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El relato de siempre es que Formosa cuenta con superávit y las obras se hacen con fondos provinciales, aunque esto último es financiado desde Nación. Lo cual termina generando la interrogante sobre dónde se origina la ganancia en una provincia que no tiene fábricas y con la mayor parte del empleo público.
Según estimó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INdEC), en este último semestre, Formosa se ubicó como la última provincia en el ranking de aquellas que exportaron y generaron ingresos para el país. De acuerdo a datos oficiales, en su informe, la jurisdicción gobernada por Gildo Insfrán aportó solo el 0,1 por ciento al país.
Datos publicados en redes sociales por el INdEC
Sus principales productos fueron cereales (35,5 por ciento del total), en particular el maíz cuyas exportaciones crecieron 25 puntos. Siguió en importancia el petróleo crudo, que alcanzó una participación de 32,4 debido al incremento de 200 de este período; y fibras de algodón creció 112,4, con un total de 3,4 de las exportaciones en la provincia.
Más plata para alimentar el verso de los “fondos propios”
La provincia de Formosa recibió 13.674 millones de pesos en concepto de Coparticipación de impuestos entre los meses de enero y agosto de este año. La cifra representa un incremento real del 7,2 por ciento, en relación a los montos acumulados en el mismo periodo del 2021.
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Ayer, Cintia Gómez, diputada provincial de La Unión Mendocina, presentó un proyecto que obliga a los legisladores provinciales a presentar un balance de gestión semestral-anual.
“La transparencia y el rendimiento de cuentas son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, donde el ciudadano tiene licitud de conocer la gestión y el deber de los legisladores. Con la finalidad de mejorar los aspectos de gestión política, aplicando valores significativos como el compromiso, la responsabilidad y la honestidad a la hora de gestionar acciones que vinculen al ciudadano, trabajando día a día para que la calidad de los funcionarios públicos sea medida cualitativa y cuantitativamente”, sostiene el documento entre sus fundamentos.
Y explica: “El balance de gestión suministrará información detallada sobre las actividades realizadas por los legisladores durante el período correspondiente y mientras dure su gestión. Incluyendo los proyectos que sean presentados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y el uso de recursos asignados para el ejercicio de su función. La divulgación de esta información permitirá evaluar la efectividad y la dedicación de los legisladores en su labor”.
Para García, la presentación de balances de gestiones semestrales o anuales “permitirá a los ciudadanos monitorear de cerca la labor legislativa y la gestión de cada uno de los integrantes del ámbito político evaluando la calidad de los mismos y la responsabilidad adoptada por cada legislador a la hora de desempeñar su labor. Al conocer las acciones y logros de los legisladores, los ciudadanos podrán formar una opinión basada en hechos y acciones, permitiéndoles participar activamente en el proceso democrático”.
Qué dice el proyecto de ley
Artículo 1: Objetivo Los legisladores de la Provincia de Mendoza deberán presentar un balance de gestión semestral o anual ante la Legislatura Provincial.
El balance deberá circunscribir información detallada sobre: actividades realizadas, proyectos impulsados, asistencia a sesiones, participación en comisiones y cualquier otro aspecto de labor relevante relacionado con su función legislativa, como así también el otorgamiento de licencias.
Artículo 2: Definiciones Balance de Gestión: informe cuyo objetivo principal es contrastar objetivos y metas a través de los resultados de una gestión del funcionario público.
Artículo 3: Contenido del Balance de Gestión: El balance de gestión deberá contener los siguientes elementos:
Informe de actividades: Descripción de las acciones realizadas por el legislador durante el período correspondiente.
Proyectos presentados: Listado de proyectos de ley, resoluciones o declaraciones presentados por el legislador.
Asistencia a sesiones: Registro de la asistencia a sesiones legislativas; en caso de presentar faltas a las sesiones deberán ser informados con avisos previos y en el balance explicados brevemente.
Participación en comisiones: Detalle de la participación en comisiones permanentes o especiales.
Artículo 4: Plazos y Presentación El balance de gestión se procederá de forma semestral o anual, y en el caso de no cumplir con esos tiempos estipulados deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del semestre o año correspondiente. La presentación se realizará ante la Secretaría Legislativa y se publicará en el boletín oficial de la provincia de Mendoza.
En una estrategia para diferenciarse de las políticas económicas del libertario Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, RogelioFrigerio, puso en marcha un ambicioso plan de financiamiento destinado a fortalecer el sector productivo y las economías regionales de mencionada provincia. Este plan contempla una inversión superior a los $8 mil millones en diversas líneas de créditos subsidiados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Entre Ríos.
Durante su visita al stand del Banco Entre Ríos en la reciente Agroactiva 2024, el gobernador anunció la disponibilidad de créditos destinados a la compra de maquinarias e insumos, con una tasa subsidiada del 16,17% y un plazo de pago de hasta 48 cuotas. Estos préstamos, financiados en parte por el gobierno provincial, se presentan como una herramienta clave para impulsar la capacidad productiva y generar empleo en el sector privado.
