El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.
Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.
Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.
La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.
Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.
La derrota del “amigo” del Presidente
La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.
Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de rematepara que los empresarios amigos sigan levantandotorres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.
La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.
Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA
Sin techo y con sueldos de miseria
Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.
El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.
Vista satelital del predio rematado.
La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientrasla Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.
Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.
Entrada a lo que era el predio de la PFA
El modelo extractivo del Estado
La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.
Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.
Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.
Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)
Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
Un juicio por usurpación en Bariloche, provincia de Río Negro, derivó en una de las revelaciones más explosivas sobre la extranjerización de tierras en Argentina en años recientes. El empresario santafesino Hugo Alberto Barabucciadmitió ante la Justicia haber comprado casi 20.000 hectáreas en la Patagonia con una “donación” no restituible de USD$2.050.175 del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).
El caso no solo expone un presunto esquema para eludir la Ley de Tierras vigente, sino que coincide con el debate en el Congreso sobre un proyecto del gobierno del presidente Javier Milei que busca eliminar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El detonante fue aparentemente sencillo. Barabucci inició una causa judicial contra Soledad Cayunao, integrante de la comunidad mapuche Lof Cayunao, acusándola de haber usurpado un predio en el paraje Alto Río Chubut, en la zona cordillerana de Río Negro.
El juicio oral se realizó el 7 de abril de 2026 en el Auditorium de Bariloche.
Sin embargo, el proceso tomó un giro inesperado cuando el abogado defensor Juan Martín Palumbo interrogó a Barabucci sobre el origen de los fondos con los que había comprado el campo. En ese momento, el magnate confesó con total naturalidad que había adquirido las tierras en 2017 con vínculos de otro país, lo que, según relataron los presentes, “heló la sala”.
El juicio terminó con la absolución de Cayunao. El juez Marcelo Álvarez Melinger dictó su veredicto de no culpabilidad por falta de pruebas, al no poder acreditarse el delito de usurpación. El tribunal determinó que no hubo un despojo efectivo del predio.
Según las escrituras originales, Barabucci pagó por tres fracciones de campo que suman 19.269 hectáreas en Cerro Carreras, al sureste de Bariloche.El territorio incluye bosques nativos, glaciares, lagunas, ríos, nacientes de agua dulce y fauna silvestre.
El precio pagado equivale a poco más de USD$100 por hectárea, un valor considerado extraordinariamente bajo para tierras con esos recursos naturales estratégicos. Dado que la Patagonia concentra una parte significativa de las reservas de agua dulce del continente y tiene enorme potencial energético y turístico, los analistas señalan que el precio de la transacción dista mucho del valor de mercado real.
– Hugo Alberto Barabucci
El vendedor fue Marcos Marcelo Mindlin, CEO de Grupo Erge y Pampa Energía, dos de las principales industrias del sector energético argentino. Mindlin había adquirido esas mismas tierras años antes en operaciones que también generaron controversias judiciales en Río Negro.
De acuerdo con la declaración del juicio y las investigaciones posteriores, el dinero habría sido transferido desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hasta una cuenta en JP Morgan Chase de Nueva York, sin pasar por los controles aduaneros, fiscales ni penales exigidos por la legislación argentina. Es decir que los fondos nunca ingresaron al sistema financiero argentino bajo los mecanismos de contralor establecidos por ley.
El pedido de instrucción
Tras la repercusión nacional del asunto en cuestión, la legisladora provincial de Río Negro Magdalena Odarda (del bloque opositor peronista Vamos con Todos) presentó un pedido formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la legalidad de la operación.
“Estamos poniendo el foco en la ruta del dinero, porque no se puede permitir que operaciones de esta magnitud se realicen sin controles, especialmente en territorios sensibles vinculados al agua y a la soberanía”, declaró Odarda, en su presentación.
El pedido solicita estudiar si hubo participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),así como de verificar si se utilizaron personas interpuestas, esclarecer la titularidad real del terreno y averiguar posibles falsos testimonios.
Los abogados defensores de Cayunao, Martín Palumbo y Milton Díaz, anunciaron que recurrirán al Ministerio Público Fiscal y a la Comisión Nacional de Fronteras para que investiguen si hubo fraude en la adquisición. También solicitaron durante la audiencia que el juicio remita los antecedentes al fiscal para analizar la posible violación de la Ley 26.737.
El territorio en disputa incluye nacientes de cursos de agua esenciales para toda la región, como el Alto Río Chubut nace allí y abastece a poblaciones de toda la provincia de Chubut.
– Soledad Cayunao junto a sus abogados
Tal como señalan estadísticas oficiales actualizadas en agosto de 2025, Argentina tiene una superficie rural de 266.643.212 hectáreas, de las cuales 13.262.725 están en manos extranjeras, equivalente al 4.97% del total nacional. Ninguna provincia supera el límite legal del 15% establecido por la Ley 26.737. Sin embargo, la preocupación de investigadores del CONICET y la UBA es que “la búsqueda por la derogación de la Ley de Tierras ocurre en un escenario internacional de creciente disputa por recursos estratégicos”.
