El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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Flybondi le puso número a su crisis. La aerolínea low cost declaró ante la Justicia deudas por $609.589 millones frente a activos por $176.103 millones, una diferencia de $433.485 millones. La cifra surgió del estado patrimonial especial, con fecha de corte al 28 de septiembre de 2026, que acompañó el pedido de concurso preventivo de acreedores presentado el pasado viernes 2, después de casi dos meses sin volar.
El lunes 5 de este mes, el Poder Judicial de la Nación asignó el expediente de FB Líneas Aéreas S.A., razón social de la compañía, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, Secretaría N° 47, a cargo de Santiago Medina. El trámite lo realizó el estudio Grispo. La presentación no implica por sí misma la apertura del proceso: esa decisión judicial es el paso previo a la verificación de créditos y a la negociación con los acreedores.
Con el concurso, la empresa busca congelar la deuda a la fecha de inicio y abrir una renegociación con quita para evitar la quiebra. Todavía no se otorgó la conexidad con el concurso de OCA, la otra empresa de COC Global, el grupo de Leonardo Scatturice —CEO del holding, exchofer de la SIDE y cercano a Santiago Caputo—, que tramita en el Juzgado Comercial N° 22, Secretaría N° 23.
En su escrito, la compañía admitió que el problema ya no era de vencimientos aislados. “La generación ordinaria de fondos había dejado de resultar suficiente para atender regularmente el conjunto de las obligaciones exigibles”, sostuvo. Ubicó en marzo de 2026 el inicio de su cesación de pagos.
Los balances de 2025 ya anticipaban el deterioro. Al cierre de ese ejercicio, Flybondi registró activos por $293.426 millones, pasivos por $446.729 millones y un patrimonio neto negativo de $153.303 millones. El resultado contable fue positivo en $1.028 millones, pero las actividades operativas consumieron $102.593 millones de efectivo. Para sostenerse, la empresa recibió $75.899 millones en aportes de capital y $25.216 millones en nuevos préstamos. La auditoría advirtió sobre una fuerte incertidumbre respecto de su capacidad para continuar en operación.
El frente laboral ocupa una porción visible del pasivo: $21.528 millones en sueldos a pagar y $27.833 millones en aportes y contribuciones pendientes. La nómina presentada identifica a 826 trabajadores, 681 bajo convenio ATAF y 145 fuera de convenio. La semana pasada, un grupo de extrabajadores reclamó frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación por retiros voluntarios e indemnizaciones impagas que afectan a unas 1000 familias.
Entre los reclamos e intimaciones de pago que la aerolínea detalló figuran:
YPF: deuda vencida de $15.900 millones al 18 de junio de 2026, por abastecimiento de combustible.
New Air Fly Service: $344,4 millones por servicios aeroportuarios en El Calafate.
Transportadora de Caudales Juncadella: $129,9 millones por facturas emitidas entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.
La Nueva Metropol: $118,8 millones por transporte de pasajeros y operación de rampa.
Swissport Argentina: $112,2 millones por facturas vencidas de servicios aeroportuarios.
Bullmetrix: $74,4 millones.
Policía de Seguridad Aeroportuaria: $32,4 millones, bajo advertencia de suspender la cuenta corriente y resolver un convenio de permisos del personal aeroportuario.
Escala 24×7: US164.424,deloscualesUS124.368 estaban vencidos; el proveedor suspendió el acceso a servicios de infraestructura tecnológica alojados en AWS.
Los importes corresponden a reclamos específicos y no necesariamente a la totalidad de lo adeudado a cada proveedor. La nómina general incluye, además, obligaciones por arrendamiento de aeronaves, mantenimiento y servicios internacionales, algunas por varios millones de dólares. “La interrupción de una prestación crítica puede afectar prestaciones restantes y producir consecuencias que exceden ampliamente el importe del crédito individual involucrado”, señaló la empresa.
