El campo convocó PARO NACIONAL para el 13 de julio por el desabastecimiento de gasoil
La Mesa de Enlace se hartó de que el Gobierno nacional ignore la problemática en el sector.
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Argentina se encuentra desabastecida de gasoil y el Gobierno nacional hace oídos sordos ante los pedidos de respuesta, con lo cual la Mesa de Enlace convocó un paro nacional para el próximo 13 de julio. Como primera instancia, se habían dado diferentes tipos de manifestaciones de transportistas a lo largo y ancho del país, con el presidente Alberto Fernández haciendo la vista gorda.
El anuncio viene acompañado de un cese de la comercialización de granos y ganado, amén de que no se descarta extenderlo por más tiempo. La “jornada federal” incluirá movilizaciones, pero sin cortes de rutas, según dejaron en claro.
“Queremos que nos acompañen con un cese de comercialización por ese día y poder empatizar con todos los argentinos. Sabemos de las complicaciones que están pasando cada uno de los argentinos. Queremos contribuir a preservar la democracia y a que la clase política dé la respuesta que está necesitando el pueblo argentino”, sentenció Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA).
A través de un comunicado, las 4 entidades que conforman la Mesa de Enlace (Coninagro, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina) indicaron que “resulta urgente el acceso al gasoil y a los fertilizantes para evitar una parálisis total del aparato productivo”. “También es necesario que haya menos intervenciones dañinas, que se baje el gasto público y que se ponga fin a la crisis energética”, resaltaron.
Asimismo, la Mesa de Enlace detalló en el comunicado que “el sector agroindustrial genera casi 4 millones de empleos en todo el país, el 70 por ciento de las exportaciones y 8 de cada 10 divisas netas”.
De la presentación participaron también el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, su par de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, y el vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (ConInAgro), Elbio Laucirica.
En el “mientras tanto” el Gobierno nacional responde con ignorancia mediante el comodoro K de la Secretaría de Energía, Darío Martínez, quien aseguró que las importaciones de gasoil realizadas durante los primeros 5 meses de este año duplicaron las que se habían registrado en el mismo período del anterior.
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La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) dio a conocer su “semáforo” de economías regionales. En noviembre de 2025, el informe registró cinco actividades en “verde”, ocho en “amarillo” y seis en “rojo”, con una única novedad intermensual: la cadena aviar bajó de “verde” a “amarillo” por “un deterioro en los componentes de negocio y mercado”.
El reporte evaluó tres componentes: “negocio”, “productivo” y “mercado”. En el primero, midió la evolución de precios y costos en términos mensuales e interanuales; en el segundo, consideró área o stock y producción; y en el tercero, siguió exportaciones, importaciones y consumo interno.
En el corte de noviembre, las actividades ubicadas en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En amarillo quedaron forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, y avícola. En verde se ubicaron bovinos, porcinos, ovinos, granos y miel.
Sobre el cambio de categoría del complejo aviar, Coninagro precisó quelos precios subieron 16% en los últimos 12 meses, por debajo de la inflación general del 31%. En paralelo, las exportaciones se redujeron 13% y las importaciones aumentaron 12%, mientras que el consumo creció 1%. Aun así, la entidad indicó que el componente productivo contuvo una baja mayor, debido a que “los indicadores continúan siendo positivos: el stock de aves creció 4% y la producción aumentó 3% en el último año”.
Más allá de la evolución mensual, Coninagro incluyó un análisis retrospectivo del período 2016–2025. Según la entidad agropecuaria, en más de diez años de publicaciones del semáforo, ocho de las 19 economías analizadas pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Entre las más comprometidas ubicó a la vitivinicultura y a los cítricos dulces, que permanecieron en rojo cerca del 70% de los meses. Detrás se ubicaron la lechería y el arroz, con 63%, y luego la producción ovina, junto con peras y manzanas y papa, que rondaron el 55% del período en esa situación.
En el extremo opuesto algunas actividades mostraron recorridos más estables. Las carnes porcina, aviar y bovina permanecieron en verde en más del 45% del tiempo, y el mismo comportamiento registraron la producción manicera y el complejo granos.
