Alberto Fernández busca su reelección en la presidencia y se niega a la eliminación de las PASO
El Presidente sigue con la aventura en su mente de ir por otros 4 años más de gestión al frente del país y por ello prefiere mantenerse al margen en las disputas de la eliminación de las PASO.
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Las internas del Frente de Todos (FdT) ya son evidentes. Alberto Fernández llegó a la Presidencia gracias a la vicemandataria Cristina Fernández de Kirchner, quién fue más que suficiente para alinear las tropas del peronismo y el kirchnerismo duro para llevarlo a ganar en 2019.
4 años después, buscan evitar las primarias, pero el Presidente no quiere ceder, mucho menos cambiar de opinión, algo que genera tensión (tal cual dijo Eduardo “Wado” de Pedro) y generó divisiones insalvables dentro del bloque del FdT.
El presidente Alberto Fernández cree lograr quedarse 4 años más al frente del país
El jefe de Estado no está dispuesto a avanzar en la idea de definir las candidaturas en una mesa chica, sino que apuesta a las PASO para ir por su reelección. Mientras tanto, CFK se mantiene en silencio al respecto pero las declaraciones de “Wado” ya dejaron un precedente.
En la CGT, la cuestión está dividida. Si bien dirigentes como Héctor Daer, Carlos Acuña y Sergio Romero acompañan al Presidente, del lado de Pablo Moyano y CTERA bregan por “La Jefa” y tienen alianza sellada con La Cámpora. Por su parte, es Hugo Moyano quien salió a respaldarlo.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) se apoyan en la figura del superministro de Economía Sergio Massa y la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner
Lo pesado de la situación viene a que las PASO definen las listas de algunos pocos, entonces la cuestión de una interna del bloque oficialista se discute, más que nada sobre si hay margen para que la vicepresidente no esté en la boleta.
Por su parte, días atrás, Máximo Kirchner lanzó la primera piedra al decir que “para un oficialismo, que el Presidente vaya a PASO con otros competidores es cuanto menos extraño“.
El jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, es de los principales armadores nacionales del oficialismo
Lo cierto es que más allá de las ganas del Presidente, su imagen está por el piso y la intención de voto no supera el 10 por ciento en una eventual interna peronista. Entonces muchos allegados dicen que él no quiere quedarse afuera de esto y reivindicar su lugar.
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La Convención Constituyente de Formosa atraviesa una crisis política profunda luego de la renuncia de seis miembros de la oposición. Los convencionales libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez, la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme, sumados a Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso, decidieron abandonar el recinto. Alegan que el oficialismo incumple sistemáticamente el reglamento, lo que convierte el proceso en una “farsa”.
Esa renuncia destruye cualquier fachada de pluralidad en un cuerpo que empezó con mayoría oficialista: el bloque peronista domina con 21 de los 30 miembros. La salida de los seis opositores deja a la UCR como única voz disidente, reduciendo aún más la representatividad institucional.
Los convencionales acusaron al PJ de violar derechos fundamentales en el debate: aprobaron artículos sin proyectarlos ante la oposición, bloquearon mociones, silenciaron a los minoritarios con cortes de micrófono y prohibición de nombrarse entre sí. Denuncian una “gravedad institucional” que desnaturaliza la discusión democrática.
Gabriela Neme resumió la situación con crudeza: sesiones a contrarreloj, falta de herramientas básicas, ausencia de apoyo técnico y desigualdad abrumadora frente al oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada.”
La carta jueza no solo refleja disconformidad técnica, sino también ideológica. Neme sostuvo: “No podemos legitimar una puesta en escena… se está gestando la primera constitución chavista en Argentina”.
– La renuncia presentada por Gabriela Neme
Gildo Insfrán impulsa esta convención luego de que la Corte Suprema invalidó la reelección indefinida en Formosa. El artículo inconstitucional fue introducido por él mismo en 2003 para perpetuarse en el poder. Ahora, busca adaptar la Carta Magna ante ese fallo, aunque la oposición acusa manipulación política.
El peronismo formoseño argumenta que la reforma amplía derechos de tercera y cuarta generación, buscando legitimar su gesto institucional. Sin embargo, la oposición considera que se trata de una maniobra para sortear el fallo judicial mediante un maquillaje democrático.
El radicalismo, pese a compartir el rechazo al oficialismo, optó por permanecer en la convención. Su presidente provincial, Miguel Montoya, justificó su permanencia como una estrategia: permanecer les permite recolectar argumentos para futuras impugnaciones judiciales.
