El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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El conductor Tomás Dente lanzó una andanada al aire contra Juan Pablo Luque, diputado nacional por Unión por la Patria, al que señaló como responsable político de la muerte del pequeño Ángel, el niño de cuatro años asesinado en Comodoro Rivadavia. El detonante fue la viralización de una publicación en la plataforma X, donde la usuaria Nancy Aleuy difundió recortes del Boletín Oficial municipal de noviembre de 2022 con la Resolución 4.330-22, mediante la cual se oficializó el ingreso de la psicóloga Jennifer Leyva al equipo técnico del Servicio de Protección de Derechos local durante la gestión de Luque al frente de la intendencia.
En tal sentido, el conductor incluyó a Luque dentro de la cadena de responsabilidades que derivó en la muerte del niño: “A ese tipo le pagás un sueldo vos, como actual diputado, pero en su momento la designó a esta mina, que es también la responsable dentro de la cadena de responsabilidades de la muerte de Ángel, y está como si nada, va a apoyar el culo ahí al recinto tres, cuatro veces por semana, cobran millones, regurgitan cuatro o cinco pelotudeces y se vuelven a su casa”.
Dente también apuntó contra la madre biológica del menor y describió lo que consideró un patrón de conducta: “Lo había denunciado falsamente al papá de su otra hija en Misiones, es su modus operandi. Sinvergüenza, esta mujer. Tiene otra hija que era la hermana de este angelito, que ahora está, gracias a Dios, tiene la tenencia de su papá biológico allá en Misiones, pero lo había denunciado falsamente también, el mismo modus operandi, el mismo”. El conductor cuestionó además a la Justicia por haber forzado la revinculación.
Luque, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó de “campaña sucia”. Sostuvo que en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia los nombramientos se realizan por concurso y que el servicio de protección “depende del gobierno provincial y la Defensoría forma parte del Poder Judicial”.
En el plano judicial, la causa avanzó de forma contundente. Tras conocerse el informe forense que confirmó que Ángel murió como consecuencia de múltiples traumatismos dirigidos, detuvieron a la madre biológica y a su pareja. Ambos permanecen privados de su libertad a la espera del proceso judicial, mientras la investigación continúa para reconstruir el derrotero de inacciones que derivó en el trágico final.
El escenario político actual asiste al nacimiento de una estructura que pretende romper la polarización con un pragmatismo inusual. Mientras el oficialismo de Javier Milei sostiene su batalla contra la casta, Consolidación Argentina emerge como un movimiento de confluencia donde sectores que hasta ayer eran antagónicos —como el peronismo bonaerense y la Sociedad Rural— coinciden en una misma necesidad: un liderazgo que no profundice la grieta.
La ausencia de Dante Gebel en el Microestadio de Lanús, justificada por su gira en Guatemala, no fue un vacío, sino una herramienta de instalación. Con la figura del líder espiritual como una marca autorizada por primera vez para la disputa electoral, el despliegue del 18 de marzo funcionó como la presentación formal de un operativo de pinzas: el músculo sindical de la CGT y el diseño técnico de Eugenio Casielles para institucionalizar un proyecto nacional que ya cuenta con terminales en las siete regiones del país.
Rock, mística y un estadio desbordado
El Microestadio de Lanús fue el epicentro de una convocatoria que, por volumen y composición, encendió las alarmas del tablero político tradicional. Desde las 19:00 del miércoles 18 de marzo, el recinto operó a capacidad plena, dejando a varias personas fuera del predio por estrictas razones de seguridad.
La previa no tuvo la estética litúrgica habitual, sino la potencia del rock nacional: la banda “Coverheads”, liderada por Fernando “Carucha” Podestá, recorrió el cancionero popular de Pappo, Charly García, Abuelos de la Nada, Guasones y Los Enanitos Verdes, logrando una conexión directa cuando el vocalista bajó al campo para mezclarse con una multitud que coreaba cada estrofa.
El momento en que se proyectó un video de Dante Gebel.
La escenografía en las tribunas y el campo —dividido estratégicamente para la prensa y los asistentes— revelaba la naturaleza del espacio. Entre carteles que rezaban “Dante Gebel Presidente” y banderas de diversas congregaciones religiosas, se destacó un bloque compacto y ruidoso: la “Militancia peronista” de La Matanza, conducida por Horacio Acosta, que junto a un nutrido grupo de hombres del sector sindical, dejó en claro que la estructura de Consolidación Argentina no se agota en lo espiritual.
