El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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La música argentina despide a Fernando Rabih, cantautor, compositor, escritor y psicólogo que dejó una profunda huella a través de su obra artística y de su mirada poética sobre la canción popular. Fue el fundador de La Surca, proyecto musical que logró construir una identidad propia al fusionar sonidos rioplatenses, latinoamericanos y de raíces españolas, siempre con la palabra y la sensibilidad como ejes centrales de su propuesta.
Video del tema de La Surca “A Ningún Lugar” (Fernando Rabih) De la película “El destino del Lukong” dirigida por Gonzalo Roldán, con la participación de Ricardo Darín, Petinatto, Lalo Mir, Eduardo de la Puente, Andy Kutsnesoff, Mariano Martinez, Eugenia Tobal, Arnaldo André, Emilio Disi, Matías Martin, Lola Berthez, etc.
Rabih fue la voz, el autor de las letras y uno de los principales compositores de una agrupación que encontró en el candombe, el tango, la balada y el flamenco un punto de encuentro para desarrollar un lenguaje musical singular. En una de sus formaciones más reconocidas estuvo acompañado por Federico Mizrahi en piano, arreglos y dirección musical, y por Horacio Burgos en guitarra y arreglos, consolidando una etapa muy valorada por el público y la crítica.
Video del tema “Andaluza” (Letra y Música Fernando Rabih) Guitarra Horacio Burgos. Voz Fernando Rabih. Perteneciente al Cd de La Surca “Otra Sangre”. Filmado en Sevilla… Gracias querido Galle por acompañarme a ese paseo sevillano cámara en mano.
A lo largo de su trayectoria editó junto a La Surca los discos “Solos en Madrid”, “Otra sangre” y “Conjuro de medianoche”, además de crear canciones que se transformaron en referencias de su repertorio, como “Luna gitana”, “A ningún lugar”, “Andaluza” y “Por si el olvido”, esta última grabada junto a La Bruja Salguero. También compartió escenarios con grandes figuras de la música internacional, participando como grupo invitado en conciertos de Compay Segundo y acompañando a Silvio Rodríguez en distintas presentaciones en Argentina.
Su creatividad trascendió el ámbito estrictamente musical y se extendió al cine, la televisión, las artes escénicas y la literatura. Compuso bandas sonoras, colaboró en proyectos teatrales y audiovisuales y fue coautor de una novela junto a José Luis Juresa. Desde el Instituto Nacional de la Música expresaron su pesar por la pérdida y destacaron el valioso aporte cultural que Rabih realizó a lo largo de su vida, acompañando a sus familiares, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.
Artista Invitada: Fernanda de Córdoba. Letra y música: Fernando Rabih. Arreglos y Dirección musical: Federico Mizrahi. Guitarra: Paco Iglesias. Percusión: Nano Peña. Bajo: Norberto Córdoba. Batería: Fabian Miodownik. Trompeta: Fernando Ciancio. Saxo: Víctor Carrión. Trombón: Ivan Barrios. Grabado entre Andalucía y Buenos Aires.
El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.
Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.
Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci
El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.
A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.
El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.
Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.
De la calle a los tribunales
El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.
— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024
La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.
En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.
La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.
En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.
¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?
Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.
A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.
Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.
Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.
Ramiro Marra le escribió una carta abierta a Javier Milei en la que le reclamó la salida de ManuelAdorni. El jefe de Gabinete está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. Marra, exlegislador porteño, uno de los fundadores de La Libertad Avanza, instó al Presidente a tomar “la decisión que corresponde” frente a una situación que “viene desgastando al gobierno desde hace meses”.
El reclamo llega en un momento clave para Adorni. El Senado tiene previsto avanzar, el 25 de este mes, con la habilitación de la interpelación del funcionario para que comparezca ante la Cámara alta el 2 de julio, fecha en la que también podría enfrentar una moción de censura si sus respuestas no satisfacen a la oposición.
Marra no ocupa ningún cargo público desde que fue desplazado de La Libertad Avanza. Escribe, aclara, “no como un dirigente político, sino como lo que soy hoy: un ciudadano del sector privado. Uno más de los millones de argentinos que producen, que generan trabajo, que arriesgan su capital todos los días y que en su momento decidieron acompañar un cambio que parecía imposible”. El exdirigente remarcó que su reclamo nace del apoyo al rumbo del gobierno: “Le escribo justamente porque creo en el modelo económico y las reformas que su gobierno está llevando adelante”.
