“Cero evacuados”: Tras las fuertes tormentas, el PRO celebró las obras ejecutadas en La Plata
Julio Garro, Mauricio Macri y la exgobernadora María Eugenia Vidal ponderaron que, tras las fuertes tormentas, no hubo muertos ni evacuados en la ciudad de La Plata. "No necesitábamos magia, sino decisión política", dijo Vidal.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Este fin de semana, gran parte del AMBA fue sacudida por las fuertes tormentas, en algunos territorios aún sufren las consecuencias de la lluvia. En Quilmes, San Francisco Solano y Florencio Varela, -entre otros-, sufrieron grandes inundaciones que superaron el medio metro, dejando a cientos de vecinos con sus pertenencias afectadas.
Cabe destacar que, en La Platalas tormentas registradas alcanzaron los 135 milímetros y presentaron una nueva marca histórica para la ciudad. Sin embargo, con las obras realizadas y las tareas de prevención aminoraron el impacto, y por segunda vez consecutiva, no se registraron evacuados.
En contrapuesta a la escena de las inundaciones del AMBA, los máximos dirigentes opositores y el intendente platense, Julio Garro, celebraron que en una ciudad tan afectada como supo ser La Plata, no hayan tenido siquiera la necesidad de evacuar, gracias a las obras que se ejecutaron durante los últimos años.
“¿Y ahora?”, se preguntó el expresidente Mauricio Macri adjuntando una imagen donde se ven las estadísticas de precipitación históricas en La Plata que, claramente, son favorecedoras luego de las obras públicas realizadas durante la gestión de Garro.
A esta consulta retórica, el mandatario Garro respondió: “Asumimos el compromiso y cumplimos. Hoy los platenses tenemos una ciudad más preparada para enfrentar las lluvias. Con obras hidráulicas y un equipo de gestión del riesgo que trabaja todos los días para cuidar a los vecinos antes, durante y después de la emergencia”.
Asumimos el compromiso y cumplimos. Hoy los platenses tenemos una ciudad más preparada para enfrentar las lluvias. Con obras hidráulicas y un equipo de gestión del riesgo que trabaja todos los días para cuidar a los vecinos antes, durante y después de la emergencia. https://t.co/mL4c30FaqG
Asimismo, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se sumó y resaltó: “A la desidia y corrupción de gobiernos anteriores, en La Plata con Julio Garro y en toda la Provincia de Buenos Aires, respondimos con más de 300 obras hidráulicas para que los bonaerenses estén tranquilos cada vez que llueve“.
“Cuando los impuestos de los vecinos van a las obras que se necesitan, están estos resultados. No era magia, era decisión política“, sentenció
Por último, el intendente Garro ratificó que “los hechos demuestran que, a diferencia de hace 10 años, hoy tenemos una ciudad que está preparada para enfrentar emergencias climáticas y asistir a los vecinos cuando más lo necesitan”.
ESTADÍSTICAS DE PRECIPITACIONES HISTÓRICAS EN LA PLATA
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, durante la AmCham Summit 2025 que congregó a figuras empresariales y políticas, Cristian Ritondo encabezó la posición del PRO bonaerense: anunció que trabajará por una alianza con La Libertad Avanza (LLA) de cara a las legislativas provinciales y remarcó que no habrá saltos partidarios individuales.
“El PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei y ratificamos nuestra posición frentista en la Provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo”, afirmó en un panel que compartió con el radical Rodrigo de Loredo. Acto seguido subrayó: “No tiene que haber traspaso de dirigentes. Un frente, una alianza, ir juntos en una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo que debe llegar a la Provincia”.
Ritondo asistió horas antes de la reunión del bloque PRO en Diputados, prevista para las 18.00 de hoy. Allí, según anticipó, comenzaría a delinear la estrategia parlamentaria junto a Diego Santilli —otro impulsor del acuerdo con LLA— y a coordinar un primer encuentro con Sebastián Pareja, el por ahora armador libertario en la provincia que responde a Karina Milei.
El dirigente bonaerense del PRO admitió la “debilidad parlamentaria” del oficialismo y apuntó que las reformas laboral e impositiva reclamadas por el empresariado requerían un frente opositor robusto. De Loredo coincidió y alertó que el voto porteño del domingo representó “un apoyo del electorado a la marcha de la economía” antes que un aval ideológico.
