20 junio, 2025

Los increíbles pifies de CFK

Alberto y Cristina miran al cielo y bendicen con elocuencia. Agradecen que Argentina viene dando batacazo tras batacazo en Qatar. Ello anestesia las principales preocupaciones. Que son múltiples y variadas...
Los increíbles pifies de CFK
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10 Years Experiences

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*Por Christian Sanz

Inflación, desempleo e inseguridad encabezan el ranking de inquietudes ciudadanas. Pero ahora mismo ellas no están en la cabeza de nadie. Porque Messi y Julián Álvarez, y todos los demás integrantes del equipo albiceleste obraron el milagro que solo puede lograr la locura del fútbol.

Pero un día esa alegría se acabará. Porque el Mundial llegará a su final. Entonces, las preocupaciones volverán a estar al tope de las preocupaciones de la sociedad. Y todo ello ocurrirá en el mes que más inquieta al gobierno: diciembre. Un momento siempre proclive a estallidos nada espontáneos.

No obstante, no es eso lo que más preocupa al kirchnerismo, sino el inminente fallo judicial del Tribunal Oral Federal 2 que condenará a Cristina Kirchner en el marco del expediente conocido como “Vialidad”. Será el próximo martes 6 de diciembre.

El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte
El “cagoneo” de La Cámpora y los antecedentes del nuevo ministro de Transporte

Diversos referentes del Frente de Todos llamaron a tomar las calles cuando ello suceda. Para “bancar” a la vicepresidenta y, al mismo tiempo, protestar por el declamado lawfare. Aquella pretensión irreal de que una mega conspiración intenta derrocarla por haberse inmolado por los más pobres.

Puras patrañas: la realidad es que hay varias toneladas de pruebas que demuestran que Cristina robó a mansalva. Ello explica su millonario patrimonio, imposible de justificar de otra forma.

De hecho, la otrora presidenta suele decir que amasó esa ingente cantidad de plata trabajando como “abogada exitosa” —se lo dijo a un grupo de estudiantes Harvard en 2012— pero no existe un solo escrito judicial que haya sido firmado por ella como letrada. Tampoco aparece registrada en ningún colegio público de abogados de ninguna parte del país. Ergo, jamás pudo haber ejercido como tal.

Como sea, a pesar de los temores de los “propios” y las pretensiones de los “ajenos”, Cristina no terminará tras las rejas. Restan aún dos etapas de apelación, que culminarán en la Corte Suprema. Y faltan aún años y años para que la sentencia quede firme.

Sin embargo, Cristina se muestra molesta y preocupada. Porque, más allá de la eventual prisión, la condena en sí la condicionará políticamente. Una cosa es haber sido denunciada y/o procesada por la Justicia. Otra cosa es estar condenada. El peso de esa palabra es directamente proporcional a la valoración social.

Tal vez ello explique sus últimos desatinos, impulsados al calor de los nervios por su propio derrotero. Argumentos en los cuales termina confirmando lo que busca refutar. Videos en los cuales confunde a la “copita” Brenda Uliarte con otra chica nada parecida, una tal Maite Britez.

No es todo: en los últimos días, en un intento de justificar sus concatenaciones imposibles, la vicepresidenta aseguró que el fiscal Diego Luciani seguía en redes sociales a la mencionada Uliarte. Sin embargo, es sabido que el funcionario judicial carece de cuentas en Twitter y Facebook, como acusó Cristina.

Ello lleva a preguntarse: ¿Acaso nadie se anima a advertirle a la ex presidenta que está haciendo el papelón de su vida?

Ciertamente, el miedo que denotan los “súbditos” de Cristina los lleva a extremos sorprendentes. Por caso, ni siquiera se atreven a decirle que es sumamente inconveniente hacer una marcha el próximo martes.

Lo piensan, pero no se lo dicen: ¿Qué ocurriría si la convocatoria no “prende” como algunos especulan? ¿Qué sucedería si pocas personas salen a apoyarla? ¿No sería un papelón? A Cristina no le gusta quedar en ridículo. Sencillamente, porque sabe que puede volver de cualquier lugar, menos del ridículo.

Tal vez por ello, los mandamases de La Cámpora salieron este sábado a relativizar la cuestión de la marcha: “Por ahora no hay nada definido, pero no se descarta nada”, dijeron desde la organización que conduce Máximo Kirchner.

