Córdoba: Un exintendente peronista fue denunciado por transferir $10.000.000 de fondos municipales a su cuenta
El actual edil de Viamonte, Facundo Manzoni, acusó al exintendente Gabriel Fernández de realizarse “autopréstamos financieros a intereses cero” que consignaba como “adelantos de sueldo”.
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El productor agropecuario Facundo Manzoni, conocido en Viamonte (Córdoba) como “Sulky”, asumió como intendente el 10 de diciembre y días después advirtió el estado de las cuentas que dejó el mandatario comunal anterior, Gabriel Fernández (PJ): “En los últimos días de su gestión tiró cheques para diciembre y dejó los sueldos de noviembre, los de este mes y el aguinaldo sin pagar. Ahora no tengo plata para pagar todo eso”.
“Mi objetivo es levantar el pueblo, pero no me dejaron un mango”, se sinceró.
Facundo Manzoni, intendente de Viamonte, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich
Un mes después, Manzoni denunció que esos fondos faltantes habrían sido hurtados por el exintendente Fernández que se los enviaba a una cuenta de banco en motivo de “adelanto de sueldo”. Los retiros que hacía el ex edil “eran remitidos directamente de la cuenta de la Municipalidad a su cuenta personal, y a la cuenta cuya titularidad es mancomunada con su esposa”, detalló.
“El dinero que se autoprestaba no correspondía a la partida de salarios” sino que “estaba presupuestado para otros gastos, dándole en consecuencia un destino distinto al aprobado por el Concejo Deliberante”, explica el escrito presentado por Manzoni ante la Justicia.
En total, los fondos sustraídos del Municipio son $10.223.258,47. “Lo que hacía concretamente eran autopréstamos financieros a intereses cero, por cuanto la devolución era nominal, en medio de un contexto claramente inflacionario”, aseveró Manzoni.
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La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y se tatuó en el tobillo izquierdo una tobillera floral con la inscripción “dignidad”, gesto que difundió el jueves en sus historias de Instagram. “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, escribió al publicar la secuencia fotográfica y los videos del procedimiento.
El homenaje llegó apenas dos semanas después de que la Corte Suprema dejó firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo ratificó también la obligatoriedad de la tobillera electrónica, dispositivo que la ex mandataria debió portar las 24 horas durante toda la pena.
En las imágenes se observó a Mendoza recostada en una camilla mientras la tatuadora completó el ramillete que rodeó el tobillo y colocó la palabra “dignidad” en el centro, en alusión directa al brazalete que permaneció sujeto a la pierna de Cristina Kirchner. La dirigente camporista sumó así un nuevo tatuaje a la colección de símbolos kirchneristas que ya ostentó en la piel —entre ellos, alusiones a Néstor y a la propia Cristina— y reforzó la identidad que exhibe desde hace años.
Dos días antes de plasmar el dibujo, la jefa comunal visitó a la ex presidenta en el departamento de San José 1111, barrio porteño de Constitución, y fue además una de las organizadoras de la convocatoria “Argentina con Cristina”, que reunió a unas 500.000 personas en Plaza de Mayo, según datos difundidos por el kirchnerismo. “No es justo todo lo que vivimos, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal. No tuvo un juicio justo”, denunció Mendoza durante la marcha. También afirmó: “La Corte violó la Constitución desde su inicio con el invento de designación de los jueces… Partiendo de eso, es una inocente, mal juzgada y hoy teniendo que cumplir condena ilegal”. Luego agregó: “Lo hacemos con mucha energía y ganas porque sabemos lo que significa “Cristina para este país”.
Durante la movilización, la ex mandataria agradeció el apoyo mediante un mensaje grabado y remarcó: “Estar presa es un certificado de dignidad”. Mendoza sostuvo que “la militancia siempre va a estar presente donde la expresidenta esté” y prometió asumir un rol clave en el armado de las listas legislativas bonaerenses del próximo año.
El dispositivo que Cristina Kirchner portó consistió en un brazalete hermético, hipoalergénico, resistente al polvo y al agua, conectado a una unidad domiciliaria instalada en su vivienda. Ambos equipos emitieron reportes en tiempo real al Centro de Monitoreo del Ministerio de Seguridad, operativo las 24 horas del día y los siete días de la semana. El sistema informó ubicación, nivel de batería, intentos de manipulación y cualquier salida del perímetro fijado.