El acontecimiento estalló públicamente el mismo día en que el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger se presentaba ante el Senado para defender el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo.
En su exposición ante la Cámara Alta, Sturzenegger argumentó que las restricciones a la compra por extranjeros constituyen “una flagrante violación a la Constitución”.
El proyecto propone, entre otras cosas, eliminar los topes de la Ley 26.737 que restringen la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El único límite que se mantendría es para compras de Estados soberanos extranjeros y personas jurídicas con participación estatal. Dicho de otro modo, inversores privados de cualquier país podrían comprar tierra sin restricciones, aunque —paradójicamente— el caso Barabucci involucra precisamente fondos provenientes de EAU.
Fideicomisos y personas involucradas
Uno de los puntos más llamativos del caso es la contradicción en la titularidad formal del predio. Mientras Barabucci se presentó como legítimo propietario, los informes de compra muestran que el campo no está a su nombre, sino vinculado a un fideicomiso con capitales de EAU. Además, pesquisas anteriores publicadas en 2018 identificaron como propietario final a Matar Suhail Ali Alyabhouni Aldhaheri, de Dubai. Aparece la figura de Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de EAU, cuyo entorno económico ha incrementado su presencia en la Patagonia.
Esta estructura —un ciudadano argentino como titular formal de activos financiados por un Estado extranjero— es precisamente la figura del testaferro o “persona interpuesta”, prohibida expresamente por la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737) sancionada el 22 de diciembre de 2011 y que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Sus disposiciones centrales, relevantes para este hecho, establecen que ninguna provincia puede superar el 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Del mismo modo, un mismo titular extranjero no puede poseer más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, o su equivalente según la región.
La norma jurídica prohíbe la compra de tierras ubicadas a menos de 100 kilómetros del límite internacional, ya sea de manera directa o a través de personas interpuestas. A ello se añade la prohibición de recurrir a testaferros, figura mediante la cual un intermediario argentino actuaría por cuenta de un extranjero. Por último, tampoco pueden venderse a extranjeros tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
El predio en cuestión —ubicado a 45 kilómetros de la frontera con Chile, con nacientes del río Chubut, dentro de un Área Natural Protegida— potencialmente viola al menos cuatro de estas restricciones simultáneamente.
La legislación argentina establece zonas de seguridad de frontera precisamente para preservar la soberanía nacional sobre territorios estratégicos. La Patagonia limítrofe con Chile es especialmente sensible por su acceso a recursos hídricos, potencial energético y valor geopolítico. La Comisión Nacional de Fronteras tiene atribuciones específicas para controlar estas adquisiciones.
El cuerpo no miente: la desnutrición en las provincias
El relato de la macroeconomía ordenada y el superávit fiscal se estrella contra una realidad física que ninguna planilla de Excel puede maquillar: el estancamiento de la desnutrición crónica en la Argentina. Mientras el discurso oficial se pierde en tecnicismos sobre la base monetaria, la baja talla infantil, indicador irrefutable de la pobreza estructural, se mantiene estancada en un 8% a nivel nacional. No se trata de un número más, sino de una sentencia biológica; la desnutrición en los primeros mil días de vida genera un daño irreversible en el desarrollo cognitivo y físico que no se soluciona con una mejora estacional de los ingresos o un bono de emergencia.
La profundidad de este daño adquiere dimensiones de tragedia en el interior profundo. En las provincias del Noroeste Argentino (NOA), la prevalencia de baja talla alcanza el 15,4%, duplicando la media nacionaly exponiendo una brecha geográfica que parece insalvable. Un escenario similar se replica en la Patagonia, donde el indicador llega al 15,1%. Aunque son regiones con matrices productivas y climas opuestos, ambas comparten el mismo síntoma de un abandono sistémico que el centralismo porteño ignora: una infancia que crece con el futuro recortado por la falta de nutrientes esenciales.
Este mapa del hambre se extiende de forma alarmante hacia la población adulta, un sector que el relato oficial ignora sistemáticamente al no existir un indicador de “talla” para ellos. Sin embargo, los datos de Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) son inapelables: en las provincias del NEA y los cordones del Conurbano, el 12,4% de los adultos padece hambre real, lo que significa que pasan días enteros sin ingerir alimentos.
Este déficit nutricional se traduce en una prevalencia de enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación que ya afecta al 35% de la población mayor de 18 años en las zonas más postergadas, donde la dieta se basa casi exclusivamente en harinas y ultra-procesados ante la imposibilidad de costear proteínas.
