El senador Rabinovich sentenció: “Buscan fundir Mar del Plata” con la edición de Previaje
El legislador provincial salió a cruzar al Gobierno nacional por el despilfarro de fondos públicos.
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El senador provincial de Juntos por la Quinta Sección, Alejandro “El Ruso” Rabinovich, se refirió a la nueva edición del Previaje lanzada por el Gobierno nacional y sostuvo que “en una nueva discriminación a Mar del Plata, buscan fundir a la ciudad”.
Los ministros de Economía y Turismo y Deportes, Sergio Massa y Matías Lammens, se reunieron con las cámaras hoteleras para fijar tarifas máximas para los establecimientos que participen del programa. Esa será una importante diferencia del Previaje 3 respecto de sus 2 ediciones anteriores (2020 y 2021), cuando no hubo políticas de precios máximos ni de referencia para los participantes.
¡Mar del Plata no se calla! Ahora sí, estamos en el Previaje 3 pic.twitter.com/Pr7KQ6Z3LB
En Mar del Plata, las tarifas máximas por habitación doble serán de 4918 pesos en hoteles de 1 y 2 estrellas, 7999 en 3 estrellas; 12.738 en 4 y 25.101 en 5. “Ya estamos acostumbrados a la discriminación, con muchas acciones que lleva a cabo los Gobiernos provincial y nacional. En este caso, quieren poner un pie arriba de Mar del Plata buscando que aumente la desocupación y que la ciudad no siga creciendo”, agregó Rabinovich.
Además, Rabinovich consideró que “los precios de referencia determinados de forma inconsulta con los sectores, perjudican a los laburantes de Mar del Plata. No es razonable que a la ciudad le pongan esos precios de referencia“.
El senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich, salió al cruce contra el Gobierno nacional
El legislador bonaerense insistió: “No hay una lógica comercial. Lo que buscan es fundir a Mar del Plata” y agregó que “ellos creen que están perjudicando a un Gobierno, a Guillermo Montenegro, y en realidad con estas medidas están dinamitando la ciudad”.
“En un contexto inflacionario que ellos mismos provocaron y no saben cómo solucionar, siguen perjudicando al laburante marplatense”, concluyó el senador por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Rabinovich.
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Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
El hallazgo de una avioneta abandonada en el monte salteño, en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, a pocos kilómetros del límite con Formosa, encendió las alarmas por su presunta vinculación con el narcotráfico. La aeronave fue encontrada sin ocupantes y con indicios de haber sido acondicionada para transportar estupefacientes.
“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera” expresó el gobernador salteño Gustavo Sáenz.
Fue hallada abandonada en el monte salteño, cerca del límite con la provincia de Formosa. El juez federal N°1 de Formosa, Pablo Morán, aclaró que la investigación quedó en manos de la Justicia de Salta, aunque su distrito sigue de cerca el caso debido a que las bandas criminales operan en toda esa franja de frontera porosa. La hipótesis principal apunta al uso de pequeñas aeronaves para ingresar cocaína desde Bolivia, aprovechando la gran extensión rural y las falencias en el control del espacio aéreo.
Lo más revelador del hecho es que la carga ya no estaba. La logística terrestre retiró los paquetes de cocaína antes de que llegara la policía, lo que demuestra una operación coordinada y bien planificada. Esta mecánica —aterrizar, descargar en minutos y dispersarse— es una marca registrada de los narcovuelos modernos, ya que en zonas rurales, sin cobertura radar y con pistas clandestinas, toda la operación puede durar menos de diez minutos.
La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la causa, confirmó que se iniciaron actuaciones para esclarecer lo sucedido, con la participación de las áreas de Drogas Peligrosas e Investigaciones Complejas contra la Narcocriminalidad.
El uso de avionetas pequeñas (generalmente Cessna) para transportar cocaína desde Bolivia o Paraguay hacia el interior de Argentina, tiene como objetivo evitar la detección de los radares a muy baja altura. El juez Morán afirmó que vuelan “a ras del suelo o del follaje”. Técnicamente, eso significa volar entre 150 y 300 metros de altitud, lo suficientemente bajo para quedar en el “punto ciego” de los radares, que apuntan en ángulo hacia arriba y no detectan bien los objetos muy pegados al terreno.