La unidad domiciliaria se comunicó tanto por línea fija como celular, contó con una batería de respaldo y permitió actualizaciones remotas. Además transmitió señales codificadas que alertaron sobre cortes de energía, salidas no autorizadas, desconexiones y la necesidad de reemplazo, previsto cada año. El sistema incluyó dos teléfonos celulares: uno que pudo recibir llamadas en cualquier momento —que la ex presidenta debió atender obligatoriamente— y otro dedicado al control perimetral por radiofrecuencia. El Servicio Penitenciario Federal, dependiente de la ministra Patricia Bullrich, instaló el dispositivo, elaboró informes técnicos y socioambientales previos y asumió el monitoreo permanente.
Desde el primer día de la condena, militantes kirchneristas lucieron tobilleras de utilería decoradas con flores, luces e imágenes de Cristina frente al edificio de Constitución. Ese atrezzo callejero inspiró el tatuaje definitivo de Mendoza, quien lo presentó como un “signo de dignidad” y como recordatorio de la supuesta inocencia de la ex mandataria.
La intendenta, considerada una pieza de confianza para Cristina Kirchner, reiteró que acompañará cada convocatoria que pida la ex jefa de Estado y que redoblará esfuerzos para “visibilizar la injusticia” que, según dijo, recayó sobre ella. La decisión de la jefa comunal quilmeña cerró la jornada con un mensaje inequívoco: su lealtad a la líder condenada trascendió el plano político para inscribirse de forma permanente en su piel y proyectarse hacia la arena electoral bonaerense.
El gobierno de Mendoza volvió a quedar en el centro de la polémica. Esta vez por la entrega de cinco pozos acuíferos a Cresud, la empresa del magnate Eduardo Elsztain. La autorización se otorgó en la subcuenca El Carrizal, una zona que tenía restricciones por riesgo de sobreexplotación.
El permiso fue concedido por el Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli. La decisión sorprendió, ya que desde 2024 regía una veda de dos años para nuevas perforaciones. Sin embargo, en febrero de este año, el gobierno provincial levantó parcialmente esa prohibición.
En la zona existen volúmenes de agua disponibles. Pero distintos informes técnicos alertaron sobre la fragilidad del acuífero. Para muchos expertos y productores la explicación oficial no alcanza.
– El Superintendente de Irrigación de Mendoza, Sergio Marinelli
Tras las autorizaciones, se registró un fuerte aumento en el valor de las tierras beneficiadas. Algunos terrenos pasaron de valer cifras mínimas a cotizar millones de dólares. Esto encendió sospechas sobre un uso especulativo del recurso hídrico.
Cresud no fue la única favorecida. También recibieron permisos otras firmas vinculadas a empresarios como Young Woo, Walter Bressia y Pedro García Mateo. En total, se aprobaron nueve perforaciones nuevas.
Desde Irrigación defendieron los permisos. Aseguraron que no se superó la cantidad de agua permitida y que se exigieron condiciones técnicas estrictas. Entre ellas, monitoreo automatizado y controles permanentes.
A pesar de eso, regantes y asociaciones de productores denunciaron falta de transparencia. Afirmaron que las decisiones benefician a los sectores más poderosos. Además, advirtieron que se pone en riesgo el acceso al agua de pequeños y medianos usuarios.
El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando el gobernador Cornejo propuso disolver el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Ese organismo controlaba el agua potable. Ahora, todo el poder pasaría al Departamento General de Irrigación.
Distintas organizaciones sociales expresaron su preocupación. Denunciaron que se busca instalar un modelo de gestión basado en la lógica del mercado. También recordaron las recientes detenciones de militantes que protestaban por el acceso al agua.
Apenas un día después de que el Senado bonaerense aprobara la reelección indefinida de senadores, diputados, concejales y consejeros escolares, Guillermo Francos descalificó la decisión y direccionó sus críticas a Carlos Kikuchi, antiguo armador de La Libertad Avanza y hoy senador dialoguista. El ministro recordó que el propio Kikuchi “de ser el armador de un partido que estaba en contra de la casta se ha convertido en casta junto con los legisladores que lo acompañan”.