Asimismo, la situación en los adultos mayores de las provincias es crítica. Mientras el Gobierno celebra superávits, el 22,1% de los jubilados en el interior profundo presenta cuadros de anemia o deficiencias vitamínicas graves, producto de una Canasta Básica que se volvió inalcanzable. No es sólo un problema de niñez; es un deterioro físico generalizado que reduce la esperanza de vida saludable yaumenta la presión sobre hospitales públicos que, paradójicamente, sufren el desfinanciamiento estatal.
Este fenómeno no es producto del azar, sino de condiciones de vida que vulneran derechos básicos de forma constante. La desnutrición está alimentada por un entorno ambiental hostil donde el 16% de la población carece de agua de red y un alarmante 43% no tiene acceso a cloacas.
Mientras en los despachos oficiales se discuten porcentajes del PBI y el éxito de la gestión, en las provincias miles de niños crecen en el barro, expuestos a enfermedades parasitarias e infecciosas que anulan cualquier intento de nutrición adecuada. Es la infraestructura básica, y no sólo el dinero en el bolsillo, lo que define la supervivencia en el territorio.
La comparativa histórica revela que, a pesar de los cambios de signo político desde 1924, la estructura del hambre en las provincias es una deuda que no para de crecer. El mileísmo, lejos de revertir esta tendencia, ha profundizado la vulnerabilidad con un ajuste que parece ensañarse con los más desprotegidos: el recorte del 50% en el Plan Primera Infancia y la caída real en el poder de compra de la Tarjeta Alimentar dejan a las provincias sin las herramientas mínimas para frenar el deterioro. En Argentina, el capital humano se hipoteca en silencio mientras los indicadores financieros celebran una solvencia que no llega al plato de comida de los niños.
El manual del maquillaje: de la macroeconomía a la pobreza
Para comprender el éxito que pregona el oficialismo, es necesario desarmar la confusión estadística entre la pobreza multidimensional y la monetaria. El eslogan de “7 de cada 10 niños pobres” con el que se describe la herencia recibida refiere a un indicador de UNICEF que mide privaciones de derechos básicos (educación, vivienda, agua), una cifra estructural que no se mueve con la misma velocidad que el dinero.
Sin embargo, para celebrar su gestión, el gobierno recurre alindicador de ingresos: allí la serie muestra un descenso del 58,5% al cierre de 2023 al 41,3% en 2025. El truco del relato consiste en usar una cifra de impacto estructural para hablar del pasado y una cifra monetaria volátil para hablar del presente, ocultando que una mejora en el bolsillo no resuelve las carencias profundas que sufren los chicos en el territorio.
De hecho, la supuesta reducción de la pobrezano es el resultado de un milagro económico o producto de “el mejor ministro de economía de la historia”, sino de un respirador artificial financiado por el Estado. Según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), sin los 2,8 millones de nuevos beneficiarios de planes sociales incorporados durante el mileísmo, volviendo al nivel de asistencia de diciembre de 2023, la pobreza daría el mismo 42% inicial. El indicador del INDEC bajó del 42% al 28% sólo porque se inyectaron recursos récord para anestesiar el impacto del ajuste, construyendo una “gestión exitosa” sobre la base de una dependencia estatal que el propio discurso oficial dice combatir. Y cuestión aparte: claro que la cifra del 53% de pobreza citada frecuentemente por el oficialismo es tramposa, ya que se trata del nivel alcanzado por el mileísmo en 2024 mediante las medidas de ajuste y shock.
La realidad laboral también contradice la épica gubernamental. Mientras el Presidente define el aumento del desempleo como un logro de “más gente buscando trabajo”, los números sugieren una necesidad de supervivencia: con el 70% de los asalariados percibiendo ingresos inferiores a los $850.000 —por debajo de la Canasta Básica Total—, el ingreso al mercado laboral no es una opción de progreso, sino una urgencia ante la caída del poder adquisitivo. El empleo ha dejado de ser una garantía para salir de la pobreza, alimentando un ciclo donde el trabajador formal sigue siendo pobre y necesita de la asistencia pública para cubrir sus necesidades nutricionales básicas.
Contrario a lo que prometía, Milei sí terminó yendo al FMI.
En el plano financiero, las ficciones no son menores. El relato del desendeudamiento choca con la realidad del stock de deuda bruta, que ha seguido aumentando —como puede observarse en la documentación del Ministerio de Economía— incluso bajo la medición consolidada. Lo que el oficialismo celebra es la mejora del ratio deuda / PBI, que mide capacidad de pago pero no la cantidad neta de dinero que se debe.
Del mismo modo, se promociona un aumento en las reservas del BCRA que es puramente contable: en términos de libre disponibilidad, las reservas netas permanecen en terreno negativo, ya que el balance está sostenido por encajes bancarios, préstamos y swaps que el Estado no puede utilizar para intervenir en la economía real.
