25 julio, 2025

Garro se hace fuerte en los barrios de La Plata con una organización propia dentro de Juntos

El intendente platense Julio Garro ingresó con fuerza en las delegaciones de la ciudad a través del programa "Barrio x Barrio". De esta manera, la idea está fija en llevar la gestión a la periferia de la localidad y emitir de ese modo una respuesta al centralismo en el casco urbano.
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“Es una cuestión política, la verdad es que las últimas elecciones ganamos en todos los barrios”, lanzó el jefe comunal Julio Garro que busca pasar de la Calle 12, a la Casa de Gobierno de Calle 6 en su cuna. Primero en Melchor Romero, luego en Gorina y con la promesa de llevarlo a toda la ciudad, el programa permite a los vecinos acceder a servicios municipales a pocas cuadras de sus casas.

Se brindan talleres, espectáculos, propuestas deportivas, información sobre actividades para adultos mayores, la posibilidad de aprender RPC y la opción de intercambiar residuos reciclables por bolsas, abonos o plantines en el marco del Eco Canje. “Los vecinos esperan que les demos respuestas concretas y solucionemos sus problemas de todos los días. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, tenemos que estar más cerca que nunca”, postuló Garro al participar de las jornadas.

Julio Garro on Twitter: “Así pasamos de la desidia de 2015 a ser la ciudad más preparada para las tormentas.#3AñosDelCOEM pic.twitter.com/qP5gVucdL3 / Twitter”

Así pasamos de la desidia de 2015 a ser la ciudad más preparada para las tormentas.#3AñosDelCOEM pic.twitter.com/qP5gVucdL3

Con un nombre que llamó la atención a propios y ajenos, la diputada provincial y fiel aliada del intendente Garro, Julieta Quintero Chasman, lanzó una organización con la que busca profundizar ese acercamiento a las zonas de la periferia de La Plata, las que ya conoce por haber ejercido el rol de secretaria de Desarrollo Social del Municipio hasta asumir una banca por la Octava Sección electoral.

Según señaló la legisladora, el objetivo de “La Garra” será “defender la gestión del intendente Julio Garro en los barrios” y para eso busca sumar “líderes comunitarios que militen en el territorio cerca de la gente”, con la mira puesta en las elecciones del 2023. “Los referentes son quienes representan y piensan alternativas en equipo para atender las realidades de sus barrios y nosotros los queremos acompañar en ese proceso con capacitaciones y herramientas para que se vuelvan ejemplos de superación para todos con los que conviven a diario”, marcó.

Este espacio buscará hacer lo que el propio Garro intenta a nivel provincial con Hacemos Juntos: convocar a vecinalistas y referentes sin representación política para sumarlos a las filas amarillas y ampliar la base electoral. “La idea es dar lugar a voluntarios y referentes barriales de las localidades que tengan ganas de involucrarse y contribuir en la defensa del proyecto político de gestión iniciado en 2015 y que apunta a su continuidad de cara al 2023, para seguir transformando la ciudad”, sostuvo.

Garro y su opinión sobre “Verón 2023”

“Unidos por la Ciudad. Verón 2023”, decían los miles de panfletos que se encontraron en los alrededores de UNO en la previa al clásico platense. No fue la única ocasión en que se postuló el nombre de Juan Sebastián Verón como posibilidad para luchar por la intendencia de La Plata.

El intendente Julio Garro fue consultado por el tema y expresó: “Si desea involucrarse seriamente, dándole a la ciudad lo que le venimos dando, sabiendo que todavía hay mucho más para darle, siguiendo este camino de transformación, crecimiento y de generar empleo, de inversiones y laburo, de preocuparnos por esos temas, bienvenido sea”. Y sentenció: “Lógicamente habrá que competir, cuál es el inconveniente”.

Ulises Catriel Cuenca

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Frigerio congeló salarios de funcionarios públicos por la caída de ingresos

En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.

El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.

Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.

Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.

La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.

Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.

