Los increíbles pifies de CFK

Alberto y Cristina miran al cielo y bendicen con elocuencia. Agradecen que Argentina viene dando batacazo tras batacazo en Qatar. Ello anestesia las principales preocupaciones. Que son múltiples y variadas...
Los increíbles pifies de CFK
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10 Years Experiences

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*Por Christian Sanz

Inflación, desempleo e inseguridad encabezan el ranking de inquietudes ciudadanas. Pero ahora mismo ellas no están en la cabeza de nadie. Porque Messi y Julián Álvarez, y todos los demás integrantes del equipo albiceleste obraron el milagro que solo puede lograr la locura del fútbol.

Pero un día esa alegría se acabará. Porque el Mundial llegará a su final. Entonces, las preocupaciones volverán a estar al tope de las preocupaciones de la sociedad. Y todo ello ocurrirá en el mes que más inquieta al gobierno: diciembre. Un momento siempre proclive a estallidos nada espontáneos.

No obstante, no es eso lo que más preocupa al kirchnerismo, sino el inminente fallo judicial del Tribunal Oral Federal 2 que condenará a Cristina Kirchner en el marco del expediente conocido como “Vialidad”. Será el próximo martes 6 de diciembre.

El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte
El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte

Diversos referentes del Frente de Todos llamaron a tomar las calles cuando ello suceda. Para “bancar” a la vicepresidenta y, al mismo tiempo, protestar por el declamado lawfare. Aquella pretensión irreal de que una mega conspiración intenta derrocarla por haberse inmolado por los más pobres.

Puras patrañas: la realidad es que hay varias toneladas de pruebas que demuestran que Cristina robó a mansalva. Ello explica su millonario patrimonio, imposible de justificar de otra forma.

De hecho, la otrora presidenta suele decir que amasó esa ingente cantidad de plata trabajando como “abogada exitosa” —se lo dijo a un grupo de estudiantes Harvard en 2012— pero no existe un solo escrito judicial que haya sido firmado por ella como letrada. Tampoco aparece registrada en ningún colegio público de abogados de ninguna parte del país. Ergo, jamás pudo haber ejercido como tal.

Como sea, a pesar de los temores de los “propios” y las pretensiones de los “ajenos”, Cristina no terminará tras las rejas. Restan aún dos etapas de apelación, que culminarán en la Corte Suprema. Y faltan aún años y años para que la sentencia quede firme.

Sin embargo, Cristina se muestra molesta y preocupada. Porque, más allá de la eventual prisión, la condena en sí la condicionará políticamente. Una cosa es haber sido denunciada y/o procesada por la Justicia. Otra cosa es estar condenada. El peso de esa palabra es directamente proporcional a la valoración social.

Tal vez ello explique sus últimos desatinos, impulsados al calor de los nervios por su propio derrotero. Argumentos en los cuales termina confirmando lo que busca refutar. Videos en los cuales confunde a la “copita” Brenda Uliarte con otra chica nada parecida, una tal Maite Britez.

No es todo: en los últimos días, en un intento de justificar sus concatenaciones imposibles, la vicepresidenta aseguró que el fiscal Diego Luciani seguía en redes sociales a la mencionada Uliarte. Sin embargo, es sabido que el funcionario judicial carece de cuentas en Twitter y Facebook, como acusó Cristina.

Ello lleva a preguntarse: ¿Acaso nadie se anima a advertirle a la ex presidenta que está haciendo el papelón de su vida?

Ciertamente, el miedo que denotan los “súbditos” de Cristina los lleva a extremos sorprendentes. Por caso, ni siquiera se atreven a decirle que es sumamente inconveniente hacer una marcha el próximo martes.

Lo piensan, pero no se lo dicen: ¿Qué ocurriría si la convocatoria no “prende” como algunos especulan? ¿Qué sucedería si pocas personas salen a apoyarla? ¿No sería un papelón? A Cristina no le gusta quedar en ridículo. Sencillamente, porque sabe que puede volver de cualquier lugar, menos del ridículo.

Tal vez por ello, los mandamases de La Cámpora salieron este sábado a relativizar la cuestión de la marcha: “Por ahora no hay nada definido, pero no se descarta nada”, dijeron desde la organización que conduce Máximo Kirchner.

