Los increíbles pifies de CFK

Alberto y Cristina miran al cielo y bendicen con elocuencia. Agradecen que Argentina viene dando batacazo tras batacazo en Qatar. Ello anestesia las principales preocupaciones. Que son múltiples y variadas...
Los increíbles pifies de CFK
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10 Years Experiences

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*Por Christian Sanz

Inflación, desempleo e inseguridad encabezan el ranking de inquietudes ciudadanas. Pero ahora mismo ellas no están en la cabeza de nadie. Porque Messi y Julián Álvarez, y todos los demás integrantes del equipo albiceleste obraron el milagro que solo puede lograr la locura del fútbol.

Pero un día esa alegría se acabará. Porque el Mundial llegará a su final. Entonces, las preocupaciones volverán a estar al tope de las preocupaciones de la sociedad. Y todo ello ocurrirá en el mes que más inquieta al gobierno: diciembre. Un momento siempre proclive a estallidos nada espontáneos.

No obstante, no es eso lo que más preocupa al kirchnerismo, sino el inminente fallo judicial del Tribunal Oral Federal 2 que condenará a Cristina Kirchner en el marco del expediente conocido como “Vialidad”. Será el próximo martes 6 de diciembre.

El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte
El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte

Diversos referentes del Frente de Todos llamaron a tomar las calles cuando ello suceda. Para “bancar” a la vicepresidenta y, al mismo tiempo, protestar por el declamado lawfare. Aquella pretensión irreal de que una mega conspiración intenta derrocarla por haberse inmolado por los más pobres.

Puras patrañas: la realidad es que hay varias toneladas de pruebas que demuestran que Cristina robó a mansalva. Ello explica su millonario patrimonio, imposible de justificar de otra forma.

De hecho, la otrora presidenta suele decir que amasó esa ingente cantidad de plata trabajando como “abogada exitosa” —se lo dijo a un grupo de estudiantes Harvard en 2012— pero no existe un solo escrito judicial que haya sido firmado por ella como letrada. Tampoco aparece registrada en ningún colegio público de abogados de ninguna parte del país. Ergo, jamás pudo haber ejercido como tal.

Como sea, a pesar de los temores de los “propios” y las pretensiones de los “ajenos”, Cristina no terminará tras las rejas. Restan aún dos etapas de apelación, que culminarán en la Corte Suprema. Y faltan aún años y años para que la sentencia quede firme.

Sin embargo, Cristina se muestra molesta y preocupada. Porque, más allá de la eventual prisión, la condena en sí la condicionará políticamente. Una cosa es haber sido denunciada y/o procesada por la Justicia. Otra cosa es estar condenada. El peso de esa palabra es directamente proporcional a la valoración social.

Tal vez ello explique sus últimos desatinos, impulsados al calor de los nervios por su propio derrotero. Argumentos en los cuales termina confirmando lo que busca refutar. Videos en los cuales confunde a la “copita” Brenda Uliarte con otra chica nada parecida, una tal Maite Britez.

No es todo: en los últimos días, en un intento de justificar sus concatenaciones imposibles, la vicepresidenta aseguró que el fiscal Diego Luciani seguía en redes sociales a la mencionada Uliarte. Sin embargo, es sabido que el funcionario judicial carece de cuentas en Twitter y Facebook, como acusó Cristina.

Ello lleva a preguntarse: ¿Acaso nadie se anima a advertirle a la ex presidenta que está haciendo el papelón de su vida?

Ciertamente, el miedo que denotan los “súbditos” de Cristina los lleva a extremos sorprendentes. Por caso, ni siquiera se atreven a decirle que es sumamente inconveniente hacer una marcha el próximo martes.

Lo piensan, pero no se lo dicen: ¿Qué ocurriría si la convocatoria no “prende” como algunos especulan? ¿Qué sucedería si pocas personas salen a apoyarla? ¿No sería un papelón? A Cristina no le gusta quedar en ridículo. Sencillamente, porque sabe que puede volver de cualquier lugar, menos del ridículo.

