El intendente Montenegro recibe a su par de Balcarce y ofrece apoyo en la protección a la infancia
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, acompañado por el senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, se reunieron con el jefe comunal marplatense Guillermo Montenegro, para dialogar acerca de la realidad regional y el trabajo mancomunado entre los Municipios.
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Autoridades de ambos municipios hablaron sobre la protección a la infancia. El senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola participaron de la reunión.
Vilma Baragiola y Ariel Martínez Bordaisco.
En ese contexto, Reino le manifestó la problemática existente de la Sociedad de Protección a la Infancia, su déficit mensual y le planteó la posibilidad de que siendo que se reciben chicos de Mar del Plata y Miramar se haga necesaria la colaboración por parte de esas comunas en la manutención y la búsqueda de una solución al conflicto.
Teniendo en cuenta lo descrito, Guillermo Montenegro comprometió la cooperación de modo tal de sostener el funcionamiento de la institución señalada. Próximamente se hará lo propio con el Intendente de Miramar a fin de avanzar en este camino que permita encontrar una solución definitiva al conflicto.
Montenegro firmó un convenio de labor en infancia con el mandatario local de Balcarce
Además, coincidieron en avanzar en el convenio marco de colaboración firmado tiempo años atrás entre las comunas para la realización de actividades de asistencia, cooperación, formación y capacitación, con la finalidad de incrementar la empleabilidad y desarrollo económico regional.
Todo ello se desprende del convenio firmado en 2018 en la ciudad de Mar del Plata por varios municipios de la región, entre ellos los nombrados precedentemente, donde se asumía el compromiso de aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto de acciones relacionadas con la promoción social, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el valor agregado que pueda generase en todos los ámbitos productivos. Tanto sean los referidos a los recursos naturales como a los procesos industriales, de modo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población urbana, periurbana y rural de los distritos involucrados.
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El hecho ocurrió durante los festejos por el 115º aniversario de La Colina, una localidad perteneciente al partido bonaerense de General La Madrid. La celebración comunitaria estuvo organizada conjuntamente por instituciones de la zona y el municipio. Para agasajar a los vecinos, se prepararon mil chorizos a la pomarola en un enorme paellero instalado sobre la plaza José Hernández.
Pero detrás de los preparativos se registró una postal gravísima que dejó al descubierto una falta total de controles bromatológicos. Las imágenes capturadas en el lugar muestran con claridad el momento en que se utilizaba un balde plástico, rotulado con las letras visibles de un potente herbicida a base de glifosato, para volcar los ingredientes directamente sobre el paellero destinado a todo el público.
Uno de los videos que sirvieron como evidencia.
Ausencia de controles
Desde la comuna de la 6ª sección electoral, conducida por el intendente radical Martín Randazzo, reconocieron la veracidad de las imágenes y los hechos.El Ejecutivo municipal asumió la responsabilidad absoluta por la falta de supervisión y control en la organización del evento gastronómico.
Pese al reconocimiento oficial, la justificación de los organizadores encendió aún más la polémica entre los vecinos. Intentaron minimizar el peligro al argumentar que el recipiente había sido sometido a un triple lavado y que se recurrió a él por una supuesta falta de otros envases disponibles para acarrear agua y verduras.
El comunicado oficial del municipio.
Peligro sanitario y respuesta opositora
La utilización de un recipiente que contuvo agrotóxicos desató una profunda preocupación debido a las normativas vigentes que prohíben terminantemente reutilizar estos envases para fines domésticos o alimentarios. La Ley Nacional 27.279 y las reglamentaciones provinciales establecen que los recipientes de fitosanitarios no pueden volver a usarse bajo ninguna circunstancia, ya que los plásticos de alta densidad absorben las moléculas de los químicos y ningún lavado casero garantiza la eliminación de la toxicidad residual.