Tras el cierre musical, la subida de 50 referentes al escenario y la proyección de un video con reflexiones de Gebel marcaron el inicio formal de una jornada que buscó transformar la popularidad de un comunicador en un proyecto de poder real.
El mosaico de Consolidación Argentina
El desfile de expositores en Lanús no fue una sucesión de elogios vacíos, sino un despliegue de sectores que hoy se sienten huérfanos de representación. El bloque sindical golpeó primero con José “el Vasco” Minaberrigaray(SETIA, textiles), quien denunció la pérdida de empleos y una “zanja” económica que devora a los trabajadores.
En la misma línea, Eduardo Cabello (CGT San Juan) disparó contra la gestión de Javier Milei. Cuestionó la polarización con la “casta” mientras a las familias no les alcanza el sueldo para vivir, y sentenció que Gebel será presidente en 2027.
Minaberrigaray durante su discurso.
La diversidad del espacio se hizo visible con Vanina Leto (Aeronavegantes), quien llamó a terminar con la “violencia ideológica” y la grieta. Este mensaje de concordia fue reforzado por Flavia Martínez (fundación “For Children, unidos por la diabetes”), quien agradeció a los “compañeros” y depositó su esperanza en el líder espiritual.
El componente emocional llegó con Julián Ocampo (exparticipante de “Cuestión de peso”), quien entre lágrimas parafraseó a Gebel resaltando la importancia de “lo importante no es hacer todo bien, sino estar disponible”. Por su parte, el respaldo del deporte de élite lo puso Cristian Bosch, validando los valores del conductor tras 25 años de seguimiento personal.
Finalmente, el cierre de este bloque de representación sectorial lo completó Miriam Müller, dirigente de la Sociedad Rural. Su mensaje de unidad nacional terminó de amalgamar los intereses del campo con los de la industria y los movimientos sociales presentes en el microestadio.
El motor productivo y la arquitectura de Casielles
La visión delsector empresarial PyME la aportó Pedro Bergaglio, quien cuestionó con dureza la situación del entramado industrial. Con un mensaje de identidad nacional, agradeció la masiva presencia de jóvenes y dejó una arenga de esperanza para el futuro del país. Por su parte, Mariano Almada (Secretario de Culto de Córdoba) subrayó la construcción federal de Consolidación Argentina.
Momentos previos al comienzo formal del evento.
El plato fuerte de las exposiciones llegó con Eugenio Casielles, legislador porteño y principal armador del espacio. Exfundador de La Libertad Avanza, el actual legislador porteño fue el orador más extenso y aplaudido por todos los asistentes, especialmente cuando afirmó que no estaban allí por protagonismo personal, sino para transformar la sociedad a través de la política.
Durante su discurso, Casielles reveló la transversalidad de la tropa: aseguró que Consolidación Argentina contiene a dirigentes del PRO, peronistas, kirchneristas, empresarios y referentes sociales. Luego, el legislador sentenció: “hay que buscar a los mejores para cambiar al país”, criticando a los políticos que sólo buscan intereses personales.
Casielles cerró con una confesión estratégica: admitió que, aunque trabaja con Gebel hace sólo un año, quedó convencido de inmediato de la necesidad de este armado. Su mensaje final fue un llamado a la acción para las bases: pidió que todos se encarguen de “convencer” al líder espiritual para que acepte formalmente la postulación presidencial.
Casielles y Brey conversando en el escenario.
El respaldo de Caamaño y la estructura federal
El evento también contó con el aval de figuras de peso que, aunque ausentes físicamente, marcaron presencia a través de la pantalla. Presentada por la conductora del evento como una “gran referente nacional”, luego del video de Gebel se proyectó un video grabado por Graciela Caamañodonde, la ex diputada y esposa de Luis Barrionuevo, apeló a la unidad nacional y cerró su intervención citando a Juan Domingo Perón, un gesto que resonó con fuerza en el sector sindical de la platea. A este respaldo se sumó el del exfutbolista y director técnico Walter Erviti, quien también envió un video apoyando la eventual postulación de Dante Gebel.
Para demostrar que el proyecto ya tiene sustento territorial, Horacio Calculli y Nabila Michitte, coordinadores de la mesa promotora de CABA, presentaron con diapositivas la estructura técnica del partido.El despliegue se divide en siete regiones estratégicas: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, PBA, CABA, Cuyo y Patagonia.
