Hein analiza junto a Osprera los desafíos de la obra social de los trabajadores rurales en Entre Ríos
El presidente de la Cámara de Diputados se reunió con la diputada Julia Calleros y representantes de la entidad para abordar los principales problemas prestacionales y avanzar en posibles soluciones.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, se reunió este miércoles con la diputada Julia Calleros y las autoridades de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera) en la provincia. El objetivo principal del encuentro fue conocer en detalle la situación de la entidad y las medidas que se están tomando para atender las necesidades de sus afiliados.
“Venimos hablando de la planificación para este año, de cara a la sesión preparatoria y la asamblea legislativa, y hoy nos enfocamos en el tema salud. Vengo de la ruralidad, me interesa mucho la situación de los trabajadores y trabajadoras rurales y sus familias. Por eso me acompañaron la delegada y el subdelegado de Osprera”, comentó Calleros.
La delegada de Osprera en Entre Ríos, Patricia Bardier, recordó que la institución se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios de Salud, y explicó que, junto a su equipo, están trabajando para resolver diversos problemas prestacionales. “Hablamos con Hein sobre nuestro trabajo para ayudar a los prestadores, para poder hacer un circuito en el que las obras sociales funcionen más normalmente y evaluar futuros aumentos. Fue una reunión muy efectiva”, afirmó.
Durante la audiencia, Hein consultó sobre las principales dificultades que enfrentan los beneficiarios. Al respecto, Bardier manifestó: “En la zona rural hay casos de discapacidad, que se están cubriendo”.
En relación con el acceso a la salud de los 31.000 afiliados que la obra social tiene en la provincia, la delegada señaló: “Se han estado resolviendo muchísimas cuestiones prestacionales y contamos con el apoyo de muchos prestadores que nos dan acceso a planes de pago y reuniones para poder llegar a acuerdos y aumentos”.
La reunión concluyó con el compromiso de trabajar en conjunto para fortalecer la atención y mejorar los servicios que la obra social brinda a los trabajadores rurales y sus familias.
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
La Policía bonaerense rechazó la propuesta de aumento salarial del 9% que ofreció el gobierno de Axel Kicillof y anunció la posibilidad de un paro total de actividades. Decenas de agentes, retirados y familiares se congregaron en Puente 12, en el cruce de la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, partido de La Matanza, para exigir una suba del 100% en el sueldo básico y denunciar el hostigamiento que, según afirmaron, incluyó el uso de un helicóptero con el fin de provocar fuertes ráfagas de viento y dispersar la protesta.
Los manifestantes expusieron su malestar al considerar insuficiente el 9% de aumento en un contexto de inflación y creciente inseguridad en la provincia de Buenos Aires. La protesta se desarrolló desde la mañana del lunes 17 de febrero y se extendió hasta el día siguiente, cuando un grupo de efectivos aseguró que, de no alcanzar un acuerdo, se tomarían medidas de fuerza más drásticas. También remarcaron la necesidad de reincorporar a los policías que fueron desafectados por anteriores movilizaciones y se quejaron por la falta de respuesta oficial a sus reclamos.
Entre las sanciones más recientes, la Auditoría General de Asuntos Internos desafectó a 14 policías en Ituzaingó. Según un vocero de seguridad, los oficiales dejaron sus tareas de patrullaje y se apostaron en una estación de servicio para tocar sirenas y bocinas como forma de reclamo. La Fiscalía Descentralizada N.º 1 de Morón los imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público e intimidación pública”.
– Los policías protestando en Ituzaingó
Además, hubo otras 16 sanciones hasta completar un total de 30 efectivos desafectados en varios puntos de la provincia. En este contexto, los efectivos denunciaron que estas medidas disciplinarias buscan acallar los reclamos salariales y laborales que ya llevan años sin respuestas concretas.
