IMPORTACIONES | Los odontólogos suspenden turnos y atención de urgencia por falta de insumos
Desde la asociación que nuclea a los profesionales odontólogos de Salta, señalaron que viven una situación crítica. Muchos profesionales dejaron de atender por falta de insumos, como consecuencia de la inflación y de la limitación de importaciones.
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Marcela Tejerina, titular de la institución de odontólogos de Salta, en diálogo con Radio Nacional, señaló la situación que atraviesan los profesionales: “a nosotros nos aumentaron bastante los insumos y la importación está limitada” y agregó, que la Cámara de Comercio e Industria Dentales solicitaron ayuda al gobierno y hasta mantuvieron comunicación con la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtiendo la limitación de los productos importados, que resultan fundamentales para el trabajo de estos especialistas.
En este contexto, Tejerina adelantó que esperan novedades recién para el mes de septiembre: “la importación es limitada porque el cupo se remonta a años anteriores, y estimamos que, para nuestro caso, el número que tomaron refiere al año de pandemia en donde no hubo prácticamente atención. Es por eso que hoy nos vemos perjudicados, sumado al tema del dólar porque todos nuestros insumos son importados y en la mayoría de los casos, subieron hasta un 200%”
“Si baja el dólar, si sube o pasa lo que sea, nuestros insumos no bajan porque no tenemos un ente que regule los materiales dentales”, agregó preocupada la profesional, detallando que desde la propia asociación plantearon la situación, pero fueron desestimados en el ente que los nuclea a nivel nacional.
“Pedimos una reunión con el ministro de Salud de la provincia y el ministro de producción para exponer lo que nos sucede, pero hasta ahora no obtuvimos ningún tipo de respuestas”, cerró Tejerina.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de enero se ubicó en 2,2%: una cifra que marcó la suba mensual más baja desde julio de 2020 y llevó la variación interanual al 84,5%. El índice desaceleró frente al 2,7% de diciembre y continuó la tendencia descendente de los últimos meses, un proceso que el Gobierno de Milei vinculó con su política fiscal, monetaria y cambiaria.
La división de mayor aumento en el mes fue Restaurantes y hoteles (5,3%), impulsada por subas estacionales en servicios de hotelería. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,0%), principalmente por ajustes en alquileres. En contrapartida, los menores incrementos se registraron en Educación (0,5%) y en Prendas de vestir y calzado, rubro que mostró una deflación de -0,7%. A nivel de categorías, “los precios regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (2,4%), mientras que los Estacionales aumentaron 0,6%”, detalló el organismo. Además, se mantuvo la brecha entre la inflación de bienes (1,5%) y la de servicios (3,8%).
Desde el Ministerio de Economía destacaron que “este sendero de reducción en la inflación se dio en un contexto de crecimiento del nivel de actividad (+6,4% acumulado entre abril y noviembre según el EMAE desestacionalizado) y suba en los ingresos de la población, destacándose los incrementos en términos reales en diciembre de 18% i.a. en el salario promedio del sector privado registrado (SIPA), 12,8% i.a. en el haber jubilatorio y 107% i.a. en la Asignación Universal por Hijo”.
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato y escribió en su cuenta de X: “El 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años. Bienes 1,5%. Canasta Básica 0,9%. El proceso de desinflación continúa”. Además, el funcionario había adelantado días atrás la posibilidad de perforar la línea del 2% en febrero y afirmó: “Ojalá empiece en febrero con 1, el proceso de desinflación va a continuar, el orden macro va a continuar. El proceso es inevitable y esperamos que siga sorprendiendo”.
La expectativa oficial se basó en la modificación del ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial, que en enero aún avanzó al 2% mensual, pero que pasó al 1% desde febrero. El Gobierno buscó que los bienes, que representan alrededor del 65% de la canasta del INDEC, convergieran a ese ritmo de incremento.
– Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Ojalá empiece en febrero con 1, el proceso de desinflación va a continuar, el orden macro va a continuar. El proceso es inevitable y esperamos que siga sorprendiendo”
No obstante, dos consultoras privadas que relevaron precios en la primera semana de febrero detectaron incrementos más pronunciados en alimentos y bebidas, especialmente por la suba de la carne. LCG sostuvo que “a comparación de la semana pasada, la primera semana de febrero presentó un fuerte incremento en el porcentaje de productos con aumentos de precios: 10 puntos porcentuales, abarcando al 21% de la canasta relevada”, con una variación semanal de 2,3%, “el número más alto para esta serie desde la segunda semana de marzo”. La firma aseguró: “Febrero comienza con una inflación semanal de 2,3% en nuestro Relevamiento de Precios de Alimentos y Bebidas. Se sostuvo la estacionalidad de las primeras semanas de cada mes con subas por encima de las semanas previas”.
Por su parte, Equilibra registró en el mismo período un incremento semanal de 1,1% tras la suba de 2,6% en “Carnes y otros derivados” (3,7% en carne vacuna). “La suba estacional de la carne vacuna ya se sintió en el mercado minorista”, precisó el informe, y proyectó que la inflación de febrero podría ubicarse cerca del 2%, en línea con lo estimado previamente para enero.
El relevamiento mensual del INDEC mostró además que la inflación núcleo de enero fue de 2,4%, con bienes y servicios en un sendero de desaceleración sostenida. “La profundización del sendero de desinflación puede apreciarse también en el análisis de medias móviles de la variación del IPC, que permitió extraer tendencias más allá de la volatilidad de muy corto plazo”, indicaron desde la cartera económica. Según la misma fuente, la media móvil de tres meses se ubicó en 2,4% mensual, el menor registro desde agosto de 2020, mientras que la de seis meses se colocó en 2,9%, el menor nivel desde noviembre de ese mismo año.
Las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) habían calculado para enero un 2,3%. Para febrero y marzo, los analistas también estimaron un número cercano al 2%, con la posibilidad de reducirlo al 1,5% hacia mediados de año. De acuerdo con las proyecciones oficiales y privadas, la estabilidad cambiaria resultó clave para sostener el proceso de desinflación, que acumuló cuatro meses consecutivos con registros por debajo de 3%.
La variación de precios de enero también fue la más baja desde que Javier Milei asumió la Presidencia: en noviembre se había registrado 2,4% y en diciembre 2,7%. En términos interanuales, la cifra alcanzó 84,5%, la menor desde 2022 y muy por debajo del 211,4% que se observó al cierre del último año de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de Milei finalizó con un acumulado de 117,8%.
El índice porteño, que sirvió de termómetro anticipado, arrojó una baja de 3,3% en diciembre a 3,1% en enero, mientras que su inflación núcleo recortó de 3,7% a 2,7%. “En enero de 2025, Alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en todas las regiones del país, excepto en Gran Buenos Aires y Cuyo, donde lideró Restaurantes y hoteles”, aclaró el Indec en su informe.
Entre los desafíos inmediatos para febrero, analistas y funcionarios coincidieron en la importancia del comportamiento de la carne, que incidió en el alza de los precios por su elevado peso en la canasta total. Para el Gran Buenos Aires, ese rubro explicó casi un 7% del total, mientras que en el Noreste y Noroeste escaló al 13,2% y 12,5%, respectivamente.
La desaceleración inflacionaria se convirtió en una de las principales banderas del Gobierno en un año marcado por las elecciones legislativas. Aun con el debate en torno a la paridad cambiaria, el Banco Central continuó con su esquema de microdevaluaciones reducidas y el Ministerio de Economía reiteró su objetivo de llevar la inflación por debajo del 2% mensual en el corto plazo, apuntalado por el crecimiento de la actividad y la recuperación de los ingresos reales, según sus propias cifras.
“La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada en enero de 2025 fue del 2,2%, la más baja desde el inicio de la administración del Presidente Javier Milei y la menor desde julio de 2020”, resumió un comunicado oficial. El Gobierno apostó así a sostener la desinflación y confió en que el recorte del ritmo devaluatorio a 1% mensual consolidara la tendencia en los próximos registros.
El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignacióndel país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.
La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.
Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.
Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.
La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.
Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.
En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.
El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.
Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.
“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.
La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.
Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.
En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.
La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.
El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.
La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.
La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.
Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.
La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.
En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.
En la jornada de ayer, cerca de 200 productores, en medio de reclamos por el bajo precio de la yerba mate, intentaron impedir el paso de camiones de una planta procesadora en la localidad de San Pedro, a 250 kilómetros de Posadas. Lo que generó momentos de tensión entre los manifestantes y los trabajadores de la empresa.
Fue en el kilómetro 1051 de la ruta nacional 14, en el acceso al secadero de la firma Perez Hermanos, momento en el que un camión se dispuso a seguir camino por sobre quienes estaban allí con el propósito de impedir el paso. La medida se tomó con el fin de que no ingrese materia prima para encarecer el precio del producto final, ante el incumplimiento del pago de 459 pesos por el kilo de hoja verde. Intervinieron en el lugar agentes de la Policía de Misiones y la Gendarmería Nacional.
El presidente de la Unión de Agricultores de Misiones, MarceloHacklander, señaló que “el problema comenzó con el decreto 70/23 de Milei, que desreguló el mercado yerbatero”. Este decreto, que eliminó las funciones de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dejó a los actores del sector en la libertad de negociar los precios a lo largo de toda la cadena productiva.
“Hoy, la oferta de los secaderos es de 180 pesos por kilo, que ni siquiera cubre los costos productivos, que rondan los 356 pesos por kilo de hoja verde. Hay gente que quiere seguir trabajando porque tiene necesidades y entrega la mercadería a ese precio”, agregó Hacklander. En este sentido, criticó al gobierno nacional, al que acusó de ignorar el reclamo de los productores: “Se jactan de que el precio del kilo de yerba bajó un 30%, pero eso no es cierto; sigue manteniéndose entre 3.000 y 4.000 pesos”.
Por su parte, Omar Tabaczuk, productor de San Pedro, describió la situación como “una pelea de pobres contra pobres” y se sumó a las quejas por los costos. “Estamos en una situación difícil. Los secaderos nos están pagando por debajo de los costos que fijó el INYM, debajo de una producción. Los costos están muy sometidos. Es una situación complicada la que vivimos los productores, tareferos y prestadores de servicios”, sostuvo.
Es importante destacar que Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate, elaborando el 60% de las 500.000 toneladas que se producen en el mundo. Misiones es responsable del 90% de esa producción, mientras que el 10% restante proviene de Corrientes.
Ante la grave crisis, los productores no descartan nuevas medidas de protesta, que incluyen un paro de cosecha y la paralización del transporte de yerba mate, hasta que se revierta la situación y se fije un precio justo. De esta manera, los productores del Litoral insisten en la necesidad de garantizar un precio adecuado para quienes producen la materia prima de esta tradicional infusión nacional.
Entre enero y diciembre de 2024, Argentina despachó un total de 89,3 millones de toneladas (Mt) de granos, subproductos y aceites vegetales desde sus puertos, lo que representó un incremento interanual del 60%.
Este volumen quedó 1% por encima del promedio de los últimos cinco años, aunque se ubicó 11 Mt por debajo del récord alcanzado en 2019 (100,5 Mt). El crecimiento ocurrió tras la fuerte recuperación de la cosecha agrícola, que pasó de niveles muy bajos en 2023 —producto de la sequía— a un total de 132 Mt en la campaña 2023/24.
Los granos despachados sumaron 52,5 Mt en 2024, un 62% más que el año previo, aunque 3% por detrás del promedio del último lustro. Los mayores incrementos se observaron en maíz (+12,3 Mt), trigo (+4,8 Mt) y soja (+2,1 Mt). “Estos tres cultivos dan cuenta del 96% de la recuperación en los despachos de granos, impulsados por una importante recuperación de la cosecha en términos interanuales”, señalaron los economistas Belén Maldonado, Emilce Terré y Julio Calzada, de la Bolsa de Comercio de Rosario.
