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El líder de la mafia italiana, Carmine Alfonso Maiorano, fue capturado en la provincia de Buenos Aires, luego de meses de investigación por pesar sobre él, un pedido internacional de captura por acusaciones de narcotráfico y venta ilegal de armas. Sorpresivamente, el italiano tenía DNI argentino, figuraba como afiliado al PAMI y cobraba una pensión del Banco Nación.
Maiorano, “capo” de la mafia denominada “Ndrangheta”, fue detenido el miércoles pasado en la localidad bonaerense de Guernica. De acuerdo al informe de la policía, “El imputado, quien poseía un pedido de captura internacional (alerta roja de Interpol) desde el año 2015, está acusado de realizar operaciones de narcotráfico y tráfico de armas entre América Latina y Europa”.
Maiorano fue detenido el pasado miércoles en Guernica
“Las actividades eran manejadas por la mafia italiana instalada hace unos años en nuestro país y por sus pares albaneses en Europa”, señala el informe.
El operativo se desarrolló a partir de un proyecto de Interpol llamado “I-CAN”, que busca implementar un sistema mundial de alerta rápida y coordinación policial multilateral para luchar contra la “Ndrangheta”.
El capo mafia tenia DNI argentino tramitado en el 2020
Entre las pertenencias del detenido se encontraba: un DNI tramitado en 2020, además se confirmó que cobraba una pensión en el Banco Nación y que estaba registrado en la AFIP desde 2013 en el rubro de venta de autos. Además, desde 2016 figuraba en el padrón Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (PAMI). Insólito.
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Ayer martes, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se refirió al examen toxicológico que el Ministerio de Salud buscó implementar, en primera instancia, en el personal de esa cartera. La iniciativa aprobó un protocolo para verificar el consumo de sustancias y generó reparos en sectores gremiales como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Vidal afirmó no entender “la preocupación que generó el reciente anuncio que hizo el Ministerio de Salud, al aprobar un protocolo para realizar un examen toxicológico para verificar el consumo de sustancias al personal de la cartera”. Subrayó que “lo vamos a implementar en todo el Estado Provincial” y puntualizó que “no llegamos al gobierno para hacer, exactamente, lo mismo que el anterior y creo que los trabajadores que prestan servicios en el Estado deben recuperar para esta sociedad la cultura de trabajo”.
El mandatario insistió en su postura al declarar: “Corresponde, cuál sería el inconveniente. A ver, yo soy trabajador. Trabajé bajo relación de dependencia. Lo lógico y lo que corresponde es respetar las normas de convivencia que hay dentro de un sector de trabajo. No entiendo porque la preocupación. La verdad que no lo entiendo. Se armó todo un escándalo con esto”.
Ante el rechazo de algunos gremios, Vidal recordó su pasado como representante sindical y expresó: “No entiendo el drama porque, en definitiva, si nosotros prestamos un servicio en algún lugar y recibimos un salario por eso, creo que tenemos que ir en condiciones para hacer esa labor”. Agregó: “Sobre todo porque somos responsables de garantizar la integridad física de los otros trabajadores que están alrededor”.
Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.
La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.
La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.
En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.
– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta
Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.
Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.
– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco
Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.
El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.
El Honorable Concejo Deliberante de Gualeguaychú realizó, este jueves a las 10:30, una sesión extraordinaria presidida por la Dra. Julieta Carrazza. Participaron los ediles de Juntos por Entre Ríos, Maximiliano Lesik, Micaela Rodríguez, María José Carro, Juan Pablo Castillo, Benito Bacigalupo y Jorge Roko; de La Libertad Avanza, Mirta Sulzyk y Marcelo Rodríguez; y de Más para Entre Ríos, Delfina Herlax, Emiliano Zapata, Jorge Maradey y María Sira Ghisi.
Durante la sesión ingresó un proyecto presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos para disminuir la alícuota por el cobro de instalación de soporte de sistemas de telecomunicaciones. La iniciativa buscó “mejorar la conectividad en la ciudad”, permitir el acceso a mayor cobertura en servicios de telefonía móvil e internet a la población en general y atraer inversiones para fomentar el emprendimiento y la productividad.
Asimismo, se presentó otro proyecto que modificó artículos de la Ordenanza 12.418/2020. Entre los cambios figuró el Nº 22, que establecía el Registro Público Municipal de Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones. A partir de la propuesta, se anexó la obligación de que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones, Operadores de Comunicaciones Móviles y empresas propietarias y proveedoras de infraestructuras de soporte para telefonía celular, redes de fibra óptica y cable coaxial presentaran a la Dirección de Rentas una Declaración Jurada detallando las estructuras existentes, su localización, metros de altura y la cantidad de metros lineales de tendido. Además, se dispuso que adjuntaran un informe emitido por un profesional competente sobre el control y el mantenimiento estructural periódico, el cual sería supervisado por el Municipio.
