Córdoba: cuatro años de cárcel para un ex intendente K que mató a más de 200 perros
La Cámara 8ª del Crimen de Córdoba condenó al exsecretario de Gobierno y ex intendente k de la ciudad de Deán Funes, Germán Darío Facchín por la muerte de perros en el 2013.
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El cargo al ex intendente kirchnerista Germán Darío Facchín, es el de “instigador penalmente responsable de los delitos de daño calificado e infracción a la ley 14346 por malos tratos y actos de crueldad a los animales (ley Sarmiento) ambos en concurso ideal”, recibiendo la pena de cuatro años de cárcel por la muerte de al menos 211 perros.
Además, siete empleados municipales recibieron penas de tres años de prisión preventiva por coautoría. Diego Oscar Allendes, Juan Santos Márquez, Darío Mercedes Palomeque, Pablo Daniel Palomeque y Roque Enrique Quinteros Nievas fueron los cómplices de Facchín.
Germán Facchin recibió una condena de 4 años de prisión
El hecho tuvo lugar en la madrugada del 28 de abril de 2013, donde móviles de la comuna repartieron albóndigas de carne mezcladas con un veneno, matando a más de 200 perros durante la mañana. Para colmo de males, algunas personas presentaron síntomas y una niña de siete años fue trasladada a Córdoba para ser atendida con un cuadro grave de envenenamiento.
Al conocer la sentencia, la presidenta de la Protectora de Animales Lilian Lourdes Luna declaró: “Se hizo Justicia. Esperamos nueve años para que esos pobres animales descansen en paz. Esperemos que esto sirva de precedente para que no se vuelvan a cometer estas matanzas”.
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El juicio oral y público comenzó el martes y se programó para tres jornadas, hasta el jueves, fecha en la que el tribunal anunció que daría a conocer la sentencia. Se trató de un proceso sin precedentes: nunca antes en la Argentina un grupo de personas enfrentó un debate oral por la caza de un yaguareté. “Es la primera vez que logramos llegar a esta instancia judicial en 75 causas en más de 20 años”, destacó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director de la Fundación Red Yaguareté.
El caso se originó a fines de julio de 2024, entre Ibarreta y Estanislao del Campo, en el oeste formoseño. La desaparición de una vaca lechera motivó que el dueño del campo, Máximo Cisneros (61), pidiera ayuda a los changarines Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30) para hallarla. Salieron armados y con perros, encontraron a la vaca muerta y, cerca de los restos, vieron al yaguareté. Según relataron, los perros se abalanzaron y la situación se descontroló. “Nos empezó a atacar. Mató dos perros. Los trituró”, contó Viterman. De acuerdo con el expediente, Claudio ejecutó el disparo de escopeta que mató al animal, “aunque eso no mengua la responsabilidad de quienes lo acompañaban”.
Poco después, los cuatro lo carnearon, cocinaron y comieron mientras se fotografiaban sonrientes junto al cadáver. Las imágenes mostraron al animal maniatado, colgado y despellejado. La piel nunca apareció; se especuló con que pudo haber sido vendida. El 27 de julio de 2024, las fotos llegaron al celular de Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien denunció el hecho. Los acusados indicaron luego que las fotos “fueron tomadas por unos vecinos”.
Dos días después de la denuncia, la policía allanó el domicilio de Máximo Cisneros en el Paraje “Las Antolas”, a 15 kilómetros de Ibarreta. El dueño del campo intentó darse a la fuga, pero fue interceptado por las fuerzas provinciales. El 2 de septiembre, 36 días más tarde, los otros tres acusados —sobre quienes pesaba una orden de captura nacional— se presentaron ante la Justicia con sus abogados. Pasaron casi dos meses detenidos, primero en el Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Formosa y luego en una dependencia de Pirané, a 110 kilómetros de la capital provincial. El 7 de noviembre obtuvieron prisión domiciliaria con salidas laborales entre las 7 y las 15; sus defensores solicitaron la ampliación de ese horario y la respuesta quedó pendiente. Máximo Cisneros llegó al juicio en libertad.
