El intendente Montenegro recibe a su par de Balcarce y ofrece apoyo en la protección a la infancia
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, acompañado por el senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, se reunieron con el jefe comunal marplatense Guillermo Montenegro, para dialogar acerca de la realidad regional y el trabajo mancomunado entre los Municipios.
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Autoridades de ambos municipios hablaron sobre la protección a la infancia. El senador bonaerense Ariel Martínez Bordaisco, y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola participaron de la reunión.
Vilma Baragiola y Ariel Martínez Bordaisco.
En ese contexto, Reino le manifestó la problemática existente de la Sociedad de Protección a la Infancia, su déficit mensual y le planteó la posibilidad de que siendo que se reciben chicos de Mar del Plata y Miramar se haga necesaria la colaboración por parte de esas comunas en la manutención y la búsqueda de una solución al conflicto.
Teniendo en cuenta lo descrito, Guillermo Montenegro comprometió la cooperación de modo tal de sostener el funcionamiento de la institución señalada. Próximamente se hará lo propio con el Intendente de Miramar a fin de avanzar en este camino que permita encontrar una solución definitiva al conflicto.
Montenegro firmó un convenio de labor en infancia con el mandatario local de Balcarce
Además, coincidieron en avanzar en el convenio marco de colaboración firmado tiempo años atrás entre las comunas para la realización de actividades de asistencia, cooperación, formación y capacitación, con la finalidad de incrementar la empleabilidad y desarrollo económico regional.
Todo ello se desprende del convenio firmado en 2018 en la ciudad de Mar del Plata por varios municipios de la región, entre ellos los nombrados precedentemente, donde se asumía el compromiso de aunar esfuerzos para el desarrollo conjunto de acciones relacionadas con la promoción social, la asistencia técnica, la transferencia de tecnología y el valor agregado que pueda generase en todos los ámbitos productivos. Tanto sean los referidos a los recursos naturales como a los procesos industriales, de modo de contribuir con la mejora de la calidad de vida de la población urbana, periurbana y rural de los distritos involucrados.
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Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.
El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.
La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.
El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.
Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.
El beneficiario y la jurisdicción
La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.
La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.
Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.
En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.
Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.
El conflicto de intereses
La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.
Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.
El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.
Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.
La letra chica y la soberanía
El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.
Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.
Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.
Contexto de tensiones
La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.
Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cruzó al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, por la demora en definir quiénes accederán a las viviendas que el gobierno provincial construye para las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte, ocurrido en enero pasado. “Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios”, instó el mandatario al jefe comunal, a quien además acusó de encabezar una estafa contra los damnificados.
El planteo llegó a través de un mensaje que Torres difundió en sus redes sociales este sábado. Allí aclaró que ya le había transmitido personalmente el reclamo a Macharashvili, pero que decidió hacerlo público para insistir con un pedido de reunión. “Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias”, expresó el gobernador.
El eje del reclamo apunta a un cuello de botella administrativo. La provincia se hizo cargo de la construcción y del financiamiento de las casas, pero la nómina de personas beneficiarias depende del municipio. Y esa lista todavía no está. “En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando”, manifestó Torres.
Fuentes del gobierno provincial ratificaron ese plazo y remarcaron que, una vez concluidas las obras, la entrega quedará supeditada a que Comodoro Rivadavia complete el relevamiento definitivo. En la misma línea, subrayaron que los damnificados atraviesan una situación crítica y no pueden quedar a la espera de una definición que no llega.
La acusación más fuerte del gobernador remite al origen mismo de la tragedia. Torres sostuvo que las familias “además fueron estafadas por el municipio”, en referencia a las autorizaciones que las gestiones comunales otorgaron años atrás para construir en un sector que después fue catalogado como de riesgo geológico. En un encuentro previo con los vecinos, el mandatario había sido todavía más categórico: “Lo que ocurrió con el cerro Hermitte fue, literalmente, una estafa”, afirmó, al recordar que existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno. “A las familias les dijeron que podían construir y vivir en un lugar que no era apto. Eso no puede ni va a volver a ocurrir”, agregó.