Ante esta situación, el bloque de concejales opositores presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para exigir respuestas urgentes al Departamento Ejecutivo. Los ediles advirtieron que la salud pública exige absoluta transparencia y adelantaron que evaluarán el inicio de acciones legales de tipo penal para determinar si existió un riesgo sanitario real contra los asistentes y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.
La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.
— Joaquín De la Torre
El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.
De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.
El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata.“En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.
Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.
Aguas Mendocinas / AYSAM es la sociedad anónima pública que gestiona tanto el agua potable como los desechos orgánicos de alrededor de un millón de mendocinos. Una ONG la denunció por haber formado una “laguna” de heces en lo que la población ha llamado la “ciénaga de los muertos”.
El sitio se encuentra a unos 30 kilometros al este de la ciudad de Mendoza, en el departamento de Maipú, y consiste en unas 12 hectáreas de tierra afectada por constantes vuelcos cloacales sin tratamiento alguno.
La fundación Fiscalía Ciudadana comenzó a investigar el tema el 29 de mayo de este año a raíz de una denuncia anónima en su sitio web.
Al llegar al lugar rural sobre calle Los Pinos observaron una camioneta Ford Ranger blanca, con ploteo del logo de AYSAM, dominio AB393IL y número interno P93. Cerca de ella notaron que un hombre con uniforme y distintivos de la empresa estaba haciendo unas verificaciones en la tubería que da origen a esa inmensa laguna de desechos cloacales, según explican en la denuncia judicial de más de cien hojas presentada por la ONG en agosto.
Marcos Neirotti, vicepresidente de Fiscalía Ciudadana, expresó al medio REALPOLITIK que luego de este encuentro denunciaron la situación ante el departamento General de Irrigación (el organismo público que fiscaliza el manejo del agua y que tiene poder de policía): “Nos encontramos con que ellos ya sabían del vuelco y que habían labrado un acta”, comenta el promotor de los derechos humanos, pero sin que eso hubiese detenido el daño ecológico.
La historia de un desastre
Según investigó la entidad denunciante, en esa zona pasa una cañería colectora que dirige los efluentes de unos 600 mil mendocinos hacia una planta de tratamiento cercana.
En 2021 ese caño reventó, ocasionando un gran derrame. En parte, porque “les quedó chica la cañería y porque ya cumplió su vida útil, eso fue hecho en la década del 80”, asegura Neirotti.
Entonces, AYSAM colocó un caño de PVC que conecta la rotura de la colectora de hormigón con un campo inculto de un privado. Sin embargo, los vuelcos ya venían desde 2015 en ese sitio y, en los momentos de mayor intensidad, llegó a afectar unas 40 hectáreas a la redonda, según las imágenes satelitales.
“Lo que la gente muchas veces no entiende es que ahí no sólo van heces, también van desechos de micro hospitales, pequeñas industrias, con lo que vos limpies las cañerías, todo tipo de líquidos… ahí van metales pesados…”, dijo el denunciante.
¿Un funcionario con poca resolución?
El vicepresidente de la fundación explica que hay dos agravantes en el lugar de estos derrames: “A cientos de metros de esa gran mancha está la laguna del Viborón, que tiene cerca la laguna de La Paloma y ésta, a la laguna de Soria. Las tres conforman el sistema de humedales Leyes-Tulumaya”, explicó.
Y añadió: “El otro agravante es que en 2020 el actual presidente de AYSAM era secretario de Ambiente y fue hasta esas lagunas. Declaró de interés provincial el sistema de humedales. Al estar estos vuelcos cloacales sobre tierra sin ningún tipo de impermeabilización, hay riesgo de contaminación de las napas de agua subterránea y de las mismas lagunas”.
Humberto Mingorance es quien preside la empresa pública de aguas y saneamiento, pero entre diciembre de 2015 y diciembre de 2023 fue secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Es decir, estuvo a cargo de uno de los organismos que debería haber sancionado a AYSAM en el tiempo en que ya habían comenzado los vuelcos y ahora preside dicha empresa. Pero ni como agente de control ni como responsable directo hizo algo para detener la situación.