Cada una de estas mesas promotoras ya cuenta con coordinadores designados, lo que otorga a la agrupación un carácter federal inmediato. La institucionalización del espacio busca demostrar que el proyecto de Gebel no es sólo una expresión de deseos, sino una maquinaria política que ya empezó a rodar en todo el país.
El cierre de Brey
La culminación del acto estuvo a cargo de Juan Pablo Brey, Secretario General de Aeronavegantes y referente de la CGT. Tras destacar el crecimiento de Consolidación Argentina, el dirigente activó la mística final: bajo su indicación, los asistentes levantaron miles de banderas argentinas dispuestas en las sillas desde el inicio de la jornada.
El sindicalista no ocultó la intención política del gesto al pedir que se grabara para enviárselo a Gebel: “levanten las banderas para que Dante vea esto, pídanle que venga y defina su candidatura”, arengó ante la multitud.
Juan Pablo Brey cerrando el acto.
En su discurso, Brey marcó una fuerte distinción nacionalista al pedir confiar en “lo nuestro” frente a sectores que prefieren “lo que viene de afuera”. Reclamó coordinación para terminar con las grietas y pidió acompañar el proyecto para que el país vuelva a creer en sí mismo.
Con el operativo clamor en marcha y la estructura federal presentada, el encuentro de Lanús dejó planteado un nuevo interrogante en el mapa político. La amalgama entre el músculo de la CGT, el armado técnico de Casielles y la popularidad de Gebel mostró, finalmente, sus cartas de cara a 2027.
Las cinco fuerzas federales de seguridad convocaron una protesta conjunta para el 2 de abril en reclamo por los bajos salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales. La manifestación consistirá en un abrazo solidario al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro (Capital Federal), y reunirá, por primera vez en la historia, a integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La convocatoria se fijó para las 11 e incluyó también a familiares y allegados de los efectivos. La elección de la fecha incorporó, además, una dimensión simbólica, ya que coincidió con el aniversario número 44 del inicio de la Guerra de Malvinas.
El eje principal del reclamo estuvo vinculado con la cuestión salarial. Los uniformados denunciaron que el último aumento se otorgó a fines de 2025 y advirtieron que, en numerosos casos, los haberes quedaron por debajo de la línea de pobreza. Ese desfasaje los obligó a buscar ingresos complementarios, ya fuera mediante horas adicionales por fuera de la jornada habitual o a través de trabajos extra, como manejar un Uber, para sostener la economía doméstica.
En ese marco, dentro de las propias fuerzas se subrayó una contradicción entre la narrativa oficial y la experiencia concreta de los agentes. Mientras el Gobierno sostuvo que busca “cuidar a quienes nos cuidan”, los efectivos afirmaron que los salarios y las condiciones laborales se deterioraron de manera progresiva.
A la crisis salarial se sumó el conflicto por la cobertura médica. La situación de la obra social Iosfa se convirtió en otro de los principales focos de malestar entre los uniformados. De acuerdo con las informaciones difundidas, la entidad acumuló una deuda millonaria, recortó prestaciones y redujo la entrega de medicamentos, una combinación que dejó a miles de afiliados y a sus familias sin cobertura o con un acceso severamente limitado a la atención de la salud.
La protesta también activó una preocupación política creciente dentro de la Casa Rosada, donde se intensificaron los cuestionamientos contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En el oficialismo la describieron como una funcionaria de perfil académico, pero sin capacidad de conducción operativa sobre las fuerzas.
El antecedente de Córdoba profundizó esas dudas dentro del Gobierno. Algunos funcionarios recordaron que Monteoliva estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial cuando, el 3 y 4 de diciembre de 2013, la Policía cordobesa se acuarteló y la capital provincial atravesó horas de saqueos y una situación de extrema tensión. Después de ese episodio, la funcionaria dejó el cargo.
A ese cuadro se añadió una interna política con efectos sobre la cadena de mando. Monteoliva decidió alinearse con Karina Milei en la disputa con su ex jefa política, la actual senadora Patricia Bullrich. Durante su paso por el Ministerio de Seguridad, Bullrich benefició a la cúpula de la Gendarmería por su vínculo con el jefe de la fuerza, Claudio Miguel Brilloni, una decisión que generó malestar en los rangos bajos y resentimiento en el resto de las fuerzas, que se consideraron desplazadas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires viajó a España para participar de la Movilización Progresista Mundial (MPM), organizada por el presidente español Pedro Sánchez.