El argumento central del texto giró en torno a la idea de que el proyecto político que llevó a Milei a la presidencia no le pertenece a ninguna persona. “Acá está el punto que quiero dejarle, con todo el respeto: este proyecto no es suyo. No le pertenece a una persona, ni a una familia, ni a un círculo de confianza”, escribió. “Usted es el representante de ese cambio y el principal responsable de cuidarlo. Pero no es su dueño. Y cuidarlo, muchas veces, significa tomar decisiones que duelen”, completó.
La situación “viene desgastando al gobierno desde hace meses: ocupa la agenda, tapa los logros y erosiona lo más valioso que tiene este proyecto, que es la palabra”.
El exlegislador apeló a la promesa fundacional del espacio para reforzar su demanda. Recordó que los argentinos “no votaron solamente números”, sino “la promesa de terminar con los privilegios, con los acomodos y con la idea de que hay funcionarios que están por encima del resto”. Bajo esa premisa, afirmó que ese “contrato” con la ciudadanía “hoy se está poniendo en duda”.
Para Marra, ninguna lealtad afectiva puede ubicarse por encima del rumbo trazado: sostuvo que “las ideas y los proyectos valen más que cualquier relación personal o familiar que un presidente pueda tener”.Sobre esa base lanzó una advertencia: cuando un vínculo personal termina pesando más que la coherencia del proyecto, este “empieza a morir por dentro, aunque la economía siga funcionando”.
El exdirigente respaldó su reclamo con su propia experiencia dentro del espacio. Aseguró hablar “con autoridad moral”, porque le tocó atravesar una situación parecida “del otro lado”. Así trajo a la memoria su salida de La Libertad Avanza, en enero de 2025, cuando lo apartaron “de manera unilateral, sin preaviso, a través de un tuit, con excusas ridículas”. Reconoció el dolor de aquel momento, pero remarcó que eligió el silencio: no rompió nada, no dañó al proyecto ni se transformó en “bandera de la oposición”. Según explicó, asumió que el espacio “era más grande” que él y que su orgullo no podía anteponerse a lo que esperaban millones de personas.
Con ese antecedente como respaldo, formuló su pedido central: “Si esa misma vara se aplicó conmigo —un fundador, apartado injustamente—, lo único que pido hoy es que se aplique con la misma firmeza con cualquier funcionario. Sin distinciones, sin blindajes y sin excepciones por cercanía”.
El cierre de la carta condensó el reclamo: “No le pido que me dé la razón. Le pido que tome la decisión que corresponde. La que cuida el modelo, la que protege la palabra empeñada y la que le devuelve al gobierno la fuerza moral que le dieron los argentinos”. Y remató: “Este cambio es más grande que cualquiera de nosotros. Más grande que yo, que ya lo viví en carne propia. Y más grande que usted, Señor Presidente. Cuidarlo es su responsabilidad. Y todavía está a tiempo”.
El Gobierno Nacional congeló el mecanismo de actualización del subsidio para la tarifa social del transporte, por lo que el descuento del 55% dejará de ajustarse automáticamente ante futuros aumentos del boleto. La medida trasladará parte del costo a los usuarios beneficiarios y a los municipios que decidan sostener el nivel de subsidio con recursos propios. Desde el sector del transporte advierten que la decisión podría reducir la cantidad de pasajeros y afectar la calidad del servicio.
El presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial la Resolución 40/2026 de la Secretaría de Transporte (firmada por el secretario Mariano Plencovich, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis Caputo). Esta norma modifica justamente cómo se calcula el subsidio conocido como Tarifa Social Federal, que le permite a ciertos grupos viajar en colectivo o tren con subsidio en el boleto.
A partir de julio, eso cambia. El descuento ya no se calcula sobre el precio actual del boleto, sino sobre una llamada “tarifa de referencia” fijada a los valores del próximo 30 de junio de 2026. Esa referencia no se actualizará sola, siendo que solo cambiará cuando la propia Secretaría de Transporte decida expresamente hacerlo. El artículo 2 de la resolución lo dice explícitamente, al afirmar que el valor “mantendrá su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización”.
