Transparencia o subdesarrollo: esa es la cuestión

Es urgente que solucionemos los serios problemas de corrupción y transparencia que se presentan en absolutamente todos los espacios políticos que gobernaron nuestro país, nuestras provincias y nuestra Ciudad de Buenos Aires.
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10 Years Experiences

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*Por Eugenio Casielles -Diputado de CABA por Consenso Federal

Estamos en un momento delicado por demás en la historia de un país que fue mancillado sistemáticamente por la corrupción y la falsa premisa de que el que hace las cosas mal sale claramente beneficiado ante el que hace las cosas bien. Es una falsa premisa si contamos con un sistema jurídico robusto y un grado de lucha por la transparencia que muchos países pueden presumir, pero no es nuestro caso.

Un fiscal que se atreve a ir tras la huella de la corrupción encontrándose en el camino a quien es la dirigente política más importante de los últimos 10 años de nuestro país, y a diferencia de lo que se vio en el pasado, acelera sin mirar atrás, hoy nos permite interpelarnos y ver quienes somos los argentinos y qué país soñamos, pero de verdad.

Aclara quien escribe que se “de verdad” porque mucho se vio en el discurso de CFK y las respuestas de toda la oposición, dentro de ese mucho se destacó la falta de objetividad y deseos genuinos de transparencia. ¿No es demagógico ver a la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la esquina de la casa de la ex Presidenta horas después de que el fiscal Luciani pidiera 12 años para la acusada? Si no es demagógico al menos parece poco responsable que alguien que años atrás debiera cuidar la no violencia pareciera incitarla.

No es extraño que desde sectores como la Coalición Cívica de Elisa Carrió caigan sobre Fernández de Kirchner (como gran parte de la población argentina incluyéndome) exigiendo todo el peso de la ley, pero no se preocupen por las comunicaciones de Caputo con López (¿faro de la corrupción en la obra pública)?

Por eso reclamamos para iniciar este relato “que sea de verdad”. Sin sinceramiento la transparencia y buenas prácticas parecen un dibujo borroso del sueño de un pueblo sin destino.

Uno de los factores que más lastiman la relación entre la sociedad civil y los Gobiernos es la falta de transparencia. El manejo de la política se ha caracterizado por la corrupción en todos los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y en todas sus ramas (ejecutivo, legislativo y judicial). ¿Lo más grave de todo? La impunidad de casi todos los hechos y la normalización de que los representantes del pueblo actúen para su propio beneficio, dejando de lado su responsabilidad de servir al bien común. Las sospechas no carecen de fundamentos, y la gente ya está cansada.

Varias organizaciones internacionales se dedican a medir qué tan transparentes son los gobiernos alrededor del mundo. Transparencia Internacional es una de ellas, que confecciona el Índice de Percepción de la Corrupción en el que le asigna un puntaje del 1 al 100 a 180 países. El índice se elabora asignando una puntuación a cada país según la percepción que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción en el sector público. Desde 1995 hasta la fecha, Argentina tocó su fondo en el año 2004 y 2008 con 20 puntos únicamente. En 2016, con el cambio de gobierno, el índice empezó a arrojar mejores resultados, pero desde que asumió la presente gestión, hubo dos retracciones consecutivas en donde Argentina retrocedió 18 puestos en el índice en relación con el año anterior, ubicándose en el puesto 96° de 180.

En la región, Uruguay y Chile lideran el ranking, ubicándose en los puestos 18° y 27° a nivel mundial. Internacionalmente, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia son considerados los países más transparentes y menos corruptos. Estos países superan con creces – casi duplican – la puntuación media que fue de 43 puntos. Son para nosotros, que nos ubicamos casi 100 puestos por debajo, casos de éxito de los cuales podemos aprender mucho.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay

Tomemos el caso de Nueva Zelanda. Este país cuenta con tres instituciones principales encargadas de velar por la transparencia y combatir la corrupción: el Ministerio de Justicia, la OFCANZ (Oficina de Crimen Organizado y Financiero de Nueva Zelanda) y la Oficina de Fraude Grave. Cada una con sus propias competencias, trabajan coordinadas para garantizar la aplicación de la ley, el buen funcionamiento de la justicia y el seguimiento de los actos de gobierno para que sean transparentes. Además, los neozelandeses cuentan con una Ley de Denuncia Protegida para alentar a las personas a denunciar faltas graves en sus lugares de trabajo y otorgándoles protección.