El viernes 25 de julio a las 9 de la mañana, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León se conectaron a un Zoom para ser entrevistados por Infobae desde Ibarreta, bajo arresto domiciliario y en presencia de sus abogados, Pablo Adrián Cardozo y Ramón Eduardo Cristaldo. Durante la entrevista hablaron por primera vez del caso: “Nosotros no somos cazadores. Matamos al bicho y después nos lo comimos: no fue un trofeo como se dijo”, dijeron. “Nunca supimos que (el yaguareté) era tan protegido. No teníamos idea… Pero tuvimos que decidir, era la vida del bicho o la nuestra”, sostuvo Claudio. “Nos defendimos como pudimos”, agregó Viterman.
Los tres se definieron como trabajadores rurales sin estudios formales y describieron su situación económica. “Nosotros vivíamos de ese campo. Ahora no tenemos nada”, explicó Hugo. “Fue una cosa fea lo que nos pasó. Primero, porque somos pobres. Segundo, porque dentro de todo antes teníamos cómo vivir, cómo alimentar a la familia. Ahora ni eso”, agregó.
El yaguareté está protegido como Monumento Natural Nacional por la Ley 25.463, la máxima categoría de protección. La causa se calificó como caza de animales silvestres cuya captura estuvo prohibida, agravada por la participación de tres o más personas. Lodeiro Ocampo cuestionó la supuesta legítima defensa: “Estaban en una actitud de caza, iban con armas y perros. El yaguareté no estaba buscando personas para comer. Además, matarlos está prohibido por ley: si alguien decide hacerlo, tiene consecuencias penales y económicas”. Sobre la respuesta de los hombres, añadió: “No hay una definición de qué hacer, pero con unos disparos el yaguareté se va”.
Según la Fundación Red Yaguareté, las manchas del ejemplar funcionaron como huellas digitales y permitieron identificarlo como uno de los cinco registrados en Formosa; ahora quedaron cuatro. En 2023, en Clorinda, también en Formosa, otro hombre fue procesado por matar un ejemplar y debió pagar una caución de 3.770.000 pesos.
El yaguareté, el felino más grande de América, se encontró en peligro crítico de extinción en la Argentina. Se estimó alrededor de 250 ejemplares en todo el país, divididos en tres poblaciones: las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña (casi exclusivamente en el Chaco seco) y porciones de la selva misionera. En el norte del país se calculó entre 200 y 300 individuos; en el Gran Chaco argentino apenas quedaron 20. La caza furtiva y la degradación de ambientes por acción humana, con escasez de presas, figuraron como las principales amenazas. “Estamos al límite de perder al yaguareté. Si queremos salvar esta especie emblemática y lo que significa para la diversidad, debemos proteger los bosques y terminar con la deforestación”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
Para la Red Yaguareté, el debate oral que comenzó el 12 de agosto representó “el mayor logro hasta el presente en relación con la persecución y búsqueda de castigos ejemplares a cazadores de yaguaretés. Nunca antes se había dictado prisión domiciliaria por un hecho así”. La organización remarcó que, históricamente, “ninguno de los planes nacionales o regionales para conservar al yaguareté contempló la convivencia del animal y las personas en zonas rurales, especialmente con la ganadería”. Lodeiro Ocampo sostuvo: “La Ley Nacional de Faunas tiene 45 años, está obsoleta. Para esa ley una liebre y un yaguareté es lo mismo. Estamos intentando modificarla para cambiar las penas para las especies que están declaradas Monumento Natural Nacional, es decir, las de mayor nivel de protección, que tengan pena de prisión efectiva”. También señaló que el humano no formó parte de la dieta del felino y que los ataques a personas se produjeron solo cuando el animal se sintió atacado o atrapado.
La Cámara Criminal y Correccional de Río Cuarto fijó para el 5 de septiembre, a las 8:30, el inicio del juicio por jurados contra dos exintegrantes del extinto Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba en el caso de Solange Musse. Los acusados son EduardoJavier Andrada, identificado como exresponsable del COE y también exdirector del Hospital de Huinca Renancó, y Analía Elizabeth Morales, trabajadora social ex-COE. Están imputados como coautores de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso remonta a agosto de 2020, durante las restricciones por la pandemia de Covid-19. Solange Musse, de 35 años, padecía cáncer de mama en estadio cuatro con metástasis en huesos, hígado y pulmones. Se había trasladado desde Neuquén a Alta Gracia en febrero de ese año para seguir un tratamiento. Con su salud deteriorada, su padre, Pablo Musse, emprendió un viaje de 1.100 kilómetros —40 horas de manejo sin descanso— desde Pottier, Neuquén, junto a su cuñada, Paola Oviedo, para verla por última vez.