La cumbre expuso la incomodidad de los referentes amarillos tras el tercer puesto de Silvia Lospennato en la Ciudad, donde Manuel Adorni duplicó al PRO. Jorge Macri, uno de los primeros en llegar al evento, reconoció la derrota pero insistió en que el partido “seguirá existiendo”.
Por ahora, la ingeniería electoral bonaerense quedó en manos de Ritondo y Santilli. Con los libertarios fortalecidos tras el contundente resultado porteño y con empresarios que pidieron “mayor institucionalidad”, ambas fuerzas evaluarán cómo articular sellos y listas sin perder identidad ni estructura. Mientras tanto, los libertarios “tiñen de violeta” el tablero político y el PRO confía en que el frente común evitará lo que, según Ritondo, la gente reclama dejar atrás: “los errores” del pasado populista.
La cumbre empresarial, organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, reunió a referentes como el presidente de AmCham, Facundo Gómez Minujín, y la encargada de negocios norteamericana, Abigail Dressel. Ante los asistentes, Dressel sostuvo que Javier Milei estaba “implementando un cambio radical en la Argentina”, valoró la política económica y destacó el rol de más de 300 firmas estadounidenses en el país.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.
ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.
La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.
El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.
Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.
El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.
La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.
En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.
Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.
Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.
Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.
Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.
Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.
Mientras miles de bonaerenses sobreviven con sueldos de miseria y hospitales colapsados, el gobierno de Axel Kicillof parece más preocupado en asegurar peinados perfectos y cargos a medida que en solucionar los problemas de fondo. Es claro que hace tiempo que la política dejó de ser una vocación para convertirse en una pasarela. Pero lo que ocurre en el círculo íntimo del gobernador ya roza el delirio estético institucional. Mientras las aulas se caen a pedazos, mientras faltan médicos y sobran piquetes, la pareja gobernante parece moverse con el glamour de un set de televisión.
Un posteo y un punto de inflexión
El origen de esta historia podría datarse un 12 de octubre de 2022. Aquella jornada, el peluquero más cool de La Plata, Santiago Giovannone, publicaba orgulloso una imagen en Instagram en la que se lo ve abrazado a Kicillof y a su esposa, la primera dama bonaerense, Soledad Quereilhac, todos estrenando un moderno corte de cabello. Junto a ellos se encuentra otro personaje absolutamente desconocido, llamado Federico Cornet, pareja del famoso coiffeur.
Momentos posteriores a la publicación, Kicillof se trasladó a la Casa de Gobierno para lucir su nuevo peinado en la presentación del programa “Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares”. En su cuenta de Facebook, de la empresa Meta, el mandatario auguraba que “transformar la educación pública desde el cariño y el compromiso, necesita de todos y de todas”.
Pero detrás de la foto hay un detalle no menor: ya por entonces, Cornet cobraba un sueldo público en la esfera bonaerense, aunque nunca hubo demasiadas certezas al respecto. Extraoficialmente trascendió que la pareja del peluquero no percibía un ingreso por cortarle las puntas al mandatario y a la primera dama, sino como parte integral de la planta de trabajadores del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Aunque esto nunca fue aclarado oficialmente.
Hace tres años, Jorge Lanata había advertido irregularidades en esta relación: “Para gente al pedo encerrada en una casa ya está el gabinete de Alberto (Fernández). Lo que no sabíamos es que también había peluqueros con amigos que entraban por la ventana de la política, mientras las ventanillas de empleo público están cerradas para miles de personas con formación real”, explicó.
Pero otra publicación en redes sociales, mucho más reciente, vino a confirmar lo que varios años no lograron.
El 8 de noviembre de 2024, la cuenta oficial de la fundación Ludovica, del hospital de Niños de La Plata, compartió un posteo dando a conocer una actividad con el gobierno provincial, poniendo fin al asunto: “El pasado lunes, nos visitó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y el asesor de Gabinete, Federico Cornet”.
De este modo, Cornet fue presentado oficialmente como asesor de gabinete durante una visita institucional de la ministra. Allí compartió elogios y fotos en modo funcionario ejemplar. Pero el problema no es solo que la pareja del peluquero no aparezca en el organigrama del ministerio, ni que no se sepa cuál es su función específica, sino que su ascenso parece obedecer a una lógica perversa: la política del amiguismo travestida de inclusión.
¿Un peinado por un puesto?