“Las consecuencias de las decisiones de la ultraderecha en Argentina solo pueden abordarse internacionalmente. Necesitamos respuestas conjuntas de Latinoamérica y Europa para construir un mundo más multipolar y evitar la subordinación a grandes monopolios y poderes externos”, afirmó Kicillof, buscando justificar de alguna manera su viaje.
Lo que generó controversia pública fue el conocimiento del nivel de gasto que implicó el viaje por más de USD$150.000 en pasajes, viáticos y estadía para una comitiva de al menos 20 personas, financiados en su mayoría por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). A esto se sumó una segunda delegación del Partido Justicialista (PJ), encabezada por Eduardo “Wado” de Pedro, con costos aún no revelados.
La delegación oficial encabezada por Kicillof exhibió un núcleo político claramente identificado, con la presencia de Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jesica Rey, ministra de Comunicación Pública y Cecilia Nicolini, diputada del Parlasur y asesora en Asuntos Internacionales. También formaron parte de la comitiva otros funcionarios del gobierno bonaerense, además de cónyuges, secretarios y personal técnico.
– Kicillof junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
El monto reportado corresponde únicamente a tres rubros, ya sean pasajes aéreos, viáticos y estadía. El promedio por individuo ronda los USD$6.000. Aún no sé esclareció los otros costos adicionales que supuestamente habrían sido afrontados por los propios funcionarios y consortes.
Un vuelo en clase ejecutiva (business) ida y vuelta entre Buenos Aires y Barcelona tenía un costo aproximado de USD$13.500 en la fecha del viaje. En clase económica, los precios rondan entre USD$1.000 y USD$1.600 ida y vuelta.
– La viepresidente II de España, Yolanda Díaz Pérez
Para una comitiva de 20 personas en ejecutiva, solo en pasajes el gasto podría quedar en USD$270.000.
La delegación se alojaría en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, uno de los hoteles más lujosos de España, ubicado en la Plaza de la Lealtad. La cifra de USD$12.000 por noche corresponde al costo de varias habitaciones del establecimiento, que en cotizaciones actuales de plataformas como Expedia muestra precios que parten desde USD$1.100 por habitación por noche para fechas similares. Dado que la delegación permaneció varias noches y en múltiples habitaciones, el gasto en alojamiento acumula rápidamente cifras elevadas.
Los viáticos incluyen gastos diarios de movilidad, alimentación y otros gastos personales. Para una comitiva numerosa, estos suman fácilmente decenas de miles de dólares en pocos días.
Al mismo evento viajó una segunda delegación impulsada institucionalmente por el PJ y convocada por su propia presidenta, Cristina Kirchner. La encabezó el senador Eduardo “Wado” de Pedro, histórico referente de La Cámpora y quien concentra el control político del CFI en los últimos años.
Junto a él viajaron Jorge Taiana, exministro de Defensa y diputado, Eduardo Valdés, también diputado, Nicolás Trotta, exministro de Educación y legislador, Lucía Cámpora, diputada y nieta de Héctor Cámpora, además de Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Delfina Rossi, Franco Metaza, Gustavo Menéndez, Soledad Magno y Valentina Morán.
Por su parte, el viaje tuvo una clara carga de posicionamiento político de Kicillof de cara al escenario electoral de 2027, año en el que se elegirá presidente.
Ayer, el mandatario provincial Ignacio Torres reclamó la inmediata aplicación de la Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales (popularmente conocida como “Ley Antimafia”) tras el asesinato de una persona que iba a declarar como testigo en una causa judicial que involucra a las familias Vera y Nieves, dos de los grupos con mayor historial delictivo en Comodoro Rivadavia.
“La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, señaló.
Torres rechazó cualquier postergación procesal y subrayó que la provincia ya cuenta con las herramientas legales necesarias para actuar: “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”.
El hecho que motivó el reclamo del gobernador ocurrió durante la madrugada del miércoles, cuando dos personas fueron asesinadas en Comodoro Rivadavia. Según se desprende de la investigación judicial, una de las víctimas tenía previsto declarar como testigo en la causa que investiga el homicidio de un integrante de la familia Nieves, crimen que habría sido cometido por Agustín Vera. La otra víctima registraba antecedentes propios: había sido condenada en 2019 por el homicidio de un mecánico y, tras una reducción de su pena inicial de 14 años, recuperó la libertad en menos de seis.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el procurador general, Jorge Miquelarena; el jefe de la Policía del Chubut, Andrés García; el subjefe de la Policía, Mauricio Zabala; e integrantes de la fuerza provincial, Torres anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial. El objetivo será coordinar acciones de manera conjunta para avanzar en la investigación y sanción de los hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, sostuvo el mandatario.