Redacción

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Avanza una ley para impulsar el deporte con aportes privados y beneficios fiscales para clubes entrerrianos

Con un amplio respaldo del sector deportivo y político entrerriano, avanza en el Senado provincial el tratamiento del proyecto de Ley de Mecenazgo Deportivo, que ya cuenta con media sanción de Diputados. Esta iniciativa busca facilitar el financiamiento de proyectos deportivos mediante aportes privados a cambio de beneficios fiscales, con el objetivo de fortalecer a clubes, federaciones y deportistas en toda la provincia.

La propuesta legislativa fue el eje central de un encuentro organizado en conjunto por la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Deportes, en el que participaron representantes de instituciones deportivas, legisladores y autoridades provinciales. Durante la reunión se destacó el carácter colectivo y consensuado del proyecto, así como su enfoque inclusivo y federal.

Al mismo tiempo, una nota de adhesión firmada por instituciones deportivas de diversos tamaños y localidades circuló ampliamente, demostrando un sólido respaldo al proyecto.

La voz de los clubes

La iniciativa recibió apoyo explícito de dirigentes deportivos que asistieron al encuentro, como Ariel Bello, presidente del club Ciclón del Sur del barrio Anacleto Medina, quien resaltó: “Para un club como el nuestro, esta ley representa la posibilidad de volver a competir, de terminar nuestra sede y de recibir el apoyo que tanto necesitamos para cumplir un sueño”.

En la misma línea, Adolfo Cislaghi, presidente del Paraná Rowing Club, celebró la articulación entre el sector público y privado promovida por la ley, destacando que “permitirá integrar a clubes grandes y pequeños, e incluso abrirá la puerta para pensar en un desarrollo turístico y deportivo más amplio para la ciudad y la provincia”.

Entre los clubes representados también estuvieron Tilcara, Paracao, Pescadores, Bajada Grande, Náutico Paraná y Atlético Neuquén, además de Viale FBC. Por parte del ámbito legislativo participaron los diputados provinciales José Kramer, Carolina Streitenberger y Débora Todoni, junto al director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

Consenso e impulso institucional

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el origen participativo de la propuesta: “Esta ley no surge solamente del Poder Ejecutivo ni de la Legislatura, sino del consenso amplio con deportistas, instituciones y espacios políticos de todos los colores: queremos que ayude a los clubes a desplegar todo su potencial”.

Comunicado

Por su parte, Sebastián Uranga, secretario de Deportes provincial, enfatizó la relevancia histórica de esta normativa, calificándola como “la herramienta más importante en generación de recursos de la historia del deporte entrerriano”, agregando que “viene a saldar una deuda pendiente con todo el sistema deportivo de la provincia”.

Finalmente, la diputada Débora Todoni, una de las impulsoras clave del proyecto, subrayó que se trata de una iniciativa “muy positiva y fruto del consenso”, afirmando que “esta ley le da al deporte entrerriano una herramienta moderna y transparente que permitirá avanzar en infraestructura y desarrollo”.

Redacción

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Denuncian que la UNDEF está “capturada por intereses partidarios” y esquiva auditorías

La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños. 

Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.

Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.

El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.

La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.

Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.

A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.

La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.

“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.

El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.

Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.

Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.

Redacción

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SALTA | Contrabandistas bolivianos atacaron a gendarmes durante un operativo antidroga

En el Paso Internacional Puerto Chalanas, que conecta Aguas Blancas (Salta) con Bermejo (Bolivia), pasadores de mercadería se enfrentaron con la policía cuando los efectivos intentaron ejecutar un operativo para decomisar ropa usada y otros bienes. El episodio ocurrió del lado boliviano de la frontera. La resistencia de los llamados bagayeros derivó en un intercambio con piedrazos que dejó varios policías heridos y un vehículo militar dañado.

Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas, describió: “Esto es un desastre, pero este descontrol está hace años. Y ahora, que estamos llevando orden y control, no están contentos. Es una frontera argentina y se tiene que comportar como el resto de las fronteras argentinas”.

El funcionario destacó el rol del Plan Güemes en el área. “Estamos en lucha total contra el narcotráfico, en donde el contrabando es secundario, pero dentro del contrabando viene la droga. Entonces hay una doble función, tratando de ser tolerantes con el contrabando, porque todo el pueblo, de manera directa o indirecta que son 4 mil o 5 mil personas, viven de esto, más el norte de Orán y muchas otras zonas”. Precisó que diariamente se registró un movimiento de 10 mil personas.