La cercanía entre los protagonistas resulta visible. Con el tiempo, Giovannone se volvió una especie de estilista de cabecera del matrimonio gobernante. A la par, su pareja fue designado asesor de gabinete.¿Coincidencia? ¿Currículum? ¿O simplemente un caso de insertismo capilar en la administración pública?
Mientras tanto, en una Argentina en crisis, donde la desigualdad de género es un drama estructural, el ministerio que debería liderar esas políticas parece haber abierto sus puertas a un improvisado sin formación conocida. A la luz de los hechos, la única experiencia comprobable de Cornet es su cercanía con Giovannone -el peluquero del poder- y su afición por posar con funcionarios.
El relato oficial habla de equidad, inclusión y justicia de género. Pero desde hace tiempo que lo que se ve detrás de escena es un ministerio que reparte puestos como si fueran turnos en la peluquería. Lo que podría haber sido una política clave para combatir violencias y desigualdades, hoy parece reducido a un círculo íntimo de militantes bien peinados y funcionarios sin función.
¿Qué aporta Cornet a la agenda de género? ¿Qué calificaciones tiene? ¿Qué evaluación de desempeño lo respalda? Al día de la fecha, nadie lo sabe con claridad.
La crisis de las chapas patentes metálicas persiste en todo el país y dejó 655.548 vehículos con matrículas de papel hasta fines de abril, de acuerdo con la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El faltante superó las 600.000 unidades luego de que la Casa de la Moneda dejara de producirlas y el Estado adjudicara la tarea a Tönnjes Sudamericana S. A., que comenzó a operar a finales de abril de este año.
En su última exposición ante el Congreso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos respondió al diputado Oscar Agost Carreño (PRO): “El mes que viene estará solucionado”. Sin embargo, iniciado junio, autos y motocicletas continuaron circulando con papeles pegados en parabrisas y lunetas.
La validez de esas matrículas provisorias se extendió de 30 a 180 días, pese a que lo habitual habría sido una semana. Al ser de cartulina, muchas se deterioraron o se despegaron, por lo que surgieron propuestas de reemplazarlas por versiones plásticas. Desde la Secretaría de Justicia descartaron la alternativa y precisaron: “No habrá matrículas de plástico, ni para las pendientes ni para el futuro. Ya se está trabajando y en breve se va a normalizar”.
El faltante comenzó en 2023, cuando la falta de dólares complicó la importación de insumos. El traslado de maquinaria entre la ex Ciccone y la Casa de la Moneda agravó el “cuello de botella” durante 2024. Un vocero del ministerio que conduce Mariano Cúneo Libarona recordó que la “faltante de placas comenzó durante los últimos años de la gestión kirchnerista por la escasez de dólares para importar insumos que se utilizan en su producción”.
Los primeros lotes fabricados por Tönnjes presentaron cambios menores en logotipos y una variación mínima en la bandera argentina, detalles que permiten identificar la nueva partida.
Desde Resistencia, Chaco, un titular de Registro señaló: “Entre diciembre y mayo nos mandaron diez cajas, que sólo trajeron 260 chapas de 4.000 que tenemos acumuladas. Pero ahora están llegando nuevas cajas con la numeración nueva. Veremos si de a poco empiezan a actualizar lo antiguo en poco tiempo”.
En Santa Fe, el gerente de ventas de una concesionaria afirmó: “Hasta la semana pasada (mediados de mayo de este año) todos los autos que entregábamos eran con matrícula de papel, pero ayer uno de los Registros de Rosario empezó a darnos chapas metálicas, así que ese es un buen indicio. Ojalá en poco tiempo recibamos las placas nuevas, porque hay mucho reclamo de los usuarios”.
El diseño vigente desde 2016, que habilitó 450 millones de combinaciones, sufrió problemas de legibilidad. Un especialista consultado por el medio especializado en economía, iProfesional, advirtió que “el tema de la falta de buenos insumos para las chapas viene desde la presidencia de Alberto Fernández. Sencillamente, se despintan, pierden el color, se borran. Es increíble”. Un comisario de la Policía de la Ciudad coincidió: “Se trata, simplemente, mala calidad en la pintura de las placas y es un hecho aprovechado por ‘los vivos de siempre’, que dañan sus chapas a propósito y adjudican la imposibilidad de leerlas a la falla de fábrica”.
El Gobierno aseguró que normalizará la provisión durante el segundo semestre gracias a la liberación de importaciones y al ajuste de la nueva fábrica. Hasta entonces, cientos de miles de rodados seguirán identificándose con un precario código de papel.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