Lo curioso es que en Argentina contamos con instituciones similares, como es la Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, pero la inmoralidad es tal que persigue a líderes opositores en lugar de investigar a sus propios jefes, que cometen actos fraudulentos con el mismo nivel de impunidad. No debemos inventar nada nuevo, solamente hacer funcionar los organismos que ya tenemos.

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción

La historia de la Argentina reciente y la corrupción están muy relacionadas. Hace más de 20 años que la transparencia no aparece y tanto la década kirchnerista como el impotente gobierno de Cambiemos nos dejaron en el fondo de la tabla. Desde un ex secretario de Obras Públicas escondiendo 9 millones de dólares en un convento con un fusil de asalto, desvíos multimillonarios a hoteles a nombre de la Presidente Kirchner y su familia, hasta un terrible accidente que dejó 52 muertos y 789 heridos, consecuencia de una administración fraudulenta de fondos para el mantenimiento del tren Sarmiento.

Lo frustrante es que los supuestos “paladines” de la nueva política y la transparencia, Juntos por el Cambio, prometen mucho y cumplen poco. El enorme negocio de los amigos del poder del Gobierno de la Ciudad detrás de las empresas de acarreo, la compra de barbijos con sobreprecio que nunca llegaron en plena pandemia, el arreglo sumamente irregular de la deuda pendiente en el Correo Argentino, la suba de tarifas de peajes que beneficiaban a una empresa perteneciente al gobierno anterior que tenía la concesión del servicio y el escándalo de los Panamá Papers dejan un sentimiento de desilusión para con quienes se presentaban como los encargados de “Cambiar” la forma de hacer política.

Es urgente que solucionemos los serios problemas de corrupción y transparencia que se presentan en absolutamente todos los espacios políticos que gobernaron nuestro país, nuestras provincias y nuestra Ciudad de Buenos Aires. Argentina debe comenzar a ejercer prácticas en pos de un gasto público transparente, un control ciudadano efectivo y mecanismos de transparencia a través de declaraciones juradas que excedan el deseo y voluntad de quien esté en el poder.

La transparencia y la sinceridad; dos caras de una misma moneda. Sin ellas nuestro destino es naufragar. Existen los recursos, falta la voluntad.

Redacción

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El brutal tarifazo de Kicillof: Aumentó más de 100% los peajes de AUBASA

El brutal tarifazo de Kicillof: Aumentó más de 100% los peajes de AUBASA

El nuevo tarifazo del gobierno de Axel Kicillof prevé un 50 por ciento para marzo y otro 35 por ciento para abril para los peajes de AUBASA, acumulando un total de 102 por ciento. Desde que asumió Kicilof, el aumento supera el 1.400 por ciento.

Bajo estos nuevos guarismos, a un promedio de veinte viajes mensuales, ida y vuelta, el usuario particular abonará sólo en peaje la suma 768 mil pesos anuales. En el caso de los camiones de de seis ejes, el monto ascenderá a los $3.072.000.

El brutal tarifazo de Kicillof: Aumentó más de 100% los peajes de AUBASA

Los números del organismo que dirige Felipe Vismara toman mayor consideración cuando se contempla el caso de un eventual viaje de Buenos Aires a Mar del Plata. En tal ocasión, en el ida y vuelta, un vehículo particular abonará 10.400 pesos. Un camión de seis ejes, realizando veinte viajes mensuales promedio, pagará 10 millones de pesos anuales.

Según indicaron desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), “se trata de un ajuste recaudatorio solo para beneficiar a la empresa AUBASA y tratar de ir cubriendo el déficit de la misma, ocasionando más perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directo e indirectos, y a toda la sociedad en su conjunto”.