Presentaron la documentación exigida: permisos nacionales de circulación, certificado de regreso a su localidad y los hisopados solicitados por el COE. Al llegar al control sanitario de Huinca Renancó, un test de Pablo dio resultado “dudoso” —no positivo— para Covid-19. Según el Protocolo 48, se permitía el ingreso por “fuerza mayor”, incluyendo la asistencia a familiares en estado crítico o el fallecimiento de un familiar directo, y los casos sospechosos debían ser evaluados en un hospital. Sin embargo, las autoridades les negaron el acceso y los escoltaron de regreso a Neuquén.
En una carta escrita desde su cama, Solange expresó: “Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso si queremos vernos? Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos”. Murió el 20 de agosto de 2020 sin ver a su padre.
De regreso en Neuquén, un nuevo hisopado a Pablo dio negativo. Con autorización del juez Bustos Fierro, pudo viajar a Alta Gracia para despedir los restos de su hija. La denuncia, presentada por el abogado Carlos Nayi, sostiene que los acusados incumplieron los protocolos y abusaron de su autoridad.
En 2021 fueron imputados Andrada, Morales, el médico Sergio José Alí y el suboficial policial Darío Javier Mansilla. En 2023, estos últimos fueron sobreseídos, quedando solo Andrada y Morales para enfrentar el juicio.
La familia Musse denunció además al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En mayo de 2024, Pablo Musse y Paola Oviedo expusieron el caso ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. El juez Claudio Mazuqui afirmó que el proceso busca “darle a la familia Musse la tranquilidad de que, desde lo jurídico y lo humano, el Poder Judicial está a la altura de resolver las peticiones”.
“Lamentablemente no es lo que uno esperaba, después de cinco años, pero es lo que hay en la Justicia argentina”, dijo Pablo Musse al medio cordobés Cadena 3. “Todos saben que esta causa pasó por la Justicia Federal, la Justicia Ordinaria, y realmente avasallaron los derechos de Solange”, agregó.
La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.
Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.
Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.
Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”
La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.
– La renuncia presentada por Gabriela Neme
Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.
El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.
El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.
Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.
Lisandro Almirón, diputado nacional por La Libertad Avanza y candidato a gobernador de Corrientes respaldado por Karina Milei, enfrenta denuncia penal y civil que lo acusa de falsificar la firma de su abuela fallecida para apropiarse de su única propiedad.
La denuncia penal fue radicada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) Nº 5 por los delitos de Falsificación de Instrumento Público (artículo 292 del Código Penal) y Estafa (artículo 172 del Código Penal). Paralelamente, la causa civil se tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 12, Secretaría N.º 25, bajo el expediente 219675/21.
El escándalo involucra la propiedad de Priscila Brizuela, abuela tanto de Almirón como del denunciante Eduardo Gómez, quien asegura tener en su poder la escritura original de la casa y que la firma usada para la venta no coincide con la real. Según su relato, se trató de una maniobra para “apoderarse del único bien familiar y dejar afuera al resto de los herederos legítimos.”
“Se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de mi abuela. Cuando uno confía en la familia y en los profesionales, nunca espera una traición de este tipo”, declaró Gómez.
– La supuesta firma trucha de Pricila Brizuela
La anciana falleció el 16 de marzo de 2013, pero antes de su muerte, mientras se encontraba internada en terapia intensiva en la Clínica Sagrado Corazón, supuestamente otorgó un “poder especial irrevocable” para transferir su única propiedad.
La polémica gira en torno a la Escritura Nº 4 del 28 de febrero de 2013, fechada apenas “un día antes” del fallecimiento de Priscila Brizuela. Según la denuncia presentada por Gómez, primo hermano del diputado, la casa ubicada en el barrio Bañado Norte de la capital correntina, fue transferida directamente a nombre de Lisandro Almirón y sus hermanos Carlos Hernán y Cinthia Elizabeth Almirón.
La transferencia se realizó mediante un poder que habría sido otorgado mientras la abuela estaba internada en terapia intensiva. Un perito caligráfico determinó que la firma sería una “imitación burda” que no coincide con la rúbrica real de la mujer.
