14 enero, 2025

Gestión Wolff: Detuvieron a dos jóvenes que vandalizaron una estación y no podrán volver a usar el SUBTE

Una pareja fue sorprendida grafiteando las paredes de la estación Callao de la Línea B. La Justicia dispuso su detención, les prohibió salir del país y ordenó que no utilicen más la red de subtes.
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Este sábado por la tarde, una pareja de jóvenes fue detenida in fraganti mientras vandalizaba una pared de la estación Callao de la Línea B del subte porteño. El hecho, registrado por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), derivó en una rápida intervención de la Policía de la Ciudad, que los acusó del delito de daños. Como medida preventiva, la Justicia les prohibió salir del país y les impuso tobillera electrónica, además de vetarles el uso de la red de transporte subterráneo de Buenos Aires.

El incidente ocurrió en el andén sentido Leandro N. Alem, en un sector en remodelación. Personal de la División Subtes, que realizaba un recorrido preventivo, fue alertado por un operador sobre la actividad sospechosa. Tras confirmar la situación mediante las cámaras de seguridad, agentes policiales se dirigieron al lugar y detuvieron a los jóvenes, un hombre de 22 años y una mujer de 24. En su poder se encontraron cuatro latas de aerosol con las que habían pintado una pared de dos metros de alto por cuatro de largo.

El video difundido por las autoridades muestra cómo la pareja utilizaba los aerosoles para grafitear, sin advertir que estaban siendo observados por las cámaras. La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la Dra. Malena Mercuriali, tomó intervención en el caso y dispuso la detención de ambos imputados bajo la acusación de “daños”. Además, se les ordenó fijar domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y se les colocaron tobilleras electrónicas ambulatorias.

Aunque no se divulgaron los nombres ni las nacionalidades de los detenidos, la imposición de la prohibición para salir del país despertó especulaciones sobre su origen. Sin embargo, las autoridades no confirmaron si los jóvenes son extranjeros.

La gestión encabezada por Waldo Wolff en la Ciudad de Buenos Aires busca reforzar las medidas de seguridad y control en el transporte público, con un énfasis particular en la preservación del patrimonio urbano. Este episodio, que terminó con la intervención policial y fuertes sanciones para los grafiteros, comentaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, refleja el enfoque de tolerancia cero hacia el vandalismo en espacios públicos.

Mientras tanto, el sector afectado en la estación Callao permanecerá cerrado hasta que concluyan las tareas de limpieza y reparación.

Redacción

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Montenegro endurece controles contra los “cuidacoches” | “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, reforzó los controles en Mar del Plata contra los denominados “trapitos” mediante operativos de seguridad que buscan desalojarlos de las zonas cercanas a las playas. Estas acciones se implementaron en plena temporada estival, ante la llegada masiva de turistas y el aumento de denuncias por extorsión en la vía pública.

“A partir de diciembre te encontrás con que viene gente de otros lugares de la Argentina para generar caos y hacerse dueña de la calle, y eso no lo voy a permitir. No solamente es un delito, sino que también está la situación de extorsión permanente en el espacio público”, afirmó Montenegro en declaraciones públicas.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal compartió un video donde un agente de la Secretaría de Seguridad desalojó a un trapito que cobraba a los automovilistas frente a la playa Bristol, en pleno centro de la ciudad. En la grabación, el policía le explica al acusado: “Como es un espacio público, no se puede pedir dinero. Retírese”. Montenegro acompañó el video con un mensaje contundente: “Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”.