En junio de 2026 Mingorance fue imputado por otra causa: vuelcos cloacales no autorizados sobre el ramal 12 de Los Corralitos (un cauce que transporta agua de riego que llega directamente a los productores agrícolas).
¿Un final feliz?
Marcos Neirotti comentó que cuando empezaron a investigar les dijeron que “había un convenio entre AYSAM y el privado dueño de los terrenos para poder realizar allí estos vuelcos ilegales. Pero el convenio no aparecía en ningún lado. ¿Cuándo apareció? Al hacer nosotros la querella penal, ¿y cuándo te imaginás que fue firmado teniendo en cuenta que desde 2015 vuelcan? Hace años imaginábamos todos, pero no. Fue firmado el 31 de mayo de 2026, sólo dos días después de que nosotros denunciáramos ante el departamento General de Irrigación”.
Según este informante, la empresa a cargo de Mingorance le envió un escrito a la Fiscalía Nro. 38, a cargo del doctor Gabriel Blanco, explicando que los vuelcos eran “esporádicos” y que se debían principalmente a la influencia de lluvias.
Algo que la ONG Fiscalía Ciudadana descartó tomando registros fílmicos en días donde no había habido inclemencias, según consta en la denuncia.
El sitio REALPOLITIK contactó a AYSAM para recolectar su testimonio pero, pese a las empeñadas gestiones de su jefe de prensa, no se logró una entrevista directa con alguno de los responsables de la “ciénaga de los muertos”. Sin embargo, se nos permitió enviar algunas preguntas para luego tener la devolución por escrito.
Concretamente se preguntó: “En la denuncia de la ONG Fiscalía Ciudadana se han documentado vuelcos cloacales sin que haya inclemencias climáticas, ¿por qué sigue ocurriendo y cuál es el plan de remediación de AYSAM (incluyendo plazos)? ¿Por qué, si Irrigación labró un acta en la que ordena retirar el tubo plástico conectado a la colectora, aún no lo han hecho?”.
La respuesta de la empresa fue que la colectora Máxima Noreste, construida en la década de 1980, presenta fallas estructurales desde sus inicios por tener poca pendiente. “Para evitar un colapso, en 2015 se instaló una derivación hacia un campo inculto. Esta medida de emergencia, aunque genera vuelcos esporádicos, se mantiene como un mal menor frente al riesgo de descalce y derrumbe del terraplén, lo que provocaría un daño irreversible en la conducción. Los técnicos del DGI y del DIRCAS han coincidido en que los desbordes eventuales pueden dañar la estructura, por lo que la derivación cumple una función preventiva crítica”.
Resulta llamativo que ese “mal menor” y medida “preventiva” lleve más de una década sin ningún tipo de reparación ambiental.
La empresa pública expuso su plan de acción a futuro: “Construcción de una laguna de contención en el predio de Los Pinos, con terraplenes perimetrales compactados y monitoreo permanente. Este sistema permitirá mitigar los desbordes eventuales y proteger la estabilidad del terraplén”, aseguraron.
Posteriormente, añadieron: “Ya se firmó un convenio con el propietario del predio inculto. Se está contratando a una empresa para ejecutar las obras. El convenio contempla la cesión de 12 hectáreas sobre el extremo norte de la propiedad. Obras estructurales Colonia Segovia I, II y III (…) La etapa I se encuentra en ejecución. Las etapas II y III serán licitadas próximamente, financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 150 millones de dólares. Estas obras reemplazarán la actual colectora Máxima y eliminarán definitivamente los vuelcos”.
En el documento no enuncia los plazos, pero a través de WhatsApp el jefe de prensa explicó: “Los estudios de suelo ya han sido contratados, que son fundamentales para armar el proyecto de contención, que es lo que se está haciendo ahora. Una vez que tengamos el proyecto terminado, vamos a tener el plazo exacto de la obra, que va a ser contratado inmediatamente. Entre proyecto y ejecución de obra calculamos unos 3 meses”.