Las organizaciones narco suelen operar con dos modalidades principales. En una de ellas, la avioneta aterriza en una pista clandestina o en un campo previamente acordado, descarga la droga y vuelve a despegar, mientras la logística terrestre se encarga del traslado del cargamento. La otra, conocida como “bombardeo” o “lluvia blanca”, evita el aterrizaje y consiste en arrojar los bultos de cocaína desde el aire, ya sea con paracaídas o directamente sobre una zona señalada desde tierra, una maniobra que dificulta su detección.
De acuerdo con testimonios de transeúntes, dos personas armadas habrían salido de la aeronave poco después del impacto. El diputado provincial Gustavo Orozcoaseguró que “no tiene dudas de que transportaba droga” y remarcó que “nadie abandona una aeronave de esas características si no es para ocultar algo”.
Según investigaciones judiciales y periodísticas del NOA, la mayoría de estas aeronaves son avionetas con más de 30 años de uso, importadas desde Florida (Estados Unidos) hacia Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde son recicladas, se les cambia o falsifica la matrícula, y se las acondiciona para cargar hasta 400 o 500 kilos de droga. El juez Morán señaló que también son robadas en Brasil, Bolivia o Paraguay, y se les colocan matrículas falsas. En un caso similar en Salta, se habría encontrado una Cessna 210 con matrícula boliviana intencionalmente rayada.
“Quedan solo el piloto y los instrumentos”, explicó Morán, aclarando cómo son vaciadas al máximo para maximizar la carga.
Las modificaciones más frecuentes incluyen la eliminación de asientos para liberar espacio y reducir peso, la instalación de tanques de combustible adicionales para ampliar la autonomía de vuelo sin escalas, el refuerzo de la estructura para soportar la carga extra de droga y la supresión de sistemas no esenciales con el mismo objetivo de aligerar la aeronave.
Si se considera que el juez Morán mencionó cargamentos que pueden superar los 4 millones de dólares, se entiende la escala del negocio. La cocaína producida en zonas como el Chapare boliviano puede multiplicar su valor por diez al llegar a Europa.
Quizás la parte más sofisticada del esquema no es el vuelo en sí, sino lo que pasa después. Una vez que la avioneta aterriza o “bombardea” el campo, hay equipos en tierra esperando con vehículos 4×4.Estos “receptores” conocen el lugar exacto gracias a GPS o teléfonos satelitales (nunca celulares comunes, que pueden rastrearse).
Los campos elegidos tienen características muy específicas, siendo de difícil acceso por rutas secundarias, sin cobertura de red celular, sin viviendas cercanas, y controlados por un “puestero” —una persona pagada para cuidar el lugar—. En un caso reciente similar en Rosario de la Frontera, se enterraron 228 kilos en un campo a 70 kilómetros del lugar del aterrizaje.
El espacio aéreo argentino
El corredor aéreo del narcotráfico atraviesa todo el Norte Grande. Los pilotos entran desde Bolivia hacia el oeste salteño o formoseño, y luego vuelan hacia el sur por zonas llanas que ofrecen menos obstáculos y menor presencia estatal. El juez Morán argumentó que “estas bandas operan en Formosa”, y el hallazgo en Salta es una señal de actividad en toda la región fronteriza.
“¿Cuántos vuelos logran pasar sin ser detectados?”, preguntó Morán puntualmente.
Argentina tiene el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) creado en 2004, que ha incorporado radares primarios y secundarios. En 2024 se inauguró un nuevo radar 3D en Tostado, Santa Fe, con alcance de 440 kilómetros.
En la Argentina no existe una “Ley de Derribo”, por lo que aun cuando se detecta un vuelo ilegal, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a forzar el aterrizaje ni a derribar la aeronave, lo que reduce de manera significativa las alternativas de respuesta.
La zona oeste de Formosa y este de Salta es especialmente vulnerable por ser territorio bajo, sin serranías que compliquen el vuelo rasante, y con acceso terrestre limitado que favorece la logística de las bandas. El mismo esquema se ha detectado en Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y hasta en la provincia de Buenos Aires, donde la cocaína llega para ser embarcada hacia Europa a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, operación que según investigaciones judiciales gestiona el Primer Comando Capital (PCC) brasileño.
Existen estimaciones de que hay entre 270 y 1.500 pistas clandestinas en el norte del país, principalmente en Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes. La demolición de una no impide que se abra otra a pocos kilómetros.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
Bajo la administración de Javier Milei, el Ministerio de Defensa ha trazado una línea de prioridades que hoy arroja un saldo de muerte puertas adentro de los cuarteles. Mientras la gestión actual, encabezada por Carlos Presti, sostiene la millonaria inversión para la adquisición de los cazas F-16 —un proceso iniciado por su antecesor, Luis Petri—, la realidad del personal subalterno es de una indigencia planificada.