“ESTO NO ES UN TRABAJO”

La viralización del video generó un impacto inmediato: solo en el día de su publicación se recibieron 25 denuncias adicionales en la línea de WhatsApp (223-3406177) habilitada para reportar estas prácticas. Esta herramienta, disponible las 24 horas, permite a los ciudadanos enviar fotografías y videos como evidencia de situaciones de coacción en la vía pública.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, respaldó la medida y la calificó como “razonable”. En una entrevista, destacó que la iniciativa busca diferenciar entre quienes solicitan colaboración de manera voluntaria y quienes emplean métodos coercitivos. “Los que amedrentan, aprietan y ponen precios son delincuentes; quienes no hacen esto no tendrán problemas”, aclaró. Además, hizo un llamado a la Policía de la Provincia de Buenos Aires para intensificar su colaboración en la prevención de este fenómeno.

Entre las conductas denunciadas figuran amenazas, cobro de tarifas fijas por estacionamiento, violencia verbal, consumo de alcohol en la vía pública y la reserva ilegal de espacios. Montenegro enfatizó que estas prácticas generan temor en los ciudadanos: “La gente dejó de disfrutar de la calle porque tiene miedo de estacionar el auto y de salir a la mañana”.

El intendente señaló que la proliferación de los trapitos no es un fenómeno aislado, sino que responde a una organización con vínculos políticos. Comparó la situación con la toma de El Marquesado, ocurrida hace dos años, donde acusó a sectores liderados por Juan Grabois de utilizar el espacio público de manera ilegal. “Cuatro vivos te usurpan el espacio público y hacen plata. Eso no lo voy a permitir”, sentenció Montenegro.

Montenegro destacó que Mar del Plata ya no es solo un destino de temporada, sino que se consolidó como una ciudad atractiva para turistas jóvenes durante todo el año. “Generamos eventos deportivos y culturales que permiten sostener la actividad más allá del verano. Antes, uno de cada cinco visitantes eran jóvenes, y ahora es uno de cada tres”, resaltó.

Con el lema “Esto no es un trabajo”, el jefe comunal dejó en claro que el municipio continuará combatiendo estas prácticas. En un mensaje reciente en la red social X, el intendente reafirmó su postura: “El espacio público no es de nadie, no te pueden cobrar. No podés estar pensando que vas a tener un problema cuando estacionás el auto”.

Redacción

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El Concejo Deliberante de Escobar aprobó un bingo pese al rechazo vecinal y provocó indignación en Maschwitz

La reciente aprobación de un proyecto para la instalación de un bingo en Ingeniero Maschwitz generó un tensiones y debate en el partido de Escobar, destacándose como un caso paradigmático de tensión entre el desarrollo urbano y las demandas comunitarias. Durante la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de este viernes, los concejales avalaron la construcción de un centro comercial en la intersección de la Colectora Oeste y Ruta 26, un emprendimiento que incluyó una sala de juegos, un hotel y espacios gastronómicos.

El proyecto se presentó como un desarrollo integral destinado a diversificar la oferta comercial y recreativa local. No obstante, su componente más controvertido fue la sala de juegos, que podría operar como bingo. El intendente Ariel Sujarchuk respaldó la iniciativa al proponer que un porcentaje de los ingresos del bingo se destinara a la Cooperadora del Hospital del Bicentenario de Garín, bajo las disposiciones de la normativa provincial.

El expediente Nº 18.318/24 se presentó el pasado 6 de diciembre, y en menos de tres semanas completó su circuito legislativo. Esta rapidez fue facilitada por los dictámenes favorables emitidos en menos de 48 horas por varias áreas del Ejecutivo municipal, lo que permitió a Laura Guazzaroni, presidente del HCD, convocar a una sesión extraordinaria. Finalmente, de los 24 concejales, 20 votaron a favor.

– El bingo se instalaría en el predio que está al lado de la base de Policía Motorizada

Entre las ausencias destacaron figuras como Gabriela Hernández y Florencia Campos, del bloque Pro Libertad, quienes cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el proceso legislativo. Por su parte, los tres concejales de La Libertad Avanza respaldaron la medida, generando críticas dentro y fuera del recinto.

Analistas locales y representantes vecinales señalaron que el tratamiento acelerado del proyecto reflejó una falta de transparencia y debilitó la legitimidad del proceso. Esta percepción se agravó considerando que el juego de azar fue un sector que, históricamente, estuvo asociado a problemáticas sociales y cuestionamientos éticos.

