Con una devaluación total del peso argentino, aumentó el contrabando de productos a Bolivia
La caída del peso argentino fomentó el crecimiento del contrabando y los mercados nacionales se llenaron de productos argentinos comprados a bajo precio por la conveniencia del cambio.
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Nuestro país está envuelto en una gran crisis económica con una inflación que parece no tener techo y una moneda que cada vez vale menos. Es por eso que aumentó el contrabando de productos argentinos a Bolivia, donde son distribuidos en todos los departamentos de la vecina provincia, teniendo en cuenta que hoy 1 boliviano, vale aproximadamente 20 pesos argentinos.
Ante esta situación, La Quiaca es el epicentro donde arranca el contrabando: Bolivianos compran productos esenciales a un costo barato (O pasan productos comprados en otras provincias) y luego lo pasan a Villazón, donde son guardados en depósitos para posteriormente ser transportados en camiones a distintos puntos de Bolivia. En este contexto, los empresarios bolivianos tienen temor que, debido la crisis en Argentina, se derive en un escenario similar a la del 2000, cuando la caída del peso argentino fomentó el crecimiento del contrabando y los mercados nacionales se llenaron de productos argentinos comprados a bajo precio por la conveniencia del cambio.
Para conocer como se está gestando la compra de productos argentinos para vender en el vecino país, compartimos el informe realizado por Notivisión Digital de Bolivia
El rubro turístico argentino enfrenta en marzo de 2026 un momento que, según los propios empresarios, se compara directamente con los peores meses de la pandemia. A días de dos fines de semana extra largos casi consecutivos de Semana Santa —del 21 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril—, las reservas en los principales destinos del país se encuentran en niveles históricamente bajos, generando una alarma inédita en la “industria sin chimenea”.
“Los números que manejamos para el fin de semana largo de marzo deben ser de los más bajos de la historia. Prácticamente no hay reservas y lo preocupante es que para Semana Santa se espera algo parecido”, subrayó un importante empresario marplatense a la Agencia Noticias Argentinas.
El panorama es devastador si se lo lee en perspectiva. La temporada de verano 2025/2026 ya cerró como la peor imagen, siendo que Mar del Plata recibió 3.141.427 turistas entre diciembre y febrero, con una caída interanual del 3.7% equivalente a 122.000 personas menos. La ocupación hotelera promedio de la temporada fue del 50.7%, con enero marcando el peor registro en al menos dos décadas (excluyendo 2021), con una caída del 7.1%.
Esto es muy distinto de lo que se veía en años anteriores, cuando estos fines de semana largos generaban ocupaciones del 80% o más en hoteles, cabañas y apartamentos, y movilizaban grandes flujos de gente y dinero.
“Todos los sectores tienen problemas de presupuesto. Cualquier programa que ayude a estimular políticas de promoción está condicionado por la caída de la recaudación”, afirmó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), apuntando a que la salida más probable en lo inmediato pasa por alianzas privadas entre hoteles, bancos y operadores para armar paquetes combinados.
A esto se suma que el área acumula una caída de 50 puntos en dos años. Las reservas en prácticamente todos los grandes centros turísticos del país están en niveles sumamente bajos, 30 puntos en 2024 y 20 puntos en 2025, conforme a las declaraciones de Szkrohal. El propio dirigente advirtió que uno de cada dos establecimientos cierra antes de cumplir cinco años de actividad.
Un relevamiento muestra una marcada sobreoferta de alojamientos, con diferencias leves entre regiones pero un mismo patrón general, donde abundan las plazas vacantes.
En cambio, en Villa Carlos Paz y en las Cataratas del Iguazú la tendencia se invierte. La demanda prevista para Semana Santa es mayor que la de marzo, pero plataformas como Airbnb aún reportan más de mil plazas disponibles en esos destinos.
A nivel nacional, la situación es llamativa. En noviembre de 2025 la ocupación promedio fue apenas del 37,4% de las plazas ofrecidas, según el informe.
Las causas
La crisis que atraviesa el sector turístico no responde a un fenómeno coyuntural ni a factores estacionales como el clima. Distintos indicadores muestran que se trata de una situación estructural en la que confluyen varios elementos económicos y del mercado.