Por su parte, los referentes sociales que habían adelantado que serían parte de la movida, empezaron a echarse atrás. Algunos incluso recomendaron pasar la movilización para el sábado 10 ante el temor de que haya poca concurrencia un día de semana.

Otro que la “cagoneó” fue Daniel Catalano, secretario general de ATE, quien había anticipado que “paralizaría el Estado” si se motorizaba la condena contra Cristina. Ahora salió a relativizar sus propios dichos: “Nunca hablé de pueblada”, sostuvo.

En ese contexto, un anónimo que circuló esta semana en los despachos de puntuales capitostes de las Fuerzas de Seguridad asegura que el avión que llegó al país con tripulantes venezolanos e iraníes “traía armas, municiones y personal para usar tras el fallo condenatorio que se dará el martes próximo”. Ello provocó preocupación y alerta en diversos círculos de poder, aunque les tranquilizará saber que la versión es falsa.

Entretanto, la política vernácula naufraga por los mares de la impudicia. Oficialismo y oposición demostraron esta semana cuál es su verdadera sustancia: la indignidad. Unos se mostraron irrespetuosos de las instituciones; otros respondieron a ello con groserías y patoterismo. El papelón del año, por lejos.

Lo ocurrido logró evitar que las miradas se posaran sobre la figura del flamante ministro de Transporte, Diego Giuliano, otrora subdirector Ejecutivo en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Un personaje oscuro, relacionado a una serie de negociados y curros dentro de aquel organismo. Denunciados oportunamente por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Se trata de una trama de sobreprecios y superposición de trámites que preocupan al sector del transporte porque impactan directamente en los costos de las empresas de cargas de todo el país. Algunos de ellos son ilegales y discrecionales, y fueron pergeñados por el mismísimo Giuliano.

Finalmente, recordar que sigue inamovible la denuncia judicial que este cronista hizo contra Sergio Massa por enriquecimiento ilícito hace más de 3 meses. El juez Marcelo Martínez de Giorgi no solo no tomó ninguna medida de prueba al respecto, sino que tampoco permitió sumar nueva evidencia al expediente.

Quien escribe estas líneas intenta en estas horas aportar documentación sobre una nueva adquisición del ministro de Economía, pero le es imposible. Se trata de la malograda estancia que supo pertenecer a Julio Iglesias, “Momentos”. Ubicada en General Madariaga.

No solo es un tema de la Justicia. Todo indica que el país completo se encamina al abismo del surrealismo mágico que tan bien supo describir Gabriel García Márquez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas

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Más de 110 mil beneficiarios del plan Potenciar Trabajo son extranjeros

Las auditorías que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano revelaron las cifras del plan social que fue emblema del Frente de Todos: el Potenciar Trabajo, ahora relanzado como Volver al Trabajo.

En tal sentido, las nuevas autoridades del exministerio de Desarrollo Social revelaron que unas 1,3 millones de personas reciben la asistencia. El 10% del total, unas 110 mil, corresponde a extranjeros. A razón de los $78 mil que cada uno cobra, el gasto total es de $8.580 millones.

Unos 80 mil extranjeros se encuentran inscriptos en el plan Volver al Trabajo, los 30 mil restantes se encuentran bajo la órbita de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y serán parte del programa Acompañamiento Social.

Redacción

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El Gobierno de Milei prepara megacausa contra las cooperativas “fantasma” vinculadas al ministerio de Tolosa Paz

*Por Luis Gasulla Periódico Tribuna

“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.

El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.

El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.

La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.

El operativo descubierto

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.

El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.

El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.

Los firmantes del convenio

Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.

Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.

En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.

La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.

La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.

Negocio de confeccionar guardapolvos

Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.

La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.

Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.

Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.

El problema sería que paguen Justos por pecadores

La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.

Redacción

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Juez condenó el aumento de sueldo de los senadores: “Es una caradurez”

De manera exprés, en menos de un minuto, sin debate y a mano alzada, la Honorable Cámara de Senadores aprobó, este jueves, un millonario aumento de las dietas. En concreto, a partir de junio, pasarán a cobrar al menos $4 millones todos los meses.