El oficialismo sostiene que el descuento del 55% sigue siendo el mismo, que no cambia el universo de beneficiarios (más de 5.5 millones de personas en todo el país) y que la medida solo busca dar “previsibilidad” al gasto del Tesoro. Los propios considerados en la resolución argumentan que la actualización automática hacía “imprevisible” el gasto nacional, ya que provincias y municipios podían aumentar sus tarifas libremente y eso generaba un gasto adicional que Nación no había decidido.
Pero el sector del transporte y los críticos señalan el verdadero mecanismo, puesto que el subsidio se congela en pesos, mientras las tarifas siguen subiendo. Es exactamente el mismo mecanismo que se usó con el bono a jubilados de $70.000, que lleva más de dos años sin actualizarse y que fue licuado por la inflación. La diferencia entre el “55% del boleto real” y el “55% del valor de junio” crecerá cada vez que haya un aumento tarifario, y esa diferencia la absorberán o los usuarios o los municipios.
La Tarifa Social Federal cubre a más de 5.5 millones de personas en todo el país que tienen su tarjeta SUBE nominalizada. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran jubilados y pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación por Embarazo (AUH), estudiantes del programa Progresar, personal de casas particulares registrado, veteranos de la Guerra de Malvinas, monotributistas sociales inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social (REDLES), y quienes perciben Pensiones No Contributivas, Seguro por Desempleo y otros programas sociales.
Son, en su mayoría, los sectores con menor capacidad de absorber aumentos en el costo de vida. Por eso el impacto potencial de esta medida es especialmente sensible.
El cálculo es simple pero potente. Supongamos que el boleto en una ciudad del interior cuesta hoy $1.000 y el beneficiario de tarifa social paga $450 (el 45% restante luego del descuento estatal). Si en agosto el gobernador decide llevar el boleto a $1.300, el cambio en el esquema de subsidios dejará en evidencia el impacto sobre los usuarios. Con el sistema anterior, el Estado continuaba cubriendo el 55% del valor actualizado del pasaje, equivalente a $715, mientras que el pasajero abonaba $585. En cambio, con el nuevo mecanismo, la asistencia oficial se mantiene congelada sobre el valor de junio y alcanza los $550, aun cuando el boleto real asciende a $1.300. De ese modo, el usuario pasa a pagar $750 y el descuento efectivo se reduce del 55% al 42.3%.
El efecto dominó: quién paga la diferencia
La resolución abre un triángulo de presiones sobre municipios, provincias, usuarios y empresas del transporte. Si las jurisdicciones locales quieren sostener para los beneficiarios de tarifa social un valor de bolsillo similar al actual o, al menos, razonable, deberán cubrir con recursos propios la diferencia que antes aportaba Nación. Así lo advirtió el intendente de Santa Rosa, Luciano Di Nápoli, al señalar que, “a partir de ahora, cada vez que se actualicen las tarifas, la diferencia la van a pagar los vecinos o los municipios”. Sin embargo, varias provincias ya anticiparon que no están en condiciones de absorber ese costo. En Mendoza, el subsecretario de Transporte, Luis Borrego aclaró al medio LVDiez que el impacto “no sería inmediato”, pero dejó en claro que la provincia “no puede hacerse cargo del subsidio nacional.”
— El subsecretario de Transporte de Mendoza, Luis Borrego
La otra alternativa es que el ajuste recaiga sobre el resto de los usuarios. Si municipios y provincias no compensan la pérdida, el esquema se traslada al cuadro general de tarifas, con aumentos más altos de los previstos para quienes no acceden al beneficio social.
“Lo no abonado por el usuario de la tarifa social ni el Estado Nacional será abonado por el resto de los usuarios”, subrayó un empresario del interior bonaerense, debido a que para compensar, los próximos aumentos del boleto general tendrán que ser más altos de lo que hubieran sido.
La tercera consecuencia posible es una caída en la calidad del servicio. Si ni el sector público ni los usuarios logran cubrir la brecha, las empresas advierten que se resentirá el índice pasajero-kilómetro, o sea, la cantidad de pasajeros transportados por cada kilómetro recorrido. Cuando ese indicador cae, también se reduce la recaudación y las prestatarias tienden a ajustar frecuencias. Ese escenario ya se vio en abril de 2026, cuando la circulación de colectivos en el AMBA llegó a caer hasta 40% por el aumento del gasoil y el desfasaje en los subsidios, con largas filas y unidades colmadas.