El pasado domingo 26 enero, durante el festejo del Año Nuevo chino, en una plaza pública de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de argentinos creyentes de la disciplina milenaria de la Escuela Buda, Falun Dafa, fueron brutalmente agredidos por ciudadanos chinos en connivencia con autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Cada año, los practicantes argentinos de Falun Dafa participan con sus familias en la celebración del Año Nuevo chino. Al ser una disciplina milenaria de origen chino, están interesados en celebrar este acontecimiento como parte de la tradición de la cultura antigua china.
Falun Dafa es una creencia milenaria que pone gran énfasis en el mejoramiento espiritual, es decir volverse una mejor persona y retornar a los valores morales y a las tradiciones. Gracias a su profunda enseñanza, en China en los años ‘90, llegó a tener cerca de 100 millones de creyentes. Ante semejante popularidad, en 1999 comenzó una enorme campaña difamatoria, seguida de una persecución brutal contra estas personas -que continúa hasta el día de hoy- en el marco de las persecuciones religiosas que ejecuta el Partido Comunista en el país asiático. El régimen del Partido Comunista califica a sus practicantes de “delincuentes” por creer en Dios y vivir bajo los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
Como parte de su campaña transnacional, en Argentina esta represión a la libre expresión y conciencia lleva más de dos décadas, con múltiples informes que documentan la injerencia de la Embajada china sobre funcionarios locales.
Cuando estos creyentes argentinos pacíficos entraron el 26 de enero a la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio de Belgrano, fueron identificados por patotas chinas, las cuales rodearon a cada uno de los practicantes, según revela un informe difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina.
El evento fue coorganizado por instituciones ligadas a la Embajada china, como Fénix Dorada, y con patrocinio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a tratarse de un encuentro “abierto» y en un espacio público, la Policía de la Ciudad habría recibido órdenes de no proteger a estos ciudadanos argentinos, quienes fueron identificados de inmediato, golpeados y detenidos. En cambio, sí dejar vía libre a los grupos violentos chinos.
En las imágenes -ver debajo- se observa cómo agresores chinos irrumpieron con violencia en medio del acto público, confiscando a la fuerza celulares, banderas, volantes y paraguas, atacando físicamente a hombres, mujeres y hasta madres con niños.
Testigos y material audiovisual confirman que personal policial presente en el lugar no intervino para detener las agresiones a pesar de los gritos de auxilio. Peor aún, al menos dos practicantes (entre ellos un padre de familia y una mujer) fueron esposados y detenidos bajo acusaciones infundadas de “agresión” y “hostigamiento”.
Golpizas chinas a ciudadanos argentinos
Ignacio Chirinos, un córdobes que asistió con su esposa, se encontraba al frente del escenario cuando apenas comenzaba el evento. Antes de abrir una bandera fue rodeado por más de 6 ciudadanos chinos quienes empezaron a forcejear la bandera para robársela a la vista de todos los presentes y la inacción de la policía.
Como se puede observar en los videos grabados por vecinos que se acercaron a la plaza, después de que los agresores chinos lograron quitarle la bandera a Chirinos, inexplicablemente, la policía intervino solo para reducir violentamente a este creyente pacífico, al tiempo que dejó “vía libre” a los agresores para que continuaran golpeando impunemente a otros ciudadanos argentinos.
Alejandro Mendiberry, que se había trasladado desde Quilmes para participar de la celebración de Año Nuevo chino, también sufrió una golpiza por un grupo de ciudadanos chinos que lo rodearon, propinando golpes de puño y patadas. Mendiberry tenía una remera que decía “Falun Dafa es bueno – Verdad, Benevolencia, Tolerancia es bueno”. Mediante golpes de puño, los agresores chinos le arrancaron y destrozaron la remera.
Una familia oriunda de Jujuy, practicantes de Falun Dafa, fue acosada por la policía de forma ilegal y arbitraria. La mujer de nombre Romina García se encontraba cerca de una valla cuando una mujer de civil que se identificó como del “Ministerio de Seguridad” quiso robarle una remera amarilla de Falun Dafa, y la acusó de “terrorista”. El inusitado y absurdo suceso también quedó registrado.
“Los hechos dejaron en evidencia que a aquellos chinos comunistas no les importó en absoluto que se tratara de ciudadanos argentinos en su propio país, ni tampoco que hubiese mujeres y niños entre los practicantes de Falun Dafa. ¿Quién les ha dado tanto poder y coraje en Argentina? Indudablemente tenían luz verde por parte de las autoridades del gobierno de CABA -que ordenó a la policía que no reprimiera a los agresores- para hacer lo que quisieran con estos creyentes argentinos”, resalta el informe de la Asociación de Falun Dafa en Argentina.