El plan habitacional provincial contempla 52 viviendas destinadas a los damnificados, con las primeras unidades previstas para este mes, y una segunda etapa anunciada de otras 50 casas. Torres presentó esos números durante una reunión con las familias, acompañado por el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, y otras autoridades del Gabinete provincial. En esa oportunidad, el gobernador aseguró que las situaciones de mayor urgencia tendrán prioridad en las adjudicaciones y fijó una advertencia sobre el modo de encarar la respuesta: “Bajo ningún punto de vista vamos a hacer lo que durante muchos años ocurrió en Chubut, que fue entregar lotes sin servicios a los vecinos, porque eso es entregarles un problema y no una solución”, afirmó. También se comprometió a sostener un diálogo permanente con los afectados hasta que todos cuenten con una solución definitiva.
El derrumbe que originó todo se produjo a principios de enero, cuando un fuerte movimiento de suelo desplazó parte del cerro Hermitte y colapsó viviendas en la zona. El episodio obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias —unas 300 personas— que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata. Las fracturas estructurales no solo derrumbaron paredes: rompieron cañerías y provocaron fugas masivas de gas, dejaron a la zona sin servicios y volvieron intransitables las calles. Los barrios Sismográfica y Marquesado fueron los más golpeados. Estudios geológicos posteriores determinaron que el sector presentaba un alto riesgo para la permanencia de las familias, que debieron dejar sus casas de forma definitiva.
El cruce se inscribe en una etapa de fuerte tensión política entre la Provincia y el Municipio de Comodoro Rivadavia. En los últimos días, ambas administraciones protagonizaron un enfrentamiento por el acuerdo firmado entre Chubut e YPF para el traspaso de bienes y activos vinculados a la salida de la petrolera de las áreas maduras de la provincia. Mientras el Ejecutivo provincial defiende el convenio y sostiene que permitirá recuperar activos estratégicos, desde el Municipio y sectores de la oposición cuestionan el tratamiento del pasivo ambiental y afirman que el acuerdo libera a YPF de responsabilidades futuras.
Marcela López no llegó al Concejo Deliberante de La Quiaca por peso propio ni por una vocación de defensa del suelo argentino. Su banca es el resultado directo de una estructura subordinada a la figura de Gustavo “Chavito” Farfándentro del armado provincial de Cambia Jujuy, la maquinaria electoral que lideró Gerardo Morales. Lejos de representar una renovación con valores firmes, López opera como un engranaje menor de un diseño político transversal que utiliza sellos vecinales para acaparar cargos en el norte de nuestra frontera, sin un compromiso real con la soberanía cultural del país.
– Marcela Silvana López junto a Gustavo “Chavito” Farfán en un evento convocado por ambos.
La verdadera terminal política de esta dupla es Carlos Haquim, un dirigente de frondoso prontuario en el arte de la supervivencia y el camaleonismo estatal. Antes de reciclarse y mantenerse durante ocho años como vicegobernador de Morales en Jujuy, Haquim fue funcionario durante la presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Su permanencia en las filas del esquema nacional kirchnerista se estiró sin culpa hasta el 10 de diciembre de 2015, sosteniendo el modelo K antes de saltar de bando para transformarse en el actual armador de la pata peronista disidente del radicalismo jujeño, demostrando una total falta de arraigo a banderas ideológicas o nacionales claras.
– Carlos Haquim hablando en el evento convocado por Farfán y López.
Retomando con la edil, el desembarco definitivo de López en el Concejo Deliberante de La Quiacase produjo a comienzos de junio de 2026, tras meses de una parálisis institucional cruzada por disputas feroces en torno a las cajas municipales y la falta de rendición de balances. Sin embargo, en lugar de honrar la representación del pueblo argentino y priorizar las urgencias que reclamaban los vecinos en las calles, la llegada de la edil a la banca marcó el inicio de una agenda legislativa con prioridades completamente distorsionadas, más ocupada en complacer agendas difusas que en defender la identidad y la realidad de la frontera.
“Chavito” Farfán entregando sus premios “El Chavito” junto a un Chavo del 8 peronista.
El delirio de la Patria Grande
La Fiesta Nacional de los Estudiantes no es un festejo vecinal ni un evento de fronteras abiertas, es un patrimonio cultural profundamente federal, denominado “Nacional” por una ley del Congreso de la Nación y consolidado como una celebración argentina donde confluyen y compiten delegaciones escolares de múltiples provincias de nuestro país. El arraigo histórico de los carroceros y la autonomía que la juventud argentina tiene en su organización son pilares de una festividad que hace a la identidad de nuestro suelo.
