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En las últimas horas, la Fundación Apolo, a través de los abogados de su equipo legal, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, denunció a Malena Galmarini ante la Oficina Anticorrupción por vulnerar normas de ética pública, al utilizar cartelería de obra de AySA para su promoción personal.
En el escrito, los abogados señalan que “en su artículo 42, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública establece que la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”.
Malena Galmarini, presidente de Agua y Saneamientos Argentinos, junto a Flavia Royón, secretaria de Energía
Además, se indica “la colocación del nombre y firma de la funcionaria denunciada en la cartelería de obra pública, no obedece a motivos de índole educativa, informativa o de orientación social, sino que, por el contrario, en el contexto de la mencionada publicación, pretende asociar una supuesta obra pública con la persona que preside AySA.”
En el texto, la ONG solicitó a Félix Crous, titular del organismo, que ordene el cese de la publicidad oficial y que se investigue la posible comisión del delito de malversación de caudales públicos, a partir de la posible utilización de fondos del Estado en la cartelería ilícita cuestionada.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados de la provincia. El proyecto incluye una inversión sin precedentes en obra pública y significativos incrementos en las áreas de salud, educación y seguridad. La medida se enmarca bajo el manto de una política de austeridad, eficiencia y baja de impuestos, con el objetivo de equilibrar las finanzas provinciales, reducir el déficit y fomentar el desarrollo.
El presupuesto provincial es “la ley de leyes. Define cuáles van a ser las prioridades de la gestión”, comenzó diciendo el mandatario, quién resaltó que es “la primera vez que se presenta de forma totalmente digital”.
La medida prevé destinar más del 8% del gasto a la obra pública, duplicando el promedio del 4% de los años anteriores. También se anunció un incremento del 3,58% en salud; un 2,78% en educación y un 1% en seguridad. Frigerio destacó además que, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos en comparación con el año 2023, su administración logró mantener los servicios esenciales y reducir la deuda en dólares heredada (pasará del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024).
Inversión en obra pública: “Resolvimos la deuda heredada”
La pieza central del presupuesto es la inversión en infraestructura, que alcanza el 8,4% del gasto total provincial, marcando un hito histórico en la gestión de obras públicas. Las partidas se enfocarán en la mejora de escuelas, rutas y hospitales, con la meta de impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Frigerio enfatizó la importancia de esta inversión para el futuro de la provincia: “El verdadero desarrollo se logra con más y mejor educación pública, con más y mejor salud pública, garantizando la seguridad, sacándole el pie de encima al sector privado y haciendo las obras de infraestructura necesarias para impulsar la producción y la industria”, enfatizó.
Aumentos en educación, salud y seguridad
Otra de las prioridades es el refuerzo de las áreas de salud, educación y seguridad. En su discurso, explicó que la salud recibirá un incremento del 3,58% que permitirá mejorar la atención en hospitales y en centros de atención primaria. La educación, por su parte, verá un aumento del 2,78% para mejorar la infraestructura escolar y garantizar que los docentes reciban un salario competitivo. En cuanto a la seguridad, el presupuesto asignará un 1% más, centrado en fortalecer las Fuerzas de Seguridad y su equipamiento.
El presupuesto entrerriano contempla entrar en vigor entre medidas de austeridad que buscan optimizar el gasto. Entre las acciones implementadas se encuentran la reducción de impuestos, la eliminación de los gastos reservados, la reducción de la planta de vehículos oficiales y el control de ausentismo de empleados públicos. Frigerio subrayó la importancia de estas medidas para garantizar que “cada peso sea utilizado en beneficio de los entrerrianos”.
Otro de los logros destacados fue la reducción de la deuda en dólares, que pasó del 96% en 2023 al 88% proyectado para 2024. El gobierno cumplió con los vencimientos de deuda sin necesidad de recurrir al default, a pesar de enfrentar un 20% menos de ingresos que en 2023.
