27 octubre, 2024

El armado de Milei en Mar del Plata y sus vínculos con el kirchnerismo

Los referentes de la Quinta Sección Electoral de la Libertad Avanza, escogidos "a dedo" por Carlos Kikuchi, están salpicados por sus pasados K.
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El economista y actual legislador nacional Javier Milei gana adeptos como consecuencia de su discurso anti “casta política”, aunque en Mar del Plata sigue siendo mirado de reojo por sus “aliados” que vienen mamando bastante del Estado. Tal es así el caso de su concejal “propio” de Crear Mar del Plata, Alejandro Carrancio.

El abogado sigue en su insistencia por hacerse con la integridad en el armado de Milei, a través de otra escaladora y ex pareja del sindicalista Facundo Moyano, la dirigente Juliana Santillán. Ambos han sido escogidos “a dedo” por el armador nacional de Milei en La Libertad Avanza, Carlos Kikuchi, para que coordinen la Quinta Sección Electoral.

Los 2 se llevarían consigo al espacio vecinalista que tiene cercanía con el kirchnerismo, Crear Mar del Plata. Según fuentes oficiales indicaron a Data24.com.ar, la ex pareja de Moyano prohibió en el acto de Milei del muy pasado 13 enero que se levantaran otras banderas que no fueran del suyo. A su vez, se deja de lado que su título de abogada no existe, como el de la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner.

Retornando a Carrancio, se trata de un hombre que ha vivido plenamente del Municipio y, a sus 45 años de edad, no tiene más currículum que oficiar de político, abogado para la estatal Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM (DECAHF) y ser docente adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Así pudo pasar de tener un VW Gol Power modelo 2006 al flamante Ford Eco Sport Titanium. Hasta en 2011 fue asesor del Senado bonaerense para un legislador del Frente para la Victoria (FpV).

Carrera política llena de traiciones

Carrancio se inició en el “massismo” de la mano del ex senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Lucas Fiorini, con quien aún mantendría diálogos bajo la órbita del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos anónimos indican que todo es estrategia del armador Martín Abonjo para buscar por 2 puntas: con el ex legislador provincial mediante el kirchnerismo y el edil aprovechando la popularidad de Milei.

El abogado llegó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador y trabajó solamente pidiendo informes y declarando de interés municipal todo lo que se le cruzara. Junto a Fiorini, fueron expulsados por “apoyar varias iniciativas del entonces intendente Carlos Fernando Arroyo“, quien crecía como la espuma en “La Feliz”.

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Ya en Crear Mar del Plata se puso en eje con sus típicos pedidos y declaraciones, hasta dándose el gusto de pedir la fundación de entes comunales que solo generaron gastos al vecino marplatense. Por ejemplo, en el mes de julio del pasado año 2018, pidió por una “Comisión de Fiscalización de Implementación y ejecución del Convenio Marco de Colaboración para la Gestión Integral de residuos Urbanos y Convenios Específicos”. Un chiste.

Sin embargo, el arroyismo se convertía en un movimiento que se destinaba al fracaso, por lo que Carrancio y compañía entendieron que la ciudad se mantendría amarilla y debían recibir con creces al nuevo candidato del macrismo, Guillermo Montenegro. Así logró su espacio en la lista local, mientras Fiorini pudo ingresar al Senado bonaerense y también se pagó luego con añadiduras en el Gabinete municipal (Federico Scremin y Emiliano Recalt en Turismo, y Fernando Navarra a Obras Sanitarias)

Facundo Moyano on Twitter: “Los problemas que tienen los empresarios para invertir no tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, por eso no es necesario avanzar sobre ella. Comparto con ustedes el debate sobre Reforma Laboral que se dio ayer en @EspacioClarinOk con Juliana Santillan y @SBerensztein. pic.twitter.com/1xVKwN7OPy / Twitter”

Los problemas que tienen los empresarios para invertir no tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, por eso no es necesario avanzar sobre ella. Comparto con ustedes el debate sobre Reforma Laboral que se dio ayer en @EspacioClarinOk con Juliana Santillan y @SBerensztein. pic.twitter.com/1xVKwN7OPy

En el transcurso del año 2019 al 2021, la ambición individual Abonjo hizo que Carrancio jugara con las cartas equivocadas, siguiendo a su equipo en movimientos que lo llevaron a hablar con los equipos de los economistas José Luis Espert y Milei. Amén de jugar con los armados de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Los planes se deschabaron junto a la filtración de vida privada por parte del concejal Alejandro Carrancio, de quién se rumoreó violencia de género contra su actual pareja.

Juliana Santillán on Twitter: “Un debate plagado de chicanas, con ideas inaplicables. Sin visión. Pero @mauriciomacri fue la luz en la oscuridad. Es lo que necesitemos en este momento en Argentina. Vamos!!. #SiSePuedeArgentina #DebateAr2019 #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/BgnsAEE03E / Twitter”

Un debate plagado de chicanas, con ideas inaplicables. Sin visión. Pero @mauriciomacri fue la luz en la oscuridad. Es lo que necesitemos en este momento en Argentina. Vamos!!. #SiSePuedeArgentina #DebateAr2019 #JuntosPorElCambio pic.twitter.com/BgnsAEE03E

Ante la expulsión del “fiorinismo” de Juntos, se consolidó el armado del bloque Crear Juntos y, por consiguiente, la ruptura ficticia del ex senador bonaerense con el espacio vecinalista (vale recordar que este había negociado bajo la mesa con el Frente de Todos su ingreso a la gestión del Banco Provincia). Ahora bien, Carrancio de repente se convirtió en todo un libertario, junto a Santillán que hace el nexo a través de Kikuchi.