La instalación del bingo despertó un contundente rechazo entre los residentes aledaños a esa zona en específico de Ingeniero Maschwitz, quienes, organizados en agrupaciones como la Asociación Vecinal Ruta 26 y la Red de Seguridad de la Ruta 26, presentaron un documento en el que sintetizaron sus principales objeciones.

Una vecina describió el proyecto como un negociado y enfatizó que “el bingo no mejoró la calidad de vida; solo enriqueció a unos pocos a costa del deterioro de nuestra comunidad”. Otros residentes señalaron que “la ludopatía y los negocios oscuros asociados a los bingos trajeron consigo más pobreza y descomposición social” y que “estas iniciativas solo benefician a intereses particulares mientras descomponen el tejido social de la comunidad”.

El documento también subrayó la experiencia de otras localidades bonaerenses donde emprendimientos similares exacerbaron problemas sociales, especialmente en sectores vulnerables. Según el escrito, la instalación del bingo también podría generar mayores costos en servicios de emergencia y seguridad, recursos ya limitados en el municipio.

El comunicado también advirtió que la instalación del bingo desvalorizaría las propiedades cercanas y alteraría la identidad de Ingeniero Maschwitz, que se caracteriza por su entorno residencial y natural. Los vecinos afirmaron que continuarán movilizándose y evaluando alternativas legales para detener la iniciativa.

EL COMUNICADO DE LOS VECINOS

RECHAZO-AL-BINGO-EN-MASCHWITZ

El municipio defendió el proyecto como una oportunidad para generar empleo y diversificar la economía local. Sin embargo, los detractores insistieron en que aquellos empleos generados fueron temporales y precarios, mientras que los costos sociales fueron permanentes. Estudios presentados por la Asociación Vecinal Ruta 26 advirtieron, por ejemplo, que el bingo fomenta la exclusión social al incentivar el gasto en apuestas entre sectores económicamente vulnerables.

En respuesta, propusieron alternativas para el uso del predio, como la construcción de centros de capacitación laboral y espacios recreativos que promovieron la integración comunitaria. Estas propuestas subrayaron la necesidad de proyectos que fortalecieran el tejido social en lugar de fragmentarlo.

EL PROYECTO, APROBADO POR UNANIMIDAD

Proyecto-ordenanza

La ordenanza aprobada estipuló que el desarrollo debió cumplir con estrictos requisitos de sostenibilidad y garantizar audiencias públicas antes de su ejecución. La comunidad, sin embargo, se movilizó para detener la iniciativa y evaluó acciones legales para cuestionar su viabilidad.

La controversia reflejó un conflicto más amplio sobre el modelo de desarrollo urbano en Escobar y el equilibrio entre intereses económicos y las demandas sociales.

Redacción

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Concejal de La Matanza denunció falsificación de recetas médicas para jubilados

Tras su voto en contra del Presupuesto municipal y el rechazo a la continuidad de Juan Caprino al frente de la Defensoría del Pueblo (cargo que ocupa desde hace 20 años), Ramos denunció prácticas fraudulentas en el manejo de recetas médicas destinadas a jubilados.

En sus declaraciones, Ramos afirmó: “No les sacaron los medicamentos a los jubilados, sino que tienen que hacer un trámite. Porque hay un montón de médicos entongados que hacían recetas a varios jubilados con la misma. Y cuando los jubilados iban a buscar el medicamento había otra persona que en su nombre se los había llevado“. Este esquema fraudulento, según la edil, afecta directamente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y genera un circuito vicioso que perjudica a los vecinos del distrito.

Ramos también llamó a centrar la atención en la gestión local: “Miremos para adentro de La Matanza, no para afuera”, destacando la necesidad de que las políticas públicas prioricen a los habitantes del Municipio por encima de las directrices nacionales.

