Confirman que Montenegro va por la reelección de Mar del Plata y el FdT se separa aún más

El actual intendente de General Pueyrredón finalmente se presentará en Juntos como cabecilla y "tendrá el control total de su boleta".
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Las elecciones y sus definiciones están en el epílogo, con un oficialismo en Mar del Plata que habría definido ya la búsqueda de una reelección por parte de Guillermo Montenegro y la oposición que desconfía del llamado de Fernanda Raverta a la unidad. Esto último gestando divisiones internas en el Frente de Todos.

En el caso de Juntos, la estrategia de no hablar sobre candidaturas de Montenegro, sirvió para que desde el mismo espacio reclamaran de que vaya como aspirante a 4 años de gestión más, ya que funcionarios repetían la misma frase: “Es el que más mide y es imposible instalar un nuevo candidato”. Esa especie local de “operativo clamor”, terminó poniendo en la poltrona al intendente.

Guillermo Montenegro
El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Haciendo mella en ello, fuentes oficiales del Municipio le acercaron a Data24 que Montenegro decidió ya ser él quién encabece la lista de Mar del Plata. Sin embargo, en el radiopasillo municipal se habla de que, luego de ganar, una victoria de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires lo haría desembarcar en el Gabinete bonaerense como ministro de Seguridad.

Ahora bien, las negociaciones se pisan más arriba (pero con el foco en cosas menores). Anónimos le indicaron a este medio que los principales gestionadores de las listas en la Quinta Sección bonaerense son el senador PRO Alejandro Rabinovich y el diputado provincial del radicalismo Maximiliano Abad. Ambos estarían negociando el primer concejal, quién se quedaría como interino ante la posible salida de Montenegro.

Kicillof
El diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad.

Sin entrar en la danza de nombres sobre quiénes podrían ocupar ese sitio, se sabe que el primer lugar, o los siguientes 2, serían claramente de la Unión Cívica Radical. Aunque, el apoyo inamovible que tiene Montenegro, lo hace tener peso en la decisiones. Por lo que inclinaría la balanza a una lista más amarilla.

En cuanto al Frente de Todos, esta noticia caería como un baldazo de agua fría, como consecuencia de la imagen positiva que tiene Montenegro. Pero no solo ello, ya que Raverta las tiene todas de ir afirmada como precandidata a intendente opositora, pero se le presentarán internas.

Fernanda Raverta
Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social.

Si bien el ex intendente Gustavo Pulti aún baila entre la posibilidad de aventurarse por dentro del FdT, o bien probar en soledad con la oportunidad de representar al peronismo no K, no quiere tener que sentarse con Raverta. La cual ahora prueba con dar una “lista unidad”, a tal punto de llamar a Rodolfo “Manino” Iritart. De momento, nadie le cree.

Ante todo lo referido, se confirmaría la lista unidad con Montenegro a la cabeza en Mar del Plata, y con altas posibilidades de una reelección asegurada. Mientras tanto, el Frente de Todos presentará primarias (a menos que Raverta se encargue a bajar listas desde Capital Federal y La Plata como hizo en el 2019) entre la fusión del kirchnerismo y massismo, el peronismo no K y una especie de vecinalismo reciclado en el pultismo.

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“SEGUÍS PELOTUDEANDO” | El campeón mundial Emiliano Sordi destrozó a la diputada Celeste Ponce por su nula productividad legislativa

La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.

Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce

Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que “defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.

La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.

Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.

Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.

No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.

La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria

El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.

En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.

7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos

Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).

A esto se suma la matriz de corrupción que rodea su despacho. Ponce fue denunciada por exigir retornos de sus sueldos a sus propios asesores, una práctica de la vieja política que incluyó el escándalo de un colaborador de 19 años no registrado. A pesar de la gravedad, la Justicia decidió no investigar sus movimientos bancarios, dándole un blindaje judicial que hoy le permite presentarse como una “guerrera de la verdad”.

Delirio místico y oxímoron teológico

El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.

Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.

Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.



*Autor: Augusto Grinner para Data24

Negligencia y posible corrupción: el incendio en Los Alerces expone qué pasa en La Patagonia

La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública. 

A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldánpuso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego. 

El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes. 

La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.

En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas, el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas. 

Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.

Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales. 

Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos. 

La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña. 

Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos. 

Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre. 

Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.

Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest. 

El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral. 

Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.

Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticas como el mantenimiento de los aviones hidrantes. 

Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.

En otras palabras, el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado. 

Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)

ESCÁNDALO EN EL SENADO: la hija de Jorge Capitanich cobra más de $2,1 millones de la Cámara alta

El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.

Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.

La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.

Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.

El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.

Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.

El gobierno endureció el control marítimo y avanzó contra la pesca ilegal extranjera

Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.

La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.

El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real. 

Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.

El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.

El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.

La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.

Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.

Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.

La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.

Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.

Argentina dejará de fabricar TAM (Tanque Argentino Mediano) y comenzará a comprar Stryker a EE.UU a precio más caro

El Gobierno nacional decidió suspender el proceso de actualización del TAN (Tanque Argentino Mediano) —un proyecto con base en tecnología fabricada en el país— y en su lugar adquirirá vehículos blindados Stryker de origen estadounidense, usados y más costosos, informaron fuentes del ámbito de Defensa.

La paralización del plan de modernización del TAM se dio en medio de ajustes presupuestarios y de un alineamiento estratégico con Estados Unidos. Restricciones financieras impuestas en mayo de 2025 por el Banco Central limitaron la compra de insumos en el exterior para mantener operativos los vehículos blindados de fabricación local.

Carlos Alberto Presti, flamante ministro de Defensa

La empresa estatal TAMSE, encargada de la producción y mantenimiento del TAM y sus variantes, cerró sus puertas en este contexto, lo que desmanteló parte de la cadena productiva y logística regional que sostenía esta industria. El resultado fue que gran parte de la flota quedara fuera de servicio por falta de repuestos y soporte técnico accesible.

La elección de los Stryker, modelos que han sido utilizados por el ejército estadounidense en conflictos como Afganistán e Irak, responde, según voceros oficiales, a una prioridad en movilidad y capacidad de respuesta rápida. Sin embargo, desde el propio Ejército y sectores especializados se advirtió que había opciones más convenientes y con mayor interoperabilidad técnica, como los vehículos Guaraní de Brasil, que contaban con componentes producidos en la región y menores costos de mantenimiento.

El legendario Tanque Argentino Mediano

Un aspecto que también genera polémica es el costo de la operación: el paquete de Stryker, de unos 27 vehículos blindados, ronda los 100 millones de dólares, lo que implica un desembolso significativamente mayor por unidad que las propuestas alternativas, sobre todo si se considera que provenían de excedentes usados descartados por otros ejércitos.

Estados Unidos autoriza la venta de 27 vehículos Stryker M1126 a Argentina

Los críticos de la decisión sostienen que esta compra no solo compromete la industria nacional de defensa, sino que limita la transferencia de tecnología y la creación de empleo local, aspectos que estaban presentes en los proyectos de modernización del TAM y otros programas de equipamiento militar autóctonos.

Rogelio Frigerio viajará a EE.UU. en busca de inversionistas para el nuevo bono de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.

Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.

El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.

Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente: “Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.

El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.

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