Montoya sostuvo que retirarse significaría abandonar la arena institucional. “En política, se representa. Nos votaron para estar ahí”, y remarcó que la democracia “no se forjó abandonando luchas”.
Como viene publicando el portal Tribuna de Periodistas, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mantiene una estrecha relación personal y política con Luis Alberto “Chiche”Peluso, un viejo aliado con quien comparte lazos desde hace más de dos décadas. Ese vínculo, forjado en los tiempos en que Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, hoy vuelve a escena: Peluso es proveedor directo de la secretaría que encabeza el funcionario libertario.
Peluso ocupó cargos importantes durante la gestión bonaerense de Scioli. Fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos hasta 2009, cuando debió renunciar tras ser denunciado por presunta evasión fiscal. En ese entonces, fue acusado de no haber declarado una lujosa propiedad en Miami, presuntamente adquirida con fondos provenientes de operaciones vinculadas a una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.
Las sospechas sobre Peluso no terminaron allí. En 2016, la diputada Elisa Carrió lo señaló como pieza clave de un supuesto esquema de lavado de dinero a través de salas de bingo, con el que —según la denuncia— se habrían financiado campañas políticas y enriquecido patrimonios de funcionarios. Carrió lo describió como “el hombre de confianza de Scioli” y apuntó a su rol como recaudador durante la campaña presidencial de 2015. En esa misma presentación judicial, también se mencionó a la empresa Linser, encargada de servicios de limpieza para la Gobernación bonaerense durante la gestión sciolista.
Los vínculos empresariales de Peluso no se limitaron al Estado. En sociedad con Eladio González Rodríguez —consuegro de Scioli— compartieron domicilio fiscal a través de las empresas Emprendimientos de Luján S.A. y la inmobiliaria Samarcom. El entrecruzamiento entre lazos personales, familiares y negocios fue una constante en esa trama.
La influencia de Peluso en el rubro de la limpieza también se refleja en su entorno familiar. Su hermano, Norberto Peluso, preside la firma Limpiolux, que prestó servicios de higiene a organismos como la AFIP y ahora compite por contratos en el Ministerio de Economía. Actualmente lidera Ceiling Solutions S.A., además de otras firmas como la agropecuaria Las Mañanas y la agencia publicitaria F2F Global. Norberto fue citado en reiteradas oportunidades en Comodoro Py por presuntas irregularidades en contratos estatales, especialmente por sobreprecios.
Por su parte, Luis Peluso continúa al frente de Linser, que ha sido notablemente beneficiada tras el regreso de Scioli a la administración nacional. En lo que va de 2024, la empresa obtuvo 20 contratos estatales —el doble que en 2023 y el triple que en 2022—, entre ellos tres licitaciones vigentes directamente vinculadas a la secretaría que comanda su viejo amigo.
En al menos dos de esos tres contratos activos, Linser no presentó la oferta más económica, pero resultó adjudicada por supuestas fallas técnicas de sus competidores. Esta situación también se repitió en otras ocho licitaciones ya finalizadas.
El 2025 apunta a superar esos números. El 6 de febrero, ANSES le adjudicó a Linser cinco contratos simultáneos para la limpieza de oficinas regionales en CABA, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Entre Ríos, por un monto total de 17.827 millones de pesos, casi 14 millones de dólares al cambio oficial de ese momento.
El último contrato fue firmado el 28 de julio de 2025. Ese día, Scioli otorgó de manera directa un nuevo servicio de limpieza integral a Linser, que incluye además tareas de mozos y mantenimiento en oficinas del Instituto Nacional de Promoción Turística. El monto mensual asciende a casi 20 millones de pesos durante tres meses. Se suma a otro acuerdo similar de abril por 15 millones y a uno de enero por 47 millones. En total, los contratos firmados solo este año entre Linser y la Secretaría de Scioli suman más de 80 millones de pesos.
Amistad de larga data, negocios familiares y una presencia constante en los contratos públicos: la historia de Peluso y su cercanía con Scioli vuelve a evidenciar cómo los vínculos personales siguen abriendo puertas en el Estado.
La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su rol en el criptoescándalo de $LIBRA. En su primera entrevista pública desde que dejó la Cancillería —tras la votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba—, sostuvo: “No debería haberlo publicado” al ser consultada sobre si el Presidente debió postear el lanzamiento del memecoin.