La Ley Nacional N° 27.786 de Organizaciones Criminales entró en vigencia en Argentina en marzo de 2025 y permite juzgar a la totalidad de la estructura de una organización criminal y no solo a sus ejecutores directos. La normativa prevé penas de hasta 20 años de prisión por pertenencia a este tipo de organizaciones. Chubut adhirió a la ley tras su sanción, a principios de 2025.
La Legislatura de Chubut sancionó la semana pasada la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos con acceso a internet por parte de personas presas en cárceles, alcaidías y comisarías de la provincia. El Proyecto de Ley General N° 017/2026, que recibió dictamen previo de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación, obtuvo un respaldo amplio y sin diferencias partidarias.
SE TERMINARON LOS “CALL CENTERS” DEL DELITOAprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia.Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las “oficinas remotas” del delito manejadas desde una cárcel.Hoy Chubut… https://t.co/ugWokRHCEo
El gobernador Ignacio Torres celebró la sanción con una publicación en su cuenta oficial de X: “Se terminaron los call centers del delito. Aprobamos la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías de toda la provincia. Se terminó la época de las estafas, las extorsiones y las ‘oficinas remotas’ del delito manejadas desde una cárcel”. Torres también destacó que “este es un proyecto que se trató sin banderas partidarias, con una premisa común: garantizar la seguridad de los chubutenses”.
Extorsiones por más de $80 millones y víctimas que se suicidaron
La diputada Andrea Aguilera, una de las principales defensoras de la norma, explicó que la ley alcanza a celulares, tablets, laptops, notebooks, consolas de juego y a cualquier equipo que permita acceder a redes sociales, mensajería o internet. La legisladora fundamentó el amplio respaldo con datos concretos: en Chubut se registraron extorsiones que superaron los 80 millones de pesos y hubo casos de personas hostigadas que terminaron suicidándose por la presión sufrida.
La nueva directiva no implica una interrupción absoluta del contacto de los detenidos con el exterior. Aguilera fue enfática al respecto: “No es una ley de prohibición. Es una ley que ordena y es una ley que establece cómo y de qué manera debe regularse la comunicación”. El texto garantiza el derecho a comunicarse con familiares, defensores, y para tratamientos de salud o trayectorias educativas, pero bajo un esquema controlado y sin acceso a dispositivos que permitan navegar por internet.
Las terminales institucionales habilitadas deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz. Quedaron expresamente prohibidos el acceso a internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, el correo electrónico, las videollamadas y el intercambio de archivos. Además, las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará un registro de cada comunicación con datos de fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Qué establece la ley
El texto prohíbe el “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. La norma tendrá vigencia en establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia. También alcanzará a quienes estén alojados en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial de jueces o tribunales provinciales.
La ley también faculta a la autoridad de aplicación a instalar sistemas de inhibición o gestión controlada de señal para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, y establece como obligación permanente de las autoridades el control para evitar el ingreso de dispositivos.
UN PASO FIRME CONTRA EL DELITO ORGANIZADOEn Chubut dejamos atrás una práctica que durante años permitió que el delito se siga gestionando desde adentro de los lugares de detención.Con la aprobación de la ley que prohíbe el uso de celulares en cárceles, comisarías y alcaidías,… pic.twitter.com/KgJOEQbY6v
El Ministerio de Seguridad de la provincia contará con 180 días para reglamentar la ley y adaptar cada unidad de detención, tarea que incluye la definición de protocolos, el equipamiento permitido y las modalidades de comunicación legal.
Aguilera reconoció, sin embargo, que la norma tiene un límite: alcanza a cárceles y lugares de detención bajo órbita provincial, pero no modifica la situación en unidades federales, donde también operan casos resonantes de criminalidad organizada. Por eso, el oficialismo apuesta a que la sanción provincial funcione como antecedente político y normativo para otras jurisdicciones. Torres, en ese sentido, instó a extender la iniciativa al resto del país.
La Justicia homologó en reserva un convenio con el empresario británico y cerró la demanda estatal que buscaba anular la venta de tierras en una zona estratégica de frontera.
Una de las víctimas había sido condenada a 14 años por homicidio y quedó libre en menos de seis. El gobernador chubutense apuntó contra la impunidad y anunció una mesa conjunta entre la Justicia, fiscales y fuerzas de seguridad para avanzar contra las familias Vera y Nieves, señaladas por años de violencia en la ciudad.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