La denuncia se dio en el marco del debate por el presupuesto municipal, que la concejal consideró insuficiente para atender las necesidades reales de La Matanza. Su rechazo también incluyó la oposición a la renovación del mandato de Caprino en la Defensoría del Pueblo, una institución que, según Ramos, necesita un cambio de liderazgo después de dos décadas de gestión.

Ramos, quien también fue consejera escolar, conoce de cerca las problemáticas estructurales del distrito y reiteró la urgencia de trabajar en soluciones concretas para los habitantes de La Matanza.

Redacción

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Afiliados del IOMA convocan a una mega movilización en toda la provincia con reclamos para Kicillof y Giles

En medio de una crisis sanitaria que afecta a miles de afiliados, distintos grupos autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) convocaron a una mega movilización provincial el próximo jueves 19 de diciembre a las 12 horas. La protesta, que se realizará en simultáneo en todas las delegaciones de la obra social bonaerense, tiene como objetivo reclamarle al gobernador Axel Kicillof y al titular de IOMA, Homero Giles, por los recortes en medicamentos, la reducción de prestaciones y la falta de atención en el territorio.

La iniciativa fue impulsada desde Mar del Plata por las vecinas autoconvocadas Adriana Santi y Marcela Martinelli, quienes vienen encabezando las protestas desde hace más de un año. Según explicó Santi, docente jubilada oriunda de la ciudad costera, el plan busca que “la mayor cantidad de afiliados se movilicen en todas las sedes de IOMA de la provincia”. “Los vecinos piden movilizaciones y descubrimos que lo que más molesta a los directivos es que nos concentremos en sus lugares de trabajo. Por eso decidimos realizar una mega movilización”, afirmó en declaraciones a este medio.

Desde principios de diciembre, la organización de estas marchas ganaron tracción en las redes sociales, donde se han compartido videos testimoniales de afiliados relatando su situación personal. Entre los testimonios más duros, se destacan los de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han visto retrasada o cancelada la entrega de medicación crítica.

La protesta apunta a presionar a las autoridades del IOMA con el fin de visibilizar la situación crítica que atraviesan los afiliados. La convocatoria difundida en redes sociales por los grupos autoconvocados señala que la “desprotección y el desamparo del IOMA se extienden a toda la provincia” y destaca la necesidad urgente de respuestas concretas frente a los recortes en medicamentos y prestaciones que afectan a miles de personas.

Según informaron los organizadores, los manifestantes llevarán carteles y pancartas en las inmediaciones de las delegaciones de IOMA, con mensajes que reflejan las problemáticas más urgentes: la falta de cobertura para tratamientos de alta complejidad, el incumplimiento en la entrega de medicación crítica y la vulneración del derecho a la salud.

La crisis de IOMA se profundizó a partir de la eliminación del convenio con la FEMEBA (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires), que afectó a 20 distritos y más de 160 mil afiliados en toda la provincia. Los municipios más golpeados incluyen Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Olavarría, Azul y Tandil, entre otros. En estas localidades, los afiliados perdieron prestaciones, dejaron de elegir a sus médicos de cabecera y, en muchos casos, deben pagar de su bolsillo las consultas mientras continúan aportando a la obra social.

Además, en comunas como Navarro, el conflicto alcanzó un punto crítico con el cierre de acuerdos directos con IOMA por sumas millonarias. Este tipo de medidas generó una fuerte reacción en los municipios, donde intendentes y dirigentes locales han sido interpelados por sus decisiones.

Según los autoconvocados, la situación responde a una decisión política del tridente Kicillof-Kreplak-Giles (en referencia al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al titular de IOMA, Homero Giles). A partir de la pandemia, el gobierno provincial habría impulsado la creación de 232 policonsultorios que funcionan como efectores propios de IOMA en varias localidades, desplazando a los médicos agremiados y generando desigualdad en la cobertura.