Frigerio destacó que la oferta inicial de $5.000 millones en créditos fue ampliamente superada por las solicitudes, que alcanzaron los $7.000 millones. “Este interés manifiesto de unos 100 productores entrerrianos en acceder a la propuesta evidencia la avidez por el trabajo y la producción que caracteriza a nuestra sociedad”, subrayó el mandatario.
En el marco del programa de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos se posicionó como la provincia que más créditos gestionó, alcanzando un total de $4.686 millones. Esta línea incluye proyectos de financiamiento a cadenas productivas por $2.000 millones, financiamiento verde por $1.000 millones, y un fondo de $300 millones destinado al desarrollo productivo y financiero de las mujeres. “En momentos de escasez de recursos, es fundamental buscar herramientas que permitan salir adelante, trabajando junto a organizaciones como el CFI para mejorar la capacidad de entregar créditos a nuestro sector productivo”, afirmó Frigerio.
Además, el Fondo de Garantía del CFI ha permitido certificar garantías por más de $500 millones, con tres proyectos ya gestionados por un valor total de $1.500 millones, entre los que se destacan Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts. “Estas iniciativas son un claro reflejo del compromiso y la resiliencia de nuestros productores, que no bajan los brazos pese a las dificultades”, señaló el gobernador.
El enfoque de Frigerio contrasta marcadamente con el de Milei, quien adoptó una postura más radical en términos de reducción del rol del Estado en la economía. Frigerio, en cambio, aboga por una ayuda estatal estratégica para fomentar el desarrollo económico y social: “Como gobernante, me inspira la perseverancia de nuestros productores. Es un ejemplo que debemos seguir en el sector público para enfrentar y superar los desafíos actuales”, concluyó.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
El reciente anuncio de Federico Sturzenegger, nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado, sobre la implementación de un examen de ingreso para la función pública, generó una rápida y fuerte reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con el funcionario del presidente Javier Milei, calificando la iniciativa como un mal comienzo.
Aguiar criticó duramente a Sturzenegger, señalando: “Empieza con una burrada. Muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06”. Además, tachó de hipócrita al ministro por hablar de condiciones de ingreso mientras el Gobierno “despide y cesantea ilegalmente a empleados”.
El líder sindical enfatizó que ATE siempre ha estado a favor del ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad laboral, rechazando el acomodo y el favoritismo. “Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial“, lanzó Aguiar en un mensaje que también difundió en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la propuesta de su nuevo ministro en su cuenta de Instagram, afirmando que el examen de ingreso es para aquellos que deseen trabajar en el Estado y criticando a quienes protestan porque “no lo van a poder pasar”. Este respaldo presidencial subraya el compromiso del gobierno con la iniciativa de Sturzenegger.
Sturzenegger detalló en redes sociales las funciones de su nuevo ministerio, destacando una “agenda de desregulación” con ejes en la agenda legislativa y reglamentaria. Anunció la continuación de la Ley Hojarasca y otros aspectos de la Ley Bases original. Además, mencionó que se buscará eliminar burocracia innecesaria y fomentar cambios simples, como la desregulación del mercado aerocomercial.
La controversia principal radica en la propuesta de exámenes de ingreso, que Sturzenegger justificó como una medida para combatir la corrupción y mejorar la eficiencia del servicio público. “La evaluación permitirá dejar atrás la pesadilla de un Estado plagado de ñoquis o acomodados políticos que los argentinos de bien no merecen y que violan el espíritu de nuestra Constitución”, afirmó el ministro.
El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, pronosticó una pérdida de reservas y fuertes expectativas de devaluación si el Gobierno no acata las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y decide mantener la política cambiaria y el cepo al dólar. Por el momento no hay indicios de que el equipo económico actual obre en ese sentido.
A través de una nota publicada en su blog personal, el economista elogiado en varias oportunidades por el presidente Javier Milei, le recomendó al Gobierno “prestar atención a la sugerencia implícita en el último informe del staff del FMI“, en lo que refiere a la eliminación del dólar blend (esquema por el cual hoy el 20% de las exportaciones se liquidan al CCL) y un ajuste del 10% en el tipo de cambio oficial.
Para el organismo internacional de crédito, y para Cavallo, esto último debería estar acompañado de la reducción de 10 puntos porcentuales en el impuesto PAIS para acotar el efecto de la suba en el precio del dólar sobre el costo de las importaciones. Esta medida es la única del paquete recomendado que el Poder Ejecutivo tomará por el momento.
En paralelo, el referente económico durante los 90′ sostuvo que la suba de tasas a niveles positivos en términos reales y el reemplazo del mercado del dólar CCL por una liberalización total del cepo ayudarán a reducir la brecha, en gran parte porque esto generaría incentivos al ingreso de divisas proveniente del blanqueo de capitales, del turismo y de los servicios que hoy los argentinos brindan en el exterior.
