términos de información y conocimiento que los distintos ministerios pudieron intercambiar sobre las acciones en curso en toda la administración”. Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, informó sobre las gestiones iniciadas para concretar el traspaso del inmueble, declarado museo nacional en 1935.

Frigerio recordó que semanas atrás solicitó formalmente a la Secretaría de Cultura de la Nación que Entre Ríos asuma la gestión del Palacio San José. El pedido fue presentado al secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en el Palacio Libertad de Buenos Aires, donde el mandatario expuso su “profunda preocupación” por filtraciones, daños estructurales y el desgaste del mobiliario original, piezas de alto valor patrimonial.

Construido entre 1848 y 1858, el Palacio San José constituye uno de los hitos arquitectónicos e históricos del país y atrae cada año a miles de visitantes. El gobierno provincial proyectó convertirlo en un símbolo cultural que una a los entrerrianos y reafirme su papel en la historia nacional.

La agenda del gabinete también incluyó políticas orientadas a la primera infancia. Frigerio compartió detalles de su reciente reunión con autoridades de UNICEF y repasó los lineamientos que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Humano. Boleas destacó que el proyecto de presupuesto 2025 incorporó dos políticas transversales dedicadas a niñez y adolescencia para monitorear con mayor precisión la inversión pública.

En materia educativa, los ministros evaluaron el avance del Programa de Alfabetización impulsado desde la Región Centro. Boleas precisó: “Nos compartieron cómo se está desarrollando el trabajo en el territorio entrerriano y los resultados preliminares del abordaje”.

Antes de concluir, Frigerio reiteró a su gabinete la consigna de optimizar estructuras estatales, elevar la eficiencia del Gobierno y fortalecer la articulación con organismos descentralizados, con el objetivo de asegurar la ejecución efectiva de los proyectos debatidos, entre ellos la recuperación del emblemático Palacio San José.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Media sanción en Diputados para modernizar el Consejo de la Magistratura

Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.

Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.

Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.

Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.

Redacción

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Insfrán criticó al Gobierno por cobrar la salud a extranjeros

El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.

“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”

Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.

En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.

“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.

Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.

De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.

Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.

Redacción

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Marra anticipó su proyecto para desmantelar las villas

En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.

Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.

El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.

Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.

Redacción

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