Por su parte, los referentes sociales que habían adelantado que serían parte de la movida, empezaron a echarse atrás. Algunos incluso recomendaron pasar la movilización para el sábado 10 ante el temor de que haya poca concurrencia un día de semana.

Otro que la “cagoneó” fue Daniel Catalano, secretario general de ATE, quien había anticipado que “paralizaría el Estado” si se motorizaba la condena contra Cristina. Ahora salió a relativizar sus propios dichos: “Nunca hablé de pueblada”, sostuvo.

En ese contexto, un anónimo que circuló esta semana en los despachos de puntuales capitostes de las Fuerzas de Seguridad asegura que el avión que llegó al país con tripulantes venezolanos e iraníes “traía armas, municiones y personal para usar tras el fallo condenatorio que se dará el martes próximo”. Ello provocó preocupación y alerta en diversos círculos de poder, aunque les tranquilizará saber que la versión es falsa.

Entretanto, la política vernácula naufraga por los mares de la impudicia. Oficialismo y oposición demostraron esta semana cuál es su verdadera sustancia: la indignidad. Unos se mostraron irrespetuosos de las instituciones; otros respondieron a ello con groserías y patoterismo. El papelón del año, por lejos.

Lo ocurrido logró evitar que las miradas se posaran sobre la figura del flamante ministro de Transporte, Diego Giuliano, otrora subdirector Ejecutivo en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Un personaje oscuro, relacionado a una serie de negociados y curros dentro de aquel organismo. Denunciados oportunamente por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC).

Se trata de una trama de sobreprecios y superposición de trámites que preocupan al sector del transporte porque impactan directamente en los costos de las empresas de cargas de todo el país. Algunos de ellos son ilegales y discrecionales, y fueron pergeñados por el mismísimo Giuliano.

Finalmente, recordar que sigue inamovible la denuncia judicial que este cronista hizo contra Sergio Massa por enriquecimiento ilícito hace más de 3 meses. El juez Marcelo Martínez de Giorgi no solo no tomó ninguna medida de prueba al respecto, sino que tampoco permitió sumar nueva evidencia al expediente.

Quien escribe estas líneas intenta en estas horas aportar documentación sobre una nueva adquisición del ministro de Economía, pero le es imposible. Se trata de la malograda estancia que supo pertenecer a Julio Iglesias, “Momentos”. Ubicada en General Madariaga.

No solo es un tema de la Justicia. Todo indica que el país completo se encamina al abismo del surrealismo mágico que tan bien supo describir Gabriel García Márquez.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas

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Javier Milei recortó casi 50.000 cargos y ahorró 1.885 millones de dólares

Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.

El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.

Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.

El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.

El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.

Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.

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MISIONES | A días de las elecciones, los “libertarios” se denuncian entre ellos y reprochan su pasado en las listas K

Por Augusto Grinner

Misiones se prepara para sus elecciones legislativas del 8 de junio, en un escenario dominado históricamente por la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia de Carlos Rovira. En este tablero consolidado, La Libertad Avanza (LLA) intenta ganar terreno, pero su camino ha sido un constante foco de escándalos y contradicciones.

LAS PRIMERAS IRREGULARIDADES DE LLA DE MISIONES

Todo comenzó en 2023, cuando Ninfa Alvarenga, referente inicial de LLA, vio su candidatura a gobernadora frustrada. Tras esa fallida postulación, Alvarenga fue nombrada titular del PAMI Misiones. Desde allí, utilizó su Fundación, “Misión Libertad”, para gestionar donaciones estatales. Según el Boletín Oficial, a través de las resoluciones RSG N° 126/2024 y RSG N° 127/2024 del 30 de abril de 2024, entre otras cosas, se cedieron más de once mil artículos de primera necesidad (calzado, indumentaria, ropa blanca, accesorios) y de bazar (ollas, termos, etc.). Estas donaciones, gestionadas por Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, generaron una intensa difusión en redes sociales de la fundación, con un modelo de asistencia social que evocaba la acción directa de figuras como Eva Perón, marcando constantemente que las donaciones eran enviadas por Secretaría General de la Nación (donaciones que parten del sector privado).

Sin embargo, la gestión de Alvarenga frente a PAMI terminó abruptamente en octubre de 2024, cuando fue destituida por denuncias de exigir “aportes” del 10% al 20% de sus sueldos a los empleados de PAMI, cobrando además una indemnización de $11.380.414,26 al ser desvinculada, con apenas unos pocos meses de actividad.

