El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.
Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.
Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci
El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.
A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.
El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.
Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.
De la calle a los tribunales
El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.
— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024
La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.
En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.
La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.
En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.
¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?
Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.
A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.
Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.
Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.
A un mes de la salida de Roberto Baradel de la conducción del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), los gremios docentes decretaron el primer paro directo contra la gestión del gobernador Axel Kicillof. Se trata de la segunda medida de fuerza del año, siendo que la primera en marzo, había sido enmarcada en una protesta de carácter nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
“Rechazamos el desfinanciamiento de la educación técnica pública, inclusiva y de calidad”, se informó en un comunicado del SUTEBA.
✋🏻 PARO PROVINCIAL DOCENTE🗓️ 3️⃣0️⃣ DE JUNIO#SomosSUTEBA pic.twitter.com/RghjMzVdfw
Cuatro de los cinco gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocaron al paro de 24 horas. Entre los sindicatos se encuentran la SUTEBA, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Solo el sindicato de docentes privados (SADOP) no adhirió.
Lo verdaderamente histórico es que es la primera huelga exclusivamente dirigida contra la gestión de Kicillof desde que asumió en diciembre de 2019. El primer paro del año había sido enmarcado en una protesta contra las políticas educativas del gobierno del presidente Javier Milei. Este, en cambio, apunta de lleno a La Plata.
Para entender la novedad de este paro, hay que entender quién fue Baradel durante dos décadas. Secretario general de SUTEBA desde 2004, Baradel fue uno de los sindicalistas más cercanos políticamente a Kicillof y al kirchnerismo en general. Su liderazgo significaba que el principal gremio docente actuaba como un amortiguador de conflictos con el gobierno provincial, siendo que las bases podían estar descontentas, pero la conducción frenaba las medidas de fuerza directas contra el gobernador.
En marzo de 2026, Baradel anunció que no se presentaría a las elecciones internas de SUTEBA, poniendo fin a casi 20 años al frente del gremio. La lista oficialista que él impulsó llevó como candidata a la secretaria adjunta María Laura Torre, quien ganó las elecciones realizadas el 13 de mayo. Baradel continuará en el sindicalismo nacional como adjunto de CTERA, pero dejó de ser el interlocutor privilegiado del gobierno bonaerense en materia educativa.
— Baradel junto María Laura Torre, en la jornada de protesta de la CTERA
Su salida no fue casual ni cómoda, ya que llegó con los salarios docentes corriendo por detrás de la inflación y con un malestar creciente en las bases que se convirtió en una “encrucijada de compleja resolución” para su liderazgo.
La crisis salarial acumulada
El deterioro del poder adquisitivo docente tiene varias capas. Uno de los principales factores fue la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesta por el gobierno de Milei a través del DNU 280/2024, que dejó de abonarse desde diciembre de 2023. La medida implicó una reducción de entre $20.000 y $28.000 mensuales por cargo, equivalente a alrededor del 10% del salario docente. De acuerdo con SUTEBA, un trabajador con dos cargos acumuló una pérdida cercana a los $4 millones en el plazo de un año y medio.
“Necesitamos sentarnos de manera urgente con la Provincia para recomponer los salarios docentes que quedaron muy rezagados”, afirmó Liliana Olivera, titular de la FEB.
En la provincia de Buenos Aires, la administración de Kicillof buscó compensar parcialmente esa quita mediante la creación de una “Compensación FONID/Conectividad” de $28.700, acordada en la paritaria de marzo de 2026. Sin embargo, el adicional tiene carácter no remunerativo y no bonificable, por lo que no se incorpora al cálculo del aguinaldo, la antigüedad ni la jubilación, además de carecer de un mecanismo de actualización automática.
A esa situación se sumó la falta de avances en la negociación salarial. La última reunión paritaria se realizó el 12 de junio y, desde entonces, el Ejecutivo bonaerense no presentó una nueva propuesta con porcentajes de aumento. En consecuencia, los salarios de junio fueron liquidados sin incrementos, una situación que también impacta de manera directa en el cálculo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.
El conflicto salarial ya había comenzado a comienzos de año, cuando la oferta inicial del Gobierno provincial consistió en un aumento del 1.5% para enero, rechazado por los sindicatos por considerarlo insuficiente. Posteriormente, en marzo, las partes acordaron un incremento del 7.5% en dos tramos, aunque los gremios sostienen que esa actualización resulta insuficiente para revertir la pérdida acumulada del poder adquisitivo.
La violencia en las escuelas
El segundo eje del paro es el aumento sostenido de episodios de violencia en los establecimientos educativos bonaerenses. En la semana previa al paro, se registraron casos en Moreno (una madre golpeó a una docente y a la directora), y en el primer trimestre del año hubo incidentes graves en Bahía Blanca, Mar del Plata y Zárate, que incluyeron peleas con fracturas, ataques con gas pimienta y amenazas con armas blancas.
Los gremios exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación —ya acordado pero no ejecutado—, y un protocolo complementario, además de la aplicación efectiva de legislación vigente para sancionar agresiones en el ámbito escolar.
Este paro representa un quiebre en la alianza estratégica entre el kirchnerismo bonaerense y el sindicalismo docente, que duró más de siete años. Con una nueva conducción en SUTEBA que ya no tiene la misma obligación política de proteger al gobernador, y con las bases presionando por recuperación salarial real, la nueva secretaria general Laura Torre enfrenta su primer gran desafío, que es negociar en junio con una deuda salarial acumulada y la presión de la izquierda sindical, que disputó seccionales en las últimas elecciones internas y buscará capitalizar el descontento.
