El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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La música argentina despide a Fernando Rabih, cantautor, compositor, escritor y psicólogo que dejó una profunda huella a través de su obra artística y de su mirada poética sobre la canción popular. Fue el fundador de La Surca, proyecto musical que logró construir una identidad propia al fusionar sonidos rioplatenses, latinoamericanos y de raíces españolas, siempre con la palabra y la sensibilidad como ejes centrales de su propuesta.
Video del tema de La Surca “A Ningún Lugar” (Fernando Rabih) De la película “El destino del Lukong” dirigida por Gonzalo Roldán, con la participación de Ricardo Darín, Petinatto, Lalo Mir, Eduardo de la Puente, Andy Kutsnesoff, Mariano Martinez, Eugenia Tobal, Arnaldo André, Emilio Disi, Matías Martin, Lola Berthez, etc.
Rabih fue la voz, el autor de las letras y uno de los principales compositores de una agrupación que encontró en el candombe, el tango, la balada y el flamenco un punto de encuentro para desarrollar un lenguaje musical singular. En una de sus formaciones más reconocidas estuvo acompañado por Federico Mizrahi en piano, arreglos y dirección musical, y por Horacio Burgos en guitarra y arreglos, consolidando una etapa muy valorada por el público y la crítica.
Video del tema “Andaluza” (Letra y Música Fernando Rabih) Guitarra Horacio Burgos. Voz Fernando Rabih. Perteneciente al Cd de La Surca “Otra Sangre”. Filmado en Sevilla… Gracias querido Galle por acompañarme a ese paseo sevillano cámara en mano.
A lo largo de su trayectoria editó junto a La Surca los discos “Solos en Madrid”, “Otra sangre” y “Conjuro de medianoche”, además de crear canciones que se transformaron en referencias de su repertorio, como “Luna gitana”, “A ningún lugar”, “Andaluza” y “Por si el olvido”, esta última grabada junto a La Bruja Salguero. También compartió escenarios con grandes figuras de la música internacional, participando como grupo invitado en conciertos de Compay Segundo y acompañando a Silvio Rodríguez en distintas presentaciones en Argentina.
Su creatividad trascendió el ámbito estrictamente musical y se extendió al cine, la televisión, las artes escénicas y la literatura. Compuso bandas sonoras, colaboró en proyectos teatrales y audiovisuales y fue coautor de una novela junto a José Luis Juresa. Desde el Instituto Nacional de la Música expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el valioso aporte cultural que Rabih realizó a lo largo de su vida, acompañando a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
Artista Invitada: Fernanda de Córdoba. Letra y música: Fernando Rabih. Arreglos y Dirección musical: Federico Mizrahi. Guitarra: Paco Iglesias. Percusión: Nano Peña. Bajo: Norberto Córdoba. Batería: Fabian Miodownik. Trompeta: Fernando Ciancio. Saxo: Víctor Carrión. Trombón: Ivan Barrios. Grabado entre Andalucía y Buenos Aires.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
El cruce duró poco más de un minuto y dio la vuelta a la provincia. Una mujer encaró al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una actividad pública y le reclamó, cara a cara, por la situación salarial. Frente a las cámaras, la mujer aseguró que cobraba $720.000, que ese sueldo “no le alcanza para vivir” y que “tiene que endeudarse para poder comer”. El video se volvió material caliente en redes en cuestión de horas.
La protagonista fue identificada como María Teresa Gutiérrez Prane. Desde ahí, la escena se complicó. Horas después del episodio empezaron a circular en redes capturas la liquidación de haberes atribuida a la docente. Según esos documentos, no cobraría un sueldo sino dos: ambos dentro de la administración pública provincial.
Las cifras que muestran esas planillas están lejos de los 720 mil que ella planteó en cámara ante el gobernador. Uno de los haberes correspondería al Ministerio de Educación (E.G.B., categoría 11), por $841.842,04. El segundo lo abonaría la Unidad Ejecutora Provincial, la UEP-MP, categoría 10, por $1.262.812,97. Sumados, los dos conceptos dan un bruto de $2.104.655,01, una cifra que casi triplica el monto que la mujer denunció. Según esa misma documentación, incluso con todos los descuentos de ley aplicados (obra social y aportes) el bolsillo quedaría muy por encima de lo que ella dijo cobrar.
Ese contraste suma otra capa cuando se mira hacia atrás. Una nota publicada por LU20 Radio Chubut el 7 de abril de 2026 menciona a una María Teresa Gutiérrez Prane en un rol que la coincidencia de nombre vuelve difícil de ignorar: delegada gremial de la Subsecretaría de Financiamiento y Comercio del Ministerio de Producción. En ese artículo, la dirigente encabezaba un reclamo que llevaba más de dos meses por el pago desigual de un adicional por desempeño. Denunciaba que se abonarían 600 mil pesos en varios tramos a un grupo reducido de empleados, integrado, según ella, mayormente por funcionarios cercanos al ministro, incluida su secretaria privada. Calificó ese adicional como ilegal y dijo que benefició de forma indistinta a un grupo muy pequeño.
En aquel relato, la delegada recordaba que un mes antes habían mantenido una reunión con el ministro Juan Pavón, donde elaboraron una propuesta para equiparar el adicional, y que después de ese encuentro no volvieron a juntarse. También señalaba que el funcionario atribuía la situación a la gestión anterior, encabezada por Laura Mirantes, a quien los trabajadores apuntaban como origen del esquema y a quien la propia dirigente cuestionó por su proyección electoral hacia el sillón de Moreno 650.
