JUJUY | 1 de cada 4 estudiantes menores de edad deben trabajar para ayudar a sus familias

Aunque las cifras del operativo "Saber Más" son desalentadores, el gobernador, Gerardo Morales, sostuvo que todo se debe a "el Estado presente".
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Está semana, el gobernador de Jujuy anunció los resultados del operativo “Saber Más” que fue realizado en el 2021 sobre unas 20 escuelas abarcando casi 13 mil estudiantes.

Los resultados fueron alarmantes, el informe destacó que, el 44% de las escuelas son precarias, cerca del 30% no cuentan con acceso a Internet y en el caso del 25% de los estudiantes de tercer año de la secundaria que fuera de asistir a clases, deben trabajar para ser el sustento de sus familias.

El gobernador hizo hincapié sobre su postura de que Jujuy es de las pocas provincias que más invierte en educación y el gobierno que más escuelas va a construir en la historia y esto se debe a un “Estado presente”.

En contraste, una maestra de nivel primario declaró: “Me da mucha bronca cuando escucho que Jujuy es una de las provincias que más invierte en educación. Es una gran mentira. Si bien la educación siempre fue cuestionada, poniendo en tela de juicio a los docentes, en realidad la situación social, familiar, económica influye muchísimo. Estos dos años de pandemia provocó un quiebre en la educación. Con los niños y jóvenes fue como empezar de cero”.

Mientras que una profesora de nivel secundario decía: “Creo que la vulnerabilidad manifiesta en los resultados refleja que en los hogares la prioridad está en llevar alimentos a la mesa. La pandemia demostró que las nuevas tecnologías tienen un destinatario que no es el colectivo de menores recursos. Si bien el Estado implementa programas y abre nuevos establecimientos no es suficiente. Con una canasta familiar paupérrima un estudiante mal alimentado no puede obtener buenos resultados académicos en ningún nivel educativo, con hambre es un esfuerzo que impide el aprendizaje. Sin internet en los establecimientos educativos ¿Para qué sirven las computadoras? Inauguran establecimientos, pero no hay cargos suficientes ni presupuesto. Es una falta de respeto, aunque el slogan diga lo contrario”.

Por su parte, desde la agrupación 9 de Abril declararon: “los resultados que se publicaron son una muestra de que el relato de Morales choca con la realidad y que la crisis educativa no se resuelve solo con la construcción de escuelas, con lo que nadie puede estar en desacuerdo. Pero de fondo hay un contexto económico y social cada vez más crítico que repercute en los sectores más vulnerables y la educación no es una isla en ese marco. Contra el sentido común basado en el mérito y esfuerzo individual, vuelve a mostrarse que las condiciones socioeconómicas influyen en los aprendizajes y conocimientos.

Morales habla de un Estado presente, pero en los años de sus gobiernos se demostró que para lo que se estuvo presente es para el ajuste sobre los presupuestos educativos, los salarios y para avanzar en la precarización laboral. En un contexto en el que la pobreza creció un 45% en la provincia desde 2016.

Infraestructura precaria, bajos salarios, cierres de carreras, ataques a los derechos laborales, crecimiento de la pobreza, docentes sin trabajo y estudiantes sin docentes, son algunos de los aspectos que más resaltan en la crisis educativa de la provincia. Las conducciones gremiales han dejado pasar estos ataques a la educación pública. Es necesario reconstruir desde abajo, desde cada escuela, un movimiento de lucha junto a la comunidad educativa y demás sectores de trabajadores, ocupados y desocupados”.

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SANTA CRUZ | Vidal impulsa la restitución de un ex procurador desplazado por los Kirchner hace 30 años

El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.

El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.

La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.

El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.

Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas. El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.

El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.

Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.

El Gobierno confirma el cierre del tren Buenos Aires–Bahía Blanca y deja a miles de pasajeros sin conexión

El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.

Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.

Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.

El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.

En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.

Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.

“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.


*Fuente: Agencias

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