La “soberanía” que el Gobierno promociona en redes sociales choca de frente con la miseria salarial y el vaciamiento de la obra social militar, una decadencia que se aceleró durante la etapa de Petri y que hoy Presti administra entre el silencio y la desidia. Para el poder político, en este escenario, el capital humano de las Fuerzas Armadas y de Seguridad ha pasado a ser material de descarte.
Como venimos informando en Data 24 desde hace varios años, la crisis del sistema de salud militar no es una novedad, sino una agonía denunciada de forma sistemática. El reciente portazo de Sergio Maldonado, quien renunció a la presidencia de la flamante OSFA tras apenas un mes en el cargo, terminó de exponer la inviabilidad de una estructura asfixiada por deudas y pujas internas. Su salida, precipitada tras el impacto del caso del suboficial Velázquez, confirma que el cambio de nombre de IOSFA a OSFA no fue más que un maquillaje administrativo que no logró frenar el vaciamiento iniciado bajo Luis Petri. Esta renuncia no hace más que ratificar las advertencias que este portal viene realizando sobre un “limbo sanitario” que hoy deja a miles de familias sin el derecho básico a la atención médica.
Unos sonrientes Javier Milei —a bordo de un F16—, Luis Petri y Karina Milei.
La ola de suicidios que el poder silencia
La crisis de salud mental en las Fuerzas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un sistema que empuja a sus hombres al límite. En los últimos seis meses, una serie de suicidios ha sacudido la estructura de mandos, exponiendo la falta total de contención y la asfixia económica que sufren los cuadros.
El 10 de mayo de 2026, Alejandro David Diarte, de 28 años y perteneciente a la Gendarmería Nacional, fue hallado sin vida tras días de búsqueda en General Acha, La Pampa. Su muerte es el reflejo del aislamiento y la precariedad económica extrema que enfrentan los efectivos destinados en zonas remotas, donde el sueldo no alcanza para sostener el desarraigo.
El descargo de Cinthia Diarte, hermana de Alejandro David Diarte, Gendarmería Nacional.
El 7 de mayo de 2026, Gustavo Daniel Aquino, de 28 años, integrante del Escuadrón 54 de la Gendarmería Nacional, fue encontrado muerto en su domicilio en Tartagal. Oriundo de Formosa, se quitó la vida en un contexto de soledad y desesperación, tras verse imposibilitado de afrontar los costos básicos de vida lejos de su familia.
Gustavo Daniel Aquino, Gendarmería Nacional Argentina.
En enero de 2026, se registró la muerte de Diego Matías Kalilec, un joven de 21 años perteneciente a la Gendarmería Nacional en Santiago del Estero. Kalilec tomó la decisión fatal agobiado por una situación de vulnerabilidad financiera total, donde el haber mensual resultaba insuficiente para cubrir el alquiler de una vivienda digna y los gastos de subsistencia mínimos.
Diego Matías Kalilec, Gendarmería Nacional Argentina.
El 17 de diciembre de 2025, el atleta y suboficial principal Juan Javier Pereyra, de 48 años y con casi tres décadas de servicio en el Ejército Argentino, fue hallado muerto en el Casino de Suboficiales de Monte Caseros. Pereyra se suicidó acosado por un cuadro de estrés crónico derivado de deudas acumuladas y la imposibilidad de cumplir con sus compromisos financieros bajo la actual escala salarial de la fuerza.
Juan Javier Pereyra, Ejército Argentino.
Finalmente, el 16 de diciembre de 2025, el soldado voluntario Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, miembro del Ejército Argentino, designado en la custodia de la Quinta de Olivos, se quitó la vida en su puesto de guardia. Si bien fue víctima de una red de extorsión carcelaria, su carta de despedida dejó en claro que la falta de recursos para sostener a su familia lo llevó a un estado de desesperación psicológica irreversible.
Rodrigo Andrés Gómez, Ejército Argentino.
El abandono médico y el vaciamiento de la salud militar
El colapso de la obra social no es sólo una crisis de números y déficits acumulados durante las gestiones de Luis Petri y el actual ministro Carlos Presti; es una sentencia de muerte para quienes dependen del sistema de salud estatal. Bajo la gestión de Javier Milei, el derecho a la vida de los uniformados ha quedado supeditado a una administración que prioriza el equilibrio fiscal sobre la provisión de insumos básicos y tratamientos oncológicos para las Fuerzas.
https://www.youtube.com/watch?v=8qtpwb8R3zQ
Informe de El Presto sobre este tema.