Frigerio también se refirió a las gestiones que su administración está llevando a cabo ante el Gobierno Nacional de Javier Milei y organismos multilaterales para acceder a financiamiento destinado a grandes obras de infraestructura, por un valor cercano a los 600 millones de dólares. También dio protagonismo a las “batallas” que está librando para recuperar fondos, entre ellas, las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y los excedentes de Salto Grande.
Metodología “Base Cero”
El Presupuesto fue elaborado bajo la metodología “Base Cero”, una herramienta que permite evaluar la eficacia de los programas existentes y priorizar aquellos que generen un mayor beneficio para la población. Según el secretario de Finanzas de Entre Ríos, Uriel Brupbacher, esta metodología implicó un análisis profundo de cada política pública que permitió optimizar el uso de los recursos y garantizar una gestión eficiente.
“Es una mirada introspectiva que permitió eliminar programas que no se ejecutaban o no tenían sentido”, explicó el funcionario, quien destacó que mencionada herramienta fue clave para la elaboración de un presupuesto equilibrado y ajustado a las necesidades reales de la provincia.
El gobierno de Javier Milei comenzó una investigación a raíz de las denuncias presentadas por comunidades indígenas y productores locales que aseguran que cientosde bolivianos están invadiendo tierras en la provincia de Salta. Los reportes indican que alrededor de 2.500 hectáreas de selva en la región fronteriza de General Mosconi fueron desmontadas para plantar caña de azúcar, la cual es luego contrabandeada hacia Bolivia. Se estima que, anualmente, unas 150.000 toneladas del producto cruzan la frontera de manera ilegal.
Las acusaciones fueron formalmente presentadas ante la Fiscalía Federal de Orán el pasado 13 de septiembre, pero los denunciantes —entre ellos el pueblo indígena Ava Guaraní— señalan que la Cancillería argentina fue “indiferente” ante esta violación de la soberanía nacional.
En contraste, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia sí actuó en respuesta a una denuncia presentada en 2021 por Horacio Cruz Castro, el líder de los productores bolivianos involucrados, contra los Ava Guaraní. Cruz Castro, acusado de liderar la usurpación de tierras argentinas, alegaba que los indígenas lo estaban perturbando en un terreno que él llamaba “Isla Valle Dorado”, aunque las autoridades bolivianas confirmaron que dicha área está, en realidad, dentro de territorio argentino.
La situación en la frontera de Salta no es nueva. Desde 1994, las comunidades locales denunciaron la remoción ilegal de las señales que demarcan los límites entre nuestro país y Bolivia.
En un operativo realizado en 2014, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó a 60 ciudadanos bolivianos indocumentados trabajando en las plantaciones de caña de azúcar y logró incautar 70.000 toneladas del producto contrabandeado. A pesar de estas intervenciones, la situación parece haber empeorado, y el volumen de caña que se contrabandea hoy en día es más del doble que hace diez años.
La reciente intervención de la Gendarmería Nacional, ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitió localizar plantaciones de caña en la zona en disputa, pero la ubicación precisa de estas tierras sigue sin poder determinarse con claridad. La crecida del río Grande de Tarija, que sirve como frontera natural entre ambos países, destruyó los hitos fronterizos, lo que complicó aún más la delimitación del territorio. Se solicitó la intervención de la Comisión de Frontera para restablecer los límites, pero hasta el momento no se logró avanzar en la solución del conflicto.
– Horacio Cruz Castro
La comunidad Ava Guaraní, que habita en las serranías del municipio de General Mosconi, denunció la invasión de sus tierras y la violencia a la que están siendo sometidos por parte de los productores bolivianos. Según los testimonios recogidos, el grupo boliviano, liderado por Cruz Castro, amenazó a las mujeres y niños de la comunidad con machetes y armas de fuego.