Preguntas abiertas
Aunque el comunicado pareciera ser la resolución de once años de vertimientos cloacales directos a tierra, quedan ciertos interrogantes.
Si los derrames comenzaron con el primer gobierno de Alfredo Cornejo, continuaron con su sucesor y ahijado político Rodolfo Suárez y continúan hasta hoy, ¿qué garantías ambientales puede brindar este gobierno que se declara abiertamente prominero?
¿Qué otras “ciénagas de los muertos” puede haber en otros puntos de la provincia actualmente?
Y la más inquietante: siendo que el artículo 32 de la ley General del Ambiente Nro. 25.675 consagra expresamente la facultad del juez (léase en este caso fiscales) para disponer todas las medidas necesarias, incluso de oficio y con carácter precautorio en cualquier momento del proceso judicial, ¿por qué el fiscal Gabriel Blanco no ha emitido ninguna medida teniendo tan amplia cantidad de pruebas?
La subordinación ideológica y los homenajes automáticos hacia el Estado de Israel se convirtieron en el eje central de la política exterior de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato a fines de 2023, el Presidente consolidó una alianza ciega caracterizada por repetidos viajes a Jerusalén, visitas al Muro de los Lamentos y promesas de traslado diplomático, priorizando la agenda geopolítica extranjera por encima de los intereses soberanos de la Argentina. Esta bajada de línea importada desde la Casa Rosada encontró rápidamente eco en gobernadores y administraciones provinciales ansiosos por congraciarse con el poder central.
La pantomima de esta cercanía artificial tuvo uno de sus puntos más grotescos el 6 de octubre de 2025. En plena presentación de su libro en el Movistar Arena, y con la excusa de conmemorar el aniversario de los ataques en Medio Oriente, Milei entonó públicamente el tradicional canto festivo “Hava Nagila” —cuya letra celebra la alegría, la felicidad y convoca a bailar— frente a miles de personas. Lejos de guardar un respetuoso luto, el mandatario convirtió la tragedia en un show, coreando torpemente frases festivas para conmemorar un atentado, exponiendo la farsa de un fervor religioso y cultural construido exclusivamente para la tribuna.
Javier Milei y Lilia Lemoine cantando una celebración por el atentado del 7 de octubre de 2023.
Importación de homenajes
La lógica de la sumisión geopolítica bajada desde la Casa Rosada encontró un correlato directo en el interior del país. La Policía de Córdoba y la Legislatura provincial decidieron bautizar oficialmente una de las dependencias estratégicas del sistema de emergencias con el nombre de Roni Eshel, una joven militar extranjera de 19 años que integraba las Fuerzas de Defensa de Israel y resultó asesinada el 7 de octubre de 2023. El acto, llevado a cabo con la participación del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la cúpula policial, incluyó la visita especial de la familia de la soldado, que viajaron desde Israel.
La familia Eshel recibiendo un homenaje.
La homenajeada no tenía ninguna relación con la Argentina ni con la provincia de Córdoba. Se desempeñaba en tareas de observación en la frontera de su país de origen, un conflicto geopolítico ajeno a las problemáticas locales. A través de este nombramiento, el poder político cordobés adoptó un símbolo internacional en una dependencia de seguridad pública local, replicando gestos de pleitesía hacia la agenda exterior impulsada por el Ejecutivo nacional.
Los padres de Roni Eshel en el centro de monitoreo que lleva el nombre de su hija.
La decisión responde al denominado “Proyecto Oz”, una iniciativa de alcance global impulsada por instituciones de la comunidad judía que busca replicar el nombre de la soldado en dieciocho centrales de monitoreo de distintos países. Así, una bajada de línea internacional importada por la DAIA se incrustó directamente en la estructura de seguridad cordobesa, con un aval legislativo exprés que condecoró a los familiares con un beneplácito oficial.