Uno de los principales es la pérdida del poder adquisitivo. Desde 2023, la actividad gastronómica registra una caída cercana al 30%, mientras que los jubilados —un segmento que históricamente contribuía a sostener la temporada baja— prácticamente dejaron de viajar debido a que sus ingresos ya no alcanzan para afrontar esos gastos.
A este escenario se suma una marcada salida de turistas hacia el exterior. Durante 2025, cerca de 12 millones de argentinos viajaron fuera del país, lo que representa un aumento del 43.1% en comparación con el año anterior. En sentido contrario, el ingreso de visitantes extranjeros se redujo un 19.7%, lo que refleja una pérdida de competitividad del turismo local.
El desequilibrio también se evidencia en la balanza turística. En 2025 el déficit superó los 4.054 millones de dólares, casi el doble del registrado en 2024. La brecha cambiaria influye en esta dinámica, ya que encarece los destinos nacionales para los propios argentinos y, al mismo tiempo, vuelve más accesibles las opciones en el exterior.
Por último, el sector formal enfrenta una creciente competencia de la oferta informal. Mientras los establecimientos habilitados cuentan con unas 45.000 camas en temporada alta, la oferta extrahotelera alcanza alrededor de 370.000 plazas que operan con menores regulaciones y cargas impositivas. Esta diferencia profundiza la presión sobre hoteles y alojamientos tradicionales.
El empresariado ya tocó las puertas del poder político. Szkrohal se reunió el pasado 26 de febrero con el gobernador Axel Kicillof en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, donde entregó un informe de crisis y reclamó reducción de Ingresos Brutos, baja del IVA para la actividad, alivio en impuestos inmobiliarios y la creación de una mesa de trabajo para combatir la estacionalidad.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este fin de semana un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en centros de detención de la provincia. La iniciativa fue elevada hoy lunes a la Legislatura y apuntó a frenar estafas digitales, extorsiones y otras maniobras delictivas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
La propuesta contempló además el bloqueo de señales dentro de los centros de detención y un control estricto por parte de la autoridad de aplicación. “Las estadísticas indican que hubo un crecimiento exponencial de las estafas digitales, y hoy Chubut tiene la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a esta problemática”, aseguró el mandatario, quien detalló que esas maniobras afectaron especialmente a los sectores más vulnerables y crecieron con fuerza en los últimos años.
Torres remarcó además que el sistema penitenciario tiene un costo fiscal sostenido por los contribuyentes y vinculó parte de estas maniobras con organizaciones que operaron desde contextos de encierro mediante el uso clandestino de celulares: “Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”.
Los reos no serán incomunicados, podrán hablar con familiares, defensores y autoridades, pero únicamente mediante sistemas habilitados por las instituciones pertinentes y no por medio de celulares.
UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la propuesta “apunta a recuperar una normalidad que se alteró durante la pandemia. Ese contexto excepcional ya terminó. Lo que estamos planteando no es un endurecimiento punitivo, sino volver a un esquema de funcionamiento normal del sistema penitenciario”.
El funcionario consideró que el aumento de este tipo de estafas convirtió al uso de celulares en cárceles en un problema de seguridad pública.
– “Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”. El video que compartió Ignacio Torres
En esa línea, el vicegobernador Gustavo Menna calificó al proyecto como “muy trascendente” y dijo que “apunta a atacar de raíz una problemática que incluye extorsiones, estafas y secuestros virtuales”. También explicó que, si bien ya existió una normativa general que restringió el uso de estos dispositivos, hubo interpretaciones diversas que en algunos casos favorecieron la continuidad de esas prácticas.
La autora del proyecto es la diputada provincial María Andrea Aguilera. Explicó que la iniciativa pretende prohibir el ingreso, la tenencia y la facilitación del uso de equipos terminales móviles para personas privadas de la libertad, al tiempo que garantizó comunicaciones en condiciones seguras. Esos contactos se realizarán en espacios habilitados, con horarios establecidos y mediante sistemas institucionales para la comunicación.
