20 junio, 2025

El intendente de Córdoba gastó $60 MILLONES en remodelar su despacho

El intendente de la municipalidad de Córdoba, Martín Llaryora gastará más de 60 millones de pesos para arreglar su despacho y la oposición va a pedirle explicaciones.
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Es que, además, el gasto de 43 millones de pesos para contratar a Ulises Bueno despertó el malestar y rechazo social. El despilfarro de las cuentas municipales por parte del ladero directo del gobernador Juan Schiaretti, es una constante en la gestión.

“La obra está hecha y totalmente paga. Creo que se gastó más porque el contrato además preveía el tipo de inflación que iba a haber en el transcurso de la obra (que comenzó en abril), pero todo eso va a ser producto de los pedidos de informe que se van a hacer ahora y en base a eso los pasos a seguir”, dijo el legislador radical Miguel Nicolás.

Precisamente, sobre el asunto, hoy los concejales de la oposición se reunían para analizar y evaluar un pedido de informes. “Tendría que actuar la fiscalía anticorrupción, averiguar y escarbar hasta el fondo este tema para ver si ha habido evasión o malversación”, añadió.

No es la primera vez que al jefe comunal cordobés se le va la mano con la plata del contribuyente. Lleva en su haber un largo derrotero de gastos que no cayeron muy bien en el humor social. Antes había aplicado 172 millones de pesos del presupuesto para obras ornamentales en el edificio municipal, 700 millones por una ciclovía voladora, 60 millones en propaganda para la Maratón 2021, 150 millones por la Bicicleteada 2022 y la frutilla del postre: el recital de Ulises Bueno en la ciudad que terminó suspendido, aunque en las arcas municipales el monto de 43 millones está “imputado” administrativamente.

“La insensibilidad y la indiferencia del intendente Llaryora para direccionar el malgasto descontrolado lo pinta de cuerpo entero. Gastó 60.570.300,59 pesos para remodelar su oficina, mientras la pobreza en Córdoba es una de las más altas del país. La gente en las villas se muere de frío, pasa hambre y necesidad por responsabilidad de un estado municipal que también los expulsó al cinturón de precariedad”, se había quejado Nicolás y la protesta despertó a buena parte del arco político que se subió a la ola de reclamos contra Llaryora.

Es que el derroche de lo que en Córdoba Capital califican de “suntuario” es ni más ni menos que la “remodelación y puesta en valor” por 60.570.300,59 que le pagará a la firma ICARO SA. El recital de Bueno, colmó la paciencia.

“Es notable que Llaryora no dimensione el estado de emergencia que él mismo decretó en la municipalidad, por lo menos para darse el lujo de gastar esa millonaria cifra, equivalente a diez viviendas de dos dormitorios en cualquier barrio de la ciudad”, continuó Nicolás. “La impunidad con la que malgasta los fondos públicos, es alarmante. Intentó gastar 43 millones en un cumpleaños que fue suspendido por el repudio generalizado de la gente y ahora sale a la luz este gasto millonario de más de 60 millones de pesos en remodelar su oficina”.

*Fuente: REALPOLITIK (Mónica Galván)

Redacción

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Insfrán criticó al Gobierno por cobrar la salud a extranjeros

El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.

“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”

Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.

En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.

“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.

Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.

De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.

Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.

Redacción

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Intendente de Insfrán armó un escándalo y amenazó al senador Paoltroni durante una cabalgata

La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.

Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.

“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.

En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.

Redacción

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Docentes de Chaco denunciaron que fueron sustituidos por piqueteros

El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.

Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.

La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.

Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.

El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.

Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.

El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.

Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.

El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.

Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.

Redacción

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Frigerio respaldó la intervención del IOSPER: “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.

Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.

En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.

El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.

Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:

  • Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
  • Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
  • Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
  • Estabilidad laboral de todo el personal actual.
  • Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
  • Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.

Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.

Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.

Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.

Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.

Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.

Redacción

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Militares con sueldos de subsistencia reclamaron un aumento a Petri para no seguir bajo la línea de pobreza

Bajo las peticiones internas, el ministro de Defensa Luis Petri se encuentra evaluando la restitución de un plus salarial del 40% para militares destacados en el exterior, beneficio que fue eliminado durante la gestión kirchnerista en 2007 mediante el decreto 1140. Esta medida, que equiparaba los ingresos de los agregados militares, con los del personal diplomático.

“Siempre nos hacen hacer shows para el público y turistas como una corrida por las playas de Mar del Plata”, afirmaron fuentes militares.