Sin embargo, obviando toda lógica soberana, una de las primeras medidas oficiales de la concejal Marcela López al asumir su banca fue presentar un polémico proyecto con el indiscutible sello tácito de la “Patria Grande”. La iniciativa pretendía incorporar de prepo a delegaciones de estudiantes de una localidad de Bolivia, intentando desdibujar el carácter eminentemente argentino de la fiesta bajo la burda excusa de la cercanía geográfica y la integración regional.
Desfile de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
La movida internacionalista no sólo chocó de frente con el patriotismo local, sino también con la verdad. Para intentar justificar el tratamiento del proyecto en el recinto, López mintió descaradamente al asegurar que la iniciativa ya había sido consensuada y contaba con el aval de los organizadores del evento.La respuesta de la Comisión Estudiantil local fue fulminante: salieron a desmentir públicamente a la concejal en la cara, expusieron la falsedad de sus dichos por haber legislado a sus espaldas y le archivaron el proyecto por unanimidad, dándole una lección de civismo a la edil de Cambia Jujuy.
En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.
La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.
Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.
El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.
Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.
En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.
La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.
— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log
Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.
En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.
La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.
*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)
Un registro filmado dentro del Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn”, en la localidad de Melchor Romero (partido de La Plata), exhibió filtraciones de agua, humedad, moho en paredes y techos, y mobiliario roto en distintos sectores del establecimiento en claros signos de deterioro estructural.
“El hospital “Dr. Alejandro Korn” agoniza. Los trabajadores ya no damos más”, destacaron los integrantes asalariados, cuestionando que en lugar de dar respuestas a los problemas denunciados, la dirección haya optado por amenazar con sanciones a quienes documenten la situación, preguntándose “¿Qué es lo que quieren ocultar?”. El reclamo apunta en tres niveles de responsabilidad, empezando por la conducción local de la directora ejecutiva Belén Maruelli, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak, y el gobierno provincial del gobernador Axel Kicillof.
— El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak junto a Belén Maruelli
“Los pacientes no pueden esperar y los trabajadores no pueden seguir sosteniendo solos un hospital que se cae a pedazos”, expresaron desde el personal, quienes en numerosas ocasiones aportan recursos propios para garantizar la atención de los pacientes.
El material fue difundido por trabajadores del nosocomio que denunciaron que la institución “atraviesa una de las situaciones más críticas de los últimos años” debido a problemas de infraestructura, falta de servicios esenciales y carencia de insumos.
Las fotografías e imágenes recientes revelan una serie de riesgos concretos y actuales dentro del predio sanitario. En distintos sectores se observan tubos de gas envasado conectados mediante mangueras y reguladores a cocinas industriales encendidas, en un momento en el que el hospital no contaría con suministro regular de gas natural. También circuló la versión de una presunta pérdida de gas en las cercanías de la central de abastecimiento de oxígeno, un dato que no pudo ser verificado de manera independiente, pero cuya sola posibilidad ameritaría una inspección urgente.
A ello se suman fallas de climatización en áreas críticas como Terapia Intensiva, Guardia, Quirófanos y Enfermería, mientras que una caldera funcionaría apenas al mínimo en Clínica Médica, Cirugía y Partos. En Salud Mental, pacientes habrían debido cubrirse con hasta cinco frazadas para soportar el frío extremo en las salas. El cuadro se completa con alimentos en estado de descomposición, como tomates aplastados y repollo podrido, además de reiteradas denuncias por la presencia de cucarachas en Guardia. También persisten filtraciones crónicas en el techo de la sala Charcot, que obligaron a trasladar pacientes pese a reparaciones que habrían demandado varios millones de pesos.
En otro sector del predio se acumulan cartones vinculados a la cooperativa de Cartoneros Platense en la exsala Cabred, así como ramas, escombros y basura detrás de la exsala F, material altamente combustible dentro de una institución médica. A esto se añade el caso de un paciente externado que vivió durante cuatro años en una sala abandonada del complejo y que, tras ser desalojado, hoy duerme en la garita de una parada de colectivo, asistido por los propios trabajadores.