Los gremios ya advirtieron que de no haber una convocatoria a paritarias con una propuesta concreta en el corto plazo, no se descartan nuevas medidas de fuerza indefinidas. El gobierno bonaerense, a su vez, usa como escudo el argumento del “ahogo financiero” que le impone el gobierno nacional, intentando redirigir parte del conflicto hacia Milei.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
El fake del fallecimiento de Jorge Messi que ayer difundió FlorenciaPeña desde la pantalla de LuzuTV conmocionó al ecosistema de redes.
Si bien la atención se centró en la controversial actriz, algunos usuarios hicieron eco de aquellos comunicadores que, antes de las 13:00 —horario en que Peña anunció livianamente la conmocionante primicia falsa—, ya habían publicado sobre el mismo tema en sus perfiles. Se especula que la producción del programa extrajo la “información” de alguna de esas “fuentes”.
El primero en romper el prudente secretismo de la familia Messi sobre la salud de Jorge fue EduardoFeinmann, desde el aire de Radio Mitre, la mañana siguiente al debut de la selección en el Mundial. Pero varios usuarios señalaron también al periodista de ESPN Gastón LuceroSuárez y a Evangelina Aranda, de La Derecha Diario y Neura Media. A diferencia de Feinmann, que sólo dio a conocer el mal estado de salud de Jorge Messi, Lucero Suárez y Aranda mencionaron explícitamente el fallecimiento del padre de Leo. Y el dato clave: lo hicieron una hora antes que Florencia Peña.
“Hoy confirmarían el fallecimiento del padre de Messi”, tuiteó Aranda a las 12:00. Tres horas después, la comunicadora libertaria citó el tuit de repudio del dueño de LuzuTV, Nicolás Occhiato: “Como me comí la curva que mogólica”.
Evangelina Aranda es muy cercana a un alfil clave de Karina Milei: la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.
Trabaja en el medio del español Javier Negre al menos desde octubre de 2025. Desde las redes de La Derecha Diario entrevistó a figuras importantes de LLA, de la talla de Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades de Milei; Bertie Benegas Lynch, diputado nacional; y Nahuel Sotelo, cuando ejercía como secretario de Culto. También formaba parte del staff de Neura Media, el streaming de Alejandro Fantino y del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo.
Por lo demás, La Derecha Diario se sumó al repudio masivo que pesó sobre Florencia Peña con una lapidaria cobertura de las declaraciones de la actriz K, acaso desconociendo que una de sus periodistas había contribuido al bulo.
Tras el escándalo, Evangelina Aranda borró la cuenta de X con la que difundió el fake.
Lo mismo hizo Lucero Suárez, de ESPN.“Acaba de fallecer Jorge Messi, papá de Lionel”, tuiteó ayer a las 12:28. Doce horas después, antes de desaparecer del microclima, pidió disculpas: “La información me llegó por 2 fuentes distintas (posteriormente chequeadas): un allegado a la familia y un médico del Hospital Español”.
Una nueva controversia se instaló en la provincia de Santa Fe luego de que trascendiera que el sindicato docente AMSAFE destinaría alrededor de 180 millones de pesos para la realización de un espectáculo musical encabezado por la reconocida banda de cumbia La Delio Valdez.
La iniciativa, impulsada en el marco de una jornada de protesta sindical, despertó cuestionamientos de distintos sectores políticos y sociales, que consideran que los recursos del gremio deberían estar orientados prioritariamente a la defensa de los trabajadores de la educación y al fortalecimiento de los reclamos salariales.
Las voces más críticas sostienen que la contratación del espectáculo se produce en un contexto marcado por conflictos laborales, medidas de fuerza y reiteradas suspensiones de clases que afectan a miles de estudiantes santafesinos. Desde esos sectores aseguran que “los gremios deberían concentrar sus esfuerzos en la representación de los docentes y en la búsqueda de soluciones concretas para la educación”, en lugar de destinar importantes sumas de dinero a eventos masivos.
Juan Monteverde y Caren Tepp, referentes de la izquierda aliada al kirchnerismo provincial, acompañaron el ‘acto’ de la AMSAFE. “Fue emocionante encontrarme con docentes de distintos rincones de Santa Fe que, a pesar de los salarios que no alcanzan, del desgaste y de la falta de respuestas, siguen sosteniendo todos los días nuestras escuelas” dijo Tepp, ganándose luego el repudio de las voces críticas por el presunto gasto millonario que se despilfarró.
La medida de fuerza fue convocada por los cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense. Marca la primera huelga dirigida exclusivamente contra la gestión provincial desde haber asumido en 2019.
En su debut legislativo, la concejal Marcela López intentó desdibujar el carácter nacional y federal de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un polémico proyecto de “Patria Grande”. Para justificar la movida, mintió al asegurar que tenía el aval de los organizadores del evento. La Comisión Estudiantil le bajó el pulgar de inmediato, expuso su falsedad y le archivó la iniciativa por unanimidad.
El titular del Centro Hebraico provincial, Carlos Maravankin, calificó a los responsables como “grupos antisociales” y reclamó que las cámaras de seguridad permitan identificarlos.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