El conflicto sobrepasa la cuestión meramente económica, abarcando problemas estructurales como el mal funcionamiento de la obra social militar (IOSFA), que se encuentra “sumida en una crisis financiera y de funcionamiento profunda”.

La ex ministra de Defensa, identificada como “filo montonera” y diputada de la Juventud Peronista en 1973, Nilda Garré, implementó estas medidas en un contexto político particular que generó resistencia institucional, con una doctrina política “contra los uniformados”, agravado posteriormente con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los funcionarios en el exterior, lo que profundizó aún más la brecha.

– El contador Roberto Fiochi, presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad

La estructura salarial actual de las Fuerzas Armadas presenta una distribución que va desde los 800.000 pesos para los grados inferiores hasta los 2.500.000 pesos para los rangos superiores, según el grado militar y la fuerza específica. Estos montos son considerados “muy bajos a nivel interno” y aún más insuficientes cuando se comparan con los salarios de militares de otros países de la región. La situación se ve agravada por la inflación y el costo de vida en Argentina, lo que ha llevado a que muchos militares consideren sus ingresos como “sueldos de subsistencia”, del 9% en los puestos más altos y del 35% en los rangos superiores comparado con las fuerzas de seguridad. Particularmente crítica es la situación en la Armada, donde el 55% del personal cobra por debajo de la canasta básica.

Es revelador comparar con el caso de Gendarmería, donde según reportes recientes, “un gendarme con 15 años de servicio percibe un salario aproximado de 750.000 pesos, lo que lo coloca por debajo de la línea de pobreza”. Esta realidad económica ha llevado a que algunos efectivos busquen ingresos complementarios en trabajos alternativos, como se evidencia en testimonios donde declaran ganar “más de delivery que con el miserable sueldo”.

Ante esto, el gobierno ha planteado la posibilidad de asignar militares para “combatir el crimen organizado en la frontera norte de la Argentina” similar a México, según anuncios del propio ministro Petri. Sin embargo, esta propuesta genera resistencia entre los militares, quienes reclaman “que se promueva una nueva ley que los ampare para el caso de tener que actuar en seguridad interior y no queden en la ilegalidad”.

La magnitud del malestar es tal, que las quejas han alcanzado no solo a los militares en actividad, sino también a los retirados, muchos de los cuales fueron “desafectados sin motivos claros” con la llegada del gobierno actual.

Redacción

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Presentaron un informe sobre programas sociales en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos abrió las puertas del Salón de los Pasos Perdidos para revelar en detalle cómo avanzaron, durante 2024, los programas provinciales de economía social. El informe llegó de la mano de la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Humano y reunió a legisladores, funcionarios y personal parlamentario con un objetivo central: transparentar números y alcances de las políticas que buscan fortalecer los emprendimientos de base y el trabajo genuino en toda la provincia.

El presidente de la Cámara baja, Gustavo Hein, encabezó la presentación junto al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, y la directora general de Economía Social, Bárbara Erbes.

Esta es una buena oportunidad para compartir la información con los diputados, que son agentes de territorio y a quienes llegan las inquietudes y tienen la necesidad de dar respuestas. Este acontecimiento nos brinda la posibilidad de hablar con certeza”, introdujo Hein antes de ceder la palabra a los técnicos de Desarrollo Humano.

Hein subrayó también el rol del parlamento como motor de iniciativas en favor de la comunidad: “Desde la Cámara, con el acompañamiento de los diputados y la disposición de los trabajadores, intentamos ser una usina de ideas para ser útiles a la sociedad entrerriana”.

Al detallar la estrategia oficial, Omarini enfatizó la necesidad de orientar las políticas sociales hacia una cobertura amplia y equitativa: las ayudas puntuales —advirtió— resultan insuficientes si no avanzan hacia la universalización. “Generamos políticas de activación para quienes llevan adelante un microemprendimiento, mediante tres puntos básicos: la capacitación, el financiamiento y la comercialización”, precisó, y recalcó que el esquema se apoya a la vez en la federalización de recursos y en la transparencia de la gestión.

Con la mirada puesta en 2025, los funcionarios coincidieron en que la continuidad y el fortalecimiento de los programas de economía social dependerán de mantener el flujo de información pública y de sumar propuestas que acerquen herramientas concretas a emprendedores de cada rincón de Entre Ríos.

Redacción

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