Para Francos, la normativa de 2016 que incorporó un límite de dos periodos —impulsada durante la gobernación de María Eugenia Vidal— “había sido una buena norma para evitar la perpetuación en los órganos legislativos”; la revisión actual, sostuvo, pone de relieve “una casta muy fuerte en la Legislatura bonaerense”.
GUILLERMO FRANCOS CONTRA CARLOS KIKUCHI
La votación se desarrolló tras reiterados intentos fallidos de alcanzar quórum. Finalmente, el oficialismo reunió 26 senadores presentes —24 en el recinto y uno conectado de forma remota— y el tablero quedó empatado en 22 votos afirmativos, 22 negativos y una abstención. La vicegobernadora Verónica Magario emitió el voto decisivo y otorgó media sanción a la reforma del artículo 13 bis de la Ley 5109. Minutos después, se vio obligada a rectificar públicamente su afirmación de que el proyecto ya era ley, porque aún restaba la intervención de la Cámara de Diputados.
La ingeniería para alcanzar quórum incluyó restricciones al trabajo de prensa—sin palco ni conectividad—y negociaciones que se extendieron varios días. La senadora del PRO María Lorena Mandagarán, de Azul, ocupó su banca con el objetivo de habilitar la sesión en la que se aprobaron nueve pliegos judiciales para su distrito; luego votó contra la reforma. Sofía Vanelli (Frente Renovador) también facilitó la apertura y luego rechazó el texto por coherencia con la postura de Sergio Massa. Por su parte, Silvana Ventura (dialoguista) se abstuvo y el oficialista Federico Fagioli (Patria Grande) se ausentó.
“NOSOTROS, LOS LIBERALES…” | LA INSÓLITA JUSTIFICACIÓN DE KIKUCHI
Votaron a favor 19 senadores de Unión por la Patria—Luis Vivona, Sabrina Bastida, Sergio Berni, Pedro Borgini, Eduardo Bucca, Laura Clark, Amira Curi, María Elena Defunchio, Gabriela Demaría, Ayelén Durán, Marcelo Feliú, Teresa García, Emmanuel González Santalla, María Rosa Martínez, Pablo Obeid, Adrián Santarelli, Gustavo Soos, Walter Torchio y Daniela Viera—más los radicales Marcelo Daletto y Carlos Kikuchi, y Sergio Vargas (Unión, Renovación y Fe). Se pronunciaron en contra Aldana Ahumada, Yamila Alonso, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Marcelo Leguizamón Brown, Alejandro Rabinovich, Juan Manuel Zini, Jorge Schiavone y María Emilia Subiza (PRO); Carlos Curestis, Daniela Reich y María Florencia Arietto (La Libertad Avanza); Joaquín de la Torre (Derecha Popular); y los radicales Alejandro Cellillo, Flavia Delmonte, Eugenia Gil, Lorena Mandagarán, Ariel Bordaisco, Agustín Maspoli, Nerina Neumann y Betina Riva.
Durante el debate, Carlos Curestis (LLA) solicitó que la votación fuera nominal; respaldaron la moción Christian Gribaudo (PRO) y el propio Kikuchi, gestos que consolidaron los 22 votos oficialistas. La presencia de senadores catalogados como “dialoguistas” resultó crucial para salvar los intentos fallidos previos.
El expediente que avanzó excluyó expresamente a los intendentes. Presentado por Luis Vivona —alineado con Cristina Fernández de Kirchner— se contrapuso con otra propuesta de Ayelén Durán, senadora referenciada en el gobernador Axel Kicillof, que sí contemplaba a los jefes comunales. La afinidad entre la Gobernación y los intendentes interesados en modificar la normativa vigente— que les impide renovar mandatos— fue determinante, aunque el Frente Renovador de Sergio Massa se mantuvo al margen.
Fuera de la arena parlamentaria, Francos reclamó una indagación profunda sobre el expediente de Julio “Chocolate” Rigau. “El Poder Judicial debería analizar un poco más a fondo el significado del caso, la enorme cantidad de empleados y de contratos que tiene cada legislador y cómo se pagan los votos”, reiteró, aludiendo a un esquema de contratos que explicaría la puja por cargos vitalicios.