– María Andrea Aguilera
La legisladora recordó que Chubut “fue la primera provincia en sancionar una ley contra la ludopatía digital en jóvenes” y señaló que la provincia avanzó también en otros ámbitos vinculados al uso responsable de dispositivos tecnológicos: “Esta ley viene a sumar herramientas para combatir el ciberdelito y reforzar la protección de los ciudadanos”.
EL DETALLE
El proyecto estableció la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”. A su vez, dispuso la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantizó el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa alcanzó a establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y cualquier otro lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de Chubut.
En caso de detectarse celulares u otros dispositivos prohibidos, el texto previó su decomiso inmediato y la confección de un acta con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Si existieran indicios de un delito, dispuso dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
La iniciativa fijó además como obligación permanente de las autoridades responsables la aplicación de medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los lugares de detención.
En cuanto al sistema de comunicación, la propuesta dispuso que las terminales institucionales habilitadas se configuren exclusivamente para llamadas de voz. Quedó expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados. Además, el sistema llevará un registro de datos básicos de cada llamada, entre ellos la fecha, la hora, la duración, el interno solicitante, la terminal utilizada y el número de destino.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
El 72,7% de los argentinos rechaza una eventual guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, según una encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento, basado en 1.200 casos en todo el país, también señala que dos de cada tres encuestados consideran que la postura del presidente Javier Milei frente a ese conflicto no representa a la mayoría de la sociedad.
El estudio también detalla que solo el 13,1% se manifestó a favor de un eventual enfrentamiento, mientras que el 14,2% no tiene una posición definida. Los resultados reflejan un rechazo amplio a un escenario bélico internacional, más allá de las diferencias políticas internas que atraviesan al país.
El estudio también analizó cómo varía la opinión según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Javier Milei, el 53,4% está a favor de la guerra, el 29,2% en contra y el 17,4% no tiene una posición definida.
En cambio, entre los votantes de Sergio Massa, el rechazo es prácticamente total: el 91,9% se manifestó en contra, mientras que solo el 1,9% apoyaría el conflicto y el 6,2% no respondió. La encuesta evidencia una fuerte polarización política en torno al tema, con posiciones muy diferentes según la identidad electoral.
La postura del gobierno
Otro de los puntos analizados fue si la posición del presidente Javier Milei frente al conflicto representa o no a la sociedad argentina.
Según el estudio, el 66,4% de los encuestados considera que la postura del mandatario no representa a todos los argentinos, mientras que el 12,9% cree que sí lo hace y el 20,7% no tiene una opinión formada.
El dato sugiere una brecha entre la política exterior del gobierno y la percepción mayoritaria de la población, especialmente en un tema sensible como los conflictos internacionales.
Los resultados reflejan que, aunque la sociedad argentina muestra un rechazo mayoritario a la guerra, las percepciones cambian de forma significativa según la orientación política de los encuestados.
Para que el lector desprevenido entienda la magnitud del problema, primero debemos dar un contexto apropiado.
Ualá nació como la promesa de la inclusión financiera en Argentina, una aplicación móvil que permite gestionar gastos, pagar servicios y, fundamentalmente, obtener créditos de consumo de forma ágil, similar a Mercado Pago. Con el tiempo, la firma de Pierpaolo Barbieri dio el salto y se convirtió en Ualá Bank, un banco regulado por el BCRA que custodia los ahorros de millones de personas.
Sin embargo, lo que comenzó como una solución digital para quienes estaban fuera del sistema tradicional, hoy se transformó en una trampa de deuda y fallas operativas que ponen en riesgo el capital de sus usuarios.
El colapso de los números
La fachada de unicornio de Ualá se desmorona ante los datos del Banco Central: la morosidad en la aplicación ya alcanzó el 63,67%. Para el lector común, la cifra es demoledora: de cada $100 que la empresa prestó, casi $64 no están volviendo en tiempo y forma. Esta gestión de riesgo fallida evidencia un descontrol total sobre la cartera de créditos.
