Casielles lanzó “Transformación” en Mendoza en medio de criticas al gobierno: “Sáquenle Twitter y que se encargue de las políticas públicas”
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El legislador porteño Eugenio Casielles presentó oficialmente su nuevo espacio político Transformación, durante un acto en la ciudad de Mendoza ante más de 200 personas. El lanzamiento se produjo en medio de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional a raíz del escándalo con $LIBRA.
En su discurso, el dirigente se refirió con dureza a la gestión presidencial y a la polémica por las memecoins, señalando: “Sáquenle Twitter y que se encargue de las políticas públicas”. El reclamo hacia el Ejecutivo también incluyó un pedido expreso para que “den la cara”.
“Siempre la máxima autoridad es el responsable, pero es una cadena, el entorno del presidente es nefasto”, sostuvo Casielles, aludiendo directamente al jefe de Estado. Asimismo, agregó críticas por lo que considera un desvío de las responsabilidades presidenciales: “Tiene que dejar de lado su rol privado una vez que asume el rol de presidente”.
El legislador hizo hincapié en las consecuencias de las decisiones gubernamentales para la población: “Lo que debiese preocupar realmente es el destino de los 45 millones de argentinos que vivirán por años las consecuencias de ese sistema de toma de decisión”.
EL POSTEO DE CASIELLES:
Durante su visita a distintos departamentos de la provincia, como San Rafael y Guaymallén, Casielles conversó con empresarios y productores locales. Allí manifestó su desacuerdo con la falta de respuestas oficiales, enfatizando: “Se tienen que ocupar de las políticas publicas, los mendicinos viven preocupados, ¿Dónde está el gobierno?”.
SOBRE $LIBRAEn estas horas se han dicho muchas cosas. Y probablemente sigamos hablando de esto varios días más. En mi caso, quisiera apuntar a tres cuestiones, apelando a la prudencia que demanda el caso:En primer lugar, es absolutamente necesario saber qué pasó realmente,…
En contraposición a otras voces políticas, el dirigente apuntó contra los extremos: “Tenemos de un lado al kirchnerismo pidiendo juicio político y por el otro Milei culpando a la casta. En el medio, los argentinos”. Además, señaló responsabilidades en el círculo cercano al mandatario, cuestionando el rol del vocero oficial: “Adorni debería haber salido a hablar y dar la cara, ese es el rol del vocero”.
El legislador anticipó que continuará recorriendo el país para sumar adhesiones y reforzar su propuesta de gobierno de cara al futuro panorama electoral.
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El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.
La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.
Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.
El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.
Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
El servicio ferroviario que unía la Ciudad de Buenos Aires con la localidad bonaerense de Bahía Blanca, uno de los trayectos de larga distancia más representativos del país, fue suspendido de manera indefinida, en medio de la emergencia ferroviaria nacional vigente desde junio de 2024.
Si bien el ramal estaba suspendido desde marzo de 2023, luego del descarrilamiento de una formación cerca de Olavarría, en estas horas Trenes Argentinos oficializó su baja definitiva al argumentar que el mal estado de las vías y los altos costos de reparación hacían inviable su continuidad.
Sin embargo, la decisión se enmarca en la “Emergencia Ferroviaria” decretada en 2024, que otorga al Ejecutivo la potestad de clausurar servicios y talleres con el argumento del deterioro de la infraestructura.
El 21 de marzo de 2023 fue la última vez que Trenes Argentinos brindó el servicio que une Bahía Blanca con Buenos Aires. Esa noche, la locomotora, el furgón y dos coches pullman descarrilaron en Olavarría con 247 pasajeros a bordo y 19 tripulantes. No hubo que lamentar heridos.
En julio de ese año, se clausuró la estación Bahía Blanca Sud, declarada monumento histórico nacional, que desde entonces permanece bajo custodia policial. En tanto, el cierre definitivo implica la pérdida de empleo para una veintena de trabajadores que se desempeñaban en el trayecto.
Gustavo Ruiz Díaz, secretario general de la Unión Ferroviaria, sostuvo que este tren de pasajeros “era un servicio muy importante para la ciudad” y lamentó que “el Gobierno nacional decidió darle completamente la baja”.