Esta medida no aparece de manera inesperada, sino que forma parte de una estrategia que la administración de Milei viene desplegando desde el inicio de su gestión. En febrero de 2024 eliminó el Fondo Compensador del Interior, que hasta entonces transfería recursos a las empresas de transporte fuera del AMBA, por un monto mensual que en ese momento ascendía a $11.500 millones. Luego, en septiembre de ese mismo año, dispuso el traspaso de 31 líneas de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires a la jurisdicción porteña, con el consecuente retiro del subsidio nacional. Ya en 2025, la Justicia Federal habilitó a municipios y provincias a sumarse a una demanda colectiva para reclamar la restitución del Fondo Compensador. La decisión más reciente, adoptada en julio de 2026, fue el congelamiento del cálculo de la Tarifa Social Federal.
La lógica del gobierno es consistente. Reducir el gasto del Tesoro en subsidios al transporte y trasladar la responsabilidad a las jurisdicciones locales, bajo el argumento de que son ellas quienes deciden subir las tarifas y que el Estado nacional no puede financiar decisiones que no controla.
Lo más relevante de la Resolución 40/2026 es su diseño técnico. A diferencia de una quita de subsidio explícita (que generaría una reacción política inmediata), esta norma mantiene el número del 55% en el papel, pero cambia la base sobre la que se calcula. El efecto es el mismo —menos dinero real aportado por la Nación— pero el mecanismo es más gradual y menos visible políticamente.
Con inflación —aún moderada— y con aumentos tarifarios que siguen produciéndose, el valor real del subsidio congelado en pesos se irá erosionando mes a mes sin necesidad de ninguna decisión adicional. El Estado no tiene que anunciar nada, simplemente no actualiza la referencia y el subsidio se licúa solo. Es el mismo principio que convirtió al bono de $70.000 para jubilados en algo cada vez más insignificante sin haberlo eliminado formalmente.
En junio de 2026, el Ejército Argentino implementó la Orden Especial JEMGE Nro. 113/26 (Anexo 6), firmada por el teniente general Oscar Santiago Zarich y el general de brigada Roberto Martín Baroni. Este severo códigoregula la conducta digital en plataformas como Facebook, Instagram, X y WhatsApp, aplicando una fiscalización punible sobre las cuentas particulares de oficiales, suboficiales, soldados y, de manera muy controvertida, del personal civil de la institución.
La normativa prohíbe, taxativamente, la difusión de quejas, reclamos y/o manifestaciones públicas, obligando a tramitar toda inquietud por los conductos oficiales. El control digital avanza sobre las interacciones cotidianas al equiparar normativamente un simple “me gusta” (like) a publicaciones críticas o satíricas con una declaración formal de inconformidad, expandiendo la responsabilidad disciplinaria al comportamiento pasivo y prohibiendo el reenvío de información de la prensa civil.
Karina y Javier Milei junto a Carlos Presti, Ministro de Defensa.
Esta dureza busca ocultar el colapso material y operativo de la defensa nacional, donde gran parte del personal percibe salarios por debajo de la línea de la pobreza que obligaron a autorizar el pluriempleo. Al ahogo presupuestario se suman deficiencias en la obra social IOSFA y crisis extremas como el reciente corte de luz en instalaciones clave por deudas impagas superiores a los 60 millones de pesos, funcionando la directiva como una mordaza ante un personal sin derecho a huelga.
Anexo 6 de la Orden Especial JEMGE 113/26 publicada, gentileza de Real Politik.
La mordaza digital expone una contradicción brutal y un patrón sistémico de verticalismo en el poder, chocando de frente con las promesas de libertad y aceptación del disenso que pregona el presidente Milei. La realidad de la gestión contradice el relato oficial y se alinea con las confesiones explícitas de la primera línea oficialista: la senadora Florencia Arietto advirtió que en este proyecto “no hay lugar para librepensadores”, mientras que la hermanísima secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sentenció que las decisiones del Gobierno no se cuestionan, una postura que el propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de replicar y convalidar.
La interna en el Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de tensión en el Congreso. En su despacho, la vicepresidente Victoria Villarruel recibió al secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, en un extenso encuentro enfocado en el estado crítico de los trenes. La audiencia representa un gesto de marcada autonomía por parte de la titular de la Cámara Alta, fijando una clara diferenciación con la estrategia política que se digita desde la Casa Rosada bajo la conducción de Javier Milei.