Quien llevó adelante la iniciativa fue Juan Carlos Romero, del peronismo disidente. Sin embargo, contó con el aval de algunos legisladores de untos por el Cambio, la UCR y el bloque federal. No apoyaron los senadores de La Libertad Avanza ni los del bloque PRO.

En diálogo con los medios, Luis Juez, repudió enérgicamente los aumentos. El senador por Córdoba manifestó que la medida: “Nuestro bloque, completo, no solamente no convalidó el tratamiento sobre tablas del proyecto sino que votamos decididamente en contra”. Juez definió el aumento de las dietas como una “bajeza inoportuna” si se tiene en cuenta “el momento que está viviendo la sociedad. Es una falta de empatía increíble”.

A su vez, cuestionó el voto de sus pares: “Después se enojan cuando la gente se enoja por la política. Pero bueno, también la gente tiene que saber distinguir. Pregunten cómo votó cada senado de cada partido”.

Según pudo saber el cronista de La Nación, Tomás Díaz Cueto, 52 Senadores —en su mayoría integrantes de Unión por la Patria— votaron a favor del aumento de dietas.

La aclaración de Villarruel

Al ser cuestionada, desde las mismas redes, Victoria Villarruel aclaró su posición. “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario (…) Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”.

Victoria Villarruel on Twitter: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco… / Twitter”

Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco…

Redacción

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ESCÁNDALO EN CÓRDOBA: Llaryora se niega a sacar del cargo a un socio político imputado por golpear a su ex y obligarla a abortar

El 19 de marzo de 2023, Lourdes Astudillo se presentó ante la Justicia para denunciar a su expareja, Martín Gill, un cuadro de gran importancia dentro de la política cordobesa. A finales del pasado mes, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María —a cargo de Juliana Companys— elevó a juicio la causa.

En diálogo con medios provinciales, la denunciante contó que conoció a Gill a través de Instagram, en febrero de 2022. Con el tiempo la relación se fue afianzando y también hubo un periodo de convivencia. Quedó embarazada y, según denunció, Gill la indujo a abortar: “La idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida. Él insistió y tomé la pastilla”.

En octubre sufrió la primera agresión física después de un planteo por infidelidad: “Se lo dije. Él me empujó a la cama y comenzó a ahorcarme. Fueron segundos, pero me pareció mucho tiempo. Me repetía una y otra vez que era para que me tranquilice”.

“No podía contarle a nadie lo que me pasaba. Era de su propiedad. En una discusión fuerte que tuvimos le pedí la llave de mi departamento. Yo vivo en el sexto piso, me agarró del brazo y me arrastró tres pisos. Me dejó el cuerpo marcado con moretones. Ahí comencé a sacarme fotos porque sabía que esto no iba a terminar bien. Esas imágenes las entregué a la Justicia. Cuando yo le decía que lo iba a denunciar, él me desafiaba que lo hiciera y agregaba: ‘Total, a mí nadie me toca’”, detalló la víctima.

“Me costó mucho denunciarlo. Después de la denuncia la pasé bastante mal pero no me arrepiento de haberlo denunciado porque no me merecía lo que pasé. Es muy feo por lo que yo pasé. Es abuso de poder y mi denuncia no tiene nada que ver con una cuestión política“, agregó.

Renuncia o juicio político: “Las lideresas empoderadas están mudas”

La denuncia por violencia de género cayó mientras Martín Gill era intendente de Villa María. Su trayectoria como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación —fue secretario, “el segundo” de Gabriel Katopodis— hizo que desembarcara en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, cartera millonaria creada por Martín Llaryora hace apenas cinco meses que se encargará de proveer servicios, negocios y ejecución de obras en el interior de la provincia.

Este mes, la oposición presentó en la Legislatura de Córdoba dos proyectos contra el socio de Llaryora. El primero, de Alejandra Ferrero, proponía que se aparte del cargo de ministro a Gill. Mientras tanto, Gregorio Hernández Maqueda promovió el juicio político: en este caso se abstuvieron los bloques PRO, UCR, Construyendo Córdoba y La Libertad Avanza.