La Cancillería boliviana reconoció en un informe reciente que las coordenadas del territorio en disputa se encuentran efectivamente dentro de Argentina, lo que refuerza la legitimidad de las denuncias de invasión. Sin embargo, hasta el momento, no se tomaron medidas concretas para frenar la usurpación ni el contrabando.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires divulgó un libro titulado “Cometierra” de la autora Dolores Reyes, en el que contiene fragmentos inapropiados y no aptos para menores de edad, con contenido pornográfico explícito. En la página 81 del libro en cuestión, se retrata de manera bien detallada una escena de sexo explícito y lenguaje vulgar.
Este tipo de contenidos, que generó un gran rechazo y repudio por parte de familias y organizaciones que defienden los derechos de los niños, se encuentra en las antípodas de un contenido de calidad para personas en situación de desarrollo y crecimiento tanto físico como cognitivo. Materiales de esta índole pueden generar daños irreversibles en el desarrollo de un niño que se ve expuesto a este tipo de contenidos.
– Dolores Reyes
El escándalo que genera una situación como esta pone de manifiesto la deficiente gestión de Kicillof, en especial al área de cultura y educación, manejado por el kirchnerista Alberto Sileoni, quienes se encargan de la distribución de material educativo para ser utilizados en las aulas.
Una situación de esta índole representa una violación a la integridad y a los derechos de los niños, atacando su inocencia con contenidos no aptos para menores de edad. Mientras tanto, el gobierno provincial no se ha manifestado respecto a esta desagradable y repudiable noticia.
En un paso clave para la protección del dorado, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó con mayoría el proyecto de ley que prohíbe la pesca comercial de esta especie en todo el territorio provincial. La propuesta fue impulsada por el Poder Ejecutivo y se enmarca en las políticas de conservación ambiental de la provincia.
Entre sus principales disposiciones, el proyecto declara al dorado como “pez de interés turístico provincial” y establece que sólo podrá pescarse con fines deportivos y bajo la modalidad de devolución obligatoria, mientras que los pobladores ribereños y pescadores artesanales podrán capturarlo exclusivamente para consumo familiar.
Con la aprobación en la Cámara baja, el proyecto pasó a consideración del Senado para su tratamiento final. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Juntos por Entre Ríos y los bloques libertarios, recibió el rechazo del bloque opositor, Más para Entre Ríos.
La controversia radica principalmente en que el texto aprobado no incluye una excepción para las cooperativas de pescadores artesanales, un punto que el justicialismo consideraba fundamental.
EL IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE
Entre Ríos es actualmente la única provincia del Litoral que aún permite la pesca comercial del dorado, lo que llevó a biólogos, autoridades y pescadores a señalar el impacto negativo de esta práctica sobre la especie. En las provincias vecinas (Corrientes, Chaco, Misiones y Santa Fe) ya rigen normativas similares que restringen su captura a la pesca deportiva con devolución obligatoria.
El dorado — pez emblemático de la región— ha visto afectada su población debido a varios factores, entre ellos la depredación que permite la legislación vigente y los fenómenos naturales, como las recurrentes bajantes del río Paraná. Estos eventos destruyeron los desovaderos y las áreas de cría, lo que dificulta la reproducción de la especie. Según explicó el diputado MauroGodein, presidente de la Comisión de Cultura y Turismo, la situación es preocupante, y la aprobación de esta ley busca poner a la provincia en línea con los esfuerzos de conservación de las demás jurisdicciones del Litoral.
– Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos: “El dorado es un pez en una situación preocupante, entre otras razones, por la bajante del Río Paraná; y Entre Ríos, es hasta ahora, la única provincia de la región que sigue permitiendo su pesca comercial. Por eso, es necesario una ley que lo proteja”.
El principal punto de conflicto en la votación fue la falta de inclusión de las cooperativas de pescadores artesanales dentro de las excepciones permitidas por la ley. El bloque opositor, liderado por Laura Stratta, señaló que la norma no exceptuara a estos pescadores, quienes realizan la pesca de manera tradicional para subsistir.