Zigarán cuestionó la inacción judicial: “La lucha es a diario y los narcos, minuto a minuto, generan situaciones para pasar su mercadería, pero nosotros necesitamos una justicia federal más activa”. También expuso falencias internas: “Acá en Gendarmería perdimos 90 efectivos entre Salta y Jujuy por los tour de compras, los sobornaban y perdemos más por contrabando que por narcotráfico”. Añadió que los efectivos están mal pagos.

Respecto del cerco divisorio entre Aguas Blancas y Bermejo, confirmó que estuvo construido “hace más de dos meses”, aunque aún resta una reunión con autoridades nacionales “para definir temas”. Sobre la polémica que rodeó la obra, sostuvo: “El cerco era una medida secundaria para poner un orden migratorio. Nada más que justo Trump hizo todo un tema con deportar gente y el gobierno boliviano lo tomó como una medida de Milei para también expulsar bolivianos y nada que ver. Se hizo famoso el muro por cuestiones externas a la situación real de Aguas Blancas”.

El Plan Güemes fue presentado en diciembre pasado por la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Su objetivo fue combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la frontera norte mediante controles y capacidades de análisis criminal. Además del despliegue de fuerzas federales y la coordinación con fuerzas provinciales y el Poder Judicial, el plan reforzó la vigilancia en pasos limítrofes. “En puntos como Aguas Blancas, se implementarán controles más rigurosos para prevenir actividades ilícitas y mejorar la seguridad de los habitantes”, indicó un comunicado del Ministerio de Seguridad argentino.

Redacción

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RÍO NEGRO | El vicegobernador denunció que Weretilneck le bajó la candidatura por sus críticas a Milei

El vicegobernador Pedro Pesatti afirmó que el gobernador Alberto Weretilneck decidió bajarlo de la candidatura al Senado Nacional debido a sus opiniones políticas. En un comunicado publicado en redes sociales, Pesatti sostuvo que fue vetado “por sus ideas”.

Pesatti relató que Weretilneck le comunicó que el espacio impulsará una candidatura con una postura distinta a la suya. Señaló no coincidir con el análisis del escenario ni con la estrategia adoptada, y calificó la movida como una traición al acuerdo previo.

Según fuentes provinciales, el gobernador eligió al jefe del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, como candidato al Senado. La decisión fue confirmada ayer martes y generó sorpresa interna.

Pesatti manifestó su profunda decepción y opinó que, aunque en su momento Weretilneck propuso su postulación, el gesto de vetarlo demuestra la verdadera ideología del gobierno. “Los métodos desnudan la verdadera ideología”, escribió.

La denuncia se inscribe en un contexto de tensiones mayores entre Weretilneck y el oficialismo nacional. El gobernador mantuvo posiciones críticas hacia el gobierno de Javier Milei, sin embargo luego suavizó su discurso, lo que ahora juega en su contra en la interna de JSRN.

En junio, Weretilneck hizo público su respaldo al fallo de la Corte que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo mediante un comunicado institucional y en declaraciones ante medios provinciales, lo que generó repercusiones dentro del peronismo local.

Dentro de Río Negro, el gobernador adelantó que las provincias afrontan una fuerte merma de recursos bajo la nueva administración nacional, con una caída estimada de alrededor del 70 % en fondos coparticipables.

El gobernador también rechazó depender de la Nación y resaltó la necesidad de encontrar respuestas desde lo provincial, en un escenario que calificó como un “tiempo de emergencia” durante el vínculo con el gobierno central.

Pesatti enfatizó que quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron históricamente relegados y perseguidos. Consideró su exclusión como parte de un patrón que deja en evidencia diferencias de fondo dentro del partido.

Al interior del bloque legislativo, algunos sectores de la oposición provincial ya habían cuestionado la estrategia del gobernador. Lo acusaron de alinearse con el centralismo y descuidar los intereses provinciales. En los próximos días se espera que el círculo interno de JSRN anuncie formalmente la fórmula al Senado, sin presencia de Pesatti. Queda planteado el desafío de cómo se articulará la campaña electoral sin la presencia del titular del Ejecutivo provincial.