Desde Mar del Plata, los autoconvocados lograron contactar a sus pares de Alvarado, Mar Chiquita, Saladillo, Azul, Alberti, Roque Pérez, Tandil, Olavarría y La Plata. El plan es que la convocatoria alcance a las 135 dependencias que IOMA tiene en la provincia de Buenos Aires.

Adriana Santi confirmó que esta será la última movilización del año, aunque advirtió que las protestas continuarán en 2024. “Vamos a hacer una movida grande en La Plata, pero eso quedará para el año que viene. Ahora, con las vacaciones de por medio, nadie nos va a escuchar”, señaló.

En paralelo, los organizadores se encuentran trabajando en la creación de redes de coordinación entre los diferentes municipios para facilitar las futuras movilizaciones.

Mientras los reclamos crecen, el gobernador Axel Kicillof aún no se pronunció sobre la crisis de IOMA. Los autoconvocados denuncian que el mandatario “mira para otro lado” y que su gestión avala el accionar de Homero Giles, alineado con La Cámpora.

Redacción

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CHACO | Más del 66% de las pensiones por invalidez laboral eran irregulares

Una reciente auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) destapó severas irregularidades en la entrega de pensiones no contributivas por invalidez laboral en la provincia de Chaco. Más del 66% de los beneficiarios auditados no cumplían con los requisitos establecidos para percibir el subsidio. En algunos casos, los fraudes resultaron alarmantes, involucrando diagnósticos falsos, informes médicos irregulares e incluso confesiones de fraude.

La auditoría, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, fue parte de una serie de operativos desplegados en localidades chaqueñas —Taco Pozo, Sáenz Peña, Las Breñas y Castelli—. Los trabajos pusieron bajo la lupa las pensiones otorgadas durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich.

  • 2689 beneficiarios fueron citados a la auditoría, de los cuales 2344 (87,17%) asistieron.
  • Solo 365 casos (13,58%) cumplieron con los requisitos.
  • 1796 casos (66,79%) fueron declarados desfavorables y serán dados de baja.
  • 345 beneficiarios (12,83%) no se presentaron.
  • Otros 183 casos (6,81%) continúan bajo fiscalización médica.

Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran situaciones que evidencian un esquema de corrupción y negligencia.

  • Amputación falsa: A una mujer se le otorgó la pensión por una supuesta amputación del brazo derecho, pero la auditoría confirmó que estaba en perfecto estado de salud.
  • Diagnósticos contradictorios: Beneficiarios presentaron informes inconsistentes; por ejemplo, alegaban tener hipertensión, mientras el Cuerpo Médico registró diagnósticos de diabetes.
  • Cáncer de mama inexistente: Una mujer cobró una pensión por cáncer de mama, pese a nunca haber sido diagnosticada ni haberse realizado exámenes médicos.
  • Pensión por pie plano: Una niña recibió el beneficio por un diagnóstico de pie plano, lo que generó dudas sobre los criterios utilizados.
  • Confesión de fraude: Una mujer admitió que su pensión fue gestionada por su empleadora con el único fin de evitar pagar su salario.

En el caso de Taco Pozo, donde el 10% de los habitantes percibe pensiones por invalidez, la auditoría encontró que el 97% de los beneficios eran fraudulentos. El fiscal federal Carlos Amad denunció un esquema que involucraba a médicos, gestores, funcionarios municipales y al intendente Carlos Antonio Ibáñez. Las investigaciones revelaron que se pagaban hasta 30.000 pesos para obtener certificados falsos y dar inicio a expedientes aprobados sin control. Además, se descubrió un patrón de familias completas que accedían a pensiones por diagnósticos inexistentes, incluyendo menores de edad que aparecían como beneficiarios sin ninguna discapacidad.