En su capítulo de comercio exterior, el informe consignó que, entre enero y noviembre de 2025, las 19 actividades relevadas sumaron exportaciones por U$S 54.193 millones, lo que representó un salto del 65% frente al promedio histórico de la última década (U$S 32.802 millones). El análisis advirtió una fuerte concentración: el 76% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) y el 9,4% correspondió al sector bovino. El 14,6% restante, equivalente a unos U$S 7.912 millones, lo aportó el conjunto de las demás economías regionales.
En importaciones, el total promedió U$S 3.145 millones entre enero y noviembre. El complejo granario explicó el 72% de las compras externas, seguido por la actividad forestal (9%), el sector porcino (4%) y el algodón (3%), mientras que el 12% restante se distribuyó entre otras producciones.
Al comparar con el promedio del mismo período de los últimos nueve años, Coninagro marcó que algunos sectores crecieron con fuerza y otros retrocedieron. En el ranking exportador, el tabaco lideró con U$S 590 millones, un 293% por encima de su promedio histórico. Le siguió el arroz con U$S 414 millones (+181%) y luego el complejo forestal con U$S 148 millones (+154%). El complejo lácteo se destacó con U$S 1.621 millones, un 129% de crecimiento frente a los U$S 738 millones del promedio 2016–2024. En sentido contrario, la única caída relevante la registró la actividad avícola, con U$S 87 millones, un retroceso del 64% frente al promedio histórico (U$S 218 millones).
En importaciones, Coninagro informó que cuatro complejos prácticamente duplicaron o más que duplicaron sus compras externas respecto del promedio 2016–2024. Los cítricos dulces encabezaron el incremento con U$S 24,6 millones (+118%), seguidos por el maní con U$S 1,7 millones (+102%). En niveles similares se ubicaron el complejo bovino con U$S 97 millones (+98%) y la vitivinicultura con U$S 43 millones (+97%). En el otro extremo, el informe indicó bajas cercanas al 50% en papa (de U$S 20 millones a U$S 10 millones), apicultura (de U$S 96.000 a U$S 45.000), hortalizas (de U$S 31 millones a U$S 15 millones) y el complejo ovino (U$S 2 millones frente a U$S 3 millones del período anterior).
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una actualización tarifaria de 7,17% para la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico, ambos concesionados a la empresa AUBASA.
La medida se enmarca en el mecanismo de revisión trimestral regido por el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT). Los nuevos valores comenzaron a regir a las 00 h del sábado 3 de enero de 2026, tras haberse cumplido la audiencia pública correspondiente y sin haber recibido objeciones por parte de los organismos de control.
El ajuste se basa en una metodología de cálculo que pondera diversos indicadores del INDEC: un “55 % del Índice de Salarios nivel general para trabajadores registrados”, un “25 % del Índice de Precios Internos al por Mayor” y un “20% del Índice de Precios al Consumidor Nivel General – IPC”.
Con esta actualización, las autoridades provinciales buscan ajustar los costos de mantenimiento de los caminos concesionados. Asimismo, se informó que los usuarios de TelePASE podrán acceder a descuentos y evitar demoras en las cabinas manuales durante la temporada alta.
En la Autopista Buenos Aires–La Plata, los precios varían según la estación y el horario de circulación. En las cabinas de Dock Sud, Hudson y Gutiérrez, un auto particular (categoría 1) pagará $1.400 en hora pico y $1.100 fuera de ese rango, mientras que los vehículos de mayor porte, como los de categoría 7, abonarán hasta $16.000.
Por su parte, en los peajes de Quilmes, Berazategui y Bernal, el costo para autos quedó fijado en $1.000 para las horas de mayor afluencia y $800 en horario no pico.
Para quienes se dirijan hacia la costa por el Sistema Vial Integrado del Atlántico, los aumentos coinciden con el inicio de la temporada turística. En las estaciones de Samborombón, La Huella y Maipú, el peaje para la categoría 1 se ubicó en $7.000, mientras que los vehículos pesados de categoría 6 deben desembolsar hasta $34.900.
En el caso de la estación de Villa Elisa, las tarifas para autos particulares serán de $700 en hora pico y $600 fuera de dicho horario.
Finalmente, en otras rutas hacia los destinos balnearios, el cruce en General Madariaga tendrá un costo de $3.000 para autos y hasta $14.700 para las categorías más altas.
En la estación de Mar Chiquita, la tarifa para la categoría 1 quedó establecida en $3.300, ascendiendo a $16.100 para la categoría 6. Estas resoluciones fueron publicadas en el suplemento del Boletín Oficial bonaerense por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
Mientras que el empleo formal y las jubilaciones perdieron frente a la inflación, la Asignación Universal por Hijos –AUH– y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que crecieron en términos reales durante los primeros dos años de gobierno de Milei. En esta descripción está contenido el corazón del modelo libertario y quizá explica la ausencia de conflictos sociales masivos, luego de dos años de ajuste sostenido.
En contra del relato del “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la ayuda directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en poder de compra real. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH fue en el 2023, en el último año del gobierno de Alberto Fernández. No parece un dato menor para sumar a las razones de la derrota electoral del peronismo.
Según confirmó una fuente del Gobierno al sitio LPO, a diciembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo alcanza a 4.114.513 titulares, incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. Más de seis millones de planes. Todo un récord que habla mucho de la latinoamericanización de la Argentina, que está muy lejos de ser el gran país de clase media de América Latina que supo ser hasta los setenta.
Los cuadros de evolución real muestran que AUH y Alimentar fueron los únicos ingresos que corrieron por arriba de la inflación de manera consistente, en contraste con el salario mínimo que perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total, según un informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral vinculada a Juan Grabois.
La combinación ayuda a explicar un dato político clave de la primera mitad de gestión libertaria: no hubo estallido social, pese a la magnitud del ajuste. Lejos de eliminar la asistencia, Milei hizo dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y reforzó las transferencias directas.
En 2015, Cristina Kirchner dejó el poder con 250 mil planes y el tema fue uno de los caballitos de batalla de Cambiemos que criticaba las políticas sociales del peronismo, bajo el despectivo título de “los planeros”. Sin embargo, el sistema se terminó de desvirtuar durante la presidencia de Mauricio Macri cuando la ayuda social pegó un salto brutal a casi un millón y medio de beneficiarios como señala un informe del Observatorio de Datos de la Fundación del Plata. Luego, con Alberto Fernández y la pandemia la ayuda llegó a 4 millones de beneficiados y eso no se revirtió sino que creció con Milei, pese a que la pandemia ya pasó hace varios años.
En ese sentido, la evolución real de la política de ingresos para la infancia, la Asignación Universal por Hijo, alcanzó durante el gobierno de Milei niveles históricamente altos en términos reales. La actual AUH es 23 por ciento más alta que la que se pagaba durante la presidencia de Alberto Fernández e incluso 10 por ciento superior a la vigente durante el gobierno de Cristina Kirchner, creadora del programa.
La mejora se explica por un aumento extraordinario de la AUH, que en la comparación interanual muestra una suba real del 47 por ciento. Pero la medición que el propio Gobierno utiliza como referencia es aún más impactante: entre noviembre de 2023, último mes de la gestión de Alberto Fernández, y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100 por ciento, una variación excepcional que consolidó a la política social como el principal amortiguador del modelo en un escenario de fuerte deterioro de los salarios que sintieron la devaluación del 120% de diciembre de 2023, que nunca se terminó de recuperar.
Esto se vio además acompañado por una pérdida de empleos formales de calidad, que en los dos primeros años de Milei ronda los 180 mil puestos de trabajo, en una tendencia que se viene agravando: sólo en octubre pasado se perdieron 70 mil empleos.
La paradoja libertaria es que, mientras el discurso oficial insiste en el ajuste y el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se convirtió en el principal amortiguador del modelo, en un contexto de salarios en caída libre y pérdida de empleos formales.
El diagnóstico se refuerza al mirar los cuadros de evolución real de la AUH y la Tarjeta Alimentar elaborados por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) en su monitor de economía popular. Allí se observa que, a diferencia de los salarios, las transferencias sociales no fueron licuadas por la inflación durante el gobierno de Milei.
Por otro lado, gran parte de la contención social recayó en los gobernadores que fueron los otros afectados del ajuste de Milei. Según fuentes de Desarrollo Social del gobierno de Santa Fe, durante el año 2025, se registró un incremento aproximado del 30% en la demanda alimentaria en la provincia.
En Santa Fe, los programas alimentarios se canalizan a través de la Tarjeta Única de Ciudadanía (TUC), Tarjeta Institucional (TI), ProSoNut que alcanzan a 246.153 personas, confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social provincial a cargo de Victoria Tejeda.
La ayuda llega a 177 localidades de los 19 departamentos y a 926 instituciones, con una inversión mensual de más de 3.800 millones. Una ayuda que se reforzó en las fiestas con una partida extra de 3.200 millones.
Como sea, según el estudio de la FDHI, medidos en términos reales, los montos combinados de AUH y Tarjeta Alimentar muestran una recuperación sostenida desde el inicio de la gestión libertaria, con aumentos que superaron el ritmo de los precios. En los gráficos, la asistencia social aparece como la única variable de ingresos que logra mantenerse -e incluso mejorar- frente al avance inflacionario.
El contraste con los salarios es contundente. Mientras la AUH y la Alimentar mejoran su desempeño relativo frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el salario mínimo cae en picada frente a la Canasta Básica Total (CBT), profundizando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores formales. En términos simples: la política social amortiguó la indigencia, pero el ajuste recayó sobre el trabajo.
Los cuadros también muestran que, aun con las mejoras, la AUH y la Tarjeta Alimentar siguen cubriendo solo una fracción limitada de la CBT, es decir, no alcanzan para sacar a un hogar de la pobreza. Sin embargo, sí logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En ese sentido, el informe de la DHI confirma la paradoja del modelo libertario: Milei ajustó fuerte por el lado del salario y el empleo, pero blindó la asistencia directa, consolidando a los planes sociales como la principal ancla de estabilidad social en un contexto de deterioro acelerado de los ingresos formales y las jubilaciones.
La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública.
A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldán, puso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego.
El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes.
La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.
En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas,el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas.
Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.
Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales.
Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos.
La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña.
Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos.
Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre.
Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.
Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest.
El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral.
Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.
Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticascomo el mantenimiento de los aviones hidrantes.
Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.
En otras palabras,el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado.
Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.
La Municipalidad de Villa Allende, en Córdoba, dispuso la colocación de portones que cerró durante la noche en calles secundarias de zonas específicas, como parte de un plan que buscó combatir hechos de inseguridad. La medida se encuadró en el “Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal”, que se convirtió en la ordenanza 14/25, y se puso en marcha entre febrero y marzo luego de un fallo judicial que rechazó recursos de amparo y habilitó al Ejecutivo local a avanzar con el cerramiento en barrios como Pan de Azúcar y Lomas Sur.
Las autoridades locales explicaron que el programa incluyó la incorporación de móviles para patrullaje, la instalación de cámaras de seguridad y domos policiales, además de mejoras de iluminación y la adquisición de un dron. En distintos detalles difundidos sobre el plan, se mencionó la incorporación de cinco móviles, la instalación de 250 cámaras y 57 domos policiales; también se informó que el programa incluyó 300 cámaras de seguridad y ocho móviles policiales adicionales, con el objetivo de establecer corredores seguros.
El punto más novedoso —y el que concentró la polémica— fue la decisión de colocar portones para restringir la circulación vehicular en determinadas cuadras. El intendente Pablo Cornet confirmó que los primeros se armaron en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. “Es un proyecto integral que incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones vienen a facilitar la tarea de control preventivo. Buscamos dejar corredores seguros, bien iluminados y monitoreados, mientras que las calles secundarias se van a cerrar”.
Cornet atribuyó el origen de la iniciativa a recorridas barriales: “Me contaban por dónde entraban y escapaban los delincuentes. Charlando con ellos, surgió la idea de que se deberían cerrar esas calles y así se empezó a cocinar la iniciativa”. También describió robos frecuentes denunciados por vecinos: “Los vecinos están indignados porque les roban herramientas, mangueras o escaleras, generalmente cuando no están en sus casas o durante la noche. Surgieron indicios de que cerrar calles servía cuando, por una obra de pavimentación, una cuadra quedó cerrada y los propios vecinos hicieron una encuesta por WhatsApp, donde la gran mayoría sintió que mejoró la seguridad”.
– Pablo Cornet, intendente de Villa Allende
En la primera etapa, el esquema contempló la colocación de 14 portones, activos entre las 22 y las 6: algunos cerraron por completo la cuadra y otros permitieron el paso peatonal. Cornet la definió como una “prueba piloto” para que, sobre la base de la experiencia, vecinos de otros barrios decidieran si consideraron la herramienta efectiva para bajar la inseguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba se expresó una posición de respaldo a la potestad local y al rol policial: “La potestad del tránsito es netamente municipal y en la Policía estamos en condiciones de brindar seguridad pública en cualquier circunstancia. La autonomía municipal se respeta y si Villa Allende decidió hacer eso, son los vecinos los que tendrán que dar su opinión. Nosotros garantizamos la seguridad pública”.
La iniciativa se aplicó en la localidad ubicada a 25 kilómetros de la Ciudad de Córdoba. Allí rige una emergencia en seguridad desde 2023, aprobada en el Concejo Deliberante por el “incremento en forma sustancial de los hechos delictivos que atentan contra la integridad de las personas y la propiedad”. En otra caracterización del contexto se consignó que el 60% de los robos se registró durante la noche, según reportan datos oficiales.
La puesta en marcha se destrabó luego de un recorrido judicial. Si bien el proyecto se aprobó a mitad de año, una serie de amparos unificados presentados por vecinos frenó su avance. Luego, la Cámara Contencioso Administrativa de la Primera Nominación de Córdoba convalidó la ordenanza y permitió la ejecución del plan.
En los fundamentos se indicó que la colocación de portones e infraestructuras de seguridad no vulneró derechos constitucionales de manera “manifiesta” y que la “seguridad como valor central” justificó las medidas adoptadas por la gestión municipal. En el caso reseñado, la Cámara también consideró que los planteos de inconstitucionalidad “no son procedentes” y calificó la iniciativa como “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”.
Vecinos Autoconvocados de Villa Allende anunciaron que apelaron el fallo y calificaron la sentencia como un “agraviante y torpe alineamiento con la gestión municipal” que “desoye absolutamente a los vecinos”. En un comunicado sostuvieron que la Cámara Contencioso Administrativa, al admitir la colocación de portones en nombre de “preservar la seguridad como valor central”, ha hecho suyo el argumento planteado por la municipalidad de que el cierre de calles mediante portones garantizará seguridad”.
Los autoconvocados cuestionaron la falta de “estudios previos, estadísticas o experiencias concretas” que respaldaran la eficacia del cierre y citaron “antecedentes desfavorables como en Guaymallén Mendoza”. También afirmaron: “Incluso el propio intendente, reconoció en declaraciones públicas que la colocación de portones es una experiencia sujeta a prueba y error. Claro que sin aclarar que el ensayo, no lo pagarán los funcionarios sino los vecinos que además veremos desvalorizarse nuestras propiedades con un portón en la cuadra o en nuestra vereda”. Además, alertaron sobre riesgos operativos: “Son públicas además, las alertas que hemos realizado sobre la inseguridad que los portones crearán frente a inundaciones, desplazamiento de vehículos de emergencias médicas, autobombas e incluso la propia policía o seguridad ciudadana”.