La familia Eshel junto a la placa que homenajea a su hija a casi 13.000 km de donde perdió la vida.
El contraste y el abandono propio
El homenaje oficial a una militar extranjera choca de manera violenta con la realidad diaria que atraviesan los efectivos de las fuerzas de seguridad en la Argentina. Mientras el poder político cordobés desfila junto a funcionarios y familiares llegados desde Medio Oriente, los policías provinciales y federales arriesgan y pierden la vida en las calles del país enfrentando al delito cotidiano, sepultados bajo el desinterés institucional y sueldos de miseria.
Esta subordinación selectiva y desconectada de las urgencias reales también ignora conflictos bélicos de magnitud global que llevan años cobrándose vidas a escala masiva, como la guerra en Ucrania. Al final, el despliegue de pleitesía en Córdoba demuestra que la obediencia a la agenda exterior importa más que honrar a los caídos propios.
Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.
El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.
Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.
De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.
La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios.En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.
Nicolás Morzone se mueve por el tablero político platense con la comodidad de quien ha hecho del pragmatismo su principal doctrina. Presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante local, el abogado de UNLP de 34 años cultiva una lealtad fervorosa hacia el mileísmo que contrasta de manera bochornosa con su archivo reciente.
Algo tan básico en cualquier parte del mundo desarrollado como es volar, parece que en la argentina cada vez mas la clase política (Kirchnerismo + Milei) se empecina en que sea un privilegio para pocos. Hoy se votó otro nuevo impuesto que sigue destruyendo el consumo aeronáutico.
Cuando Morzone estaba de acuerdo con criticar a Milei.
Lejos de haber mantenido una línea de coherencia ideológica, el edil transitó el camino inverso: hasta hace poco tiempo, utilizaba sus redes sociales para fustigar con dureza al propio Javier Milei, a quien acusarlo de votar en sintonía con el kirchnerismo.
Cuando Morzone consideraba a Daniel Scioli “el peor gobernador de la historia” y no un buen funcionario del Gobierno Nacional.
Esa flexibilidad para cambiar de trinchera sin escalas le permitió ponerse el traje de cruzado de la ortodoxia presidencial. En su rol autoproclamado de custodio del relato oficial, Morzone adoptó los modismos y las exigencias de pureza ideológica de la nueva fuerza gobernante, olvidando por completo sus propias andanzas de opositor selectivo y preparando el terreno para protagonizar el escándalo legislativo que sacudiría la política bonaerense.
Cuchillo entre los dientes
La metamorfosis discursiva del edil estalló en pedazos durante una sesión ordinaria en el Palacio Municipal, cuando el bloque mileísta y sus aliados pusieron sobre tablas un proyecto de adhesión al mensaje presidencial sobre las Islas Malvinas. Lejos de encuadrarse en los márgenes habituales del debate parlamentario, Morzone monopolizó la discusión con una encendida arenga de tinte belicista que dejó atónito al recinto.
En un contexto de caída de la imagen del oficialismo, embanderado en la repentina centralidad que la Casa Rosada le otorga a la causa soberana, el concejal parafraseó al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger para fijar su visión geopolítica: sentado ante su mate de algarrobo, sentenció que la disputa territorial debe darse “con el cuchillo entre los dientes, preparándose para todo, para la máxima instancia”.
Integrantes del CECIM de La Plata.
La escalada verbal no se detuvo en la teoría estratégica: envalentonado por su propio guion, el presidente del bloque PRO remató con una definición que cruzó todos los límites de la prudencia institucional: “Es hora que las Malvinas sean reconocidas como argentinas. Y quiero decirle a los platonistas, a los idealistas, que los derechos no nacen por espasmo, los derechos se conquistan y si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”.