En cuanto a los subproductos, los embarques alcanzaron 29,5 Mt, un alza del 56% frente a 2023 y 5% por encima del promedio de los últimos cinco años. El principal factor de crecimiento fue el mayor volumen de pellets de soja (+10,4 Mt), con aumentos adicionales en los despachos de pellets de girasol (+151.300 toneladas) y de trigo (+55.500 toneladas). Por su parte, los aceites vegetales registraron 7,2 Mt despachadas, un 60% más que en 2023 y 21% por encima del promedio. Nuevamente, el aceite de soja explicó casi toda la suba (+2,4 Mt), seguido por el aceite de girasol (+259.600 toneladas).
Las terminales del Gran Rosario —zona conocida como Up-River, que abarca desde Timbúes hasta Arroyo Seco— despacharon 67,7 Mt durante 2024, lo que significó un 60% más que en 2023 y equivalió al 76% de todos los envíos del país. La zona de San Lorenzo (Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo) explicó el 58% del total, mientras que las terminales de Rosario (Arroyo Seco, General Lagos, Alvear, Rosario y Villa Gobernador Gálvez) representaron el 18%.
La participación del Gran Rosario se ubicó por debajo del promedio del 78% registrado en la última década y lejos del máximo del 82% de 2009. “Esta menor participación tiene sentido considerando la aguda bajante del Río Paraná durante la segunda mitad de 2024, así como también el impacto de la chicharrita y las condiciones ambientales que golpearon con más fuerza a la producción del centro y norte del país”, indicaron los analistas de la Bolsa.
Los puertos de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, despacharon 10,8 Mt (12% del total nacional), mientras que Necochea/Quequén embarcó 7,6 Mt (9%). Zárate, Ramallo, San Pedro y Villa Constitución sumaron 3,1 Mt (3%). Por tipo de producto, las terminales del Up-River concentraron el 62% de los granos enviados, el 96% de los subproductos y el 93% de los aceites vegetales.
Entre las instalaciones con mayor volumen de despacho se destacó el puerto de ADM en Arroyo Seco, que embarcó 4,3 Mt de granos y se consolidó por tercer año consecutivo como el principal origen de este tipo de productos. En materia de subproductos, la planta Renova de Timbúes alcanzó 6,6 Mt y repitió el primer puesto del año anterior; también lideró en aceites, con 1,7 Mt. De ese modo, Renova sumó 10,5 Mt de embarques totales en 2024 y se erigió como la terminal con mayor volumen de productos agroindustriales despachados.
Más de la mitad (53%) de los granos, subproductos y aceites se destinaron a Asia.América recibió el 21%, Europa el 14%, África el 11% y Oceanía el 1%. Vietnam se mantuvo como el principal comprador global de los embarques argentinos en 2024, con 11,1 Mt (un alza del 109% frente al año anterior). China ocupó el segundo lugar, con 7,1 Mt (+56% interanual), y Perú el tercero, con 5,8 Mt (+45%).
Al discriminar por categoría, Vietnam lideró las compras de granos (7 Mt, +126%) y subproductos (4 Mt, +82%), mientras que India recibió la mayor parte de los aceites vegetales (3,2 Mt, +89%), el 45% del total despachado. De hecho, los aceites fueron el rubro más concentrado por destino, ya que los tres principales compradores (India, Bangladesh y Perú) agruparon el 60% de los embarques.
El informe de la Bolsa de Rosario consignó que las exportaciones agroindustriales desembarcaron en 132 países el año pasado “consolidando el país como un proveedor global de alimentos y materias primas”. Durante ese año, las exportaciones del sector alcanzaron un valor total de 46.129 millones de dólares, de los cuales el 38% se dirigió a Asia, el 22% a América, el 13% a Europa y el 4% a África.
Por complejos productivos, la soja —principal exportador— tuvo como destino destacado a India, seguida por China y Vietnam. El maíz se dirigió principalmente a Vietnam, Perú y Malasia. En carne y cueros bovinos, los mayores compradores fueron China, Israel y Estados Unidos. En cuanto al trigo, sus mercados más importantes resultaron ser Brasil, Indonesia y Perú. Según este mismo informe, al enfocarse en los principales productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, Vietnam escaló al primer puesto como comprador de la agroindustria argentina.