El 1 de mayo de 2026, el suboficial mayor retirado del Ejército Argentino, Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, se quitó la vida en San Juan. Este caso no se encuentra en el apartado anterior ya que la decisión de este jubilado fue el acto final de desesperación ante la interrupción de su tratamiento oncológico; la obra social, en pleno proceso de transición bajo el Decreto 88/2026, cortó las prestaciones por falta de pago a los proveedores, dejando a un veterano de la fuerza sin los medicamentos paliativos que necesitaba para sobrevivir.
Carlos Héctor Velázquez, Ejército Argentino.
El 23 de abril de 2026, falleció el sargento primero de la Gendarmería Nacional, Darío Molina, de 40 años, tras contraer hantavirusen el norte del país. Su muerte expone la negligencia criminal de una conducción que no proveyó los equipos de protección personal mínimos para zonas de riesgo y que, ante la emergencia, se encontró con una red sanitaria militar desmantelada y sin capacidad de respuesta inmediata.
Darío Molina, Gendarmería Nacional.
El 9 de marzo de 2026, el cabo de la Gendarmería Nacional, Mauro Agustín Ponte, de 26 años, murió en un hospital de Orán, Salta, también víctima de hantavirus. Su familia denunció un abandono de persona liso y llano por parte de la fuerza y del Ministerio: Ponte no recibió el suero necesario a tiempo y, según testimonios, el Estado no cubrió la medicación básica de urgencia, obligando a sus allegados a intentar costear de forma particular lo que la obra social ya no garantiza.
Mauro Agustín Ponte, Gendarmería Nacional.
El agujero negro de la caja y el peligro de saber demasiado
Detrás de cada certificado de defunción hay una firma administrativa. La degradación del sistema de salud militar encuentra su justificación técnica en un déficit que ya supera los $300.000 millones. Bajo el Decreto 88/2026, el Gobierno Nacional selló la disolución del IOSFA para dar paso a una transición hacia las nuevas entidades (OSFA y OSFFESEG), pero este limbo legal de 365 días se ha convertido en una trampa mortal: el Estado ha utilizado este periodo para interrumpir pagos a prestadores y farmacias, dejando a miles de afiliados en un vacío prestacional absoluto mientras se decide el destino de los fondos.
En este clima de opacidad y descalabro institucional, se destaca el caso de Matías Esequiel Carballo, de 42 años y Primer Alférez de la Gendarmería Nacional, graduado de la Licenciatura en Tecnologías Digitales, quien falleció el 15 de abril de 2026. A diferencia de los casos anteriores, la muerte de Carballo permanece bajo una densa nebulosa investigativa; como perito especializado en delitos complejos y rastreo de activos en causas de alto impacto, como la de “Adhemar Capital”, su deceso en medio del colapso de las Fuerzas genera sospechas sobre presiones institucionales inconfesables. Su partida no sólo representa una pérdida humana, sino el silenciamiento de un técnico clave en un momento donde la transparencia de las cajas oficiales es más cuestionada que nunca.
Matías Esequiel Carballo, Gendarmería Nacional.
La deuda moral de una soberanía de cartón
La situación descripta no es una fatalidad del destino, sino la consecuencia directa de una hoja de ruta política que ha decididoqué vidas valen y cuáles son prescindibles. Mientras Javier Milei y el ministro Carlos Presti exhibenuna gestión enfocada en el reequipamiento de alto perfil, el capital humano que debe operar ese despliegue se desmorona en la indigencia salarial y el desamparo sanitario. La transición forzada por el Decreto 88/2026 ha demostrado que el ajuste fiscal en las Fuerzas Armadas y de Seguridad se está pagando con certificados de defunción.
La asfixia presupuestaria ha llegado al extremo de poner en venta el patrimonio histórico de la familia militar.Como se denunció en Data 24, el Ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsa un plan para rematar 44 inmuebles que pertenecían al IOSFA y a las propias Fuerzas, con el objetivo de cubrir parte de la deuda millonaria que hoy paraliza el sistema de salud. La lista de propiedades en revisión incluye activos estratégicos como la sede central del instituto, la Policlínica General Omar Actis y hoteles emblemáticos en Mar del Plata, La Falda y Villa General Belgrano. Esta medida, que implica la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), es vista dentro de los cuarteles como un doble agravio: tras el desmantelamiento de la cobertura médica, ahora el Gobierno avanza sobre los bienes construidos con el aporte de generaciones de uniformados, liquidando activos para financiar una crisis que la propia administración no ha sabido resolver.