El brutal tarifazo de Kicillof: Aumentó más de 100% los peajes de AUBASA

“AUBASA sólo se limita a cobrar el ‘falso peaje o impuesto al tránsito’, transformando las estaciones de cobro en una verdadera caja política. Justamente las obras que se han realizado y se realizan, no son con fondos del peaje, sino a través de aportes del estado provincial, nacional o créditos del BID”, advirtieron.

Finalmente vale destacar que un tema igualmente preocupante, que no es considerado, es que las concesiones viales tienen carácter de servicio púbico y a pesar del tiempo transcurrido, no se ha creado un marco regulatorio o ente regulador que contemple la participación de los usuarios viales directos e indirectos. Esta posibilidad tampoco ha sido contemplada por la propia Defensoría del Pueblo, que conduce Guido Lorenzino y mantiene una amistad ideológica con el gobierno de turno.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Ocaña pidió anular la jubilación de privilegio de Alberto, equivalente a 52 mínimas

A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el sábado pasado, la legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, cuestionó la jubilación de privilegio que recibe Alberto Fernández.

El expresidente del Frente de Todos percibe casi $8 millones de pesos mensuales en su jubilación de privilegio, lo que equivale a 52 jubilaciones mínimas. Su ingreso se traduce en aproximadamente $9722 por hora, logrando recaudar en solo 14 horas lo que un jubilado promedio obtiene en un mes.

Para Ocaña, Fernández no puede percibir esa jubilación porque “incumple con la Ley, más en el marco de las denuncias por fraude al Estado que este propio gobierno le ha hecho”. Finalmente, contó que no fue recibida por las nuevas autoridades de ANSES. Ocaña quiere acercar a los funcionaros del organismo las más de 50 mil firmas que juntó contra la jubilación de privilegio de Alberto en la reconocida página Change.org.

Además, pidió a Milei “que no desilusione a los millones que lo votaron. Y como estoy segura de que él está en contra, como lo ha dicho, de terminar con los privilegios de la casta, anule esta decisión del ANSES, que no solamente viola la normativa porque Alberto Fernández claramente no vive en la Argentina, sino que también es una cachetada para los millones de jubilados que hoy ganan la mínima, que con bonos llega a $200 mil”.

Redacción

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Milei negó una interna con Villarruel: “Tenemos una excelente relación”

El presidente Javier Milei se refrió a una de las fuertes polémicas de la semana pasada: una presunta interna entre él y la vicepresidenta Victoria Villarruel. De todas formas, el mandatario negó cualquier tipo de pelea y aseguró que tienen “una excelente relación. No pensamos igual, eso es claro. Nuestras diferencias son imperceptibles para el resto de la gente”.

En cuanto al origen de la discusión, que fue la convocatoria al Senado a tratar el DNU 70/23 aún cuando el oficialismo no contaba con los votos, el Presidente respaldó a Villarruel y sostuvo: “Ella habrá hecho la evaluación de costo y beneficio. Quién soy yo para meterme en su trabajo”.

Por último, apuntó que los rumores de interna habían iniciado por una “interpretación maliciosa del comunicado de la Oficina de la Presidencia” por parte de la prensa, aunque reconoció que “son las reglas de juego”.

Segmento de la nota de Bonelli a la cual hace mención el Presidente

“He visto una nota del periodista del Grupo Clarín, de Marcelo Bonelli, y exactamente miente toda la nota. Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad”, dijo.

Y aclaró: “Yo entiendo que el Grupo Clarín este muy enojado conmigo, debe ver peligrar algunos de sus negocios. O estarán nerviosos porque corté la pauta publicitaria. No es el único medio que está enojado conmigo por haberle cortado la plata. Hay algunos más agresivos y más explícitos, como C5N. Pero digo, bueno, está bien, son las reglas de juego”, advirtió

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Bullrich cederá la presidencia del PRO a Macri: "El partido está dentro de las Fuerzas del Cambio"

Bullrich cederá la presidencia del PRO a Macri: “El partido está dentro de las Fuerzas del Cambio”

En diálogo con medios de Santa Fe, la ministra de Seguridad confirmó que, en 20 días, dejará la presidencia del PRO en manos de Mauricio Macri. “Estamos trabajando en el marco del cambio común con el presidente Javier Milei”, afirmó.