El cierre de esta ingeniería contable aparece en la página 40 del mensaje del Presupuesto 2026. Allí se admite que la presión tributaria crecerá un 0,47% del PBI, lo que implica que los contribuyentes pagarán casi 30.000 millones de dólares extra respecto al año anterior. Y ante los argumentos del propio texto del mensaje que hablan de un aumento “porque aumenta la actividad económica”: eso es falso, porque el aumento de la actividad económica se mide precisamente en el PBI en términos netos —es la base del ratio—, no en un porcentaje relacionado a ese indicador.
A pesar de las promesas de bajar impuestos, el Estado ha decidido quitarle una porción mayor de la torta al sector privado. Este aumento de la presión impositiva convive con los recortes en los programas de asistencia directa para la niñez, demostrando que el ajuste fiscal no sólo se paga con la billetera de los trabajadores, sino con el futuro biológico de quienes no llegan a cubrir la canasta básica.
Los hermanos Milei junto a Luis “Toto” Caputo, Ministro de Economía.
Los condicionantes invisibles: agua, cloacas y presupuesto
La desnutrición argentina no se explica sólo por la falta de comida, sino por un entorno que anula la nutrición. Mientras el debate se agota en los planes sociales, los datos de infraestructura revelan el motor de la baja talla: el 16% de la población carece de agua de red y el 43% no tiene cloacas.Sin saneamiento, el niño convive con infecciones y diarreas que impiden absorber nutrientes. Cualquier transferencia monetaria es un paliativo que choca contra un muro de insalubridad estructural que el Estado ha dejado de financiar.
Este deterioro ambiental coincide con un ajuste sobre la protección de la infancia. El mencionado recorte del 50% en el Plan Primera Infancia evidencia las prioridades oficiales: se desmantelan controles nutricionales en territorios vulnerables mientras la presión económica aumenta. Aunque se anuncien subas nominales en la Tarjeta Alimentar, estas corren detrás de la inflación de la canasta básica, erosionando la compra de proteínas y condenando a las familias a una dieta de carbohidratos que sacia pero no nutre.
La estrategia oficial delega la responsabilidad del hambre enconvenios con ONGs como CONIN, mientras desfinancia los centros de salud locales. Este corrimiento del Estado fragmenta el seguimiento de la talla y el peso, dejando la detección de la desnutrición al arbitrio de la capacidad de llegada de un privado. Al desmantelar las redes sanitarias territoriales, el gobierno apuesta por un modelo focalizado que no cubre la magnitud de la emergencia socio-sanitaria en las provincias.
La paradoja es absoluta: el presupuesto garantiza el pago de deuda y balances para el exterior, pero es ciego ante la deuda humana. Cada punto del PBI ahorrado en saneamiento o salud infantil se suma a la hipoteca biológica de las próximas generaciones. En la Argentina del superávit, el equilibrio de las cuentas se paga con el desarrollo físico de miles de niños que nacen en un país que, en los papeles, dice estar salvado.
La ceguera ideológica ante el daño irreversible
Este diagnóstico no es nuevo, aunque la dirigencia política haya decidido ignorarlo durante décadas. Ya en septiembre de 2021, durante un multitudinario acto en Parque Lezama (cierre de campaña de las PASO de Javier Milei), Eduardo “El Presto” Prestofelippo puso el foco en la urgencia de defender el “potencial genético” de los argentinos más vulnerables. Lo que en cualquier país desarrollado se entiende como una defensa técnica del derecho al desarrollo biológico y cognitivo, en la Argentina del relato fue blanco de ataques por parte de sectores de izquierda y el kirchnerismo.
En un despliegue de ignorancia supina, la militancia kirchnerista prefirió tildar el término de “nazi” antes que comprender que la falta de nutrientes en los primeros años de vida anula las facultades intelectuales que todo ser humano trae al nacer. Fue una defensa directa de los niños pobres, atacada precisamente por quienes dicen representarlos.
Esta incapacidad para procesar conceptos técnicosbásicos tiene un correlato estadístico alarmante: según informes educativos recientes, el 50% de los argentinos que logran terminar la secundaria no pueden interpretar un texto de complejidad media. Esa brecha de comprensión, que nace precisamente de la desnutrición que Presto denunciaba, parece haber encontrado refugio en las redacciones de medios oficialistas y de izquierda, donde la interpretación libre de la realidad reemplaza al análisis de los datos. Mientras el periodismo militante se pierde en gimnasias semánticas para cancelar discursos, la realidad física de un cerebro que no recibió proteínas sigue siendo el techo invisible que condena el futuro del país.