El Presidente Javier Milei junto al por entonces Ministro de Defensa, Luis Petri.
El Estado argentino, que exige a sus uniformados un juramento de entrega hasta perder la vida, hoy les devuelve la espalda cuando esa vida depende de una quimioterapia o de un gabinete de asistencia psicológica. La decadencia del IOSFA, iniciada bajo la gestión de Luis Petri y profundizada en la actualidad, es el testimonio de un sistema que ha quebrado su contrato más básico con quienes portan el arma de la Nación.
Sin una corrección urgente en las prioridades de gasto y una auditoría real sobre el destino de los fondos de salud, la lista de víctimas seguirá creciendo bajo el silencio cómplice de las oficinas de Defensa. La pregunta que queda flotando en los cuarteles es tan simple como devastadora: ¿quién estará dispuesto a dar la vida por un país que, cuando llega la enfermedad o la angustia, los trata como material de descarte?
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
El diputado nacional Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, lanzó duras críticas contra el oficialismo libertario. Acusó a La Libertad Avanza dehaber roto un acuerdo político en torno a la presidencia de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un órgano parlamentario clave porque tiene a su cargo el control del accionar y de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“A mí me lo ofrecieron”, aseguró en una entrevista en TN. “Pero cambiaron de opinión”, ironizó sobre la decisión final del Gobierno, que terminó por imponer al diputado y armador bonaerense Sebastián Pareja, alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Ritondo precisó que el ofrecimiento databa de varios meses atrás. “El 10 de diciembre yo había pedido estar en la Comisión Bicameral como parte del PRO”. Aclaró que ese pedido inicial no apuntaba a la presidencia sino a un asiento en el cuerpo. “No es que lo pedimos: me lo ofrecieron. Que es peor”, remarcó.
“Les dije que sentía que me habían mentido. No sólo en la política, en la vida cuando uno le miente a otro pierde la confianza”, agregó, y respondió que “sin duda” los libertarios rompieron un acuerdo: “Como cualquier relación, cuando se miente, cuando no se cumple con lo que uno dice u ofrece, falla en la palabra. Y cuando falla en la palabra, falta en la confianza. En general el más afectado es el que miente”, lamentó el legislador.
Ritondo dejó entrever, además, que la pelea por la conducción podría haber tenido otro desenlace. Sostuvo que tenía votos suficientes de la oposición y del Senado para imponerse, pero descartó esa vía con un argumento de principios: “Yo no voy a robar una presidencia, el PRO no va a robar una presidencia”. La interna libertaria que rodea la designación, en cambio, no le quitó el sueño. “Es un problema de ellos”, zanjó.
La controversia se inscribe en la disputa de poder que mantienen Karina Milei y el asesor Santiago Caputo (quien tiene buena relación con Ritondo) y había impulsado su nombre para conducir la bicameral. Fue la propia hermana del Presidente quien rompió el acuerdo e impuso a Pareja como una manera de controlar la SIDE (organismo que maneja Caputo a través del contador Cristian Auguadra).
Con este panorama, Pareja, una persona de extrema confianza de la Hermanísima pasó a tener en sus manos la lupa sobre las acciones y los gastos reservados de la central de inteligencia.
La promesa incumplida había sido formulada, según la reconstrucción de los hechos, por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien habría asegurado que la silla principal de la bicameral sería para Ritondo. Esa palabra fue presenciada por dirigentes como Diego Santilli y (el hoy díscolo) Oscar Zago. Menem mantiene un lazo estrecho con Karina, al igual que su primo “Lule” Menem. Ambos son artífices políticos de la secretaria general.
Cayeron 27 personas, se secuestraron envoltorios de cocaína, marihuana y pasta base, armas de fuego, 14 motos y cinco autos. En la Villa 31, Zavaleta, Fraga y el Barrio 15 clausuraron búnkeres narcos y levantaron paredes para impedir que vuelvan a operar.
Mientras Javier Milei y el Ministerio de Defensa priorizan la compra de aviones caza F-16, una ola de suicidios y muertes de miembros de las Fuerzas por falta de cobertura médica desnudó el vaciamiento de la obra social militar. Nombres, apellidos y las pruebas de un sistema que hoy trata a los uniformados como material de descarte.
Trabajan con chalecos antibalas vencidos hace más de diez años, en garitas con olores cloacales y roedores, y cumplen recargos de 12 horas sin cobrar. Presentaron una denuncia ante el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