En ese mismo reportaje, el ministro planteó la necesidad de reformular el mecanismo de informes del jefe de Gabinete ante el Congreso. Evaluó como poco eficiente la dinámica establecida en el artículo 101 de la Constitución—que lo obliga a concurrir mensualmente y de manera alternada a cada Cámara—y sugirió que las consultas se canalicen por escrito para “racionalizar recursos y tiempos”.
Además, ratificó la disposición presidencial de vetar cualquier medida legislativa que comprometa el equilibrio fiscal. Citó el proyecto de aumento jubilatorio en discusión en el Senado nacional y advirtió que, de aprobarse, será vetado porque “el sistema de jubilaciones lo hicieron inviable quienes incorporaron beneficiarios sin aportes”. Bajo esa premisa, insistió en que “el gobierno tiene claro el rumbo que es el equilibrio fiscal y de eso no se va a apartar”.
Con la media sanción consumada, la Cámara de Diputados bonaerense deberá decidir el destino de la reelección indefinida. Mientras tanto, Francos profundizó sus cuestionamientos a Kikuchi —acusándolo de abdicar del discurso anticasta— y a los legisladores que respaldaron la reforma. Para el jefe de Gabinete, la jornada demostró cómo “quienes prometían un cambio terminaron mimetizándose con los privilegios que decían combatir”.
El desenlace legislativo dependerá de la aritmética en Diputados, pero el cruce entre Francos y Kikuchi ya evidenció el quiebre entre el Ejecutivo nacional y un sector que, hasta hace pocos meses, se presentaba como la expresión de la renovación política bonaerense.
El conflicto en la Escuela Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena N°1 del barrio Toba en Resistencia, Chaco, representa un complejo entramado de disputas políticas, educativas y comunitarias que afecta directamente a la educación de cientos de estudiantes de la capital chaqueña.
Rosilda Morales, auxiliar docente, fue quien denunció haber sido desplazada de su cargo sin justificación clara. Morales, que está inscripta en la Junta de Clasificación y cuenta con formación reconocida por el Estado, señaló que “están metiendo políticamente a su gente, sus amigos piqueteros” y que “se están violando todos mis derechos como docente”.
La docente destaca que su función profesional es ser “un nexo articulador con la docente a cargo del aula” para “implementar la cultura y el idioma en el espacio curricular”, y que es “perito traductora de la provincia”. “Hay muchos referenciados en el peronismo, pero otros son piqueteros”, afirmó, agregando: “Cada uno corta la ruta por su cuenta para pedir mercadería y vivienda”.
Académicos denuncian que la actual gestión del Consejo Comunitario ha despedido a docentes con varios años de experiencia en la escuela, sustituyéndolos por “personas totalmente ajenas a la educación bilingüe intercultural, vinculadas a funcionarios del Ministerio de Educación y al Presidente del Consejo Comunitario Escolar”.
El establecimiento presenta funciones bajo un sistema de cogestión entre el Ministerio de Educación Provincial y el Consejo Comunitario Escolar, donde el 50% de los cargos docentes se cubren por Junta de Clasificación y el otro 50% es definido por el Consejo Comunitario.
Carlos Núñez y Norma Inés Ojeda fueron presidente y vicepresidente del Consejo Comunitario del barrio Toba respectivamente. Núñez, quien es miembro fundador del EPI KAMBA (Espacio Plurinacional Indígena) e integrante de la Comisión de Inclusión del Instituto Patria, ganó las elecciones del Consejo Comunitario en marzo de 2021 con el 28,5% de los votos.
El conflicto escaló cuando Nuñez y Ojeda “tomaron el establecimiento, dejando a cientos de alumnos sin clases”. El Ministerio de Educación, a través de la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Vilma Coria, ha trabajado para garantizar la continuidad de las clases. Las autoridades educativas han confirmado que “sí se designó con títulos”.
Según la información que trascendió, el alta de la docente Morales está fechada el 23 de abril de 2024, y su baja el 24 de septiembre del mismo año. La docente presentó notas de reclamo en septiembre de 2024, las cuales forman parte del expediente.