A ese cuadro se suman los embargos que ARCA y la ANAC trabaron entre agosto y septiembre por deudas superiores a $1500 millones en cada caso, y el Hotel Presidente, que reclama unos $660 millones y pidió la quiebra. Según el sitio Failbondi, la aerolínea canceló en 2026 alrededor de 2400 vuelos, afectó a unos 383.000 pasajeros y no habría hecho reembolsos desde enero: con un ingreso mínimo de US$50 por pasajero y por tramo, el monto superaría los US$19 millones.
El expediente también explica el origen del rojo. En 2025, Flybondi transportó 3.656.887 pasajeros contra 4.020.942 del año anterior, una baja de 9,1% en un mercado que creció 13,2%; sus ingresos netos por pasajes cayeron cerca de 14,5%. La flota operativa pasó de un promedio de 11,33 aviones en julio de 2025 a 2,67 un año después, y los vuelos se redujeron de 2.836 en enero de 2026 a 134 en julio, un 95,3% menos. Mientras tanto, el mantenimiento costó entre US$1,66 millones y US$2,59 millones por mes durante el primer semestre.
Hoy la compañía conserva tres aeronaves, que permanecen en el país sin operar. Aun así, pidió continuar: “La severa crisis descripta no ha determinado, a la fecha de esta presentación, la desaparición de la organización empresaria ni el cese definitivo de la explotación”. Si la Justicia abre el concurso, Flybondi deberá reestructurar obligaciones por casi $610.000 millones y, al mismo tiempo, conseguir recursos para volver a volar.
El hecho ocurrió durante los festejos por el 115º aniversario de La Colina, una localidad perteneciente al partido bonaerense de General La Madrid. La celebración comunitaria estuvo organizada conjuntamente por instituciones de la zona y el municipio. Para agasajar a los vecinos, se prepararon mil chorizos a la pomarola en un enorme paellero instalado sobre la plaza José Hernández.
Pero detrás de los preparativos se registró una postal gravísima que dejó al descubierto una falta total de controles bromatológicos. Las imágenes capturadas en el lugar muestran con claridad el momento en que se utilizaba un balde plástico, rotulado con las letras visibles de un potente herbicida a base de glifosato, para volcar los ingredientes directamente sobre el paellero destinado a todo el público.
Uno de los videos que sirvieron como evidencia.
Ausencia de controles
Desde la comuna de la 6ª sección electoral, conducida por el intendente radical Martín Randazzo, reconocieron la veracidad de las imágenes y los hechos.El Ejecutivo municipal asumió la responsabilidad absoluta por la falta de supervisión y control en la organización del evento gastronómico.
Pese al reconocimiento oficial, la justificación de los organizadores encendió aún más la polémica entre los vecinos. Intentaron minimizar el peligro al argumentar que el recipiente había sido sometido a un triple lavado y que se recurrió a él por una supuesta falta de otros envases disponibles para acarrear agua y verduras.
El comunicado oficial del municipio.
Peligro sanitario y respuesta opositora
La utilización de un recipiente que contuvo agrotóxicos desató una profunda preocupación debido a las normativas vigentes que prohíben terminantemente reutilizar estos envases para fines domésticos o alimentarios. La Ley Nacional 27.279 y las reglamentaciones provinciales establecen que los recipientes de fitosanitarios no pueden volver a usarse bajo ninguna circunstancia, ya que los plásticos de alta densidad absorben las moléculas de los químicos y ningún lavado casero garantiza la eliminación de la toxicidad residual.
Ante esta situación, el bloque de concejales opositores presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir respuestas urgentes al Departamento Ejecutivo. Los ediles advirtieron que la salud pública exige absoluta transparencia y adelantaron que evaluarán el inicio de acciones legales de tipo penal para determinar si existió un riesgo sanitario real contra los asistentes y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
La familia de la senadora nacional Nadia Márquez, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Neuquén, está a semanas de estrenar un templo evangélico con capacidad para 4.000 personas. Su padre, el pastor Hugo Márquez, confirmó que la iglesia que conduce, Jesús es Rey, se mudará en noviembre al enorme edificio que levantó frente a la terminal de ómnibus de la capital provincial.