Tras la salida de Alvarenga, Adrián Núñez asumió la presidencia de LLA Misiones y Samantha Stekler la titularidad de PAMI de Misiones.

LA ALIANZA CON ROVIRA QUE NO FUE

Antes de seguir con la trama de Núñez, debemos hablar del intento de “alianza tácita” de LLA con el oficialismo renovador de Rovira y la intendencia de Puerto Iguazú. Se constataron donaciones oficiales desde la secretaría que dirige Karina Milei hacia los espacios del rovirismo, toda información que surge del Boletín Oficial, pero en muchos casos sin especificar qué tipo de bienes o recursos se transferían. Recientemente este acercamiento se disolvió, y las especulaciones apuntaron a la Ley “Ficha Limpia” y a la falta de alianza como posibles factores. Es relevante que los Senadores Nacionales de Misiones que responden a Rovira votaron en contra de la Comisión de Investigación de Libra y la propia Ley “Ficha Limpia” en el Senado, hecho que beneficia al mileísmo por permitirles la posibilidad de polarizar con una Cristina Fernández candidata.

LOS CANDIDATOS SE DENUNCIAN ENTRE ELLOS

Pero retomemos al actual armado LLA en Misiones. Hace unos meses, una carta firmada por 22 personas fue dirigida a Adrián Núñez (recordemos, presidente de LLA Misiones), y esto detonó un nuevo escándalo: acusaciones formales de un esquema de retorno, iguales a los acusados contra Alvarenga.

Entre las figuras señaladas por las denuncias, acusadas de ser parte del esquema de “aportes”, se encuentran:

  • Carlos Adrián Núñez: Presidente de LLA Misiones y 3° en la boleta.
  • Samantha Noelia Stekler: Titular de PAMI Misiones y 2ª en la boleta.
  • Nelli Beatriz Guerrero: Titular de ANSES Misiones y 4ª en la boleta.
  • Paola Andrea Trinidad: Coordinadora de PAMI Misiones y 6ª en la boleta.
  • Walter Fabio Báez: Apoderado de LLA Misiones y 7º en la boleta.
  • Cristian Osvaldo Sanabria Brítez: Referente de LLA Misiones y quien recibió una de las transferencias por “aportes”, por un monto de $260.000.

El dato curioso es que la carta de denuncia fue firmada, irónicamente, por la mayor parte de los propios candidatos de LLA en la lista que, a su vez, tienen cargos en ANSES, PAMI y demás (empleos desde los que les exigían del 10% al 20% de sus sueldos):

  • Osvaldo Héctor Manzoni: N°5.
  • Melisa Yohana Skrauba: N°8.
  • Agustina Isabel Torales: N°10.
  • Yanina Gisela Lorenzo: N°14.
  • Rosana Alicia Mondelo: N°16.
  • Gastón Emanuel Horianski: N°17.
  • Camila Belén Aquino: N°18.
  • Tomás Margets: N°19.
  • Daniela Beatriz Cabral: N°20.
  • Isauro Daniel López: N°1 (suplente).
  • Carol Melisa Correa: N°2 (suplente).
  • Alberto Martín Celestino: N°3 (suplente).
  • Caren Yelsen Silveira Pintos: N°4 (suplente).
  • Matías Germán Alles: N°5 (suplente).
  • Celeste Agostina Comparin: Nº6 (suplente).
  • Dante Fabricio Berdini: N°7 (suplente).

Por si es necesario aclararlo otra vez: los candidatos de LLA de Misiones denuncian a los demás candidatos de la misma boleta.

Las irregularidades denunciadas replican el modus operandi del caso Alvarenga, sugiriendo un patrón de exigencia de “diezmos” en el espacio, y todo financiado por los trabajadores misioneros. Sin embargo, los hermanos Milei le dieron el visto bueno a toda esta situación de denuncias por corrupción dentro del mismo espacio.

KIRCHNERISTAS ANTI-CASTA

Finalmente y no menos importante, los perfiles de los candidatos revelan un pasado político que desdibuja la imagen “anticasta”.

