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En el marco de otra semana de “planchada” en la arena política local, el intendente platense Julio Garro continuó con su agenda de gestión. Motorizando reuniones con distintos sectores de la vida social platense, al tiempo que avanza con su “operativo reelección” con vistas a quedarse un nuevo período al frente del Palacio Municipal.
En ese aspecto, una de las flamantes agrupaciones puntales del proyecto del alcalde de Propuesta Republicana (PRO) es “La Garra”, creada por la diputada bonaerense y ex funcionaria del Ejecutivo Julieta Quintero Chasman, que viene realizando un trabajo territorial importante con vistas a lo que vendrá.
Publicación oficial de la agrupación “La Garra” en Instagram
En ese marco, tuvo buen eco en el sector gastronómico la decisión comunal de prorrogar hasta marzo del 2023 los permisos para que los comercios del rubro puedan instalar decks en la vía pública, un tema que había generado polémicas.
La solución estiró los tiempos de remoción de esas estructuras hasta el 26 de marzo. Los permisos fueron otorgados de forma excepcional durante la pandemia para permitir que los comerciantes pudieran continuar trabajando al aire libre y manteniendo el distanciamiento social.
Los decks terminaron siendo una innovación para los sectores gastronómicos de La Plata
El Concejo en piloto automático
En el plano legislativo, el cuerpo deliberante transita días de poca actividad, un síntoma de la periodicidad quincenal que hace varios meses dejó atrás del tradicional formato de sesionar todos los miércoles, una medida que fue cuestionada por la oposición peronista.
En el bloque oficialista de Juntos por el Cambio (que conduce el radical Diego Rovella) lo único importante en la agenda de acá a fin de año es el tratamiento del Presupuesto 2023. El variopinto bloque del FdT, que comanda Yanina Lamberti, no tiene más que la idea de “cada uno a juego particular”.
El intendente platense Julio Garro se encuentra con el camino libre a una reelección
Esa postura se ve reflejada mayormente en espacios que no responden al núcleo duro del cristinismo, como los que representan, por citar dos casos, el ex juez Luis Arias (que viene criticando al Ejecutivo por “no recaudar el impuesto a la plusvalía en desarrollos urbanísticos”), o el bruerismo residual, representado por el ex diputado bonaerense y concejal Guillermo Escudero, último precandidato a intendente del espacio.
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“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.
Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.
El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.
El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.
En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.
EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….
El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.
En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.
Ayer miércoles, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el dictamen de mayoría para derogar la ley sobre el régimen de pensiones especiales o de privilegio. La media sanción, votada durante la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, se logró por unanimidad.
La iniciativa es, en palabras del presidente de la Cámara, Gustavo Hein, un “paso muy importante para terminar con los privilegios de la política”. En concreto, el proyecto busca derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia.
De tal manera, el proyecto enviado por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, “elimina las pensiones vitalicias que actualmente perciben exgobernadores y exvicegobernadores”, puntualizó Hein, quien consideró la medida como “un avance más para tener una sociedad más justa, donde los que tenemos la responsabilidad transitoria de gobernar y legislar, no gocemos de beneficios que nos alejan de la comunidad entrerriana”.
“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez, de Juntos por Entre Ríos, quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.
Roberto Gómez utilizó su cuenta personal de TikTok para exponer a un votante de La Libertad Avanza que fue a entregar su currículum vitae a la franquicia de Costumbres Argentinas, ubicada en el 3020 de la Avenida Corrientes.
En el video, Gómez se dirige al joven de manera burlona, preguntándole cómo le ha ido desde que votó a Milei, e insinuando que podría depender económicamente de sus padres. El joven, visiblemente incómodo, intenta evitar la cámara.
A pesar de que los videos de Gómez no tuvieron relevancia en TikTok, un usuario los descargó y los publicó en Twitter: “Se ríen de un pibe que votó a Milei porque fue a dejar un CV”.
Tras la indignación colectiva generada, Gómez puso en privado su cuenta. Sin embargo, los usuarios encontraron un video más antiguo en donde puede verse al kirchnerista acosando al liberal.
Tras el escándalo, la franquicia perteneciente al yerno de Alfredo Coto, Luis Videla, repudió el accionar: “Gracias por informar. En Costumbres Argentinas estamos en contra de este tipo de acciones y tomaremos las medidas necesarias”.
El intendente de la ciudad costera, Guillermo Montenegro, anunció que busca que un empresas privadas vinculadas a la industria financien la edición 39° del histórico Festival de Cine de Mar del Plata. “Mi idea es hacer el Festival de Cine Netflix, el Festival de Cine Star+ o el Festival de Cine HBO”, expresó el jefe comunal como una alternativa para conseguir los recursos.
Sobre las conclusiones a las que arribaron, manifestó que el espíritu es “ponernos creativos y trabajar con el sector privado, con productoras, cadenas de streaming, todo lo que tiene que ver con la industria del cine”. El objetivo es que “nuestra ciudad mantenga el Festival Internacional de Cine pero también que por ese festival no se le puede sacar la plata a los vecinos ni aumentar impuestos”.
Mientras tanto, el kirchnerismo salió a criticar esa postura, alegando una “pérdida de soberanía nacional y cultural”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado se preguntaron “por qué tienen que ser Amazon o Netflix los que cuenten nuestras historias”.
Esta avanzada de ultraproteccionismo K fue duramente criticada por el senador bonaerense de la Quinta sección, Alejandro Rabinovich: “El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan Nicolás Kreplak y Axel Kicillof, la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes”.
El kirchnerismo quiere impedir que el privado invierta en el Festival de Cine. El populismo necesita un lugar donde se proyecte la película que protagonizan @nkreplak y @Kicillofok , la cual se va a estrenar en el Teatro Argentino, Centro Provincial de las Artes.Necesitan… pic.twitter.com/ltA5rlf0nj
“Necesitan mantener los espacios donde se refuerce su propia mística. Desde chiquitos, en lugares de adoctrinamiento, todos igualitos, todos con la misma gorrita o todos haciendo los dedos en V, ¿por qué? No se lo cuestionan, porque sí”, sostuvo.
“Dirigen sus películas y necesitan donde proyectarlas para que vayan sus diputados, concejales y militantes a hacer de cada reunión un acto partidario. Y canten ‘Ya de bebé en mi casa había una foto de Perón en la cocina’. Y se rasguen las vestiduras hablando de la cultura. Como si fuera de ellos. Y como si ellos no miraran Netflix los días de lluvia“, agregó además.
Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.
LA DENUNCIA DE JUEZ
“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.
Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.
En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW
