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Una nueva polémica apareció en torno al Gobierno Nacional, esta vez, por una subasta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), donde quisieron rematar casi 1000 toneladas de monedas, pero luego de que la noticia tomará trascendencia, se decidió dar marcha atrás.
La metodología de rematar monedas, es una mecánica que se suele utilizar para la destrucción de dinero que ya no está en circulación. Según la publicación de la subasta, que se realizaría a través del Banco Ciudad, el precio base era de $522.000 por 962 toneladas de monedas, donde la intención era rematar 339 tambores metálicos cerrados sobre pallets de madera, conteniendo en su interior, monedas y cospeles con un peso neto aproximadamente de 962.294,59 kilogramos, el próximo miércoles 2 de noviembre.
El BCRA quiso subastar 339 tambores metálicos repletos de monedas
Ahora bien, esto no se llevó a cabo porque la noticia se hizo pública, desnudando errores garrafales y hasta infringiendo la ley por lo siguiente: Como primer motivo, hubiera implicado que el BCRA hubiera vendido monedas de curso legal sin haberlas desmonetizado. Y, en segundo término, si alguien hubiera pujado en el remate y ganado para poder fundir las monedas, hubiera infringido el artículo 283 de la Ley 11.179.
“Art. 283 – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada. Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión.”
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La administración a cargo de Javier Milei busca reactivar cerca de 250 proyectos de obras públicas que tiene a cargo la Nación. De ese número aproximado, afirman fuentes oficiales, hay 100 que están iniciándose y 150 que están en proceso de descongelamiento.
Este proceso será en la gran mayoría de las provincias, pero no en todas, porque solo será en aquellos distritos donde sus gobernadores hubieren firmado el traspaso de obras públicas que la Casa Rosada pactó con la gran mayoría de los gobernadores. Solo hubo dos que no lo hicieron: Buenos Aires y La Pampa.
Para los demás, Nación se comprometió con los respectivos gobernadores que retomarán con el avance de obras viales, hídricas y energéticas que sean “prioritarias” y “estratégicas”. Del total de obras seleccionadas por la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Luis Giovine, hay 150 que tienen un largo proceso para retomarse. “Hay que volver a contratar la maquinaria, a las empresas que van a actuar… no es sencillo”, fuentes gubernamentales.
EL DETALLE DE LAS OBRAS PÚBLICAS: QUIENES SI Y QUIENES NO
Se trata de una de las demandas clave que los gobernadores le hacen al gobierno de Milei. En lo que va de gestión, Nación redujo de manera considerable las transferencias discrecionales, los fondos educativos y de salud que iban a las provincias. Esto no fue excepcional en lo que refiere a obras públicas nacionales: según datos recabados por Presupuesto Abierto, la Secretaría de Obras Públicas tan solo devengó un 11,14% de su presupuesto para este año.
Quien se refirió a este punto fue el Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación, Lisandro Catalán. “El vínculo con los gobernadores es cordial. Estamos diagramando un calendario de reinicio de obras públicas. Firmamos un convenio con 21 gobernadores y se están reiniciando muchas obras públicas en Argentina”, afirmó en diálogo con Ignacio Girón en CNN Radio.
Los funcionarios del Gobierno buscan terminar con las obras iniciadas para después diseñar nuevos proyectos. Giovine afirmó durante una exposición de la Cámara de la Construcción (CAMARCO) que de las 2731 obras que tiene bajo su responsabilidad, se frenarán 924 que pertenecen al programa Argentina Hace y otras 170 que fueron consideradas de baja prioridad.
De ese subtotal de 1637 obras remanentes, el Gobierno quiere llegar que 914 de esas sean transferidas a las provincias. De ese filtro, Giovine afirmó que hay 347 obras que se reprogramarán y 376 que van a continuar; un número que difiere sensiblemente del que manejan en Casa Rosada.
¿Cómo se verificó el arranque de las obras que estaban paralizadas? Desde CAMARCO informaron que no hay registros que indiquen “que se hayan iniciado los proyectos”. En tanto, un informe de julio de la Cámara de la Construcción indica que hubo un crecimiento de 25% en los despachos de cemento respecto a junio. El número del mes pasado es, igualmente, un 14,5% menos que lo registrado en esta época del año en 2023.
Lo mismo pasa con el Índice Construya, que mensura la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman. Este registró una recuperación de 12,09% mensual desestacionalizada, aunque se mantuvo 16,50% por debajo del nivel de julio de 2023.
Las posiciones en los gobernadores son divergentes. Desde una importante provincia afirman que “por ahora solo algo en algunas obras muy menores, nada de lo que es importante y necesario”. Otra provincia patagónica afirma que “la semana que viene se debería ver el inicio de algunas obras”. Cuanto menos, son posiciones que reflejan que el panorama es dispar según el territorio donde se ponga el foco.
LA FURIA DE KICILLOF Y LA FALTA DE EJECUCIÓN DEL GOBIERNO
Un dilema son las provincias que no han firmado. El caso paradigmático es la provincia de Buenos Aires. En los últimos meses hubo dos reuniones en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y distintos alfiles de su cartera. Los representantes de Axel Kicillof fueron distintos: en el primer mitin acudió el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y en el otro Carlos Bianco, jefe de Gabinete.
Hasta ahora no hubo resultados concretos. Desde el gobierno bonaerense se quejan de que “hay 1000 obras paralizadas por el Poder Ejecutivo Nacional“. Las que creen más urgentes son la reactivación de la Nueva Autopista Presidente Perón y la Autopista Ruta Nacional 3 Cañuelas-Azul, por mencionar algunos.
Desde los sectores opositores denuncian que las tres vías por las que se fondea el Estado Nacional para hacer obras públicas están funcionando y que, sin embargo, los proyectos fueron paralizados en gran cantidad de casos.
El ejemplo paradigmático es el impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El 30% de su recaudación debe orientarse a infraestructura. Más específicamente, está destinado para “obras de vivienda social, del fideicomiso Fondo de Integración Sociourbana, obras de infraestructura económica y fomento del turismo nacional”.
La ejecución de la Secretaría de Obras Públicas ha sido marcadamente menor al respecto de los recursos recibidos. Según un análisis sobre la plataforma Presupuesto Abierto, al 30 de agosto esa jurisdicción había recibido $ 1.269.250.760.000 por la recaudación del impuesto PAIS. En tanto, esa entidad solo devengó gastos por $ 37.262.440.000: solo el 2,84% de los ingresos tributarios que tuvo.
Entre los otros programas para infraestructura están el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) -el principal componente del Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), dirigido a financiar obras de infraestructura en la red vial nacional y provincial- y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con una alícuota del 5% sobre la nafta y del 9% sobre el gas natural comprimido. Cerca del Presidente responden que considera a los fideicomisos como “cajas negras de la política”, por lo que seguirá “evaluando sus gastos”.
El Gobierno nacional otorgó una suma fija para todo el personal de las fuerzas de seguridad y de la Armada en actividad. El bono será de $60.000 y alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad de la Gendarmería Nacional, a aquellos con estado policial en actividad de la Prefectura Naval Argentina (PNA), a los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), al personal con estado policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); al personal en actividad del Servicio Penitenciario Federal y al personal en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Todos ellos dependientes del Ministerio de Seguridad.
Esta suma fija que será “remunerativa, excepcional, por única vez y de percepción única por persona” también le corresponderá al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, como así también a los oficiales de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de la Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Tal como se establece, el bono se cobrará junto con los haberes correspondientes al mes de septiembre.
“El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente medida será atendido con los créditos que se asigne a la Jurisdicción respectiva del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional”, establece los Decretos 781/2024 y 778/2024, publicados en Boletín Oficial.
REFUERZO EN LOS SALARIOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD: LOS MOTIVOS
Con respecto a las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo explicó que el propósito de otorgar esta suma es “reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades encomendadas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Gobierno nacional considera necesaria la implementación de medidas concretas que impacten positiva y directamente en la capacidad adquisitiva de dicho personal”.
A su vez, indicaron que “esta medida tiende a garantizar la igualdad del personal antes mencionado, en relación con las actualizaciones acordadas para el personal permanente y no permanente incluido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional”.
Por otro lado, el decreto que establece el pago de la suma fija a las Fuerzas Armadas plantea que, “para garantizar el camino de recuperación económica, el Gobierno nacional considera necesario mejorar los ingresos de los trabajadores con el fin de mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación para la correcta ejecución de las actividades que desarrolla el personal involucrado en esta medida”.
NUEVO CAMBIO EN EL COBRO DE LOS SALARIOS DE LAS FFAA
La medida se hizo efectiva dos días después de que el Gobierno publicara un DNU que mejora el tiempo de cobro de los aumentos salariales en las Fuerzas Armadas, puesto que, anteriormente, los uniformados percibían los incrementos con un mes de demora en relación con el resto de los estatales.
Con la firma del total de los ministros del Gabinete nacional, y tras una gestión del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, el Poder Ejecutivo resolvió modificar la Ley N° 11.672 complementaria de Presupuesto para permitir que las FFAA puedan percibir los aumentos en el mismo mes en el que son otorgados al resto de la Administración Pública Nacional (APN). Se trata de una “demanda histórica” del personal castrense, según señalaron fuentes oficiales.
El Decreto 775/2024, publicado el viernes en el Boletín Oficial, reemplazó el artículo 86 de la Ley N° 11.672, que regula los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva en el Estado nacional. El texto incluye un agregado que extiende estas retribuciones a los militares, con el fin de equiparar la situación con el personal civil de las FFAA que ya gozan de este derecho.
Con la legislación anterior, según explicaron desde el Gobierno, el personal militar cobraba sus aumentos con un mes de demora respecto al resto de los empleados estatales. Esto generaba un perjuicio económico y una pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.
La concejal libertaria de Viedma (Río Negro), Ivi SilvinaFranco, presentó un proyecto de ordenanza que cobró impacto en las redes sociales. El proyecto plantea la creación de un Registro de Estudios Médicos para los funcionarios, donde se incluirían exámenes psiquiátricos, rinoscopias, análisis de sangre y orina.
Estos estudios serían coordinados por el Ministerio de Salud de la provincia y generarían un registro supervisado por la autoridad municipal, quien sería responsable de evaluar el estado psicofísico de los burócratas. La propuesta busca garantizar que los políticos locales estén en condiciones óptimas para desempeñar sus funciones y lo hagan con transparencia.
El proyecto propone que todos los funcionarios del Ejecutivo municipal, incluidos el Intendente, Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, el Tribunal de Cuentas, y los funcionarios del Concejo Deliberante, desde el nivel de secretario hasta los concejales, se sometan a una serie de exámenes médicos anuales. Los estudios contemplados incluyen un examen psiquiátrico, una rinoscopia, análisis de orina y análisis de sangre.
Franco explicó que una vez realizados los estudios médicos “se crea una carpeta con el registro personal de cada funcionario respetando la privacidad de cada uno, y la autoridad de aplicación evaluará la condición psicofísica de los funcionarios a través de un dictamen”, asegurando que la información médica sea manejada con la confidencialidad correspondiente.
Este proyecto no surge de manera aislada, sino en un contexto en el que la ciudadanía exige cada vez más transparencia en la gestión pública. Los reclamos se enfocan en que, al igual que se les pide a los ciudadanos cumplir con una serie de requisitos y trámites, los políticos deberían dar el ejemplo y someterse a este tipo de controles. Según Franco, “como obligan a la sociedad a realizar distintos trámites, sería necesario que los políticos se hagan estos estudios”.
Esta medida no solo permitiría garantizar que los políticos cuenten con las capacidades necesarias, sino que también reforzaría la confianza pública en las instituciones, un aspecto fundamental en tiempos donde la desconfianza hacia la clase política es alta.
Además, el la medida contempla la posibilidad de incorporar antecedentes penales como parte de los requisitos para funcionarios y trabajadores, aunque este punto aún está en discusión. A pesar de las dificultades, la propuesta sigue avanzando con el respaldo ciudadano.
Para los defensores de la iniciativa, la medida es esencial para asegurar que los funcionarios estén en condiciones óptimas de desempeñar sus funciones, garantizando así una mayor transparencia en la gestión. En palabras de Franco, “es importante que los funcionarios puedan demostrar que tienen las condiciones psicofísicas adecuadas para el cargo”, un mensaje que difundió a través de su cuenta de Instagram.
Otro aspecto relevante del proyecto es su enfoque preventivo: En caso de que los estudios médicos detecten problemas de adicción en algún funcionario, se prevé la implementación de medidas de rehabilitación. Durante este proceso, el burócrata deberá tomar una licencia sin goce de sueldo y, si no cumple con los requisitos de recuperación, será inhabilitado para continuar en su cargo. Franco aclaró que “la idea es que los funcionarios que tengan problemas de adicción puedan recibir ayuda y recuperarse antes de volver a sus funciones“, destacando el carácter preventivo y no punitivo de la medida.
Este tipo de propuestas no es exclusivo de Viedma. En General Roca, otro grupo libertario presentó una iniciativa similar.
En la ciudad neuquina la iniciativa surge después de que una empleada quedara involucrada en una causa por venta de drogas. El proyecto fue presentado el pasado lunes 12 de agosto y, en línea con la de Viedma, propone controles de narcóticos, de antecedentes penales, un test psicofísico y examen de ingreso.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de sus promotores, el proyecto aún no consiguió el apoyo legislativo necesario para avanzar. Aun así, los libertarios de General Roca anticipó su intención de continuar impulsando la medida, recurriendo incluso a la recolección de firmas como una estrategia para “presionar” a las autoridades locales.
Un relevamiento de Synopsis expuso que la nominación del juez federal ArielLijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, propuesta por el presidente Javier Milei, generó rechazo significativo. Las encuestas realizadas por la consultora (realizada entre el 8 y el 14 de agosto) reflejan que la mayoría de los encuestados desaprueba la candidatura de Lijo, reflejando desconfianza hacia su figura en un contexto de tensión política y judicial.
Los datos revelados indican que, entre las personas informadas sobre el tema, un 80,4% rechaza la postulación de Lijo para el máximo tribunal del país, mientras que solo un 19,6% la aprueba. Este nivel de desaprobación es particularmente notable en comparación con una encuesta previa —realizada en abril— donde el rechazo alcanzaba el 75% entre quienes conocían la propuesta.
Desde la consultora afirman que este dato sugiere que la controversia en torno a Lijo aumentó a medida que más personas se enteran de su nominación.
Entre la totalidad de los encuestados (considerando tanto a aquellos que están informados como a los que no) el rechazo se sitúa en un 50,4%, mientras que un 37,3% de los consultados admitió no estar al tanto de la situación o no conocer al magistrado.
La encuesta también examinó cómo varía la opinión sobre Lijo según la preferencia política de los encuestados, especialmente entre quienes votaron en las elecciones de 2023. Los votantes de Javier Milei, por ejemplo, son los más inclinados a apoyar la nominación, con un 48,9% a favor. En contraste, solo el 13,9% de los votantes de Patricia Bullrich aprueba a Lijo, mientras que el rechazo entre los seguidores de Sergio Massa es casi unánime, alcanzando un 98,2%.
El conflicto entre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) continúa escalando, con un nuevo paro de 48 horas que afecta a los afiliados de la obra social en toda la provincia.
La medida se desarrolla los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre, es la segunda de este mes y responde a la decisión del IOMA de prescindir de los servicios de FEMEBA en más de diez distritos bonaerenses: Junín, Alberti, Bragado, Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Leandro N. Alem, Colón y Rojas.
El enfrentamiento comenzó a finales de agosto, cuando IOMA —bajo la presidencia de Homero Giles— decidió cortar el convenio con FEMEBA en estas localidades. La obra social justificó la medida al denunciar cobros indebidos por parte de los médicos, la falta de oferta prestacional en ciertas especialidades y demoras en la atención de los afiliados, que suman aproximadamente 80.000 personas. Esta ruptura provocó una serie de paros por parte de los profesionales médicos, nucleados en la federación que agrupa a especialistas de 120 de los 135 distritos bonaerenses.
FEMEBA, por su parte, criticó duramente la gestión del gobierno de Axel Kicillof y de IOMA, señalando que las autoridades de la obra social no mostraron disposición para un diálogo fructífero: “Parece no importarles las dificultades de los afiliados ni precarizar el trabajo médico como nunca antes en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la federación en un comunicado firmado por su vicepresidente, Sandro Scafati.
– “Causó sorpresa y malestar, la intransigencia de los funcionarios de IOMA al momento de escuchar el aporte de soluciones para destrabar el conflicto y de esa forma evitar poner en riesgo la fuente de trabajo de más de 1.000 médicos y la atención de 80.000 afiliados”.
Además, la Federación asegura que presentó una propuesta alineada con las necesidades de los afiliados y de sus prestadores, que garantiza la libre elección y la continuidad en la atención de la salud, pero IOMA ratificó la ruptura del convenio en los once distritos en conflicto.
Otro de los puntos de tensión en las negociaciones es la deuda que el IOMA mantiene con FEMEBA: el montoasciende a más de 7.000 millones de pesos. La federación inició reclamos administrativos formales pero ante la falta de respuesta por parte de la obra social, decidió implementar las medidas de fuerza que ya afectaron a los afiliados los días 5 y 6 de septiembre.
En tanto, desde IOMA sostienen que están trabajando para ampliar su red de prestadores, dialogando con médicos individuales y círculos médicos locales, sin la intermediación de FEMEBA. Las principales clínicas de los distritos afectados, aseguran desde la obra social, siguen atendiendo sin inconvenientes, y se busca llegar a nuevos acuerdos con otros profesionales de la salud para asegurar la continuidad del servicio. No obstante, el titular de IOMA Homero Giles advirtió que la situación podría replicarse en otras localidades si FEMEBA no muestra voluntad de resolver los problemas planteados por la obra social.
El conflicto alcanzó tal magnitud que figuras del gobierno provincial también se pronunciaron al respecto. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, NicolásKreplak, calificó la medida de FEMEBA como “extorsiva” y pidió a los médicos que “reconsideren” sus acciones. Sin embargo, la federación médica sigue firme en su postura y ratificó la continuidad de su plan de lucha en defensa de los derechos de los afiliados y de las condiciones laborales de los profesionales médicos.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