– El ministro de Seguridad de Buenos Aires junto al gobernador Kicillof
Los integrantes de la fuerza difundieron un extenso petitorio dirigido al Ministerio de Seguridad bonaerense, donde exigieron la mejora de sus condiciones laborales y el incremento del salario básico, que actualmente ronda los $667.881 para un oficial de policía con el último ajuste (aunque algunos efectivos aseguraron que, con descuentos, apenas alcanzaron los $680.000). Según los manifestantes, este salario los ubica en una situación de indigencia si se considera el costo de vida actual y el valor de la canasta básica.
En el documento, fechado el 17 de febrero de 2025, resaltaron diez puntos centrales:
Que no haya ningún tipo de sanción administrativa ni represalia para el personal que concurrió a las convocatorias pacíficas por este reclamo.
Aumento del 100% del sueldo básico (señalaron que un oficial cobraría $667.881 a partir del 1 de marzo y que se necesitan $1.033.716 para no ser pobre).
Obra social IOMA (solicitaron más prestadores, pago puntual a los profesionales y entrega de medicamentos).
Correcta atención por parte de Provincia ART (denunciaron abandono en traslados e insumos para el personal herido).
Horas Co.Re.S (horas extra) (exigieron elevarlas de $1.200 a $12.000 y que no se recargue de manera obligatoria).
Readecuación de destino (pidieron trabajar a no más de 50 km del domicilio y contar con viáticos de distancia).
Gabinete de asistencia psicológica las 24 horas (informaron 44 suicidios en 2024 y 6 casos en lo que va de 2025).
Asistencia psicológica, legal y social para heridos y familiares de caídos (criticaron la falta de cobertura integral para quienes sufren hechos violentos en acto de servicio).
Reincorporación del personal en disponibilidad desde 2021 (por la convocatoria de septiembre de 2020).
Creación de planes de vivienda (señalaron que un oficial paga $450.000 de alquiler sobre un sueldo de $667.881 y que muchos terminan trabajando de Uber para subsistir).
Un miembro de la fuerza que se encontraba presente en la protesta explicó a DATA24.COM.AR la crisis salarial: “El policía arriesga su vida por 1.200 pesos. No llegas a comprar ni un alfajor”, exponiendo el precio que paga el Estado bonaerense por las horas extra. También detalló que el mínimo porcentaje de incremento recién se acreditaría varios meses después de la homologación paritaria: “A nosotros nos descuentan la caja de policía un mes adentro y recién cobraríamos en abril el 7%. El 2% siguiente llegaría en mayo“, sostuvo.
Según el efectivo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, evitó reunirse con los manifestantes: “Ayer pedimos hablar con el ministro, nos dijeron que no estaba. Pero habíamos visto cómo bajó del helicóptero. Salió por la puerta de atrás porque no tenía cara para salir por adelante. Nadie nos dio una respuesta“. La falta de diálogo con las autoridades aumentó la tensión entre la fuerza y el Gobierno provincial, que hasta el momento no ha brindado respuestas públicas.
– Las protestas de la Bonaerense en 2020, bajo el kirchnerato
Otro problema que preocupa son los suicidios dentro de la fuerza policial. Según datos proporcionados por los efectivos, en 2024 se registraron 44 suicidios entre agentes de la Policía bonaerense, mientras que en lo que va de 2025 ya suman al menos seis casos confirmados.
El entrevistado reveló a este medio que recientemente hubo otros dos posibles casos en evaluación, lo que elevaría la cifra a ocho. La falta de asistencia psicológica y las dificultades económicas son señaladas como factores determinantes en esta crisis. Desde el petitorio, los agentes exigen la implementación de un gabinete de asistencia psicológica disponible las 24 horas para la prevención de estos hechos y el acompañamiento de los afectados.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió hoy al titular de la comuna Tala (Departamento Uruguay), Horacio Córdoba, en un encuentro destinado a abordar, especialmente, la problemática de los caminos rurales y en diversas cuestiones relacionadas con la infraestructura local.
En diálogo con los medios, Córdoba detalló el motivo de su visita a la Cámara baja: “Es importantísimo para nosotros que el presidente de la Cámara de Diputados nos haya recibido para tratar los distintos temas que a nos incumben y nos haya escuchado. También le llevamos nuestro saludo por su nuevo mandato en la Presidencia”, expresó.