Ulises Catriel Cuenca

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La BOLETA ÚNICA DE PAPEL ya es Ley y se estrenará en las elecciones del 2025: los principales puntos

La Cámara de Diputados sancionó este martes 1 de octubre la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones para cargos nacionales, una iniciativa que implica un importante cambio en el sistema electoral y que se verá desde los comicios legislativos de 2025.

El proyecto, que impulsaron en conjunto La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica (CC), cosechó 143 votos a favor, 87 en contra y cinco abstenciones. Unión por la Patria, por su parte, se inclinó por el rechazo, tal como había anunciado. El Frente de Izquierda se abstuvo.

¿DE QUÉ SE TRATA LA BOLETA ÚNICA DE PAPEL?

La iniciativa propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las categorías a cargos electivos, y columnas o franjas verticales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten.

Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío. El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica. Por otro lado, no habrá un casillero específico para el voto en blanco. Y si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción “No presenta candidato”.

La BUP tendrá impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y se incluirán fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). En la categoría de senadores nacionales, aparecerán con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.

Las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.

LOS PUNTOS A FAVR DE LA BUP, SEGÚN CIPPEC

Si bien hubo mayoría de votos a favor, hay diversas posturas respecto de los puntos a favor y en contra de esta medida. Desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) celebraron la decisión y destacaron los beneficios de una propuesta por la que vienen empujando para su implementación.

SEGÚN CIPPEC, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA BUP SON:

La distribución y disponibilidad de la BUP en los centros de votación es responsabilidad del Estado. Esto garantiza el acceso a una oferta electoral completa en todo el territorio mientras se desarrolla la jornada electoral.

Asegura equidad. Cada boleta contiene la oferta electoral completa y es diseñada por la autoridad electoral, que aplica los mismos criterios de diseño y presentación para todas las listas por igual.

Brinda una mejor experiencia al electorado. En Santa Fe (2015), el 94,5% de los y las votantes aseguró que el uso de boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria y el 92,3% calificó el sistema como “muy bueno o bueno”.

“Los partidos son los responsables de diseñar, imprimir –con aprobación judicial previa–, distribuir y custodiar las boletas el día de la elección. Esto genera desventajas para algunos partidos con dificultades para custodiar y asegurar la disponibilidad de boletas en todas las mesas”, destacaron desde la institución.

“Además, la boleta partidaria puede resultar compleja para quienes emiten un voto cruzado (apoyar diferentes partidos para distintos cargos en juego). En la mayoría de las democracias del mundo se utiliza la boleta única de papel (BUP) en la que se presentan las listas y/o candidaturas de los diferentes partidos: su distribución y disponibilidad en los centros de votación es responsabilidad del Estado“, agregaron.

Por eso, consideraron que la BUP “equipara las condiciones de competencia entre partidos y mejora el acceso al sufragio entre los y las votantes. A diferencia de la boleta partidaria, la boleta única permite que quienes votan tengan todas las opciones en un único papel y puedan elegir la que prefieren marcándola. Esto evita la complejidad y los errores potenciales que surgen con el corte de boleta partidaria”.

En Córdoba, Santa Fe y Mendoza implementan esta forma de votar, con una evaluación positiva de los y las electores/as: en Santa Fe (2015), el 94,51% aseguró que votar con boleta única papel le resultó más fácil que hacerlo con boleta partidaria“.


Redacción

info@data24.com.ar

Bolivianos usurparon 2.500 hectáreas de territorio argentino para cultivar y contrabandear caña de azúcar

El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientos de bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.

Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.

En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.

La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.

En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.

La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.

– Horacio Cruz Castro

La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.

La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno no financiará las elecciones internas del PJ y solo ofrecerá 3.200 urnas

Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.

Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.

– Lisandro Catalán junto al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos

El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.

La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.

Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.

– Cristina Kirchner y Ricardo Quintela

La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.

El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.

LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS

La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.

En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.

El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.

– El costo estimado de la elección del PJ se sitúa alrededor de 500 millones de pesos, y el Gobierno no está dispuesto a colaborar con el financiamiento

Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.

Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, Daniel Llermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.

Redacción

info@data24.com.ar

El Gobierno se arrodilla ante la CGT y el sindicalismo le copa la reforma laboral

El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.

El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.

– Héctor Daer

De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.

Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.

Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); Robustiano Geneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); Luz Marina Jaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).

“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos

Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.

Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.

La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.

El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.

Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.

A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".

Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.

Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.

Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.

"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.

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Redacción

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El Gobierno impulsa la “Ley Hojarasca”, un proyecto para eliminar 70 normativas obsoletas

El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.

El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.

Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.

En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.

El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.

La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.

En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.

– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger

Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.

El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.

Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.

Redacción

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Socios de Baradel extorsionan al gobierno de Entre Ríos y complican el acuerdo docente

El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.

Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.

Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.

– Marcelo Pagani, secretario general de la AGMER

De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.

Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.

DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL

El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.

Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.

– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Sonia Alesso, secretaria General CTERA; Hugo Yasky, actual diputado kirchnerista e histórico dirigente de CTA y CTERA; Roberto Baradel

La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.

A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.

Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.

– Guillermo Zampedri, pechera de AGMER, CTERA y CTA

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.

Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.

– De izquierda a derecha. Marcelo Pagani; Julio Panceri, ministro de Hacienda y Finanzas; Susana Cogno, vocal Gremial ante el Consejo General de Educación y Manuel Troncoso durante una reunión en la que el síndico de AGMER destacó la “vocación de diálogo constructivo y serio, buscando una síntesis entre el Gobierno y el sindicato. Esta forma constituye la mejor alternativa para superar este momento”. Enero 2024

En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.

Redacción

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