20 junio, 2025

El kirchnerismo puso una “Dirección de Atención al Delincuente” y JxC salió al cruce

El candidato a intendente de Morón por Juntos por el Cambio, Leandro Ugartemendia, cuestionó al poder municipal que instaló un organismo que responde a los delincuentes y a sus familiares.
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Mientras la inseguridad se ubica como el segundo gran problema de los argentinos, solo después de la economía, los mandatarios bonaerenses exponen que no están trabajando para combatirla, sino para agasajarla. Tal es así que, un candidato a intendente de Morón por Juntos por el Cambio denunció que el kirchnerismo instaló una Dirección de atención al delincuente, cuya única finalidad es dar contención a quienes delinquen y a sus familiares.

El dirigente opositor que expuso el insólito hecho es Leandro Ugartemendia, quien ante el mal uso de los fondos públicos explotó ante los medios y adelantó que, en caso de ganar la intendencia, esa Dirección se cerrará.

Leandro Ugartemendia on Twitter: “ESTO ES REAL‼️En Morón el kirchnerismo abrió una Dirección de Atención a Delincuentes. Con empleados, presupuesto, y hasta folleteria. Todo financiado con los impuestos de las víctimas.En diciembre SE CIERRA. https://t.co/NuA4FIYb0u / Twitter”

ESTO ES REAL‼️En Morón el kirchnerismo abrió una Dirección de Atención a Delincuentes. Con empleados, presupuesto, y hasta folleteria. Todo financiado con los impuestos de las víctimas.En diciembre SE CIERRA. https://t.co/NuA4FIYb0u

“En Morón tenemos una dirección que se encarga específicamente de atención al delincuente. Eso es inédito, solo existe en la Argentina”, confesó en diálogo con AM 770 y apuntó contra la polémica gestión del actual mandatario Lucas Ghi, recordado -entre otras cosas- por publicitar el consumo de marihuana, cocaína y pastillas entre jóvenes menores de edad.

El candidato hizo mención a la Dirección de Acceso a Derechos de Personas Privadas de Libertad y sus Familias, un organismo estatal que depende de la Secretaría de Desarrollo Social del distrito que está activa desde hace casi cuatro años. Tras la polémica que generaron sus declaraciones de Ugartemendia, desde el municipio intentaron esclarecer la situación y alegaron que la Dirección resulta clave para intentar reinsertar a los delincuentes a la sociedad.

“Actualmente, no tenemos ningún caso de personas que están en la cárcel. Pero si hiciera falta acompañamiento a alguno de ellos, también lo haríamos”, aseguraron. Además, fundamentaron que el organismo intenta facilitarles nuevas opciones a los ex delincuentes para que estos no vuelvan a involucrarse en ilícitos.

“Cada caso puntual se aborda con psicólogos y con trabajadores sociales. La familia -o la mujer con tobillera electrónica- puede necesitar asistencia en términos alimentarios y no asistencia en educación, o cobertura de salud y no otras cuestiones”, detallaron.

Leandro Ugartemendia, elecciones PASO

“No es un acompañamiento extraordinario. No es que les estás dando una vivienda a cada una de las personas y cena y almuerzo de lujo. Nada por el estilo. Es una contención social a una situación de vulnerabilidad agravada“, añadieron antes de afirmar que el trabajo que allí realizan “está buenísimo y da buenos resultados”.

Ante las respuestas, Ugartemendia volvió a referirse en redes a la Dirección e insistió: “Esto es real. En Morón el kirchnerismo abrió una Dirección de Atención a Delincuentes. Con empleados, presupuesto, y hasta folletería. Todo financiado con los impuestos de las víctimas. En diciembre se cierra“.

Redacción

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Laner reivindicó la reforma del Consejo de la Magistratura y defendió concursos “transparentes y basados en el mérito”

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) celebró la media sanción que la Cámara baja otorgó al proyecto que modifica la Ley 11.003 y redefine el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La legisladora calificó la iniciativa como “una reforma valiente, justa y profundamente necesaria para nuestra provincia” y subrayó que el objetivo central es “decidir cómo queremos que se elijan quienes van a impartir Justicia en Entre Ríos: que lo hagan por mérito, con transparencia y con reglas claras”.

Según Laner, el texto aprobado constituye “una reparación urgente” ante la imposibilidad actual del Consejo de cumplir su función esencial: seleccionar magistrados y funcionarios mediante concursos “públicos, abiertos y transparentes”. Recordó que la norma vigente, sancionada hace poco más de dos años, fue aprobada “sin planificación ni voluntad política de implementación”, lo que dejó al organismo sin herramientas operativas para sostener requisitos como el banco de casos. “Hoy nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Frente a esa parálisis no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”, enfatizó.

Entre los cambios que consideró más relevantes, la diputada destacó la publicación digital de todos los expedientes —“no más decisiones entre cuatro paredes”— y la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia, que a su juicio solo generaba dilaciones. El proyecto también crea jurados especializados para evaluar a los aspirantes, restablece el orden de mérito en las ternas y habilita concursos anticipados para evitar vacancias prolongadas y designaciones provisorias poco claras.

Respecto del banco de casos, Laner señaló que la reforma lo mantiene como ideal, pero reconoce que hoy no puede aplicarse. El texto, añadió, “se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, inteligencia artificial y herramientas modernas”, aunque advirtió que la Justicia no puede seguir esperando mientras los cargos permanezcan sin cubrirse.

“Quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo”, concluyó la diputada. “El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan”. Ahora el proyecto pasará al Senado provincial, donde deberá obtener el respaldo definitivo para convertirse en ley.

Redacción

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Militares con sueldos de subsistencia reclamaron un aumento a Petri para no seguir bajo la línea de pobreza

Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.

“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.

El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.

La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.

– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.

Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.

Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.

La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.

Redacción

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ENTRE RÍOS | Media sanción en Diputados para modernizar el Consejo de la Magistratura

Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.

Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.

Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.

Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.

Redacción

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El Gobierno de Córdoba gastó casi un millón de pesos en viagra para los presos

El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, generó una fuerte polémica al denunciar públicamente lo que calificó como una situación “escandalosa” en el manejo de fondos públicos.

“El Gobierno de Córdoba respondió que la compra de Sildenafil (conocido por la marca Viagra) y otros insumos médicos responden a diferentes tratamientos indicados por médicos de hospitales externos”, declararon fuentes oficiales de la administración cordobés.

La controversia surgió cuando Corvalán detectó, durante su labor de control de gastos, una factura oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba correspondiente a abril de 2024 que incluía la compra de medicamento “Magnus” de 100 mg, más conocido por su nombre comercial viagra.

La factura, que ascendía a un total de $948.961, incluía específicamente tres cajas de Magnus 100 mg por un valor de $52.213,17, además de otros productos como pastillas anticonceptivas, cremas humectantes, antigás y shampoo anticaspa.

– Beltrán Corvalán, presidente del Tribunal de Cuentas

“Es una cuestión escandalosa, que el Servicio Penitenciario, el gobierno de la provincia de Córdoba, haya comprado Viagra para los reclusos”, afirmó Corvalán. “Mientras en los hospitales no hay ni lo más básico, vemos que se compran estos insumos para las cárceles. Es un bochorno”, agrego.

Según la denuncia de Corvalán, la factura gubernamental incluía diversos productos que consideró inapropiados para el contexto carcelario; tres cajas cerradas Sildenafilo y factor AG, este último se usa para evaluar el estado nutricional, la función hepática o detectar enfermedades como cirrosis, síndrome nefrótico o mieloma múltiple.

El Gobierno de Córdoba respondió la situación a través del jefe del Departamento de Sanidad del Servicio Penitenciario, Ariel Salari, quien explicó que la compra del medicamento fue realizada por indicación médica y no con fines recreativos: “Dentro del servicio penitenciario de Córdoba, en toda la provincia, tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, esta es una enfermedad crónica cuyo tratamiento sintomático es el Sildenafil”, subrayó Salari, detallando que en 2024, momento de la compra, cuatro internos tenían indicación médica para recibir esta medicación: dos por hipertensión pulmonar y dos por hiperplasia prostática.