Amad informó que en allanamientos realizados en viviendas particulares se incautaron cuadernos con registros de pagos de coimas, certificados médicos falsificados y evidencia de complicidad entre gestores y autoridades locales. Entre los diagnósticos irregulares figuraban enfermedades como “Mal de Chagas”, “diabetes” y “traumatismos de columna lumbar”, utilizados para justificar las solicitudes de pensiones.

Según datos oficiales, durante la gestión de Alberto Fernández, el desvío de fondos alcanzó el 40% del presupuesto anual destinado a estas pensiones, lo que equivale a un perjuicio de 3.400 millones de dólares al año. Esta cifra representa un impacto severo para un sistema que debería priorizar a las personas con discapacidad real.

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó: “Esto es una vergüenza que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Estamos comprometidos a limpiar este sistema corrupto y devolver los recursos a quienes realmente los necesitan”.

UNA TRAMA QUE DURÓ DÉCADAS

La investigación revela que el esquema de corrupción en las pensiones no contributivas no es reciente. Según la ANDIS, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, la cantidad de pensiones se incrementó de 80.000 a 1.050.000. Esta cifra, según fuentes oficiales, es “inédita incluso en países devastados por conflictos bélicos”.

Durante la administración de Mauricio Macri, el número de beneficiarios se mantuvo estable, pero en la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 1.250.000. Investigaciones actuales sugieren que la falta de controles médicos rigurosos fue clave para la expansión de este fraude.

El fiscal Amad destacó que estas pensiones eran “moneda de cambio para favores políticos”, perjudicando a quienes realmente las necesitan. Además, señaló que muchos solicitantes que presentaron documentación válida fueron rechazados debido a la saturación generada por expedientes fraudulentos.

Diego Spagnuolo aseguró que el objetivo de las auditorías es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a la corrupción. Para ello, se implementaron nuevos controles médicos y cruces de datos con otras instituciones del Estado. Desde la ANDIS, explicaron que “esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos que pagan sus impuestos”.

Redacción

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Afirman que ante la crisis en Bolivia, al menos medio millón de BOLIVIANOS van a ingresar a la Argentina

La crisis económica y social que atraviesa Bolivia generó una situación de extrema tensión, que podría desencadenar una ola migratoria hacia la Argentina. En particular, Salta, por su cercanía geográfica, se perfila como una de las principales puertas de entrada para los ciudadanos bolivianos. 

Según las estimaciones, entre 2025 y 2026, la Argentina podría recibir más de un millón y medio de inmigrantes bolivianos. De este total, al menos medio millón podrían cruzar las fronteras en los próximos meses, agravando una situación migratoria que ya es compleja.

Durante el Censo Nacional 2022, se detectó que residían en el país 1.933.463 inmigrantes, siendo Bolivia uno de los principales países de origen, junto con Paraguay y Venezuela.

Estos movimientos migratorios responden a las condiciones que enfrentan los ciudadanos bolivianos en su país: falta de combustible, escasez de dólares, inflación descontrolada y bloqueos en las principales rutas generaron un escenario insostenible.

La crisis boliviana se intensifica día a día. Las largas filas en las estaciones de servicio, la falta de alimentos básicos y el colapso del comercio son solo algunos de los síntomas de un país al borde del colapso. Desde El Alto hasta Santa Cruz, las protestas y bloqueos se convirtieron en parte del paisaje cotidiano.

El colapso económico se origina en la caída de la producción de gas natural, que alguna vez fue el motor económico del país. En la última década, Bolivia pasó de producir 21.766 millones de litros cúbicos de gas en 2012 a solo 13.122 millones en 2023.

Por si fuera poco, la escasez de dólares obstaculizó las transacciones bancarias y encarecido los giros internacionales. El tipo de cambio en el mercado paralelo supera en un 70% al oficial. El comercio boliviano también fue duramente golpeado. Un informe de empresarios privados de Cochabamba reveló que en 2024 hubo 79 días de bloqueos en rutas troncales, lo que resultó en una caída del 40% de las exportaciones y el 30% de las importaciones.

Redacción

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