El director regional Manuel Acevedo confirmó que se encuentra investigando “si los procedimientos se ajustaron a normativa y si se cumplieron los plazos administrativos”. Una situación particularmente preocupante es la designación de Ricardo Núñez, cuñado de la directora, en el cargo que antes ocupaba Rosilda Morales. Durante las elecciones de 2021, se habría revelado que “lamentablemente hay docentes que no son docentes” y que “designaron a quienes no son docentes, nombraron a amigos y compañeros para devolver favores”.
Durante su gestión, la lista encabezada por Núñez y Ojeda recibió el acompañamiento de distintas organizaciones sociales como el Frente Chaqueño, movimientos y referentes comunitarios, y tuvo como base de construcción a la Organización Indígena 19 de Abril. El actual Consejo Comunitario “Nuevo Comienzo” está presidido por Luis Alberto López, conocido bajo el alias “Chocho”. Esta nueva gestión ha generado controversias por las decisiones tomadas respecto al personal educativo.
La semana pasada, en la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la bancada oficialista Por Santa Cruz‑SER bloqueó por tercera vez el debate sobre el desafuero de Fernando Españón, solicitado el 7 de febrero por la diputada opositora Lorena Ponce. Con esa maniobra preservó la inmunidad del legislador pese a tres requerimientos judiciales que exigieron su disponibilidad procesal.
Transcurrieron 135 días desde el primer pedido. Españón está señalado por la Justicia porque acumula siete causas que abarcan abuso de autoridad, falsificación de documento público, malversación de caudales públicos y tres denuncias de abuso sexual bajo coerción en un vínculo laboral.
Dos de esos expedientes ya alcanzaron procesamiento y los cinco restantes permanecen en etapa de instrucción. El Código de Procedimiento Penal de Santa Cruz fija 180 días para resolver un desafuero; si el plazo expira, los procesos se archivan y la impunidad queda sellada.
EL INVENTARIO DE CAUSAS:
Expte. 13460/2019 – “Sr. Agente Fiscal s/ Requiere Instrucción”. Elevado a la Cámara Criminal el 11 de diciembre de 2022 (Oficio 1488/22).
Expte. 14538/2020 – “Juzgado Federal de Río Gallegos s/ Remite Actuaciones”. Procesamiento por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 16710/2021 – “Sosa, Yanina Beatriz s/ Denuncia”. Imputación por abuso sexual simple con coerción o intimidación (art. 119 CPA, ley 26.485).
Expte. 14409/2020 – “Mariscal, Carmen Elizabeth s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad (art. 248 CPA).
Expte. 14464/2020 – “Gatica, Erna Isabel s/ Denuncia”. Procesamiento como coautor de falsificación de documento público agravado (arts. 292 y 298 CPA) y abuso de autoridad (art. 248 CPA) en concurso real (art. 55 CPA).
Expte. 14626/2020 – “Aravena, Aldo Manuel y otros s/ Denuncia”. Imputación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos; replica los cargos de falsificación del expediente 14464/2020.
Expte. 16470/2023 – “Gordillo, Analía Celeste s/ Denuncia”. Indagatoria del 13 de diciembre de 2023 por abuso sexual simple (tres hechos) con modalidad coactiva (art. 119 CPA, ley 26.485).
Los magistrados pidieron retirar los fueros para habilitar allanamientos, nuevas indagatorias y eventuales medidas coercitivas. Sin esa autorización, las siete causas permanecen a media marcha: la producción de prueba está limitada y ningún expediente puede elevarse a juicio. El art. 258 del CPP provincial ordena resolver en 180 días; de no hacerlo, las acusaciones prescriben, dejando a las víctimas sin tutela y al Estado sin herramientas de control penal.
Catorce diputados oficialistas —incluido el propio Españón— votaron en contra del desafuero: Patricia Urrutia, Alfredo Martínez, Javier Jara, Fernando Pérez, Cristina Ojeda, José Luis Quiroga, Santiago Aberastain, Mario Boffi, Fabiola Loreiro, Adriana Nieto, Pedro Luxen, Claudia Barrientos y Fabián Leguizamón. Se sumaron dos legisladores kirchneristas de Los Antiguos y Perito Moreno, completando el muro de protección.