Durante los debates en comisión, el oficialismo había aceptado incorporar una excepción para los pescadores ribereños que capturan el dorado para consumo familiar, pero no extendió este beneficio a las cooperativas, lo que motivó el voto en contra del PJ.
Según los legisladores justicialistas, no hay un riesgo inminente para la especie. Argumentaron que los pescadores nucleados en cooperativas utilizan técnicas de pesca “sustentable y artesanal”, y que su actividad no pone en peligro a la especie. Stratta y otros diputados del bloque señalaron que la exclusión de las cooperativas va en contra de los principios de la Ley de Economía Social vigente en la provincia, que promueve la protección del ambiente y el desarrollo de la economía local.
La necesidad de una regulación más estricta en la pesca del dorado no es nueva en Entre Ríos. Ya en 2005, se había declarado a la especie como de interés turístico nacional, aunque en ese momento el Poder Ejecutivo vetó la reglamentación de las restricciones a su pesca comercial. Dos años después, en 2007, un proyecto similar obtuvo media sanción, pero no avanzó en la Cámara de Senadores y perdió estado parlamentario.
El actual proyecto retoma esas discusiones y busca finalmente establecer una normativa clara que ponga fin a la pesca comercial del dorado en la provincia. El objetivo, según detallaron sus impulsores, es garantizar la conservación de la especie, que juega un rol fundamental en el equilibrio ecológico de los ríos Paraná y Uruguay, principales afluentes de la cuenca del Plata.
El intendente de la ciudad entrerriana, FranciscoAzcué, y la viceintendente, Magdalena Reta de Urquiza, presentaron en el Centro de Convenciones de la ciudad este ambicioso proyecto de reforma tributaria para Concordia. A partir de medidas de alivio fiscal, como la eliminación de impuestos y el tope a la tasa de luz, se intenta ayudar al sector privado y especialmente a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta que la ciudad entrerriana es la cuarta más pobre del país.
“Ese método Robin Hood, que el Estado chorea para después con eso hacer toda una serie de medidas caritativas y lo que ya vimos que hicieron toda la vida, es algo que nosotros no estamos de acuerdo”, remarcó el jefe comunal.
– El anuncio realizado por el intendente Azcué la semana pasada
El presupuesto de Concordia es de 50.000 millones por año, la mitad de esos fondos los recauda con recursos propios y la otra mitad es de coparticipación provincial.
En cuanto a la iniciativa de limitar el cobro de la luz, la viceintendente explicó que “en el caso de las familias esto es equitativo, porque hay tres tarifas. Hay tarifas para consumidores de clase baja, media y alta, por lo tanto los 350 kilowatts, serán un porcentaje que no va a ser igual para todas las familias, sino que quienes pagan la tarifa tipo 1 pagarán un 16% de los 350 kilowatts, las familias tipo 2 pagarán otro monto y así sucesivamente. Eso dependerá de cada factura, de cada familia”.
El intendente Azcué defendió el proyecto a pesar de que esto representaría una pérdida para el municipio de 250 millones de pesos hasta fin de año. Sin embargó, resaltó que “estamos convencidos de que el camino correcto apunta hacia la baja de la presión impositiva mediante la eliminación de tasas y de la burocracia para facilitarle la vida a los vecinos”.
Además, agradeció a “todas las personas que han trabajado en este proyecto” y felicitó a la viceintendente, quien ya había presentado anteriormente proyectos de esta índole, por “ponerse a la cabeza de este trabajo en conjunto a las instituciones intermedias”.
Se espera que este proyecto sea aprobado en el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo (Juntos por Entre Ríos) y el acompañamiento de los concejales de La Libertad Avanza.