Estos hallazgos se suman a fallas recientes de infraestructura, como un generador que dejó al hospital sin luz y una rotura de llave maestra que cortó agua y gas, forzando traslados de pacientes de noche y bajo lluvia con bajas temperaturas.
Hacinamiento y falta de psiquiatras
El sector de salud mental, con capacidad para 22 personas, alojaba 29 pacientes al momento de la denuncia, un hacinamiento que se agrava por la falta de médicos psiquiatras. Este déficit no es momentáneo. En 2019 el gremio de la Comisión Interhospitalaria del Conurbano y Provincia (CICOP) advertía sobre la falta de psiquiatras para cubrir las guardias de salud mental en ese mismo hospital. En la denuncia actual, parte de la atención la sostienen médicos jubilados que regresan a cubrir vacantes sin reemplazo, lo que refleja una escasez estructural de personal que se arrastra desde hace años.
El lugar no es un centro hospitalario cualquiera, ya que viene siendo objeto de denuncias por violaciones a los derechos humanos desde hace más de una década. Ya en 2014 y 2015 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria documentaron 53 muertes en nueve meses sobre una población de 750 personas internadas, además de prácticas como sujeción física, aislamiento y sobremedicación que calificaron de trato cruel, inhumano o degradante. Ese informe derivó en una intimación judicial que obligó a la provincia a mejorar las condiciones edilicias y sanitarias de la institución.
En 2017, un nuevo informe conjunto sobre la situación de las mujeres internadas —217 de las 526 personas alojadas entonces, con un promedio de 25 años de encierro— volvió a señalar la falta de privacidad, el hacinamiento y la ausencia de políticas de externación sustentable. En 2017 también el gremio médico de la CICOP denunció la falta de pediatras y “un desinterés tremendo de las autoridades”. Es decir, la crisis actual no es un hecho puntual, sino la continuación de un patrón de abandono institucional perpetuo que atraviesa distintas gestiones provinciales.
El 19 de julio de 2026 el hospital quedó sin suministro eléctrico luego de que fallara un generador y a esa situación se sumó la interrupción de agua y gas por la rotura de una llave maestra, problemas que —según el personal— seguían sin resolverse días después. Pacientes internados debieron soportar frío extremo y, durante una noche de lluvia, algunos fueron trasladados entre distintos pabellones para resguardarlos por las malas condiciones edilicias.
Días antes, el 16 de julio, un paciente pediátrico no pudo ser derivado porque la ambulancia disponible no tenía combustible, y otra persona sufrió una intoxicación por gases que ingresaron desde el caño de escape de un móvil sanitario durante un traslado. En cuanto a la guardia, los trabajadores señalaron faltantes de sueros, monitores, camillas y sillas de ruedas, y remarcaron que el hospital no cuenta actualmente con tomógrafo en funcionamiento.
¿Protección de pacientes o mordaza a los trabajadores?
El 14 de julio de 2026, Maruelli firmó un memorándum dirigido a todo el personal que invoca la necesidad de garantizar ambientes laborales “cuidados, saludables y libres de violencias”. El documento advierte sobre “deslinde de responsabilidad y sanciones” ante ciertas conductas en redes sociales.
Esto sería clave, junto con obligaciones legítimas —confidencialidad de pacientes, secreto profesional, prohibición de difundir imágenes de usuarios sin consentimiento— incluye también la difusión de fotos, vídeos o audios tomados en el ámbito laboral sin autorización institucional, e incluso el uso de imágenes de las propias instalaciones del hospital. A su vez, prohíbe filmar dentro del establecimiento, dentro o fuera del horario laboral, sin autorización.
Esta última parte es la que generó el escándalo, siendo que mientras existe un marco legal legítimo para proteger la intimidad clínica de los pacientes (el cuidado de datos personales), extender esa protección a las imágenes de las instalaciones del hospital —cocinas, techos, depósitos de residuos— no protege a nadie en particular, sino que impide que se documenten problemas de infraestructura, higiene y seguridad que no involucran identidad de pacientes. Casos similares de esta institución ya habían llegado a medios locales, con empleados denunciando amenazas para “ocultar la crisis sanitaria”.