Las acciones ocurridas en el Año Nuevo chino se habrían impartido para asegurar que nadie viera las remeras amarillas usadas por algunos practicantes argentinos, las cuales llevaban inscripciones como “Verdad, Benevolencia y Tolerancia” y “Falun Dafa es bueno”. El objetivo sería resguardar la imagen de China y ocultar la existencia de Falun Dafa de la Escuela Buda, satisfaciendo lineamientos de la Embajada china. Mientras tanto, los agresores foráneos, identificados con pulseras celestes en las muñecas, se retiraron sin ser demorados.
Cabe resaltar que en 2023 se estrenó el documental ArgenChina: la soberanía perdida, que revela dos décadas de hostigamiento contra practicantes de Falun Dafa en Argentina. Estos hechos se enmarcan en una campaña de represión transnacional del PCCh, ampliamente documentada. A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales —sin importar el gobierno de turno— han permitido que el régimen chino extienda su persecución religiosa más allá de sus fronteras.
“La soberanía argentina no debe ser pisoteada por una potencia extranjera. La comunidad de Falun Dafa continuará sus actividades pacíficas para el bienestar del pueblo argentino, aunque el PCCh las considere una amenaza porque exponen su brutal persecución y matanza de inocentes de fe en China. No se puede erradicar a practicantes argentinos por ejercer su libertad de creencia en un país que se considera democrático y libre, ya que nuestra Constitución y leyes garantizan las libertades fundamentales de los ciudadanos”, indicaron los practicantes de Falun Dafa.
En el escrito citado, los practicantes argentinos de Falun Dafa solicitaron a las autoridades que les brinden garantías para que puedan profesar su fe y expresarse libremente sin temer por sufrir agresiones a su integridad física.
“¿Seguirá Argentina permitiendo que matones comunistas golpeen a su pueblo bajo la tutela de la Embajada china? ¿O tendremos un gobierno que vele por los derechos fundamentales y la soberanía nacional?”, concluye el informe.
Tras un encuentro informal que se llevó a cabo en Aguas Blancas (Salta), quedó registrado una confusa declaración de la ministra de Seguridad en un video que se viralizó en redes sociales: le prometió viviendas del disuelto plan Procrear al padre de un gendarme que se acercó a ella en reclamo por sueldos dignos para los integrantes de la fuerza.
“Mi hijo no tiene para comer, le sale 400.000 pesos para comer, gana 750.000 pesos por mes, no alcanza”, le explicaba el hombre. La ministra le respondió que “el Gobierno hizo un esfuerzo del 5, más el 1,5, más el 1, es el 5,89. Nadie estaba asumiendo esos riesgos. Hicimos un esfuerzo enorme para todos ustedes. Entiéndanlo” y sostuvo: “Yo le juro que en la medida que el país vaya creciendo los vamos a ir mejorando, téngame confianza, estoy con ustedes”.
La promesa de viviendas del desguazado plan Procrear y críticas
La sorpresa invadió el ambiente cuando, en medio de los reclamos, Bullrich mencionó el posible otorgamiento de techos a los gendarmes a través del Procrear: “Son viviendas para ustedes. Les vamos a dar viviendas”, afirmación que a simple vista contradice la realidad del decreto 1018/2024 en el que el gobierno disolvió el programa y al Fondo Fiduciario destinado a financiarlo.
El exdiputado de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, criticó a la ministra y afirmó que la promesa podría sugerir la libre disposición de los recursos públicos. Además destacó que este tipo de promesas pueden estar cargadas de arbitrariedad en la gestión.
¿Cómo fueron los aumentos?
El aumento anunciado para los gendarmes mantendría bajos los salarios, especialmente para aquellos que habitan en las grandes ciudades y sus altos costos de vida. El Gendarme II, el más bajo en el escalafón, pasará de 599.000 a 636.000 pesos, lo que no parece ir de la mano con el “esfuerzo enorme” asegurado por la ministra.
El plan Procrear fue creado en 2012, discontinuado en 2018 y relanzado en 2020. El programa consistía en la compra de un terreno y la construcción de la vivienda, con el financiamiento total de ambos. Su objetivo era beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, a partir de una preselección que consideraba situaciones de enfermedad o la composición de riesgo de las familias. Luego, los adjudicatarios eran determinados por sorteo.
– El gobierno de Milei disolvió el Fondo Fiduciario Público PROCREAR el 13 de noviembre del año pasado
Simultáneamente con el reclamo en el norte del país, este lunes también se manifestaron familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales frente al Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires, y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, entre otros puntos, exigiendo sueldos dignos para los uniformados.
El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignacióndel país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.
La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.
Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.
Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.
La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.
Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.
En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.
El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.
Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