Tal vez por ello, los mandamases de La Cámpora salieron este sábado a relativizar la cuestión de la marcha: “Por ahora no hay nada definido, pero no se descarta nada”, dijeron desde la organización que conduce Máximo Kirchner.

Por su parte, los referentes sociales que habían adelantado que serían parte de la movida, empezaron a echarse atrás. Algunos incluso recomendaron pasar la movilización para el sábado 10 ante el temor de que haya poca concurrencia un día de semana.

Otro que la “cagoneó” fue Daniel Catalano, secretario general de ATE, quien había anticipado que “paralizaría el Estado” si se motorizaba la condena contra Cristina. Ahora salió a relativizar sus propios dichos: “Nunca hablé de pueblada”, sostuvo.

En ese contexto, un anónimo que circuló esta semana en los despachos de puntuales capitostes de las Fuerzas de Seguridad asegura que el avión que llegó al país con tripulantes venezolanos e iraníes “traía armas, municiones y personal para usar tras el fallo condenatorio que se dará el martes próximo”. Ello provocó preocupación y alerta en diversos círculos de poder, aunque les tranquilizará saber que la versión es falsa.

Entretanto, la política vernácula naufraga por los mares de la impudicia. Oficialismo y oposición demostraron esta semana cuál es su verdadera sustancia: la indignidad. Unos se mostraron irrespetuosos de las instituciones; otros respondieron a ello con groserías y patoterismo. El papelón del año, por lejos.

Lo ocurrido logró evitar que las miradas se posaran sobre la figura del flamante ministro de Transporte, Diego Giuliano, otrora subdirector Ejecutivo en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Un personaje oscuro, relacionado a una serie de negociados y curros dentro de aquel organismo. Denunciados oportunamente por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Se trata de una trama de sobreprecios y superposición de trámites que preocupan al sector del transporte porque impactan directamente en los costos de las empresas de cargas de todo el país. Algunos de ellos son ilegales y discrecionales, y fueron pergeñados por el mismísimo Giuliano.

Finalmente, recordar que sigue inamovible la denuncia judicial que este cronista hizo contra Sergio Massa por enriquecimiento ilícito hace más de 3 meses. El juez Marcelo Martínez de Giorgi no solo no tomó ninguna medida de prueba al respecto, sino que tampoco permitió sumar nueva evidencia al expediente.

Quien escribe estas líneas intenta en estas horas aportar documentación sobre una nueva adquisición del ministro de Economía, pero le es imposible. Se trata de la malograda estancia que supo pertenecer a Julio Iglesias, “Momentos”. Ubicada en General Madariaga.

No solo es un tema de la Justicia. Todo indica que el país completo se encamina al abismo del surrealismo mágico que tan bien supo describir Gabriel García Márquez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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ROSARIO | Javkin dio su discurso de apertura de Sesiones y no fue ningún ciudadano

El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.

Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.

Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.

Redacción

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Senadora “libertaria” metió a siete familiares en el Congreso

La senadora nacional por Jujuy, Vilma Facunda Bedia, fue acusada de acomodar a toda su familia en el Congreso de la Nación: contrató como personal de su oficina a sus tres hijos, su nuera, su hermano, su sobrina y su cuñada.

La senadora y pastora les consiguió a sus hijos Joel Benjamín Mamani un puesto de planta transitoria con categoría A3 –con un salario de alrededor de 700 mil pesos-, y José Jair Mamani, con una A1, con una retribución de 1,2 millones de pesos. También habría sido contratado su hijo Pablo, aunque todavía no aparece en los registros públicos de la web del Congreso.

Por si fuera poco, Bedia también hizo ingresar a sus hermanos Juan Carlos, Pastor y presidente de la Fundación Emanuel, y Ricardo, que participa de la misma entidad, ambos con una categoría A1. La Fundación Emanuel se autodefine como una ONG “cristiana”, que ha promovido “seminarios de higiene mental”. Albert Bedia, otro hermano suyo, también fue contratado, pero con una categoría A3. Para disimular la gravísima decisión de la senadora, ninguno de estos nombres aparecen en la página oficial del Senado.