Para ser precisos, la crisis tiene dos caras: mientras que en el Ualá Bank (ex Wilobank) la morosidad es del 32,5%, en la aplicación móvil el descontrol es absoluto, alcanzando un 63,67% de carteras incobrables. Probablemente esta diferencia en la aplicación se deba al fenómeno del “pico y borro”: clientes que solicitan dinero y eliminan la aplicación para evadir el cobro, rompiendo una cadena de pagos que no registraba niveles tan críticos en 20 años.
Pierpaolo Barbieri (CEO de Ualá), Javier Milei y Niall Ferguson (historiador británico).
El volumen de deudores escala a 317.000 personas, de las cuales 100.000 están en mora. Es decir,1 de cada 3 usuarios que pidió un crédito, hoy no paga.
Mientras que la morosidad promedio de los bancos privados en Argentina ronda apenas el 9%, la fintech de Barbieri multiplica esa cifra por siete. Estamos ante un fenómeno marginal que el mercado tradicional no registra: una cartera “basura” que ya no responde a los estándares mínimos de salud financiera del país.
La propia empresa reconoció el naufragio de su política crediticia: las previsiones por incobrabilidad —el dinero que ya dan por perdido— se dispararon un 154% en el último año, superando los $119.000 millones.
Morosidad en la aplicación de Ualá y en el Ualá Bank.
Usuarios atrapados
La crisis saltó de los balances al celular. Miles de usuarios reportan un “corralito técnico”: es imposible transferir saldos o retirar ahorros. A esto se suman demoras de 48 horas para acreditar pagos de servicios, dejando familias sin luz o gas pese a haber pagado a término.
Esta parálisis afecta desde el consumo de comida hasta a pequeños comerciantes que ven su caja diaria retenida. Ante el miedo, muchos intentan diversificar sus fondos para protegerse de una plataforma que hoy muestra serias grietas operativas.
La trampa electoral del Gobierno
El origen de este colapso no es sólo técnico, sino profundamente político. Durante 2025, el Gobierno decidió aumentar drásticamente las tasas de interésde referencia del BCRA con un único objetivo electoralista: pisar la inflación y contener el dólarpara llegar con aire a las urnas. Esta medida, diseñada para el corto plazo, terminó convirtiéndose en una soga para el cuello de las familias argentinas.
Al mantener las tasas por las nubes, el costo de las deudas se volvió impagable para el consumidor promedio, cuyos ingresos no crecieron a la misma velocidad. Lo que el Gobierno presentó como una herramienta de estabilidad monetaria fue, en realidad, el motor que asfixió la capacidad de pago y disparó la morosidad en entidades como Ualá. Hoy, la economía paga la factura de una estrategia que priorizó el marketing político por sobre la salud del sistema financiero.
Pierpaolo Barbieri (CEO de Ualá) junto a Javier Milei.
El balance en rojo y un futuro incierto
Con una cartera de préstamos de $213.041 millones, la radiografía contable de Ualá Bank es crítica: al cierre de noviembre de 2025, el balance arrojó una pérdida acumulada de $87.451 millones.La presión sobre los depósitos de los ahorristas es una realidad que los números oficiales no pueden ocultar.
Para intentar frenar el incendio, la compañía anunció una inyección de US$195 millonesliderada por Allianz X. Si bien este capital busca sostener la estructura y financiar la expansión regional, no resuelve la desconfianza de un usuario que hoy no puede mover su dinero. Aunque se promociona esaa inyección global de Allianz X, la realidad para el ahorrista local es más modesta: sólo US$ 30 millones fueron destinados efectivamente a capitalizar la operación en Argentina.
En un escenario donde la cadena de pagos está rota, la solvencia técnica de un banco importa poco si el cliente pierde el acceso a sus propios ahorros.
STREAM] “Necesito estabilidad”: Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, elogió “la baja de la inflación” que logró Milei, y tiene un “sueño”, que es “poder hacer hipotecas de 5 a 10 años” y que “el que no nace de dinero” no dependa “de una lotería del Estado”. 📹 @Forbes_es https://t.co/C79SqhAFRO pic.twitter.com/MBV8PA8Z9Y
El intendente Mauricio Davico abrió, el pasado jueves 13, un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Gualeguaychú con un discurso atravesado por la reducción de tasas y la baja de la carga impositiva como principal marca de su gestión. En una intervención en la que también repasó obras, servicios y anuncios para 2026, el jefe comunal eligió colocar en primer plano el alivio al contribuyente, la administración austera de los recursos y la ejecución de inversiones con fondos municipales.