Durante el intercambio con Mehdi Hasan (Al Jazeera English), Mondino dejó definiciones en distintos pasajes. En uno de ellos, afirmó: “Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Más adelante, insistió: “Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”.
Hasan la interpeló con repreguntas sucesivas centradas en $LIBRA: “¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?”. Mondino respondió: “No, no debería haber tuiteado eso”. Cuando el periodista pidió razones, ella dijo: “Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea”. Hasan enmarcó el caso como “la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares, desaparecieron” y remarcó luego: “Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron”. Mondino contestó: “Exactamente, exactamente” y reiteró sus dos alternativas.
Ante la frase, Hasan reaccionó: “¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido”. Mondino respondió: “¡No!”. Cayó en la cuenta de su formulación e intentó redirigirla, aclarando que ofrecía opciones y no una afirmación cerrada, y agregó: “Vos elegís. Yo no lo sé”. Consultada de modo directo si Milei era “un presidente corrupto”, replicó: “Espero que no” y añadió que, si lo fuera, “algún día tendrá que ir a la cárcel”.
La exfuncionaria buscó además llevar la conversación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los objetivos diplomáticos que promovió durante su gestión: “Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina”.
Un informe realizado por el Tribunal de Cuentas reveló la situación financiera del municipio de Allen (Río Negro). En la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, los ediles presentaron un documento de aproximadamente 80 páginas solicitado al organismo de control, que describió el estado de las cuentas de la gestión del intendente libertario, Marcelo Román.
Según el informe, al 30 de junio de 2025 la deuda con proveedores casi llega a los $3.000 millones, mientras que el total de ingresos (coparticipación nacional y provincial e ingresos propios) rondó los $1.387 millones.
En esa sesión, el concejal Guillermo Pennesi (Juntos Somos Río Negro) calculó que, comparando ingresos y egresos, el municipio contó con aproximadamente $18 millones disponibles para lo que restó de 2025: “Estos recursos deberían destinarse a combustibles, repuestos, infraestructura y obras. Como todos sabrán, 18 millones para un municipio es ínfimo; con este número solo, la situación se vuelve extremadamente preocupante”, afirmó.
Los gastos en eventos deportivos y culturales se destacaron entre los rubros observados. Para la Fiesta Nacional de la Pera, el municipio destinó $14.405.675 en 2024 y elevó ese gasto a $567.113.095 en 2025.
Además, en 2024 el triatlón de la Pera implicó $907.900. Un patrón similar se registró en los festejos del 25 de Mayo, que también coinciden con el aniversario de la ciudad: el gasto fue de $907.900 en 2024 y ascendió a $251.261.879 en 2025.
El cuerpo legislativo también puso atención en el gasto en publicidad y asesorías. Según el relevamiento, el Ejecutivo destinó $34.548.568 al rubro publicidad y $58 millones a distintas asesorías.
– Junto a la diputada nacional de LLA, Lorena Villaverde
La revisión de las horas extras constituyó otro foco de críticas. El Tribunal de Cuentas registró un promedio mensual de 5.307 horas extras. Hasta junio de 2025, el municipio informó 209 funcionarios y contratados, y una planta permanente de 214 empleados. La planta permanente acumuló más de 3.331 horas extras y los contratados sumaron 2.357: “Uno se pone a dividir las horas extras y hay gente que hizo casi 80 horas, es imposible, no duermen, hay un desmanejo administrativo”. fustigaron.
Durante la sesión se barajó la posibilidad de declarar la emergencia económica ante el cuadro financiero descrito. El concejal Gustavo Addamo (JSRN) sostuvo que “estamos frente a una desidia importante y si los números no cierran, es complejo panorama”, y aseguró que hasta el viernes previo el cuerpo no recibió “ningún proyecto, propuesta o declaración por parte del Ejecutivo” sobre la situación. Por su parte, Agustina Sánchez (JSRN) manifestó que en varias ocasiones se advirtió de este escenario y afirmó que “es deber del Ejecutivo velar por los recursos públicos y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, algo que hace rato no está sucediendo”.
LA RESPUESTA DE ROMÁN
El intendente libertario Marcelo Román cuestionó públicamente el informe del Tribunal. “¡Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional!”, publicó en redes.
“No vamos a permitir que le sigan mintiendo a nuestros vecinos”, agregó. Luego emitió un comunicado en el que expresó: “Desde el Gobierno Municipal expresamos nuestro enérgico rechazo al informe recientemente enviado por la actual presidente del Tribunal de Cuentas, Belén Villar, al Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Consideramos dicho documento un acto irresponsable, con claros fines políticos, que busca generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos y omisiones deliberadas”.