El blanco de su furia dialéctica tuvo nombres y apellidos: el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Irritado porque los veteranos habían catalogado el anuncio oficial como un acto de “hipocresía extrema” para tapar falencias de gestión, Morzone los increpó directamente desde su banca. Los acusó de haber desnaturalizado el sentido primigenio de la memoria colectiva para, según su óptica, transformarse en una “agrupación kirchnerista” y en una “unidad básica de La Cámpora”, exigiéndoles explicaciones sobre sus posicionamientos partidarios y poniendo en duda su autoridad moral sobre la causa que defendieron en el Atlántico Sur.
Repudio y blindaje
La provocación no tardó en detonar la furia en el recinto legislativo. Desde las bancas del bloque peronista salieron a cruzar al edil oficialista, tildándolo de “cobarde”, “sinvergüenza” y “maleducado” por arremeter contra los veteranos de guerra valiéndose de la inmunidad concedida por su banca. Finalmente, los insultos cruzados obligaron a dictar un cuarto intermedio y trasladaron las agresiones directamente a los pasillos del Palacio Municipal.
Lejos de acusar recibo del papelón institucional, el espacio político de Morzone blindó rápidamente a su alfil a través de un comunicado oficial y de publicaciones en redes sociales donde bajó una línea terminante: sentenció que cualquier definición contraria a la expresada por Javier Milei en materia de Malvinas “es funcional a Inglaterra”, estableciendo así la prohibición de cuestionar al mandatario para no ser “pro-inglés”.
La pirueta argumental rozó el cinismo absoluto: mientras el documento proclamaba solemnemente que “la causa Malvinas no es una bandera que pueda apropiarse el kirchnerismo”, en la práctica exigía un alineamiento dogmático y dictaminaba que nadie tiene el derecho a criticar la estrategia gubernamental sin ser sumariamente excomulgado o tildado de traidor.
El comunicado del PRO mileísta de La Plata, tuiteado por Morzone.
Control de daños y el peso de los hechos
Ante el profundo repudio generalizado que despertó su arenga beligerante y el paralelismo inevitable con la retórica de la dictadura en 1982, Morzone intentó salir a apagar el fuego con declaraciones radiales. En su incursión de justificación por la FM Now 97.9, el edil adujo que su frase había sido “sacada un poco de contexto”, aseguró que sonó a un exabrupto y minimizó sus propias palabras al afirmar que se refería a “defender con tenacidad algo que es nuestro” y no a iniciar un conflicto armado.
Nicolás Morzone, concejal del PRO en La Plata, habló con @diegosehinkman en #AfterOfficeNow sobre la polémica que generaron sus declaraciones durante un debate por Malvinas y sus cruces con la oposición. “No fue la mejor frase, está claro, está totalmente sacado de contexto…. pic.twitter.com/f9s8iJOqgL
Sin embargo, el intento de recular se desarma al contrastar el relato con los hechos: la intervención en el recinto no fue una contestación improvisada en un estudio de televisión, sino una alocución política formal y preparada desde su banca, donde parafraseó con frialdad a Henry Kissinger para hablar de pelear “con el cuchillo entre los dientes” hasta la “máxima instancia”.Pretender reducir una arenga bélica explícita a un mero eufemismo defensivo choca de frente con la propia estructura de su discurso, donde agredió a quienes efectivamente sufrieron el infierno de las trincheras, dejando al descubierto los costos políticos de un personaje que apostó fuerte al dogma y terminó atragantado con su propio libreto.
El diario personal del papa Francisco saldrá a la venta el 24 de noviembre en cinco idiomas y 94 países. Lo firma el cardenal argentino Víctor Manuel “Tucho” Fernández, que ordenó y comentó las anotaciones.
El presidente de Aguas Mendocinas fue durante ocho años secretario de Ambiente de la provincia y está imputado en otra causa por vuelcos no autorizados. El convenio con el dueño del terreno se firmó dos días después de la denuncia de una ONG.
Los tres efectivos confesaron en un juicio abreviado y recibieron un año de prisión en suspenso. Les secuestraron más de un millón de pesos. La cronista denunció que uno de los condenados le exigió bajar la nota.
Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.
La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