— El nuevo auditorio de la Iglesia Jesús es Rey para 4 mil personas
El anuncio llegó por redes sociales y con tono de cuenta regresiva. “Hoy es el primer día del último mes”, escribió el pastor, en referencia a las últimas semanas de la congregación en su templo histórico, ubicado en pleno centro de la ciudad. Desde noviembre los fieles se reunirán en el nuevo auditorio, donde por estos días se ultiman los detalles.
Hay un corrimiento respecto de lo que la propia familia había prometido. En junio, tanto Hugo como Nadia Márquez adelantaron que la apertura sería en octubre, y la fecha terminó estirándose un mes.
Márquez admitió estar “lleno de sentimientos encontrados”. El domingo próximo encabezará en la vieja sede la última Santa Cena, la celebración de la comunión en las iglesias evangélicas, y el mes que viene oficiará la primera en el edificio nuevo. “Siempre esperé que llegue este tiempo, pero ahora que está acá, quisiera que se vaya muy lentamente”, escribió, antes de hablar de la gratitud y la añoranza que le deja el lugar que abandonan.
— El domingo que viene será la última Santa Cena en la iglesia Jesús es Rey de la calle Roca del centro de Neuquén
Detrás de la mudanza hay una obra de largo aliento. La iglesia compró el terreno hace 15 años y, según el pastor, ese tiempo fue de “esfuerzo constante, pero no de ansiedad ni cansancio”, con la congregación metida en cada detalle de la construcción. Meses atrás, Márquez había atribuido el origen del proyecto a un mandato divino anterior al auge petrolero de la provincia: “Antes de que se hablara de Vaca Muerta y se viera el desarrollo explosivo de Neuquén, Él nos habló e impulsó a través de su Palabra para levantar este Templo”.
Con su techo curvo, la estructura domina el paisaje de la zona de la terminal. Fue proyectada en dos etapas: la primera habilitará 2.500 lugares y la segunda sumará otros 1.500. Esos números la ubican entre los auditorios religiosos más grandes de la Patagonia.
El apellido pesa también fuera del púlpito. Hugo Márquez es vicepresidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), una de las entidades evangélicas de mayor gravitación del país, mientras su hija lidera el armado libertario en la provincia. Ese doble rol ya le trajo problemas a la familia. En febrero de 2024, el Ministerio de Capital Humano firmó con ACIERA un convenio con un primer desembolso de 177 millones de pesos para comprar alimentos destinados a 723 comedores, y el gremio estatal ATE marchó hasta la iglesia de los Márquez para denunciar que la plata había ido a parar a manos del pastor.
Márquez rechazó la acusación. Aseguró que su iglesia no tiene comedores, que quedó fuera del programa y que no recibiría un centavo. Sobre el templo, sostiene que se levantó con donaciones de materiales, trabajo voluntario y el aporte de cientos de familias. Jesús es Rey cultivó el perfil bajo durante dos décadas y en noviembre pasará a ocupar uno de los edificios más visibles de Neuquén.
Una empresa vinculada a un exfuncionario de Daniel Scioli acaba de quedarse con un contrato por $690 millones para mantener los espacios verdes de Casa Rosada y la Quinta de Olivos, en una contratación impulsada por la Secretaría General de Presidencia que conduce Karina Milei.
La revelación fue realizada este viernes por el medio Diagonales y volvió a poner bajo la lupa la presencia de empresarios y exfuncionarios ligados al sciolismo en negocios millonarios del actual Gobierno.