La comuna Tala enfrenta diversos desafíos para garantizar el correcto mantenimiento de sus vías de comunicación y escuelas rurales. Al respecto, el mandatario local destacó: “Nuestra comuna tiene 27.500 hectáreas y tenemos un montón de necesidades, fundamentalmente los caminos y las escuelas rurales, que ojalá podamos solucionar dentro de este contexto económico y social que afecta a todo el país”.
Además, el dirigente enfatizó la importancia de conservar los caminos en buen estado para el ingreso de insumos y la salida de la producción agropecuaria: “Son reclamos permanentes en los distintos organismos, pero siempre es importante que alguien como el presidente de la Cámara de Diputados sepa cuáles son las necesidades de nuestra comuna, que son las de todas”.
Por último, Córdoba resaltó el compromiso conjunto que se asumió durante la reunión: “El compromiso es trabajar mancomunadamente. Desde nuestro lugar seguiremos haciendo las solicitudes que correspondan y él estará a disposición”, concluyó.
La tarde del miércoles se vivió una situación de extrema tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación durante la protesta semanal de jubilados. En medio de incidentes, un grupo de militantes kirchneristas y de izquierda agredió a un cronista y a un camarógrafo de la señal LN+ mientras realizaban la cobertura de la marcha.
Al mismo tiempo, las cámaras registraron el momento en que una mujer llevó a una niña equipada con antiparras y barbijo, en un contexto de inminente peligro por la posible utilización de gases lacrimógenos de parte de la policía.
El cronista Nicolás Edwin, fue increpado por un joven de remera gris que le gritó: “Son cómplices ustedes, son cómplices”. Segundos después, el mismo hombre tomó el micrófono y lanzó: “¿Esto vienen a cubrir, cómo le pegan a los jubilados?”, antes de agredir al camarógrafo. Edwin intentó recuperar su herramienta de trabajo, pero el manifestante respondió con un ademán obsceno y volvió a golpear la cámara, acusando a los periodistas de haberlo golpeado primero con el equipo.
En plena agresión, se sumó la mujer que llevaba a una niña del brazo. La menor, con antiparras y barbijo, quedó en el foco de la polémica por estar expuesta a una situación de violencia en la que se aplicaría, según las fuerzas de seguridad, un protocolo antipiquetes para disuadir el corte de la Avenida Rivadavia. Entre insultos y gestos ofensivos, el cronista continuó intentando obtener testimonios más alejados del tumulto. Finalmente, un jubilado se acercó y expresó: “Les agradezco a ustedes que han venido y disculpen que hay algunos que no los entienden a ustedes, y nosotros los entendemos porque están siempre con nosotros”.
El periodista relató luego: “Este es el tercer año en la calle y nunca me pasó algo así”, en referencia a la agresión que padeció junto a su equipo. La protesta concluyó con dos detenidos y dos policías heridos, uno con fractura de tobillo y otro con quebradura de muñeca, según indicaron fuentes policiales.
La utilización de menores en este tipo de protestas ya había generado alto grado de repudio en redes. El 19 de diciembre de 2023, el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, reconoció durante una entrevista radial con Alejandro Fantino que llevan niños a las marchas para evitar desalojos violentos.
Fantino planteó: “Si se te viene la caballería encima y estás con los chicos, corren riesgo no solo tu vida sino la vida de un chiquito”, a lo que Solano respondió: “¿Sabés cómo se soluciona eso? Que no vaya la caballería”. El conductor sugirió: “O que no lleven a los chicos a la marcha”, frente a lo cual el piquetero contestó: “¿Para que nos caguen a palos?”.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.
Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.
– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP
En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.
En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.
– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto
Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%.Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.
Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.
El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, recibió este jueves a Jorge Miranda, CEO de la empresa Power Trading LLC, y a Javier Antonio Aguilar, director comercial de la misma firma y concejal de Concordia. Durante la audiencia, los ejecutivos propusieron a Hein una iniciativa que favorecería las exportaciones entrerrianas a través del corredor bioceánico.