En medio de un contexto complejo en la negociación con representantes del sector, y luego de una convocatoria a paro de 48 horas, el gobierno de Entre Ríos resolvió restituir por decreto, con recursos provinciales, el Fondo de Incentivo Docente y el ítem de Conectividad. La decisión la tomó el gobernador Rogelio Frigerio en pos de “recomponer la pérdida que sufrieron los trabajadores en su bolsillo tras la quita del Fonid nacional”, informaron fuentes provinciales.
Frigerio hizo el anuncio este martes en una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, acompañado de la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, y del ministro de Hacienda y Finanzas, Julio Panceri. “Necesitamos ante todo que los estudiantes estén en las aulas, tenemos que buscar el equilibrio con los estudiantes en el aula”, dijo el mandatario entrerriano.
La noticia se conoce cuando el Gobierno nacional está en una fuerte disputa con la oposición, que votó un mayor presupuesto para las universidades nacionales y el presidente Javier Milei anunció que vetará por completo la ley.
Frigerio es aliado del oficialismo nacional y con esta decisión, de alguna manera, cumple con la idea de Milei de que los mandatarios locales se hagan cargo de los aumentos que acuerden con los docentes con recursos propios.
En cuanto al anuncio local, Frigerio planteó que, como lo pidieron los gremios, no va a haber aumentos no remunerativos. “En esta línea vamos a recomponer el atraso salarial acordado con ellos del 6,55% durante los próximos tres meses, remunerativos. Vamos a sostener la cobertura contra la inflación; va a haber una actualización mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor, como lo venimos haciendo desde junio”, indicó.
“El mínimo para un docente con cargo de media jornada que recién se inicia va a ser de $ 563.000 de bolsillo”, dijo luego Frigerio, que graficó que “ese mismo docente cobró en el mes de diciembre pasado $ 276.000; es decir, aumentamos un 104% mientras que la inflación acumulada en ese mismo periodo fue del 102%. En otras palabras: en el peor momento de la historia, aumentamos ese cargo mínimo más que la inflación”.
Desde el gobierno entrerriano plantearon que hubo tres cambios de la base de cálculo, de diciembre a enero, de enero a febrero y de junio a julio, “en un contexto de inflación decreciente”. “Durante el gobierno de Bordet, en ninguno de los cinco años anteriores los gremios docentes tuvieron aumentos todos los meses. Sobre todo en el marco de los cuatro años de Alberto Fernández con altísima inflación”, destacaron, diferenciándose de la gestión peronista.
DESCUENTOS POR DÍAS DE PARO Y PREMIOS A QUIENES ASISTEN:
Al mismo tiempo, Frigerio comunicó que se instrumentará “una declaración jurada, que van a completar los docentes que vayan a dar clases, porque vamos a respetar el derecho a huelga, pero también queremos reconocer a los docentes que sí cumplen con su tarea”. Se descontarán los días de paro a los docentes que adhieran a las medidas de fuerza dispuesta por los gremios, porque “esta discusión no puede tener de rehenes a los alumnos”.
Luego, aseguró que “estamos dando lo máximo que financieramente la provincia puede dar, no tenemos nada que ocultar. Vamos a continuar apostando al diálogo serio y responsable con los gremios, como lo hacemos desde el primer día. Pero como nuestra prioridad son los alumnos y los docentes, no podemos permitir que las negociaciones se tiñan de discusiones ideológicas, ni que las internas gremiales tomen de rehenes a los docentes. Es por eso que vamos a proponer que, a partir de ahora, las negociaciones sean abiertas a los medios. Las arcas públicas son de todos los entrerrianos y todos tienen derecho a conocer de primera mano qué se discute y cómo, sobre los recursos de todos”, subrayó.
“Sabemos que falta mucho, pero los docentes van a estar mejor que el año pasado, lo que es mucho decir teniendo en cuenta que el Estado provincial recibe hoy un 20% menos de recursos que en el año 2023. Es un momento muy complejo, pero los estudiantes no pueden pagar las consecuencias de décadas en las que se hicieron mal las cosas”, concluyó.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