El Presto durante el discurso en Parque Lezama ante 15.000 personas, septiembre de 2021
El capital humano hipotecado
El contraste entre el marketing del Nobel de Economía y la realidad del interior profundo revela una desconexión total con la Argentina real. Mientras en los atriles oficiales se festeja el ordenamiento macroeconómico y una baja de la pobreza construida sobre cimientos de barro, el 15% de desnutrición crónica en las provincias del norte y la Patagonia dictamina una sentencia que no admite apelación. El éxito que celebra el Gobierno es puramente financiero; el fracaso que omite es biológico y estructural.
La ingeniería del maquillaje —reservas netas en rojo, aumento de planes sociales, stock de deuda al alza y una presión tributaria récord para el 2026— tiene como único fin sostener un relato de solvencia para los mercados externos. Sin embargo, esta asfixia de los recursos destinados al saneamiento y la salud infantil está quemando las naves del futuro.
En la Argentina del superávit, lo que sobran son indicadores de papel y lo que falta es talla en los niños. Cuando los balances del Banco Central finalmente den positivo, si es que lo logran, el daño en el desarrollo cognitivo de una generación ya será irreversible. La verdadera herencia de esta gestión no se medirá en puntos de PBI, ni en la inflación del mes, sino en la estatura y las capacidades de los argentinos que hoy, mientras el oficialismo aplaude sus propias ficciones, siguen naciendo bajo la línea de la dignidad humana.
Luego de recibir el “Premio Nobel Judío”, Milei desea recibir un verdadero Nobel de Economía
El discurso de la “nueva política” y la superioridad moral de La Libertad Avanza enfrenta su hora más oscura en la provincia de Buenos Aires. El foco de la tormenta se posa sobre Sebastián Acuña, quien fuera designado para liderar la rama juvenil del partido en territorio bonaerense. Lejos de representar una renovación, Acuña arrastra un prontuario de militancia en el peronismo que la cúpula partidaria decidió ignorar al momento de otorgarle la lapicera.
Acuña admitiendo ser “orgullosamente peronista”
Sin embargo, lo más grave no es su genealogía política, sino las graves acusaciones que pesan sobre su integridad. Según registros y testimonios, Acuña estaría involucrado en una serie de episodios de presuntos acoso que incluirían el envío de mensajes inapropiados a menores de edad. La acusación adquiere una dimensión institucional sistémica al trascender que el dirigente habría utilizado su posición de poder para ofrecer cargos públicos y lugares privilegiados en la estructura partidaria a cambio de favores sexuales.
Estas denuncias exponen una matriz de comportamiento que la militancia mileísta solía denunciar en las filas del kirchnerismo. El caso de Acuña no parece ser un hecho aislado de conducta privada, sino la consecuencia directa de un armado territorial que, en su afán por llenar casilleros, terminó por importar las peores prácticas de la denominada “casta” peronista.
Tuit de la designación de Acuña como coordinador de la juventud de LLA en PBA
Violencia armada y pasado barrabrava en PBA
El entramado territorial en el conurbano bonaerense, específicamente en la estratégica Tercera Sección Electoral, expone una de las contradicciones más crudas de la estructura liderada por Sebastián Pareja. El coordinador de esta zona, Fabricio Martínez, no es un cuadro formado en las ideas de la libertad, sino un personaje cuya trayectoria está ligada al kirchnerismo y a la militancia de choque de Guillermo Moreno, caracterizada por métodos de acción directa que hoy conviven con la retórica oficialista.
Cuando el coordinador de LLA, Fabricio Martínez, militaba a Guillermo Moreno.
Martínez, identificado como mano derecha de Pareja y asiduo acompañante de altas figuras del Ejecutivo en actos públicos, carga con un historial que desafía cualquier filtro de idoneidad. En 2022, su vehículo personal fue blanco de un ataque de 35 disparos, un episodio vinculado a las internas del submundo político bonaerense. Lejos de ser un hecho aislado, en 2023 protagonizó otro incidente de gravedad al efectuar disparos desde el interior de un colectivo.
Con un pasado vinculado a las barrabravas y sin registrar actividad laboral formal desde el año 2007, su ascenso a la coordinación de una sección electoral clave demuestra que, para el armado bonaerense, el prontuario y la capacidad de despliegue territorial pesan más que la propuesta.
Sebastián Pareja y Fabricio Martínez juntos, en un acto de LLA.
Esta lógica de reclutamiento se extiende a figuras con representación en el Congreso, como es el caso de la diputada nacional Andrea Vera. Hija de Ramón “Nene” Vera, suinscripción en el PJ bonaerense comandado por Máximo Kirchner no fue impedimento para ocupar una banca nacional en nombre de la libertad.
El esquema se completa con personajes como Agustín Álvarez, quien realizó un salto sin escalas desde la militancia en el Frente Patria Grande de Juan Grabois a la coordinación de la agrupación del “Nene” Vera. El patrón es innegable: en la Tercera Sección, el cambio no es una cuestión de ideas, sino de reciclar fuerzas de choque y militancia del kirchnerismo y el peronismo ortodoxo.