Desde el inicio buscó fijar ese encuadre. “Cuentas ordenadas, con inversión y con la menor carga impositiva posible para los contribuyentes”. Más adelante reforzó esa idea con otra definición de tono político: “Con total franqueza y seguridad puedo decirles que hoy tenemos un municipio económicamente ordenado. Sin excusas nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional”.
El núcleo más fuerte del discurso pasó por la cuestión tributaria. Davico recordó que desde el inicio de su mandato el municipio eliminó cerca del 70% de las tasas existentes y sostuvo que esa orientación continuará durante este año. En ese marco, remarcó la reducción de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica: “Esto implica que, en total, todos los contribuyentes van a ahorrar 2.000 millones de pesos”.
El intendente también anunció que en los próximos meses se implementará la boleta digital para las tasas municipales. “Este es el camino de la modernización y la digitalización del Estado”. Según explicó, esta medida generará un ahorro superior a los 100 millones de pesos anuales. Ese dinero será destinado específicamente a mejorar las calles.
También proyectó ese eje hacia lo que viene. “Seguiremos trabajando con esfuerzo para poder eliminar más tasas y bajar alícuotas que descompriman el bolsillo de los contribuyentes”.
En línea con la política austera que el gobierno nacional puso en agenda, el discurso intentó responder una objeción evidente frente a cualquier reducción de tasas: cómo sostener el funcionamiento del Estado mientras se aliviana la carga tributaria. “¿Cómo logramos eliminar tasas y a la vez adquirir equipamientos y hacer obras? Muy sencillo, cuidando la plata de los impuestos de los gualeguaychuenses”, señaló.
A partir de allí, el jefe comunal asoció la baja impositiva con una política de control del gasto y orden administrativo. Dijo que durante su gestión no se amplió la planta de personal municipal y destacó la implementación de controles biométricos para reducir ausentismo y mejorar la prestación de servicios. También aseguró que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual.
“No tenemos margen para descuidar los recursos del Estado. No estamos para obras sin sentido. Nuestro criterio es simple, enfocarnos en lo esencial”. Sobre esa base repasó distintas acciones en servicios públicos e infraestructura, entre ellas trabajos sobre el sistema de agua, obras cloacales, recambio de luminarias, modernización de la planta de asfalto y compra de maquinaria. “Son obras que muchas veces no se ven pero que mejoran la vida de los vecinos porque el voto de la gente nos puso acá para resolver problemas”.
Dentro del repaso de obras y equipamiento, Davico sostuvo que la inversión enmaquinaria superó los 2.187 millones de pesos y remarcó que fue realizada íntegramente con recursos municipales.
Otro pasaje con contenido político surgió al referirse a la reactivación de la obra hospitalaria, que atribuyó al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio. En ese tramo, el jefe comunal apuntó contra una forma de hacer política asociada a anuncios prematuros y dejó una frase que recibió calurosos aplausos: “No va a haber inauguraciones por cadena nacional o para la foto o para la tribuna”.
El intendente también mencionó el avance hacia el dragado del río, el recupero de fondos de Salto Grande para obras en la ciudad y nuevos proyectos de infraestructura urbana.
La Cámara alta provincial avanzó con un proyecto que incorpora la actividad al Código de Convivencia y habilita sanciones, arrestos e intervención policial.
La destrucción del empleo formal golpea con fuerza a los sectores más intensivos en mano de obra. La sobreoferta de choferes y repartidores empuja a la baja la rentabilidad por viaje o pedido.
En la apertura de sesiones, el intendente entrerriano aseguró que los recortes de alícuotas implicarán un alivio de $2.000 millones para los contribuyentes y sostuvo que la implementación de la boleta digital liberará más de $100 millones anuales, que serán destinados a mejorar calles.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