Vale contextualizar que Kreplak y Kicillof ya enfrentaron otras denuncias sobre gestión sanitaria provincial este año, incluyendo un caso de ambulancias sin entregar en otro hospital bonaerense, y que Kreplak es hermano del juez federal que investiga el caso del fentanilo contaminado, lo que en 2025 generó tensión política adicional con la Casa Rosada.
Esto muestra que la cartera de Salud bonaerense atraviesa un momento de controversia pública alta, en el que hechos como el de Melchor Romero se vuelven parte de un patrón más amplio de cuestionamientos a la administración bonaerense.
La disputa entre Nación y Provincia por el financiamiento de la salud
Para entender por qué esta crisis se atribuye a la “gestión de Kicillof” hay que ubicarla dentro de la disputa política y presupuestaria entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional del presidente Javier Milei en torno al financiamiento del sistema sanitario. Nicolás Kreplak, expuso en 2026 que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud nacional se redujo un 40% respecto de 2023, y que un ajuste adicional de $63.000 millones afectó partidas de vacunas, medicamentos e insumos. De acuerdo a esos datos, la ocupación de camas de terapia intensiva en hospitales del conurbano bonaerense se ubica entre el 80% y el 90%, y las internaciones totales en hospitales públicos aumentaron un 35% entre 2023 y 2025.
Durante mayo de 2026, la Provincia denunció un nuevo recorte de fondos nacionales para salud, incluyendo partidas para fortalecimiento de sistemas provinciales, medicamentos e insumos médicos, en un contexto de crecimiento del 12% en la demanda hospitalaria desde que asumió Milei. Kicillof, por su parte, ha responsabilizado reiteradamente al gobierno nacional por lo que calificó de “catástrofe sanitaria”, señalando la caída de la coparticipación y el recorte de transferencias como causas centrales de la falta de recursos en los hospitales provinciales.
Al mismo tiempo, la Provincia le reclama a la Nación deudas millonarias vinculadas a hospitales de gestión compartida, mientras Nación responde que es la Provincia la que mantiene deudas con esos mismos hospitales por más de $507.000 millones.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Entre Ríos, Roque Fleitas, utilizó un salón de la administración PAMI —un espacio destinado a jubilados y pensionados— para realizar un acto partidario en la ciudad de Crespo, donde defendió al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y lanzó la campaña por la reelección del presidente Javier Milei en 2027. El hecho generó reacciones tanto fuera como dentro del propio oficialismo.
“A nosotros no nos van a correr con los medios de comunicación implementando e implantando cosas que no son ciertas y si son ciertas, lo va a determinar la justicia. Nosotros tenemos división de poderes”, afirmó Fleitas, haciendo hincapié en la inocencia de Adorni.
Fleitas es también diputado provincial de LLA. Fue elegido en la asamblea provincial de enero de 2025 como primer presidente partidario en la historia de LLA en esa provincia, tras ganar una disputa interna frente al sector del diputado nacional Beltrán Benedit. Además de su cargo partidario, es padre de Rebeca Fleitas, legisladora porteña que también participa activamente en la política entrerriana.
Al evento asistieron el diputado nacional Andrés Laumann (conocido en los medios como el “Batman libertario”) y la senadora nacional Romina Almeida. También estuvo presente María Celina Ledesma, titular de la delegación de ANSES en Paraná y vocal provincial del partido.
Durante el acto, Fleitas pronunció el llamado a la reelección de Milei y la defensa de Adorni. En ese momento, Adorni ya venía atravesando una grave crisis política y judicial por presunto enriquecimiento ilícito, compra de propiedades sin justificación patrimonial y gastos inconsistentes con su sueldo como funcionario.
— Roque Fleitas, junto a autoridades partidarias de Concordia, tras ser elegido titular del Comité Ejecutivo Provincial de LLA en 2025
Para entender el discurso de Fleitas es clave saber qué estaba pasando con Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo investigaba por enriquecimiento ilícito desde que asumió como funcionario, Adorni compró al menos dos propiedades —un departamento en Caballito y una casa en un barrio privado de Exaltación de la Cruz— financiadas con préstamos privados de jubiladas y policías, y realizó obras suntuosas pagadas en efectivo y sin factura.