Álvarez con GraboisÁlvarez con Vera
El caso de Tigre es, quizás, el más obsceno. Diversas investigaciones y el comportamiento legislativo posterior confirmaron que el armado local de LLA fue una concesión directa a Malena Galmarini y Sergio Massa. No fue una coincidencia: en las PASO y las Generales de 2023, la boleta de Milei fue cuidada en el conurbano por fiscales del kirchnerismo, bajo la orden de garantizar que el libertario creciera lo suficiente como para dañar a Juntos por el Cambio.
Galmarini y Massa
Esta simbiosis electoral explica por qué, tras el triunfo, la estructura de LLA en distritos como Pilar y San Martín se transformó en un apéndice del oficialismo K. En Pilar, los concejales libertarios votaron a favor del “impuestazo” del intendente Federico De Achával, mientras que en San Martín el bloque mileísta se mostró funcional a la gestión del kirchnerista Fernando Moreira, sucesor de Katopodis.
Esta realidaddesarticulala narrativa que la militancia de redes. La fábula de que “los kukas en el partido son culpa exclusiva de Sebastián Pareja” se cae por su propio peso: Pareja sólo opera en la provincia de Buenos Aires, pero el patrón de reciclaje de cuadros peronistas, comunistas y massistas se repite de forma federal —desde Formosa hasta el Gabinete nacional con Daniel Scioli—. El silencio absoluto de la militancia tuitera ante el rol de Karina Milei, jefa directa de Pareja y armadora nacional, evidencia un blindaje selectivo. El engaño a la militancia rasa fue total: mientras ellos fiscalizaban con esperanza, la cúpula firmaba listas donde la “casta” se aseguraba la continuidad bajo el ala del león.
Sebastián Pareja con Sebastián Acuña, el coordinador de la juventud de LLA
El mapa del reciclaje
La supuesta limpieza de la política argentina se transformó en un operativo de reciclaje a gran escala. A continuación, el detalle de algunos delos nombres dekirchneristas y comunistas que la militancia de redes intenta ocultar, pero que hoy manejan las cajas y las bancas de La Libertad Avanza:
· Santiago Viola(nacional): Apoderado del partido y Viceministro de Justicia. Fue el abogado defensor de la familia de Lázaro Báez en la Causa Vialidad. Su salto de defender al cajero del kirchnerismo a manejar la Justicia nacional es la contradicción ética más grave del Gobierno.
· Daniel Scioli(nacional): Ex vicepresidente de Néstor Kirchner, gobernador de Buenos Airescon CFK, candidato presidencial del kirchnerismo en 2015 y funcionario de Alberto Fernández hasta fines de 2023. Tras décadas de ser el emblema del sistema, hoy ocupa un lugar de privilegio en el Gabinete libertario como Secretario de Turismo y Ambiente.
Alberto Fernández, Daniel Scioli y Nicolás Maduro.
·José “Pepe” Scioli(nacional): Fue el armador político y jefe de campaña de Daniel Scioli durante sus años en el Frente para la Victoria, presidiendo la Fundación DAR, el “think tank” que diseñaba las políticas públicas del kirchnerismo de cara a 2015. Actualmente, opera como un operador en las sombras dentro de la estructura libertaria, coordinando vínculos políticos que el oficialismo prefiere no publicitar.
· Nicolás Scioli(nacional): Fue vicepresidente del Grupo Provincia durante la gestión de su hermano en Buenos Aires y funcionario de carrera del sciolismo kirchnerista. En la actualidad, ha dejado la función pública directa para convertirse en un armador territorial de LLA en la Zona Norte (especialmente en Tigre), donde incluso ha inaugurado locales partidarios junto a Daniel Scioli, promoviendo el “cambio” bajo el sello de Milei en distritos clave.
· Leila Gianni (nacional / PBA): Hasta noviembre de 2023 apoyaba abiertamente a Sergio Massa; en apenas semanas, pasó de la militancia kirchnerista a ser la cara mediática de Capital Humano y ahora representante legislativa del mileísmo en La Matanza.
Leila Gianni militando a Néstor y Cristina, hoy referente y concejal de LLA en La Matanza.
· Gerardo Werthein (nacional): Excanciller. Fue un aliado estratégico del kirchnerismo: en 2011 apoyó públicamente la reelección de Cristina Kirchner y su holding creció bajo el amparo de las concesiones estatalesdurante la gestión K.
Tuit de Werthein apoyando a Cristina Fernández en el “vamos por todo” del 54%, en 2011.