La reunión se produjo luego de que el dirigente sindical advirtiera públicamente sobre el colapso del sistema y el peligro inminente de un choque de trenes. A pesar de los reparos ideológicos que el encuentro podía despertar, Sobrero obtuvo una respuesta inmediata por parte de la vicepresidente, quien accedió a escuchar las denuncias de los trabajadores ferroviarios en una audiencia que se extendió por casi dos horas.
Desde el entorno de Villarruel justificaron la actividad argumentando que la presidencia del Senado recibe a todos los actores del entramado logístico y productivo del país. Lejos de la confrontación discursiva habitual del Gobierno, los colaboradores de la vicepresidente lanzaron un duro dardo hacia la gestión central al señalar que es de una inmadurez política notoria ideologizar el tema de los trenes, sobre todo cuando se discuten inversiones para garantizar la seguridad y la eficiencia de la red.
Formación descarrilada recientemente en la línea Sarmiento.
La advertencia de masacre
Tras la audiencia, Sobrero calificó la reunión como muy buena y aseguró que la vicepresidente quedó muy preocupada por la situaciónlímite descrita en los informes técnicos. El dirigente sindical de la rama combativa ferroviaria fue tajante al señalar que el sistema está colapado y el Gobierno no hace nada, al tiempo que advirtió que la intención oficial es avanzar en el desfinanciamiento y vaciamiento de los talleres para forzar la privatización de las líneas.
La denuncia gremial apuntó directamente contra la inacción del Poder Ejecutivo trasla declaración de la emergencia ferroviaria dictada en mayo de 2024, luego del choque de formaciones en Palermo. Según Sobrero, dicha medida fue puro humo ya que no se transfirieron los 1.200 millones de pesos presupuestados por decreto para obras críticas de seguridad y mantenimiento, fondos indispensables para revertir el descalabro operativo y la pérdida de personal calificado
Los datos técnicos presentados ante el Senado exponen la gravedad del escenario: sólo en la línea Sarmiento se registraron 101 descarrilamientos durante el primer cuatrimestre del año. A esto se suman componentes obsoletos con más de 60 años de antigüedad y alarmantes informes de la Auditoría General de la Nación, que confirman que el presupuesto ejecutado para mantenimiento apenas cubrió el 29% de las necesidades del sector, obligando a reducir la velocidad de las formaciones por fallas de seguridad.
22 de febrero de 2012, cuando la tragedia de Once marcó la vida de cientos de personas.
El frente legislativo y la presión al Ejecutivo
La visita de Sobrero al Senado formó parte de una ronda de reuniones para comprometer a todo el arco político. Antes de ingresar al despacho de la vicepresidente, el dirigente ferroviario mantuvo un encuentro con el interbloque de senadores del PJ, encabezado por José Mayans, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge Capitanich. Los legisladores de la oposición coincidieron en el diagnóstico del abandono estatal y se comprometieron a impulsar un pedido de informes parlamentario sobre el destino de los fondos ferroviarios.
Con el objetivo de exponer la gravedad de la crisis ante todas las fuerzas, el cuerpo de delegados también extendió el pedido de audiencia a la jefa de la bancada libertaria en la Cámara Alta, Patricia Bullrich. Asimismo, el sindicalista confirmó que la presentación de los informes técnicos continuará durante las próximas semanas en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña, buscando forzar la intervención del Congreso para liberar los recursos asignados a la seguridad vial.
Rubén “Pollo” Sobrero, Eduardo “Wado” de Pedro, José Mayans y Jorge “Coqui” Capitanich.
Frente a la presión ejercida por las denuncias gremiales y la repercusión del encuentro institucional en el Senado, la empresa estatal notificó la interrupción programada del servicio del Tren Sarmiento durante cuatro días de julio para la realización de nueve obras de infraestructura urgentes. Aunque desde el sindicato calificaron la medida como un avance auspicioso, advirtieron que es sólo el inicio de las tareas necesarias para garantizar la seguridad de los miles de usuarios que viajan a diario.
El Ministerio de Economía analiza utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS para financiar créditos hipotecarios. La gestión mileísta busca usar los ahorros previsionales como colchón de liquidez y respaldo para los bancos privados.
Los alarmantes informes técnicos presentados por el gremio ante el Congreso exponen un sistema al límite por la falta de inversión en mantenimiento y seguridad vial. El crítico escenario motivó el reciente y extenso encuentro entre la vicepresidente y el dirigente sindical.
Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.
Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente… https://t.co/i3mmohafvc