Corvalán, contador público y desempeñado como miembro del Tribunal de Cuentas representando a la mayoría en este organismo de control. Fue elegido mediante voto popular en las elecciones de mayo de 2023, cuando la lista de Juntos por el Cambio obtuvo la mayor cantidad de sufragios, consagrándolo junto con la Dra. Fernanda Leiva como vocales por la mayoría.

Es importante destacar que por primera vez desde que se implementó el voto directo para la elección de los tribunos, este organismo está conducido por un signo político diferente al del ejecutivo provincial. Corvalán pertenece al Frente Cívico y fue concejal durante la gestión de Luis Juez en la ciudad de Córdoba.

Redacción

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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CARBAP rechazó el plan K de reelección indefinida en PBA: “Es la agenda de la casta, no de la ciudadanía”

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) repudió el proyecto que habilitaría las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires. En un breve comunicado publicado hoy y titulado “La agenda política bonaerense no es la de la ciudadanía”, la entidad sostuvo que la iniciativa resultó “inoportuna y anacrónica” y denunció que los impulsores “buscan eternizarse en cargos, impidiendo renovar y refrescar nuestra joven democracia”.

“Los devastadores daños ocasionados por las lluvias no hacen más que poner en evidencia que el interés de la política no está puesto en el desarrollo, la infraestructura, la educación, la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino en su penosa ambición de perpetuarse en el poder”, subrayó el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky.

El texto de los productores advirtió además que la maniobra “valida ese apodo con el que el pueblo los ha caracterizado: casta” y remarcó el “rechazo enfático” a cualquier intento de reelección indefinida.

El eje de la controversia llegó tras la convocatoria que la presidenta del Senado bonaerense, Verónica Magario, realizó para este jueves a las 15:00 horas, con el fin de debatir el expediente presentado por el senador de Unión por la Patria (UxP) Luis Vivona. La propuesta busca modificar el artículo 13 bis de la Ley Electoral 5109 y los artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, anulando el límite de dos mandatos consecutivos para diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. En cambio, mantiene la restricción para los intendentes, quienes solo podrían aspirar a un tercer mandato con un intervalo de un período.

“El proyecto es pergeñado de espaldas a la sociedad”, advirtió CARBAP, mientras legisladores de la Coalición Cívica, el PRO y la UCR calificaron la sesión especial como un paso “electoralista” que desoyó “las necesidades urgentes de los vecinos”. De prosperar la iniciativa, figuras históricas de la Cámara alta, como Teresa García, quedarían habilitadas para competir por un tercer período consecutivo en las elecciones de este año.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof envió a su bancada un proyecto propio para permitir que los intendentes también puedan presentarse en 2027. Ese movimiento alimentó la sospecha de un acuerdo más amplio para extender la permanencia en los cargos municipales, lo que reavivó la interna peronista y dio nuevos argumentos a La Libertad Avanza, que acusó a la dirigencia bonaerense de privilegiar “la casta y sus privilegios”.

– El proyecto de Vivona

Vivona defendió su propuesta al recordar que “la voluntad de los constituyentes en 1994 fue la de no limitar la continuidad para diputados y senadores” y calificó de “marketinera” la ley 14.836 aprobada en 2016, que hoy restringe las reelecciones. “Nunca estuve a favor de las limitaciones de mandatos que la ley propone; es inmediato resolver la situación de los concejales, consejeros escolares y legisladores”, sostuvo el senador, convencido de que “aparecerá el apoyo de algunos legisladores de otros espacios” cuando el proyecto avance en comisiones.

Pese a esa expectativa, en Diputados la suerte del proyecto luce incierta: varias fuerzas opositoras anticiparon que no acompañarán la media sanción si llega desde el Senado. Esa resistencia anticipa un debate áspero cuya primera parada será la sesión de este jueves, señalada por CARBAP y la oposición como la muestra más reciente de una “agenda propia y ajena a la ciudadanía” que, aseguran, priorizó la supervivencia política por sobre las demandas sociales.

Redacción

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