· Guillermo Francos (nacional): Se desempeñó como representante de la Argentina ante el BID durante la gestión deAlberto Fernández, cargo al que renunció para sumarse al equipo de Javier Milei. Tras haber ocupado la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente ejerce como Asesor Ejecutivo del Gobierno Nacional, manteniendo su rol de estratega y articulador político en la mesa chica de la Presidencia.
Francos junto a Eduardo “Wado” de Pedro, fundador de La Cámpora
· Yanina Martínez(nacional): Ex subsecretaria de Turismo. Fue el máximo exponente de la continuidad albertista dentro de La Libertad Avanza, ocupando el mismo cargo que tuvo durante toda la gestión de Alberto Fernández hasta su eyección del Gobierno en enero de 2025.
Martínez caminando abrazada a Alberto Fernández
· Pilar Ramírez (CABA): Legisladora porteña, presidente de LLA de CABA y figura de máxima confianza de Karina Milei. Fuefuncionaria del gobierno de Alberto Fernández hasta mediados de 2022 y, apenas meses después, ya revistaba en las filas de LLA. Se le señala por su cercanía histórica con el entorno de Julio De Vido y Mariano Recalde, habiendo sido funcionaria kirchnerista entre 2008 y 2016 en Aerolíneas Argentinas.
Mariano Recalde (fundador de LLA), Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de LLA de CABA)
· Andrea Freguia(CABA): Legisladora porteña de LLA. Su currículum político la ubica como ex asesora y jefa de despacho de la exsenadora nacional kirchneristaMaría Laura Leguizamón, confirmando que la “casta” legislativa solo cambió de despacho.
· Ramón “Nene” Vera(PBA): Diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Histórico dirigente del kirchnerismo bonaerense, incluso candidato, que hoy funge como uno de los pilares del armado oficialista en el conurbano.
Vera en su candidatura a intendente K, 2019
· Andrea Vera(PBA): Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires e hija de Ramón Vera. Su origen político está directamente ligado al PJ bonaerense de Máximo Kirchner, partido al que estuvo afiliada hasta poco antes de “hacerse libertaria”.
Alejandro Carrancio(PBA): Diputado provincial y pieza clave del armado de Sebastián Pareja. Proviene del Frente Renovador de Sergio Massa, donde fue concejal en Mar del Plata. Tras años de articular con el kirchnerismo local, hoy es el encargado de negociar con la política tradicional bonaerense bajo el sello de la “libertad”.
Carrancio muy feliz junto a Sergio Massa
· Lilia Adela Bolukalo Lemoine(PBA): Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y flamante presidente de la Comisión de Juicio Político. Se hicieron públicas sus declaraciones celebrando el triunfo de Cristina Fernández de Kirchner, admitiendo ser socialista, votante de Luis Zamora, elogiando a Myriam Bregman, pidiendo que ganara un presidente socialista, e incluso insultando a Agustín Laje por “ser muy de derecha”.
Lemoine admitiendo ser pro-CFK, socialista, pro-aborto y más
· Pablo Ansaloni(PBA): Diputado Nacional con un extenso recorrido por el sindicalismo y el Partido Fe. Fue diputado del kirchnerismo hasta 2023.
· Manuel Quintar(Jujuy): Diputado Nacional que ingresó a las listas libertarias tras un largo recorrido por el kirchnerismo jujeño, donde fue candidato y también alguiencercano a Milagro Sala.
Quintar junto a Milagro SalaHistoria de Quintar y su candidatura K
· Lisandro Almirón(Corrientes): Diputado Nacional por Corrientes, dirigente con pasado en múltiples armados de la política correntina que, siendo concejal kirchnerista hasta 2023, encontró en el sello de Milei la vía para instalarse en el poder nacional.
Malena Galmarini (esposa de Massa) y AlmirónFlyer de la candidatura K de Almirón
· Atilio y Pablo Basualdo(Formosa): El primero, Diputado Nacional yex intendente kirchnerista; el segundo (su hijo), intendente de Las Lomitas. Ambos provienen del riñón directo de Gildo Insfrán, el gobernador más cuestionado por el propio Milei durante la campaña.
Atilio Basualdo y Gildo InsfránAtilio Basualdo y Gildo InsfránPablo Basualdo y Gildo Insfrán
· Cristian Castellano(Formosa): Ex referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Comunista Revolucionario, perteneciente a Unión por la Patria. Un cuadro de extrema izquierda que encontró refugio en LLA como plataforma de oportunidad, candidateándose como diputado provincial, pero alejándose de LLA en marzo de 2026.
Castellano entrevistado por Canal 7 de FormosaCastellano con la remera de la CCC
· Diego Hartfield (Misiones): Diputado nacional. El extenista se sumó a LLA tras un pasado de militancia kirchnerista: en 2015 fue candidato a concejal suplente por el Frente Renovador de la Concordia, dentro del Frente para la Victoria. Existen registros de él haciendo la “V” con los dedos y criticando duramente a Mauricio Macri por la represión de piquetes, evidenciando un perfil ideológico opuesto al que hoy dice representar.