El frigorífico Pico de La Pampa, encargado de la fabricación de hamburguesas Paty, suspendió a sus 450 empleados en las últimas horas, en medio de una severa crisis que golpea la producción del sector y de muchas otras industrias en todo el país.
La noticia se conoce al tiempo que se informa el cierre de dos plantas textiles en Corrientes y Chaco, y que deja a 260 trabajadores en la calle, poniendo de relieve que la crítica situación económica atraviesa de manera transversal a los diferentes rubros.
En el caso de la compañía que se volvió un símbolo del medallón de carne picada, la medida adoptada se argumentó por una caída de las ventas y la acumulación de deudas superiores a los $30.000 millones.
Pico pagó el precio de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma de las exportaciones que impactó de lleno en el sector.
Según detallaron desde la firma, pasaron de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, ilustrando el derrumbre de un sector que -sin embargo- no se privó de registrar aumentos de precio que duplicaron la inflación durante el año pasado.
La retracción de las exportaciones de carnes durante 2025 redondeó un 7,3%, con una reducción dominante de los envíos a China -principal destino del producto nacional- del 12,3%.
Como Pico dependía en buena medida del comercio exterior para sostener su estructura operativa, sus ingresos se vieron comprometidos.
En la localidad pampeana de Trenel, donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, crece la preocupación por un eventual cierre definitivo. La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino también a comerciantes, transportistas y productores vinculados a la cadena cárnica.
LAS PEORES HORAS DEL SECTOR TEXTIL:
Como se mencionó, la textil Emilio Alal cerró sus plantas productivas de hilados y telas en Corrientes y Chaco, y despidió a 260 operarios. Se suma a un escenario lapidario que padece el sector que -desde la asunción de Milei en 2023- acumuló una pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo registrados en todo el país.
La compañía estaba dedicada a la fabricación de insumos para la industria del calzado, accesorios y talabartería, además de la producción de hilados de algodón y telas, según consignó el diario El Litoral.
El nivel de producción del sector solo es comparable con los momentos más complejos de la pandemia.
En octubre, la utilización de la capacidad instalada del sector descendió al 32,5%, lo que representó una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto de septiembre y de 15,3 puntos frente a octubre de 2024.
El cierre se suma al de otras empresas del sector que en los últimos meses anunciaron cierres o reducciones de sus plantas, con caída en el empleo.
La firma, con más de 100 años de trayectoria, dijo que la decisión responde al “actual contexto económico y comercial adverso”, cada vez más dominado por los importaciones y apuntó a problemas estructurales que “afectan la competitividad de la industria nacional”.
Los directivos hablaron de un escenario inviable para la continuidad de sus operaciones y sin perspectivas de mejora en el corto y mediano plazo.
La empresa cuestionó la apertura “indiscriminada” de importaciones de hilados, telas y prendas de vestir, tanto nuevas como usadas. También se remarcó la caída del poder adquisitivo; los altos costos financieros, laborales y energéticos; y la elevada carga impositiva.
La compañía dijo que ese escenario “generó una pérdida significativa de competitividad para la producción nacional”.
Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), la actividad del sector registró una caída interanual del 24% en octubre de 2025, muy por encima del retroceso promedio de la industria manufacturera, que fue del 2,9% en el mismo período.
Tras la presentación de Milei en La Derecha Fest, testimonios y registros revelaron la trama de estafas y purgas ideológicas en el entorno presidencial. Desde el robo de la marca del festival hasta el uso de la Fundación Faro como caja de disciplina, esta es la radiografía del comisariato político que exige sumisión absoluta, haciendo que el propio Nicolás Márquez apele a citar a Lenin y a sentenciar: “prefiero chuparle la pija a Milei”.
Desde el entorno del legislador kirchnerista defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada” y es una “persona de confianza del senador”.
La investigación federal por el incendio en el Parque Nacional Los Alerces dejó de mirar el origen del foco y apunta a una presunta cadena de omisiones, demoras y posible desvío de recursos que habría convertido una emergencia controlable en una catástrofe, con funcionarios desplazados y fondos de prevención bajo auditoría.