El bloque oficialista esgrimió “tecnicismos”, “falacias jurídicas” y, en un paralelismo con el kirchnerismo, alegó que la oposición carece de autoridad moral para reclamar transparencia. La oposición replicó que existen tres oficios judiciales firmes y que el reglamento de la Cámara obliga a tratarlos sin dilaciones.
El expediente de desafuero duerme en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dominada por el SER. La presidencia de la Cámara, a cargo de Leguizamón, jamás fijó fecha para dictamen ni para su inclusión en el orden del día.
– El Gobernador de la provincia, Carlos Vidal, junto a Españón
Desde que asumió, el gobernador Claudio Vidal protegió a Españón: lo designó jefe de bloque y vocal ante el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, en mayo lo sustituyó por Pedro Luxen, “tal vez por vergüenza”, según fuentes legislativas; la maniobra no alteró la línea de defensa. El Ejecutivo se mantuvo en silencio frente a los pedidos judiciales y habilitó —por acción u omisión— el encubrimiento parlamentario.
Si en los próximos 45 días la Legislatura no modifica su postura, las causas por abuso de autoridad, malversación, falsificación documental y abuso sexual quedarán extinguidas. El próximo período ordinario comienza en agosto; hasta entonces el reloj corre, el expediente sigue congelado y la Justicia carece de herramientas para indagar al legislador.
El pasado 20 de junio, fecha en la que la Argentina conmemora el legado de Manuel Belgrano, la Escuela Primaria N.º 154 del barrio El Frutillar, en Bariloche, incluyó la bandera mapuche Wenufoye en la tradicional promesa de lealtad a la enseña nacional realizada por alumnos de cuarto grado. Imágenes difundidas en redes sociales y medios locales mostraron a los niños, de guardapolvo blanco, izando la insignia indígena junto a la celeste y blanca, escena que de inmediato generó una fuerte polémica.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, repudió el hecho en su cuenta de X: “Argentina tiene una sola bandera, la celeste y blanca. El legado de Belgrano que hoy honramos. En varias escuelas de Río Negro se hizo la promesa a la bandera mapuche. Es inadmisible y repudiable. Los docentes que lo promovieron deben ser sancionados”. La publicación se viralizó y recibió decenas de apoyos; entre ellos, mensajes que exigieron incluso “inhabilitación de por vida”.
En diálogo con el diario Río Negro, las maestras defendieron la inclusión de la Wenufoye: “Que hoy los niños vengan y nos digan que quieren presentar la Wenufoye, sin que uno se lo imponga, te llena de satisfacción”, expresó una de ellas, aludiendo al origen mapuche de varios alumnos.
El episodio destapó una práctica extendida en distintas escuelas rionegrinas. Según la Coordinadora del Parlamento Mapuche, desde 2005 los establecimientos de la provincia incorporaron actividades interculturales y, en algunos casos, el izamiento de la bandera indígena. El organismo recordó que la presentación de la Wenufoye “cuenta con un amplio respaldo legislativo” a partir de la Ley Provincial 2287/88, el artículo 42 de la Constitución de Río Negro, la Ley de Educación 4819/2013, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio 169 de la OIT ratificado por Ley 24.071.
La entidad respondió a Avruj con un comunicado en el que señaló: “‘Es inadmisible y repudiable’ que un personaje nefasto, como lo es Claudio Avruj, ejerza el cargo de presidente del INAI”. Afirmó además que “la presencia de la Wenu Foye junto a la bandera Argentina en las escuelas no niega ni ofende al emblema patrio”, sino que “refleja la diversidad cultural del país”.
El debate se intensificó tras conocerse otros actos escolares similares. En General Roca, treinta alumnos de cuarto grado presentaron la Wenufoye pocos días antes del Xiñoy Tripantu (Año Nuevo Mapuche). Claudia Durjera, coordinadora de Enseñanza Intercultural Bilingüe y madre de uno de los niños, explicó que la bandera “pasa a ser propiedad de los chicos” y subrayó que cada vez más alumnos “buscan su identidad y la reafirmación” pese a posibles casos de bullying.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