Diego Hartfield cuando expresaba que “Perón Vuelve”
· Tomás Ise Figueroa(Santiago del Estero):Presidente de LLA en su provincia y excandidato a Senador nacional. Antes de ser el referente libertario local, fue el segundo mayor aportante privado de la campaña deAlberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019 con una cifra que, ajustada por inflación, hoy equivale a casi $83.000.000. Además, fue asesor de Gerardo Zamora y del kirchnerismo durante varios años.
Figueroa aportando $1.778.400 en 2019 a CFK; hoy serían casi $83 millones
· Sonia Limache(PBA): Referente de LLA de Quilmes que, meses antes de ser ungida por LLA, se mostraba en videos y fotos con Mayra Mendoza y Axel Kicillof.
Limache caminando abrazada a Mayra Mendoza
· Sebastián Pareja(PBA): Senador provincial y armador central de LLA en Buenos Aires. Pese a ser el arquitecto del espacio en el distrito, su pasado lo ubica financiando al kirchnerismo: en 2011 fue aportante oficial de la fórmula Cristina Kirchner – Amado Boudou. En aquel entonces aportó $1.000, una cifra que, ajustada por inflación a valores de hoy, representaría aproximadamente $500.000.
El aporte de Pareja a la campaña de Cristina Fernández y Amado Boudou
Este inventario de nombres, que abarca desde la estratégica Buenos Aires hasta los rincones más profundos del interior federal, termina con la mentira del “error de armado”.No es una infiltración accidental ni una falla de Sebastián Pareja, quien sólo tiene jurisdicción en territorio bonaerense.
El hecho de que personajes con estos prontuarios ocupen cargos en el Gabinete nacional y en provincias donde Pareja no tiene poder de decisión, confirma que se trata de un plan de ocupación sistémico. Es una política de reciclaje diseñada y avalada por la conducción nacional de La Libertad Avanza —comandada por la hermanísima, Karina “El Jefe” Milei—, que utilizó la esperanza de la militancia como combustible para devolverle el poder a la misma “casta” que prometió combatir.
La “tábula rasa” como salvoconducto para los mismos de siempre
La Libertad Avanza llegó a las elecciones generales de 2023 con una promesa que resonó en todo el país: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Sin embargo, tras el resultado de octubre, esa máxima fue descartada en favor de una supervivencia política inmediata que aplicó un giro de 180º, pasando a proponer lo opuesto a lo prometido. Para justificar el desembarco masivo de cuadros que hasta horas antes eran enemigos acérrimos (como la Bullrich que Milei llamaba “terrorista asesina de niños”), el oficialismo aplicó —y distorsionó— la expresión de “tábula rasa” (que, en filosofía e historia, no describe un “borrón y cuenta nueva”).
En la práctica, la “tábula rasa” no fue un llamado a la unidad nacional, sino un “indulto” arbitrario para que militantes y ex funcionarios de Alberto y Cristina Fernández, barrabravas, abusadores, comunistas y massistasse pusieran la peluca sin rendir cuentas por su pasado. Se utilizó un concepto filosófico para blanquear lo que, en términos llanos, es un travestismo de la casta hacia la nueva caja estatal.
Bullrich, semanas antes de convertirse en la “Súper Ministra”
La trampa institucional
Para el votante que hoy se siente estafado, la realidad institucional ofrece un panorama desolador. Existe una confusión generalizada sobre el poder de remoción de los cargos electivos: a diferencia de un funcionario designado por decreto —a quien se puede remover con una firma—, a un diputado, senador o concejal no se lo puede “echar” por haber mentido sobre su ideología o por volver a sus raíces peronistas apenas asume.
Una vez que un candidato cruza el umbral de la elección, la banca le pertenece al individuo y no al partido. La cúpula nacional, con Karina Milei a la cabeza, era plenamente consciente de esto: sabían que una vez adentro, el daño al electorado sería irreversible, pero el beneficio para la estructura de poder sería total. El engaño se completó usando el eslogan de la “Argentina distinta” para pavimentar el regreso triunfal de “los mismos de siempre”.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
La renuncia de Sergio Maldonado dejó al descubierto la interna con Carlos Presti y golpeó a una obra social militar ya desbordada por las deudas, la falta de prestaciones y el suicidio de un suboficial retirado que había denunciado abandono médico.
Mientras el relato oficial se aferra a una “tábula rasa” mal entendida, el armado de LLA se convirtió en un refugio de ex militantes de Moreno, abogados del kirchnerismo, barrabravas, comunistas y dirigentes peronistas denunciados por acoso. Del slogan de la “Argentina distinta” a una estructura nacional plagada de “los mismos de siempre” que el Presidente prometió barrer.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
