El último adiós a Jorge Lanata: cuándo, dónde y a qué hora será velado
Jorge Lanata sería despedido en la Legislatura Porteña este 31 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Familiares, amigos y destacadas personalidades se reunirán para homenajearlo.
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El mundo del periodismo y la cultura argentina se conmocionó tras la muerte de Jorge Lanata, quien falleció a los 64 años luego de seis meses de complicaciones médicas. La noticia fue confirmada por el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estuvo internado desde el 14 de junio debido a una descompensación cardíaca, infecciones y un cuadro de neumonía.
La despedida al destacado periodista se realizará el 31 de diciembre, en la Legislatura Porteña, desde las 10 de la mañana. Según trascendió, el velatorio reunirá a familiares, amigos, colegas y figuras destacadas de diversos ámbitos. Posteriormente, sus restos serían trasladados a un cementerio privado, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente por la familia.
“Hablé con una persona de la Legislatura Porteña y me dice que sí, que la intención es velarlo ahí. Todavía no está el horario ni la confirmación oficial, pero ya están haciendo los preparativos para que la última despedida sea ahí”, completó el periodista Santaigo Sposato.
La partida de Lanata generó una ola de mensajes de admiración y dolor en redes sociales. Ángel de Brito, conductor de LAM, fue uno de los primeros en expresar su pesar: “Murió #Lanata. Que encuentres la paz, querido Jorge. Tan generoso con todos, tan valiente, tan pionero”.
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El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.
La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.
Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa
La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.
La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.
El legendario Tanque Argentino Mediano
Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.
Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina
Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAMy otros programas de equipamiento militar autóctonos.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.
Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.
El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.
Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente:“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.
El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.
La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública.
A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldán, puso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego.
El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes.
La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.
En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas,el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas.
Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.
Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales.
Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos.
La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña.
Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos.
Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre.
Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.
Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest.
El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral.
Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.
Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticascomo el mantenimiento de los aviones hidrantes.
Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.
En otras palabras,el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado.
Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.
La administración de Javier Milei frenó la modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) y decidió adquirir vehículos blindados Stryker de Estados Unidos, una decisión que genera críticas por el impacto en la industria local y los costos operativos.
Con un nuevo protocolo que ya está en vigencia, el Estado refuerza la vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva y establece presunciones claras de pesca ilegal para proteger los recursos marinos y la soberanía nacional.
La restricción entrará en vigencia en mayo y alcanzará a vallas y marquesinas en la vía pública. Las autoridades aseguraron que “no afectará a los comerciantes”, pero sí a los anuncios de productos cárnicos, catalogados como “de alto impacto climático”.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
