*Por Eugenio Casielles -Diputado de CABA por Consenso Federal–

Estamos en un momento delicado por demás en la historia de un país que fue mancillado sistemáticamente por la corrupción y la falsa premisa de que el que hace las cosas mal sale claramente beneficiado ante el que hace las cosas bien. Es una falsa premisa si contamos con un sistema jurídico robusto y un grado de lucha por la transparencia que muchos países pueden presumir, pero no es nuestro caso.

Un fiscal que se atreve a ir tras la huella de la corrupción encontrándose en el camino a quien es la dirigente política más importante de los últimos 10 años de nuestro país, y a diferencia de lo que se vio en el pasado, acelera sin mirar atrás, hoy nos permite interpelarnos y ver quienes somos los argentinos y qué país soñamos, pero de verdad.

Aclara quien escribe que se “de verdad” porque mucho se vio en el discurso de CFK y las respuestas de toda la oposición, dentro de ese mucho se destacó la falta de objetividad y deseos genuinos de transparencia. ¿No es demagógico ver a la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en la esquina de la casa de la ex Presidenta horas después de que el fiscal Luciani pidiera 12 años para la acusada? Si no es demagógico al menos parece poco responsable que alguien que años atrás debiera cuidar la no violencia pareciera incitarla.

No es extraño que desde sectores como la Coalición Cívica de Elisa Carrió caigan sobre Fernández de Kirchner (como gran parte de la población argentina incluyéndome) exigiendo todo el peso de la ley, pero no se preocupen por las comunicaciones de Caputo con López (¿faro de la corrupción en la obra pública)?

Por eso reclamamos para iniciar este relato “que sea de verdad”. Sin sinceramiento la transparencia y buenas prácticas parecen un dibujo borroso del sueño de un pueblo sin destino.

Uno de los factores que más lastiman la relación entre la sociedad civil y los Gobiernos es la falta de transparencia. El manejo de la política se ha caracterizado por la corrupción en todos los niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y en todas sus ramas (ejecutivo, legislativo y judicial). ¿Lo más grave de todo? La impunidad de casi todos los hechos y la normalización de que los representantes del pueblo actúen para su propio beneficio, dejando de lado su responsabilidad de servir al bien común. Las sospechas no carecen de fundamentos, y la gente ya está cansada.

Varias organizaciones internacionales se dedican a medir qué tan transparentes son los gobiernos alrededor del mundo. Transparencia Internacional es una de ellas, que confecciona el Índice de Percepción de la Corrupción en el que le asigna un puntaje del 1 al 100 a 180 países. El índice se elabora asignando una puntuación a cada país según la percepción que tienen expertos y ejecutivos de empresas sobre el grado de corrupción en el sector público. Desde 1995 hasta la fecha, Argentina tocó su fondo en el año 2004 y 2008 con 20 puntos únicamente. En 2016, con el cambio de gobierno, el índice empezó a arrojar mejores resultados, pero desde que asumió la presente gestión, hubo dos retracciones consecutivas en donde Argentina retrocedió 18 puestos en el índice en relación con el año anterior, ubicándose en el puesto 96° de 180.

En la región, Uruguay y Chile lideran el ranking, ubicándose en los puestos 18° y 27° a nivel mundial. Internacionalmente, Nueva Zelanda, Dinamarca y Finlandia son considerados los países más transparentes y menos corruptos. Estos países superan con creces – casi duplican – la puntuación media que fue de 43 puntos. Son para nosotros, que nos ubicamos casi 100 puestos por debajo, casos de éxito de los cuales podemos aprender mucho.

Tomemos el caso de Nueva Zelanda. Este país cuenta con tres instituciones principales encargadas de velar por la transparencia y combatir la corrupción: el Ministerio de Justicia, la OFCANZ (Oficina de Crimen Organizado y Financiero de Nueva Zelanda) y la Oficina de Fraude Grave. Cada una con sus propias competencias, trabajan coordinadas para garantizar la aplicación de la ley, el buen funcionamiento de la justicia y el seguimiento de los actos de gobierno para que sean transparentes. Además, los neozelandeses cuentan con una Ley de Denuncia Protegida para alentar a las personas a denunciar faltas graves en sus lugares de trabajo y otorgándoles protección.

Lo curioso es que en Argentina contamos con instituciones similares, como es la Oficina Anticorrupción, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, pero la inmoralidad es tal que persigue a líderes opositores en lugar de investigar a sus propios jefes, que cometen actos fraudulentos con el mismo nivel de impunidad. No debemos inventar nada nuevo, solamente hacer funcionar los organismos que ya tenemos.

La historia de la Argentina reciente y la corrupción están muy relacionadas. Hace más de 20 años que la transparencia no aparece y tanto la década kirchnerista como el impotente gobierno de Cambiemos nos dejaron en el fondo de la tabla. Desde un ex secretario de Obras Públicas escondiendo 9 millones de dólares en un convento con un fusil de asalto, desvíos multimillonarios a hoteles a nombre de la Presidente Kirchner y su familia, hasta un terrible accidente que dejó 52 muertos y 789 heridos, consecuencia de una administración fraudulenta de fondos para el mantenimiento del tren Sarmiento.

Lo frustrante es que los supuestos “paladines” de la nueva política y la transparencia, Juntos por el Cambio, prometen mucho y cumplen poco. El enorme negocio de los amigos del poder del Gobierno de la Ciudad detrás de las empresas de acarreo, la compra de barbijos con sobreprecio que nunca llegaron en plena pandemia, el arreglo sumamente irregular de la deuda pendiente en el Correo Argentino, la suba de tarifas de peajes que beneficiaban a una empresa perteneciente al gobierno anterior que tenía la concesión del servicio y el escándalo de los Panamá Papers dejan un sentimiento de desilusión para con quienes se presentaban como los encargados de “Cambiar” la forma de hacer política.

Es urgente que solucionemos los serios problemas de corrupción y transparencia que se presentan en absolutamente todos los espacios políticos que gobernaron nuestro país, nuestras provincias y nuestra Ciudad de Buenos Aires. Argentina debe comenzar a ejercer prácticas en pos de un gasto público transparente, un control ciudadano efectivo y mecanismos de transparencia a través de declaraciones juradas que excedan el deseo y voluntad de quien esté en el poder.

La transparencia y la sinceridad; dos caras de una misma moneda. Sin ellas nuestro destino es naufragar. Existen los recursos, falta la voluntad.