“Es posible que, con estas medidas, la expectativa de una fuerte devaluación pueda transformarse en la de un aumento limitado de la tasa de crawl, de ninguna manera peligrosa si en pocos meses puede lograrse una unificación completa del mercado cambiario sin salto devaluatorio”, proyectó.
LAS 3 RAZONES POR LAS CUALES CAERÍAN LAS RESERVAS Y AUMENTARÍA EL TEMOR AL DÓLAR SI NO SE LIBERA EL CEPO Y EL COMERCIO EXTERIOR:
1- En primer lugar, Cavallo advierte que al BCRA se le va a hacer cuesta arriba traducir el superávit comercial en una mayor cantidad de reservas si no se termina con el “blend”. Esto se daría porque a partir de julio la autoridad monetaria ya no podrá seguir postergando pagos de importaciones como hizo en el primer semestre.
2- Los pagos de deuda de los próximos meses y años son significativos, por lo cual el Gobierno necesitará urgentemente una fuente de acumulación de reservas, algo que Cavallo no avizora si se sostiene la política cambiaria actual, con el “blend” y un “crawling peg” del 2% mensual.
Esto podría ser subsanado con nuevos desembolsos de organismos internacionales, según uno de los responsables de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem.
3- El cepo impide un saldo positivo en la cuenta capital de la balanza de pagos.
Pasó el día de la porcinocultura y desde la Federación Porcina destacaron varios motivos para consumir esta proteína animal. La intención es seguir ganado espacio en el plato de los argentinos cuyos bolsillos son cada vez más flacos.
Motivos para consumir carne porcina hay muchos. Lo que le falta al sector son políticas que, primero, reviertan la crisis que atraviesan las empresas y que, luego, le den aliento a la actividad.
“Desde diciembre que el precio viene bajando y no vemos que haya posibilidades de recuperación. Pasamos de un precio por kilo vivo de 1.250 pesos en diciembre a los actuales 950 a 1.000 pesos. Y mientras tanto los costos siguieron subiendo, y hoy están por arriba de los 1.100/1.200 pesos el kilo vivo, por lo cual todos los criaderos tenemos números en rojo”, advirtió Daniel Fenoglio, el presidente de la Federación Porcina.
El director ejecutivo de la entidad,Agustín Seijas, agregó: “En los últimos 4 meses el sector perdió 25.000 millones de pesos, lo que indica un fuerte proceso de descapitalización de las empresas”.
El directivo de la entidad hizo el siguiente cálculo: “El costo de hacer 1 kilo de carne porcina es de 1.150 pesos, pero el precio no supera los 1.000 pesos. Por eso la pérdida es de 150 pesos por kilo. En un criadero de 500 cerdas que produce 3.500 kilos al año se pierden 525 millones de pesos”.
MIENTRAS EL PRECIO BAJÓ 25% DESDE DICIEMBRE LOS COSTOS AUMENTARON
Fenoglio explicó:“El 70% del costo de producir un kilo de cerdo se lo lleva el alimento: maíz, soja, pellet de soja.Pero un valor muy grande está en los núcleos vitamínicos y minerales, que son importados y están por lo tanto dolarizados y que han sufrido muchos aumentos desde el año pasado a esta parte. También aumentó el costo de la mano de obra y otros insumos como la energía eléctrica y el gas que se utiliza también para la producción”.
El empresario agregó que, en este contexto,“la carne de cerdo está muy barata, es la más económica del mercado y estamos tratando de transformar eso en una oportunidad para que tenga más aceptación en el consumo interno”.
El empresario indicó que la crisis que sufre el sector está dejando su huella en las empresas: “Algunos están sufriendo demasiado, sobre todo los productores menos eficientes, que no tienen tal vez buenas instalaciones o sus costos muy ordenados. Muchos van a quedar en el camino”.
“También pesa la espalda financiera que tenga cada uno. Muchas veces el productor mediano o grande puede sortear un poquito mejor esta tormenta sobre todo si es eficiente, pero muchos chicos o muchos ineficientes van a caer en el camino.Va a ser un año donde mucha gente va a quedar fuera del negocio”.
Los productores tuvieron reuniones con las autoridades nacionales a quienes pidieron medidas que les permitan sortear esta crisis cada día más profunda.
Seijas explicó: “Pedimos que se quite el 5% de retenciones que nos permitiría exportar al costo y no a pérdida como sucede ahora, y que se acelere en la apertura del mercado chino para los subproductos, que se elimine el diferencial entre el IVA que se paga en la compra de insumos (21%) y el que se aplica a la venta de carne (10,5%), ya que genera una saldo técnico de IVA; y que se quite el impuesto PAIS para la importación de insumos veterinarios y nutricionales”. “Pero todavía no tuvimos respuesta alguna”, finalizó.