El caso tiene como protagonista a Gustavo Vides, presidente de Grub SA, la empresa adjudicataria del servicio de jardinería, y ex director de Compras y Recaudación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible durante la gestión de Daniel Scioli al frente de la provincia de Buenos Aires.
Como si lo antedicho fuese poco, Vides hoy ocupa un cargo en Trenes Argentinos bajo el Gobierno del presidente Javier Milei mientras el ex gobernador bonaerense ejerce como secretario de Deporte, Ambiente y Turismo.
Es solo uno de los tantos casos que muestran que todos los caminos conducen a Scioli ya que, tal como había revelado Tribuna de Periodistas hace dos semanas, ITS International Travel Services SA, la sociedad detrás de Pezzati Viajes, obtuvo una contratación de más de $70 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial mediante una licitación privada que terminó con un único oferente.
En ese caso, el vínculo con el exgobernador bonaerense aparece a través de la familia Pezzati. Nolberto Pezzati, vicepresidente y socio fundador de ITS, es hermano de Eduardo Pezzati, dirigente de Acción Marplatense que en 2007 fue designado por Scioli al frente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, organismo que condujo hasta su fallecimiento en 2012.
A ese antecedente se suma ahora otro dato que también fue revelado por Tribuna de Periodistas relacionado con la empresa Provedent SRL, creada por Gustavo Ferrari, quien fue Asesor General de Gobierno durante la gestión bonaerense de Scioli, quien volvió a recibir un contrato del Estado nacional.
La nueva adjudicación alcanzó los $671,8 millones y elevó a casi $1.800 millones el monto acumulado por la firma en tres grandes contrataciones realizadas durante la gestión de Milei de la mano de Manuel Adorni, Adrián Ravier y Karina Milei.
Pero la cuestión no quedó allí, ya que el según los documentos a los que accedió Tribuna de Periodistas, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) adjudicó a ITS International Travel Services SA un nuevo contrato por $305.536.000 para brindar el servicio integral de traslados aéreos, terrestres y alojamiento en tránsito durante el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
Es decir que ITS volvió a recibir un contrato millonario a pesar de acreditar conexiones con un secretario del Gobierno de Milei, al igual que viene pasando con Ferrari y con Vides. En todo caso, todos los caminos conducen a Scioli.
*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)
El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.
La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.
Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.
El diagnóstico oficial
El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:
“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.
Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.
— Diapositiva expuesta por Fundar.
Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:
“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.
— Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.
Radiografía política y monetaria de la crisis
El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:
“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.
— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.
En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:
“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.
— Federico Vaccarezza (IPA).
Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:
“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.
— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.
La voracidad fiscal y el impacto en las regiones
La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:
“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.
— Dip. Pablo Farías(expuso mediante Zoom).
En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:
“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.
— Dip. Sabrina Selva.
Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:
“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.
— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).
A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.
El grito de la industria, el comercio y el trabajo
Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:
“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.
— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).
En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:
“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.
— Diego Ojeda (ENAC).
Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:
“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de lacanasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.
El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.
— Silvia Martínez (CINA).
Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:
“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.
— Dip. Eduardo Valdés.
Reforma tributaria y continuidad institucional
Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:
“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.
— El periodista Mariano Obarrio.
El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.
— Dip. Marcela Pagano.
Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
La low cost presentó ante la Justicia el detalle de su pasivo y la lista de proveedores que le reclaman pagos. El expediente quedó radicado en el Juzgado Comercial N° 24, que todavía debe resolver si abre el proceso.
La Justicia federal investiga si Emiliano Estrada aprovechó los servicios de dos empleados públicos para difundir contenidos contra sus adversarios políticos. Los asesores reconocieron su participación en las maniobras y fueron condenados en Salta.
Gilad Somjen firmó los contratos de patrocinio y la entidad de Chiqui Tapia ordenó que los pagos se giraran a sociedades de Estados Unidos ligadas a Javier Faroni y a una firma de Dubái creada dos meses antes de cobrar.
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