La operación fue ejecutada con la participación de varios profesionales del entorno familiar, entre ellos Marta Susana Marcoré, abogada y suegra de Lisandro Almirón, quien actuó como apoderada mediante el presunto poder falsificado para concretar la transferencia. María Alicia Gamba Landi, también estuvo presente y actuó como la escribana que legalizó la escritura de compraventa, ya contando entonces con antecedentes disciplinarios. Fue suspendida un año por el Colegio de Escribanos por su participación en la causa “Boston”, una conocida estafa inmobiliaria de gran escala en Corrientes.
– Documento de la abuela con la respectiva firma
La defensa de los denunciados presentó un certificado psiquiátrico firmado el mismo día en que supuestamente se habría otorgado el poder. Sin embargo, este documento presenta serias inconsistencias, al ser emitido por el Hospital San Francisco de Asís, establecimiento donde la anciana nunca estuvo internada ni fue atendida, y el profesional firmante no trabajaba ese día en el hospital, según confirmó oficialmente el nosocomio.
El caso de la herencia fraudulenta no es el único señalamiento que enfrenta Lisandro Almirón. También ha sido cuestionado por contratos municipales en Gobernador Virasoro que beneficiaron a su esposa Laura Romina Peralta Marcoré y a su suegra para servicios de “alquiler de maquinarias viales” y “servicios profesionales”. Además, donaciones de bienes incautados de la Dirección General de Aduanas a una fundación vinculada a su entorno familiar, la Fundación GEA – Madre Tierra Mitología Griega.
En Viamonte (Córdoba), un histórico hospital que estaba en ruinas volvió a funcionar gracias al trabajo conjunto del municipio, los vecinos y distintas entidades locales. La inauguración se realizó este miércoles.
El intendente del pequeño poblado, Facundo Manzoni, uno de los políticos más jóvenes de la provincia, lideró la reconstrucción y donó su sueldo para financiar las obras. Durante la ceremonia destacó que la reapertura del hospital garantizó acceso a la salud para los habitantes del interior y cuestionó la ausencia de autoridades provinciales: “Es lamentable que no haya venido ningún funcionario del gobierno, mientras que nuestro compromiso con la gente fue total”.
Según informó la gestión local, la obra demandó 298 millones de pesos, cifra que representó casi el 20% del presupuesto anual de la intendencia (1.500 millones de pesos). Pese a estar invitados con varias semanas de anticipación, no asistieron al acto funcionarios provinciales ni ninguno de los legisladores del departamento Unión, y el jefe municipal pronunció un discurso en el que resaltó la obra y criticó a la Provincia de Córdoba por no participar de la ceremonia.
En diálogo con medios locales, Manzoni recordó los inicios de su gestión y detalló el esquema de financiamiento:“debí instalar un hospital de campaña en la Casa de la Cultura ya que el existente se caía a pedazos. De inmediato pusimos manos a la obra para construir un nuevo centro de salud. Iniciamos una campaña de donaciones y obtuvimos 20 millones. La Provincia nos envió un FOCOM por 70 millones y el municipio aportó 210 millones. De esta forma reunimos el dinero y edificamos un nuevo hospital que es un orgullo para Viamonte”.
El nuevo establecimiento cuenta con 600 metros cuadrados, cuatro habitaciones de internación, guardia, vacunatorio y seis consultorios, incluyendo odontología, lo que lo convirtió en uno de los centros de salud mejor equipados de la región.
Al ser consultado por la ausencia de representantes provinciales, el intendente aseguró que “en el gobierno están enojados porque rechacé el ofrecimiento de integrar la lista de diputados nacionales. También lo hice con la Libertad Avanza. No apoyo a nadie. Sólo me preocupa trabajar por mi pueblo. Me molesta mucho que inventen cosas sobre mí, noticias falsas y hagan operaciones políticas. Viamonte pertenece a la Provincia de Córdoba y sus habitantes merecen el respeto de la Provincia”.
Manzoni es productor agropecuario y vive de esos ingresos. Trabaja gratis, ya que todos los meses dona su salario a una institución de bien público de la localidad. Todos los recibos de sueldos donados pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, en la que detalla el monto y los organismos beneficiados. Sobre cuestionamientos a su trayectoria, el jefe comunal concluyó: “Me trataron de ñoqui porque trabajé 3 años en la Legislatura en el bloque del PRO antes de asumir como intendente. Todos los días cumplí con mis obligaciones como ahora lo hago en el municipio. Es muy triste lo que pasa ya que por castigarme a mí afectan a mi pueblo”.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