“Cierre definitivo es una forma de decir, ya que hay trabajadores. El Gobierno nacional te hace creer que reduce el personal, pero gente de mecánica y de infraestructura está dentro de la estación, trabajando, y tienen que ir a marcar como si fueran a trabajar todos los días sin un servicio, porque no lo van a restituir”, amplió.
El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para restituir al ex procurador general de Justicia, Eduardo Sosa, apartado del cargo en 1995 durante la gobernación de Néstor Kirchner.
El cargo de Procurador General fue eliminado en 1995 por una ley impulsada por Kirchner, que desdobló ese puesto en dos. Desde entonces, Sosa litiga en la justicia nacional reclamando su restitución.
La Corte Suprema emitió en varias ocasiones fallos —en 1998, 2001, 2009 y 2010— ordenando que se cumpla el restablecimiento de Sosa en el cargo, pero Santa Cruz nunca los acató. Vidal sostuvo que reponer a Sosa será más que un acto simbólico: “cerrar una herida histórica de Santa Cruz”.
El proyecto fue presentado por el diputado Pedro Luxen y contempla la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial provincial para reinstalar la figura del Procurador General como jefe del Ministerio Público Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia. Además, Vidal convocó una sesión extraordinaria para tratar la iniciativa, cuya aprobación requerirá mayoría especial en la Legislatura, dado que la modificación reorganiza instituciones judiciales provinciales.
Eduardo Sosa aceptó la posibilidad de volver al cargo, siempre que pueda hacerlo en condiciones que garanticen la independencia institucional del Procurador y sin injerencias políticas.El conflicto tiene antecedentes legales: Daniel Peralta, ex gobernador, fue procesado por la Corte Suprema por incumplir mandatos judiciales de restitución.
El regreso de Eduardo Sosa al frente de la Procuración reabre un expediente que el kirchnerismo creyó enterrado. Fue desplazado en 1995 por Néstor Kirchner, entonces gobernador, en una maniobra que la Corte Suprema declaró inconstitucional tres años después. Aun así, Santa Cruz ignoró todos los fallos, protegida por la impunidad política que marcó a fuego a la provincia durante décadas.
Hoy, con Vidal al mando y una Corte que insiste en que Sosa debe volver, el gobierno santacruceño enfrenta una decisión incómoda: acatar la ley o seguir desafiando la institucionalidad. La jugada parece más un intento de despegarse del pasado K que una reparación real.
El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) revelado recientemente en noviembre de 2025 documenta un fenómeno delictivo sin precedentes en el área metropolitana. Los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registraron un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024. Esta cifra representa no solo un incremento estadístico, sino una transformación radical en el panorama de seguridad deficiente del conurbano bonaerense antes y después que asumió el actual gobernador Axel Kicillof.
Para contextualizar esta magnitud, los números específicos evidencian la gravedad, revelando cómo la tasa pasó de 3.9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 (411 casos) a 26.8 en 2024 (2.917 casos). Es decir, actualmente se registra aproximadamente uno de cada 3.700 habitantes del GBA como víctima de robo violento anualmente. En términos más cotidianos, esto equivale a un robo violento cada 5 minutos en el conurbano.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Los datos recopilados por los expertos Guido Brunetti, Nicolás Vergara y Sebastián Martinenco muestran una concentración clara en los municipios del oeste y sur del GBA, con tasas que duplican o triplican los registros nacionales. En 2024, Quilmes registró la tasa más alta con 44.9 hechos por 100.000 habitantes (311 casos), seguida por Esteban Echeverría (42.4), Merlo (41.0), Malvinas Argentinas (37.0) y Lanús (36.5).
Lo alarmante es que once de los 24 municipios del GBA superan en más del doble la tasa nacional de robos violentos, según señaló el abogado, especialista en criminalidad económica y presidente de FININT, Juan Félix Marteau. Algunos municipios experimentaron incrementos especialmente preocupantes, siendo Merlo que acumuló un aumento del 190% en los últimos dos años, mientras que Lanús registró el mayor crecimiento interanual, con un 80% más de hechos respecto al año anterior.