La excandidata a presidente explicó que su decisión está tomada en post de darle prioridad a su gestión: “Tengo demasiados temas en seguridad como para hablar del PRO. Por eso quiero que llegue rápido el día para no ser más la presidenta, son cuestiones legales y estoy totalmente metida en mis cosas, que son las que importan”. Agregó además que “está bien que se ponga en ese lugar” a Macri.

Bullrich cederá la presidencia del PRO a Macri: "El partido está dentro de las Fuerzas del Cambio"

Luego, hizo mención a la interna del partido. Para la titular de la cartera de Seguridad “esto se va a ordenar entre las Fuerzas del Cambio, donde indudablemente está el PRO, y las que están en contra del cambio. Esa es la nueva variable. Y ahí, dentro de los partidos de JxC también hay quienes van a sumarse”.

Por último, indicó que Horacio Rodríguez Larreta, hoy alejado de la escena política, “no se siente representado desde hace tiempo. Su campaña fue así, él busca otra forma de interpelar a la política y a mí punto de vista eso da resultado. Es su convicción y lo veo así”.

Redacción

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Por un proyecto de Santilli, Milei congelará los sueldos del Congreso y los fijará a la fórmula jubilatoria

El aumento de 30% en los sueldos de diputados y senadores juntó pocos aplausos. Tras la indignación general que provocó la noticia, tras un llamado del diputado nacional de Buenos Aires, Diego Santilli, el presidente Javier Milei decidió congelar el incremento salarial.

“Por orden del Presidente, Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática”, comunicó Martín Menem, desde su cuenta de Twitter.

Martin Menem diputados Twitter
“Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”

La explicación del Presidente de la Cámara de Diputados es que —si bien lleva tanto su firma como la de la Presidente de Senadores, Victoria Villarruel— el aumento en cuestión fue otorgado de manera automática debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado, Amado Boudou, y el ex-presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en el año 2011.

Más temprano, Diego Santilli fue de los primeros funcionarios en indignarse: “NO ESTOY DE ACUERDO CON EL AUMENTO EN DIPUTADOS”, a su indignación mayúscula agregó que “en este difícil contexto que están atravesando millones de argentinos, no hay margen para boludeces. Por eso, redacte un proyecto para CONGELAR LOS SUELDOS e INDEXARLOS POR FÓRMULA JUBILATORIA”.

El proyecto del diputado Diego Santilli

Por ello, tras un diálogo con el oficialismo libertario y con un importante sector de las fuerzas aliadas del PRO, Santilli comenzó a trabajar en un proyecto de ley congelar el sueldo de Diputados y Senadores por un plazo de seis meses, y que el aumento alcance solamente al personal legislativo.

Un detalle llamativo del proyecto de ley de Santilli es cómo plasmó las subas que tendrán, en el futuro fijado, los sueldos de los miembros de ambas Cámaras una vez termine el congelamiento: El incremento de las dietas estará atado al incremento de las jubilaciones.

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Además del llamado entre Santilli y Milei, se realizó una reunión en Casa Rosada que contó con la participación del ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor Presidencial, Santiago Caputo y los presidentes de las bancadas de la UCR y del PRO: el cordobés Rodrigo de Loredo y el bonaerense Cristian Ritondo.

Los fundamentos que sustenten el proyecto de Santilli insisten en “la austeridad, el orden de las cuentas fiscales y la racionalidad en los gastos del Estado”. El documento explica el tope fijo para aumentos de Diputados y Senadores: “habilitándolos de manera anual, requiriendo la aprobación del pleno de ambas cámaras y con un tope máximo que estará determinado por el mismo aumento que los jubilados reciban en base a la fórmula que establezca la ley 24.241 o la que en un futuro la pueda reemplazar, en el término de un año. Por otro lado, se deroga el reciente aumento dispuesto por la Resolución Conjunta N° 2/2024 para legisladores y se congelan sus dietas por el término de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Corregir el rumbo cuando lo requiera siempre es sano y necesario”.

Redacción

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