A su vez, se investigó si viajó a Aruba y Punta del Este en vuelos privados con costos no declarados. Ante todo esto, Adorni insistió en que no cometió delitos, pero finalmente presentó su renuncia el 27 de junio de 2026.
La imagen negativa de Adorni había llegado al 80% según encuestas internas del propio oficialismo, por lo que la conducción nacional de LLA había pedido expresamente que se dejara de usarlo como “activo” político.
— Joaquín Benegas Lynch en un acto político de la conducción de Roque Fleitas en 2025
El episodio provocó dos críticas simultáneas desde Buenos Aires, ambas dirigidas al sector de Fleitas. Por un lado, le reprocharon haber salido en defensa de Adorni, cuando desde el área de comunicación del Gobierno ya se había dado la bajada de línea de no insistir con su imágen, considerado un lastre para el oficialismo. Fleitas desoyó esa directiva.
Por otro, quien salió a desmentir parte de la información fue la propia ministra Sandra Pettovello: “PAMI no está bajo la órbita del Ministerio de Capital humano sino del Ministerio de salud. Aunque mientan los pasquines vale la pena informar”.
En su entorno aseguran que existe una instrucción expresa de no mezclar la gestión de organismos públicos con actos de carácter partidario. Incluso, de acuerdo a lo trascendido, en el Gobierno comenzaron a hablar de “cortar cabezas”.
La reacción local
Lo paradójico del caso es que todos los involucrados en el acto —Fleitas, la directora de la delegación de PAMI de Crespo, Lorena Werner y Ledesma de ANSES— responden al operador político cercano a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, primo del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Esto abre una disputa interna entre distintas facciones del propio oficialismo.
En Crespo —una ciudad conocida como la Capital Nacional de la Avicultura— vecinos y referentes locales expresaron su indignación por que se haya usado el salón de jubilados para un acto político, especialmente en un contexto de recortes y ajuste en los haberes previsionales. Ledesma, lejos de bajar el tono, salió a defender el evento en redes sociales calificando las críticas de “fake New Opereta KK”, lo que profundizó la polémica.
“En el pueblo están escandalizados porque hicieron un acto político partidario en el Salón que es de jubilados y pensionados, en este momento de ajuste en haberes y prestaciones”, subrayaron fuentes de la localidad de Crespo, al medio La Política Online.
La Ley 19.032 que creó el PAMI establece que el organismo tiene por objeto prestar servicios a jubilados y pensionados. El uso de sus instalaciones para actos proselitistas no está contemplado en ese marco y entraría en contradicción con el principio de neutralidad política que deben mantener los organismos del Estado. Adicionalmente, la Ley de Ética Pública (Ley 25.188) prohíbe a los funcionarios usar recursos del Estado en beneficio de partidos políticos. Si la directora de la delegación de PAMI en Crespo autorizó el uso del salón para el acto, podría ser pasible de sanciones administrativas e incluso penales.
El PAMI es la obra social más grande de Argentina, creada en 1971. Cubre a más de 3.8 millones de jubilados y pensionados en todo el país. Sus instalaciones —delegaciones, salones, centros de jubilados— son espacios públicos financiados con aportes de trabajadores y jubilados, destinados exclusivamente a prestaciones de salud, recreación y bienestar de los adultos mayores
El organismo tiene presencia territorial mediante delegaciones locales. En Crespo, Entre Ríos, existe una oficina del PAMI con un salón que habitualmente se usa para actividades de los jubilados afiliados. Usar ese espacio para un acto político implica convertir un recurso estatal de los jubilados en una herramienta de clientelismo partidario.
La comisión creada para ordenar la liquidación de la anterior obra social fracasó y quedó sin salida técnica. El conflicto quedaría en definirse por medio del propio Javier Milei.
En el Hospital Korn, en Melchor Romero, un memorándum interno prohíbe filmar las instalaciones con el argumento de proteger a los pacientes, pero los trabajadores denuncian que solo busca ocultar el deterioro edilicio.
La red captaba civiles y exmilitares a través de plataformas digitales y funcionaba como parte de un circuito internacional que ya envió a miles de latinoamericanos a la guerra.
Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/Pppyd23460