La evolución temporal revela un patrón bien definido. La tendencia ascendente se mantiene desde 2017, con un crecimiento sostenido hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó una caída brusca de la delincuencia. Durante el confinamiento, los robos cayeron aproximadamente 52.5% en términos de denuncias de delitos contra la propiedad. Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se produjo una fuerte reactivación delictiva. Entre 2023 y 2024, los robos violentos crecieron un 37%, pasando de 1.839 a 2.917 casos.
El informe de FININT, junto con análisis de seguridad gubernamentales, identifica tres factores centrales que explican la escalada de robos violentos. En primer lugar, la circulación ilícita de armas de fuego es identificada como un detonante crucial para el incremento de la violencia. Estas armas provienen principalmente de robos en dependencias policiales, de la comercialización de armas decomisadas que no fueron destruidas, y del reciclado de arsenales declarados en desuso por las fuerzas policiales. La disponibilidad de armamento aumenta significativamente la capacidad letal de los delincuentes y, consecuentemente, la violencia empleada en los robos.
El segundo lugar, está el consumo de sustancias y el narcotráfico. Conforme a las encuestas del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los encuestados identificó la drogadicción y el narcomenudeo como la segunda causa principal de inseguridad, apenas por debajo de la pobreza y marginalidad. No obstante, FININT advierte que no existe necesariamente una relación directa entre la presencia del narcotráfico y la violencia expresada en robos. Ambos fenómenos pueden evolucionar de manera divergente, ya que el narcotráfico opera frecuentemente de forma silenciosa, fuera del radar de las políticas de seguridad, mientras que los robos violentos se concentran territorialmente en municipios específicos.
Finalmente, el último factor son los problemas institucionales en la Policía Bonaerense. La fuerza tiene 100.000 efectivos pero enfrenta cuestionamientos significativos sobre su funcionamiento, capacitación y reformas internas. Fuentes de seguridad advierten que la falta de reformas profundas y la persistencia de problemas internos afectan la capacidad de respuesta ante el delito.
La ola delictiva actual se caracteriza porque no hay más delincuentes, sino que son los mismos pero cometen más delito. Las principales modalidades incluyen entraderas (robos a viviendas), implicando inteligencia previa sobre las viviendas. En el conurbano, los delincuentes rompen puertas, en Capital Federal, trepan en altura. El horario principal es entre las 8 y las 21 horas, cuando los propietarios no están en casa.
Los robos de celulares representa una de las modalidades más preocupantes, con estimaciones de 10.000 arrebatos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y 5.000 en el conurbano. El Robo de autopartes y vehículos, donde los delincuentes se llevan ruedas, patentes y estéreos. Esta modalidad cobró especial relevancia en 2024, pues registró 128.477 robos totales en la provincia, con crecimiento del 18% respecto a 2023.
“La provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia”, afirmó en su momento Kicillof, durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno dada en mayo, en La Plata, donde buscó ligar la problemática por falta de inversión estatal.
Un aspecto crucial del informe, y que revela la complejidad de la actualidad delictiva, es que mientras los robos violentos explotan sin precedentes, los homicidios dolosos muestran una baja sostenida. La tasa nacional de homicidios pasó de 6.6 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 3.8 en 2024, una caída del 42%. En el GBA, descendió de 8.0 a 5.6 en el mismo período, con 607 víctimas en 2024 frente a 857 en 2015.
De acuerdo con la encuesta del OPSA, la percepción de inseguridad alcanza 6.3 puntos en CABA, pero sube a 8.1 en el GBA Oeste y 7.9 en el GBA Sur, en una escala de 1 (‘muy seguro’) a 10 (‘muy inseguro’). A su vez, existe un problema significativo de cifras negras (delitos no denunciados). Según FININT, cuando un agresor se apodera ilegítimamente de un bien mediante violencia, las víctimas no siempre denuncian, incluso en casos de lesiones. Esto genera un importante subregistro en las estadísticas criminales. Estudios sugieren que los datos oficiales de robos representan solo una fracción de los hechos reales.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
La medida fue oficializada por el la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El edificio está ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y tiene una superficie de más de 761 metros cuadrados.
Un informe de FADA develó a qué se destina cada peso que los argentinos pagan por alimentos esenciales. “El Estado no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no madruga, pero se lleva el 25% del precio final”, graficó una economista de la fundación.