Redacción

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Córdoba Capital: Passerini impulsa una regulación que dejará sin trabajo a casi el 80% de choferes de Uber

El gobierno municipal, bajo la gestión del intendente peronista Daniel Passerini, ha avanzado con un proyecto de ordenanza que busca regular las aplicaciones de transporte como Uber, pero que en realidad constituye una prohibición encubierta más que una verdadera regulación.

“La gestión de Daniel Passerini solo se mueve para salir a cazar ubers y quitarle la herramienta de trabajo a los conductores”, remarcaron los usuarios de la aplicación en redes sociales: “La inseguridad no tiene límites y los policías en la esquina, cazando Ubers”.

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante, presidida por el concejal oficialista Marcos Vázquez de Hacemos Unidos por Córdoba, despachó en julio de 2025 un proyecto que establece un cupo máximo de 3.998 vehículos habilitados para operar con aplicaciones de transporte en toda la ciudad. Esta cifra surge de aplicar la fórmula de una licencia por cada 375 habitantes, basada en el censo de 1.498.060 habitantes de la capital cordobesa.

La medida tendría un impacto devastador según datos presentados por Uber. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 20.000 conductores activos mensuales en Córdoba y 400.000 usuarios que completan al menos un viaje mensual. Con la implementación del cupo, el 77% de los conductores actuales quedarían fuera del sistema.

Juan Labaqui, vocero regional de Uber, explicó que “cuatro de cada cinco cordobeses que hoy trabajan en la aplicación quedarían fuera del cupo”. Para poner esto en perspectiva, un conductor que trabaja entre 10 y 15 horas semanales percibe ganancias de aproximadamente 130.000 pesos mensuales, ingresos que se perderían.

Passerini defendió la regulación argumentando que “Uber dice muchas cosas que no pasan” y sostuvo que la empresa “no se inscribió en ingresos brutos ni en la Municipalidad”. El mandatario justificó la medida como una respuesta al mandato del Tribunal Superior de Justicia, que en abril de 2025 había autorizado provisoriamente el funcionamiento de Uber bajo ciertas condiciones.

El TSJ consideró que “resulta incontrastable que, con la magnitud que ha adquirido la actividad desplegada por Uber, al estar involucrado el interés público, se impone su urgente reglamentación”. Sin embargo, también advirtió que “no es posible seguir permitiendo que el mentado servicio continúe prestándose en la anomia”.

Vázquez argumentó que la limitación busca “un sano equilibrio para cuidar la seguridad de los usuarios y también el trabajo de quienes ya están en el sistema”. Comparó la nueva regulación con la existente para taxis y remises.

“Hoy tenemos un taxi cada 300 habitantes y un remis cada 320. En este caso se fija una aplicación cada 375 habitantes”, expresaron los usuarios. Más allá del cupo, el proyecto no se limita al cupo de vehículos. Establece una serie de exigencias técnicas y administrativas que Uber considera “inaplicables en el contexto actual de Córdoba”.

Mientras se debate la regulación, la Municipalidad de Córdoba mantiene una política de cero tolerancia y de control intensivo, que incluye operativos diarios para detener conductores de aplicaciones. Según datos oficiales, el municipio detiene a 15 choferes de Uber por día, considerándolos “ilegales” hasta que no se apruebe la regulación definitiva.

Estos operativos han generado tensiones sociales y episodios de violencia. En uno de los casos documentados, un conductor “embistió en un primer momento a una oficial de la Policía y luego arrastró durante varias cuadras a otro efectivo” para evitar ser controlado.

El proyecto de ordenanza será tratado en el recinto del Concejo Deliberante en la primera sesión de agosto de 2025, tras el receso invernal. El oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba cuenta con los votos necesarios para su aprobación, mientras que los bloques opositores (UCR, Ciudadanos y Vamos Córdoba) se abstuvieron de votar en comisión y definirán su postura final en el recinto.

Redacción

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