“Traemos iniciativas relacionadas con el futuro de las empresas y los estados provinciales, que estamos gestionando desde organizaciones de empresarios del Caribe y del Mercosur. Tratamos de darle mayor relevancia al corredor Capricornio, que es el corredor bioceánico que une Antofagasta (Chile), Jujuy, Salta, Bolivia, Paraguay y termina en Santos (Brasil), y estamos tratando de unirlo con el corredor del Mercosur”, explicó Aguilar.
Sin embargo, sostuvo que “esto no es tan fácil con la nueva legislación”, y amplió: “Hoy, las nuevas normas de la Unión Europea con respecto a la deforestación y la ley misma de deforestación, acarrean un sinfín de problemas a los productores, porque no cuentan con las herramientas necesarias. Ellos son muy conocedores de sus productos, pero están exentos de los instrumentos que los llevan a exportarlos”.
“Buscamos hacer participar a las autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de instruir a los productores para que puedan utilizar ese corredor, que es muy importante, de 45 millones de personas”, agregó.
Aguilar, por su parte, comentó que tienen la intención de que “los productores, especialmente de la provincia de Entre Ríos, puedan llegar a cualquier parte del mundo a través del corredor bioceánico”. En ese sentido, buscan herramientas que permitan avances en este proyecto.
Tras un encuentro informal que se llevó a cabo en Aguas Blancas (Salta), quedó registrado una confusa declaración de la ministra de Seguridad en un video que se viralizó en redes sociales: le prometió viviendas del disuelto plan Procrear al padre de un gendarme que se acercó a ella en reclamo por sueldos dignos para los integrantes de la fuerza.
“Mi hijo no tiene para comer, le sale 400.000 pesos para comer, gana 750.000 pesos por mes, no alcanza”, le explicaba el hombre. La ministra le respondió que “el Gobierno hizo un esfuerzo del 5, más el 1,5, más el 1, es el 5,89. Nadie estaba asumiendo esos riesgos. Hicimos un esfuerzo enorme para todos ustedes. Entiéndanlo” y sostuvo: “Yo le juro que en la medida que el país vaya creciendo los vamos a ir mejorando, téngame confianza, estoy con ustedes”.
La promesa de viviendas del desguazado plan Procrear y críticas
La sorpresa invadió el ambiente cuando, en medio de los reclamos, Bullrich mencionó el posible otorgamiento de techos a los gendarmes a través del Procrear: “Son viviendas para ustedes. Les vamos a dar viviendas”, afirmación que a simple vista contradice la realidad del decreto 1018/2024 en el que el gobierno disolvió el programa y al Fondo Fiduciario destinado a financiarlo.
El exdiputado de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, criticó a la ministra y afirmó que la promesa podría sugerir la libre disposición de los recursos públicos. Además destacó que este tipo de promesas pueden estar cargadas de arbitrariedad en la gestión.
¿Cómo fueron los aumentos?
El aumento anunciado para los gendarmes mantendría bajos los salarios, especialmente para aquellos que habitan en las grandes ciudades y sus altos costos de vida. El Gendarme II, el más bajo en el escalafón, pasará de 599.000 a 636.000 pesos, lo que no parece ir de la mano con el “esfuerzo enorme” asegurado por la ministra.
El plan Procrear fue creado en 2012, discontinuado en 2018 y relanzado en 2020. El programa consistía en la compra de un terreno y la construcción de la vivienda, con el financiamiento total de ambos. Su objetivo era beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, a partir de una preselección que consideraba situaciones de enfermedad o la composición de riesgo de las familias. Luego, los adjudicatarios eran determinados por sorteo.
– El gobierno de Milei disolvió el Fondo Fiduciario Público PROCREAR el 13 de noviembre del año pasado
Simultáneamente con el reclamo en el norte del país, este lunes también se manifestaron familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales frente al Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires, y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, entre otros puntos, exigiendo sueldos dignos para los uniformados.