Por lo demás, la figura que evoca la nota de citado medio de la provincia de Chubut, lejos de ser el de una trabajadora aislada que improvisa un reclamo, tematiza el de una dirigente sindical con militancia activa, encuadrada, con conflictos abiertos y lectura política de la interna provincial. El mismo nombre que, semanas después, increpó al gobernador en cámara por un sueldo de 720 mil pesos.
En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.
“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.
La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.
“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.
Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.
— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York
Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.
— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella
La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.
La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.
“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.
Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por JoséMayans, Juliana Di Tullio, MarianoRecalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.
Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.
La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.
Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.
Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci
El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.
A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.
El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.
Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.
De la calle a los tribunales
El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.
— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024
La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.
En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.
La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.
En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.
¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?
Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.
A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.
Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.
Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.
Durante la madrugada el monumento al Estado de Israel ubicado en la plazoleta homónima, frente al Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén, amaneció con pintadas que incluían consignas como “Israel genocida” y otras expresiones contra el Estado israelí.
No fue un hecho aislado, siendo que ya habría sido objeto de vandalizaciones previas, incluyendo episodios registrados en 2010 y otros más recientes. El municipio intervino rápidamente para comenzar las tareas de limpieza, aunque la restauración demandará diferentes trabajos según el material afectado —ladrillo, placas de mármol—.
Carlos Maravankin, presidente del Centro Hebraico de Neuquén, se pronunció públicamente ante los medios y planteó una postura tajante en distintos planos. Sostuvo que el ataque no solo afecta a la comunidad judía neuquina, sino que también implica un perjuicio para toda la sociedad, ya que el repintado y la restauración del espacio deben ser afrontados con fondos públicos. Además, recordó que el modus operandi es una conducta reiterada, con antecedentes similares en el pasado que refuerzan la idea de una agresión persistente contra ese espacio. En ese marco, calificó a los autores como “grupos antisociales” que “no están en condiciones de sostener un diálogo democrático y respetuoso”, y que recurren al daño sobre el espacio público como única forma de expresión.
“Después el arreglo y el repintado lo terminamos pagando todos los vecinos a través de nuestros impuestos”, afirmó Maravankin. “Evidentemente esto refleja la ignorancia de estos antisociales. Primero deberían estudiar qué significa realmente el concepto de ‘genocidio’. Si realmente hubiera existido un genocidio, un pueblo habría desaparecido. Ningún pueblo ha desaparecido en Medio Oriente”, añadió.
— El monumento al Estado de Israel está frente al Concejo Deliberante de Neuquén
A su vez remarcó el componente personal y comunitario del conflicto, al señalar que varios integrantes de la colectividad local tienen familiares y amigos en Israel que atraviesan de manera directa las consecuencias de la guerra. Por último, cuestionó el uso del término “genocidio” para referirse a la situación en Gaza, en un punto que continúa generando una fuerte controversia internacional y donde conviven interpretaciones jurídicas, académicas y políticas profundamente divergentes.
Maravankin destacó que quienes hicieron las pintadas debieron haber usar algún elemento para trepar a las partes altas del monumento, lo que sugiere cierta premeditación, ymanifestó su esperanza en que las cámaras de seguridad del Concejo Deliberante o un domo cercano permitan identificar a los responsables para que reciban las sanciones previstas por la normativa argentina sobre expresiones de odio y discriminación.
La reacción del municipio fue rápida —enviando operarios para la limpieza—, pero la cuestión de fondo es más difícil de resolver que una pintura. La comunidad judía neuquina usa la plazoleta como punto de encuentro y manifestación. En octubre de 2023, tras el ataque de Hamás, fue el lugar donde se convocaron todas las comunidades a pedir por la paz.
— Cr. David Schlereth junto al intendente capitalino Horacio Quiroga en la reinauguró la plazoleta Estado de Israel en 2017
Este hecho en Neuquén no puede entenderse sin explicar primero el fenómeno preocupante y estadísticamente documentado. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó el 28 de junio de 2026 —casi simultáneamente con el vandalismo— su Informe Anual sobre Antisemitismo en Argentina 2025.
Los datos son elocuentes. En 2025 se registraron 713 casos de antisemitismo en el país, lo que representa un incremento del 3.78% respecto de los 687 contabilizados en 2024. La cifra equivale a casi dos episodios por día a lo largo de todo el año. En ese mismo período, se denunciaron 48 agresiones antisemitas en la vía pública y en espacios comunes, prácticamente una por semana. El principal escenario de manifestación sigue siendo el ámbito digital, donde se concentró la mitad de los casos, especialmente en plataformas como X, Instagram, TikTok y Telegram.
La medida de fuerza fue convocada por los cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Marca la primera huelga dirigida exclusivamente contra la gestión provincial desde haber asumido en 2019.
En su debut legislativo, la concejal Marcela López intentó desdibujar el carácter nacional y federal de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un polémico proyecto de “Patria Grande”. Para justificar la movida, mintió al asegurar que tenía el aval de los organizadores del evento. La Comisión Estudiantil le bajó el pulgar de inmediato, expuso su falsedad y le archivó la iniciativa por unanimidad.
El titular del Centro Hebraico provincial, Carlos Maravankin, calificó a los responsables como “grupos antisociales” y reclamó que las cámaras de seguridad permitan identificarlos.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