El oficialismo cordobés rechazó debatir el caso en la Unicameral durante la cuarta sesión ordinaria del año. “Una lástima que el mismo peronismo que el año pasado suspendió a (Patricio) Serrano y le dio licencia a (Alfonso) Mosquera por causas de violencia de género, hoy sea cómplice de encubrir en su cargo a un ministro (por Gill) procesado por la misma razón”, expresó Ferrero vía Twitter, y agregó: “Las lideresas empoderadas están mudas”.

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Juez llevó a la justicia a la Municipalidad de Córdoba por el polémico manejo de los subsidios al transporte

Ayer por la mañana, el senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se presentó en la Justicia Federal y pidió investigar al ex secretario de transporte municipal, Marcelo Rodio, y a los directivos empresariales de ERSA por el uso indebido de subsidios nacionales destinados al sistema de transporte.

LA DENUNCIA DE JUEZ

“Mediando connivencia entre funcionarios municipales y la empresa ERSA, ésta percibió subsidios, por un alto monto dinerario, en virtud de un servicio que jamás prestó, defraudando al Estado nacional”, explicó el senador nacional.

Según detalló Juez, “la Municipalidad ponía los colectivos, los choferes, y Ersa se quedaba con la recaudación y con los subsidios. Los subsidios en materia de transporte son casi 28 mil millones de pesos: (en millones) 7 mil pone la Provincia, 7 mil pone la Nación y 14 mil pone la Municipalidad”.

En tal sentido, precisó que “si el sistema está compuesto por 939 colectivos, hay un total de 30 millones de pesos por unidad. En estos corredores que prestaba Tamse y que recaudaba Ersa, y estamos hablando de 49 colectivos lo cual hace un promedio total de 1.500 millones de pesos, lo que hemos cuantificado nosotros. O sea 1.500 millones de pesos del subsidio de transporte que ponía la Nación para que la Municipalidad de Córdoba prestara su servicio”.

Redacción

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Malestar de Bullrich por reclamo de Jorge Macri para que Nación se haga cargo de los presos

*Por Camilo Cagnacci (Sección País)

La fuga de nueve detenidos de una alcaldía en San Telmo generó tensiones entre Ciudad y Nación debido a la superpoblación carcelaria. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, solicitó al Ejecutivo nacional que “se lleve a los detenidos al Sistema Penitenciario Federal”, lo que causó malestar en el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En declaraciones radiales, el alcalde porteño señaló que el 94% de los detenidos pertenecen a la Justicia Nacional o Federal y, por lo tanto, “no son responsabilidad de la Ciudad”. Por su parte, su ministro de Seguridad, Waldo Wolff, detalló: “Hoy tenemos 1041 plazas para albergar de manera segura a los presos en comisarías vecinales y alcaldías, pero tenemos 2005 detenidos, lo que representa una superpoblación carcelaria del 98%”.

Según fuentes cercanas a Patricia Bullrich, sus declaraciones no fueron bien recibidas en el ministerio. “Si quieren plantear la relación así, veremos cómo continúa la situación. La Policía es responsabilidad de la Ciudad, por lo tanto, deberían hacerse cargo de sus presos como todas las provincias. Sin embargo, la Justicia y los presos son responsabilidad de la Nación, lo que supone un privilegio centralista”, señalaron.

Además, agregaron: “Recibimos presos del Servicio Penitenciario Federal todos los días, tenemos una cuota diaria y esto es algo que discutimos constantemente con las autoridades de la Ciudad. No parece lógico que [Jorge Macri] lo haga público cuando es un tema que tratamos a diario. Por otro lado, ellos tienen una deuda pendiente por la construcción de la cárcel que deben edificar a cambio del terreno de Devoto, y llevan un retraso de cuatro años”.

El recuerdo de esta deuda no es casual. En marzo de 2018, el entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anunciaron el traslado de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz. Se esperaba que la nueva cárcel, con capacidad para 2240 internos, estuviera lista para septiembre de 2020, pero el proyecto fue cancelado debido a la disputa entre Nación y Ciudad por los fondos coparticipables, agravada por la quita dispuesta por Alberto Fernández en plena pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad porteño se encargaron de aclarar que con el gobierno de Javier Milei no existe “ningún problema”, sino “un conflicto de intereses”. El desenlace de esta historia, según indicaron en el equipo de Bullrich, dependerá de la Ciudad.

Redacción

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