La vida de Adrián Martínez Moreira era una mentira, comenzando por el mismo nombre. Se había hecho pasar por hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo que había sido secuestrada en Paraguay durante el Proceso de Reorganización Nacional. Inclusive, declaró ante la Justicia Federal por la causa del Plan Cóndor.
Moreira (quien también empleaba los alías de Matías Ezequiel López o Adrián Martínez Moreira de Zanotti) tomaba contacto con los agraviados, a las cuales les ofrecía sus servicios como supuesto abogado para “representarlos ante el Estado”. Bajo esta estrategia, cobraba indemnizaciones como víctima de delitos de lesa humanidad.
El hombre falsificaba constancias de juzgados federales y adulteraba declaraciones de víctimas reales con nombres ficticios. Ahora, tras años de investigación, fue procesado junto con otras 4 personas cómplices de la mentira.
Adrian formaría parte de una banda delictiva, cuya primera declaración formal data de 2013, cuando consiguió que un juez civil le otorgase la supuesta identidad que le permitió engañar al Estado argentino por 10 años (una investigación que sigue en rumbo).
El “modus operandi” consistía en engañarlas argumentando que era un abogado y que tenía contactos para solucionar todo el trámite más rápido. Inclusive, visitaba a familiares de desaparecidos para tener lazos afectivos. Su domicilio fue allanado en el barrio de Caballito, que funcionaba como la supuesta sede del estudio jurídico, donde encontraron cajas con documentación de todos los expedientes.
El Juzgado Federal de la Ciudad de Buenos Aires lo procesó junto con sus cómplices: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman. Están acusados de integrar una organización criminal que se dedicaba a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad.