– Segmento del comunicado del intendente, publicado en su muro de Facebook
Respecto de las cifras, Román aseguró que la deuda actual real “es mucho menor a la denunciada por el Tribunal de cuentas, la misma resulta ser $830.000.000, aproximadamente, cifra afrontable en el contexto de las finanzas municipales”.
También señaló que se omitió la deuda que contribuyentes mantienen con el municipio, que, según sus palabras, ascendió a más de $3.100.000.000, y mencionó $29.000.000 en regalías mensuales que el municipio destinó a obras públicas.
Sobre la Fiesta de la Pera, sostuvo que “dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local”. “La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”, remarcó.
VÍNCULOS DEL INTENDENTE CON UN EMPRESARIO LOCAL
A finales de julio, la Justicia retiró documentación del municipio de Allen en el marco de una investigación preliminar por peculado contra Román y por usurpación de cargo público contra Sebastián Ocampo, tras otra una denuncia del Tribunal de Cuentas. Días antes, la policía había allanado propiedades de Ocampo. Según informó la defensa del intendente, a cargo del abogado Matías Rubio, la Fiscalía presentó una solicitud de entrega voluntaria de documentos y no resultó necesario allanar, porque el municipio entregó la documentación requerida.
El organismo señaló que Sebastián Ocampo “ejerce funciones propias del cargo de intendente del municipio de Allen sin tener la facultad legal para ello. Esto incluye la toma de decisiones en la gestión municipal, participación activa en reuniones de gabinete, decisiones sobre compras, contrataciones y asignaciones presupuestarias”. El Tribunal indicó que contó con testimonios que certificaron la existencia de ese ejercicio irregular, constató la línea telefónica que Ocampo utiliza y que abona la comuna, y describió pagos de honorarios mediante publicidad a su radio y una supuesta triangulación de facturas a través de un empleado de sus medios.
La denuncia que inició la fiscalía el 26 de junio llevó las firmas de Florencia Torres Castaños y María Belén Villar, integrantes del Tribunal de Cuentas, y del asesor letrado Ezequiel Martínez, y consignó también a Matías Piergentili (presidente del cuerpo) y a Facundo Jara Godoy.
– Allanamientos en la propiedades de Sebastián Ocampo, el pasado jueves
El día del procedimiento se observaron policías provinciales en la municipalidad y un medio local registró que la oficina del intendente permaneció cerrada. La actividad se concentró en la Secretaría de Hacienda. En paralelo, Román enfrentó renuncias de funcionarios que se alejaron del gabinete y manifestaron irregularidades, aunque no radicaron denuncias penales.
Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, habló de supuestas intenciones intervencionistas de Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires y mostró su apoyo al partido de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses.
“Si llegara a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, va a generar condiciones muy difíciles en la gobernabilidad y va a intervenir la provincia, él ya lo dijo”, afirmó el dirigente premiado con la Embajada de España por Alberto Fernández.
Esta advertencia cobra particular relevancia tras los episodios en febrero de 2025, cuando Milei efectivamente amenazó con intervenir la provincia, pidiendo la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras varios episodios de inseguridad, generando un fuerte rechazo no solo del peronismo sino también de sectores de la oposición no peronista, afirmando: “Córrase del camino y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
“Voy a acompañar a Fuerza Patria, en primer lugar porque creo que el gobierno de Kicillof es infinitamente mejor que el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y yo lo sé, tengo elementos de juicio para decirlo”, subrayó Alfonsín, siendo que en 2024 la provincia registró 128.477 robos denunciados, un incremento del 18% respecto a 2023, cuando se denunciaron 107.769 casos. Esto representó una tasa estimada de 706 robos por cada 100.000 habitantes.
Sus declaraciones se enmarcan en un momento político complejo para Argentina. Las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025 se realizarán por separado de las elecciones nacionales del 26 de octubre, tras la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios. En estos comicios se renovarán 46 diputados provinciales, 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.
Ricardo Alfonsín se encuentra actualmente alejado de la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual se desafilió formalmente en 2024 tras años de diferencias con la conducción partidaria. Actualmente lidera el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una coalición progresista que conformó junto a Libres del Sur (Silvia Saravia), Forja (Gustavo López) y sectores del socialismo.
“Desde 1983 no hay gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, declaró.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.
El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.
En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.
Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.
Los más ricos del gabinete
Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.
Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.
A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.
Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo
Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.
Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