En su provincia, Jujuy, aseguran que también su cuñada Nélida, pareja de Juan Carlos Bedia, forma parte del equipo de la legisladora. Nélida es masoterapeuta, una profesión que nada tiene que ver con las tareas que supuestamente debería realizar en el Senado. Para curarnos de espanto, la hija de ambos y sobrina de la pastora, Damaris, y su hermano Jonatan, de profesión DJ, es otro de los beneficiarios de la política de empleo de la legisladora.

Para no hacer distingos dentro de su familia, su sobrina Daiana Ester Llanes recibió una planta transitoria con categoría A3. La nuera de la legisladora, Mirta Araceli Silisque, también participa de la fiesta de designaciones públicas, aunque en su caso apenas con una categoría A8.

Por si no resultara suficiente esta suma de despropósitos, en Jujuy se asegura que muchos de los empleados de mayor confianza de la senadora Bedia también serían beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Esto sería posible porque la actualización de los registros del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) demora entre 5 y 6 meses.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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Alerta en Rosario | Buscan armar un sindicato de trapitos

“Tenemos información de que este sindicato está iniciando diálogos para agrupar a los trapitos de Rosario. Nos preocupa y nos oponemos totalmente a una actividad que debiera estar totalmente prohibida”, advirtió a través de Twitter el secretario general de la Municipalidad, Miguel Angel Tessandori.

Tessandori, un veterano en la arena política y conocido por su firmeza en la defensa de los intereses de la ciudad, no ha escatimado en sus advertencias. “No permitiremos que se repita en Rosario lo que está sucediendo en La Plata”, declaró con determinación. Según él, existe información sobre un posible vínculo entre el sindicato platense y los cuidacoches locales, una asociación que rechaza rotundamente.

El temor radica en las prácticas que rodean a esta actividad. Tessandori denuncia la extorsión y la violencia como componentes inherentes al trabajo de los trapitos, una situación que considera inaceptable en cualquier comunidad. Remarcó la existencia de un Código de Convivencia que prohíbe explícitamente esta práctica, así como cualquier intento de sindicalizarla.

El funcionario municipal recordó un proyecto presentado en el Concejo para regular la actividad, pero lamentó que fuera desestimado en su momento. El proyecto buscaba restringir la actividad de los trapitos a aquellos que contaran con el aval de un porcentaje determinado de vecinos, una medida que hubiera proporcionado un marco legal claro y protección para la ciudadanía.

En La Plata, la ordenanza ya prohíbe esta actividad, sin embargo, el reciente surgimiento del Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública ha puesto en tela de juicio la efectividad de esta medida. El sindicato, liderado por el ex barrabrava Fabián Giannotta, ha levantado polémica desde su presentación oficial, con la detención de trapitos acusados de extorsión a automovilistas.

Miguel Angel Tessandori on Twitter: “EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)…. / Twitter”

EL SINDICATO DE TRAPITOS QUIERE ATERRIZAR EN ROSARIO.Este gremio ya está funcionando en La Plata y tuvo sus primeras acciones en las últimas horas.Aunque parezca ilógico ya fue presentado de manera oficial con el nombre de Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (STVP)….

El riesgo de que esta situación se replique en Rosario no es algo que Tessandori esté dispuesto a tolerar. Con firmeza, promete tomar medidas para prevenir que el “huevo de serpiente” del sindicato de trapitos se incube en su ciudad. Con la experiencia y la determinación que lo caracterizan, está dispuesto a enfrentar este desafío y proteger los intereses de los rosarinos.

En resumen, el sindicato de los trapitos ha puesto en alerta a Rosario, pero con la determinación de Tessandori y el rechazo unánime de la comunidad, la ciudad está lista para resistir cualquier intento de infiltración de actividades delictivas en sus calles.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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