El ya mencionado hasta el hartazgo, Carlos Adrián Núñez, actual presidente de LLA Misiones y principal denunciado, exhibe en sus redes tuits con posturas claramente kirchneristas, como su “Orgullo UBA” junto a Alberto Fernández en 2020, una nota elogiando la elección de Alberto como presidente, o su apoyo a la consigna “¿Dónde está Santiago Maldonado?” en 2017.

Por otro lado tenemos al primer candidato, el extenista Diego Gabriel Hartfield, que es quizás el caso más llamativo. Aunque ahora encabeza una lista libertaria, en las elecciones de 2015 fue candidato de Carlos Rovira y del kirchnerismo, como consta en el Tribunal Electoral de Misiones.

Sus tuits de la época lo confirman: en 2011 apoyaba a un senador misionero kirchnerista, en 2012 criticaba a Lanata por sus investigaciones contra el kirchnerismo, en 2014 elogiaba a Scioli y en 2015 confirmó haberlo votado. Incluso recomendaba fuertemente ver el programa ultra-kirchnerista “678”. E irónicamente, en 2016 tuiteó: “Ojalá nunca me toque ser diputado, no quiero trabajar 20 hs seguidas”.

Con este panorama, La Libertad Avanza en Misiones enfrenta el 8 de junio no solo el desafío de competir con el poder establecido, sino el de explicar sus propias contradicciones y el ruido de las denuncias internas que ensombrecen su debut electoral en la provincia.

Redacción

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Llaryora reclama $10.000 millones a Milei mientras dilapida casi el cuádruple de ese monto en pauta

Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial. 

“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.

Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.

Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei. 

Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.

En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.

Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.

Redacción

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Congreso | Marcela Pagano DESAFIÓ a Lilia Lemoine a hacerse una RINOSCOPIA y un TEST PSICOLÓGICO

Un nuevo round se sumó este fin de semana al escándalo cada vez más visible entre dos de las diputadas más polémicas del oficialismo: Marcela Pagano y Lilia Lemoine. Lo que comenzó como una burla en redes terminó en un duelo cargado de insultos, chicanas personales y hasta una propuesta para someterse a estudios físicos y psicológicos en un hospital público. Todo, claro, a la vista del electorado y en medio de una interna libertaria que ya dejó de disimular sus heridas.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1931362841304441061

La chispa que encendió el último fuego fue un posteo de Lemoine en X (ex Twitter), donde se rió abiertamente del proyecto de ley presentado por Pagano sobre “Ficha limpia psicológica”, una iniciativa que propone que los funcionarios públicos se realicen estudios de aptitud mental antes de asumir cargos. Para acompañar su burla, usó tres emojis de risa y un mensaje sarcástico que derivó en algo mucho más personal.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9 / X”

Si se llega a convertir en ley estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, porque a tu golpe bajo tengo muuuuchos elementos (pruebas) para responderte y que el mundo sepa la enfermedad que tenes y que te convierte en inidonea para el cargo. Sos triste. https://t.co/dBQzkOy0n9

Minutos después, Lemoine volvió a comentar su propio posteo, esta vez yendo directo al hueso: le pidió a Pagano que revele la identidad del padre de su hija. “Aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante porque de lo contrario perdés el fideicomiso”, escribió, sin detallar a qué tipo de fondo o beneficio hacía referencia. El comentario detonó una réplica feroz por parte de la experiodista.

“Por suerte no tuve que esperar la promesa de ningún fin de mandato para poder gestar un bebé, como te hicieron a vos”, disparó Pagano, quien además aprovechó el mensaje para tildar a su compañera de bancada de “lacra” y de usar su banca exclusivamente en beneficio personal. La diputada también aseguró que la identidad de su hija es pública y que suele llevarla al Congreso durante las sesiones.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ / X”

Muy simple yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc. @lilialemoine te desafió, vamos juntas? Y le sumo también una rinoscopia… te… https://t.co/wiyQuZ6CiJ

Pero la cosa no terminó ahí. Pagano fue más lejos y acusó a Lemoine de “faltar el respeto al presidente por celos”. “Sos tan patética que por celos le faltaste el respeto al presidente hablando de su intimidad. En mi vida hablaría de un hombre como lo hiciste vos de él, pero claro, a vos nadie te educó, nadie te cuidó, ni te quieren ni te dan el lugar de mujer”, arremetió con dureza, en un posteo que generó respuestas divididas incluso dentro del espacio oficialista.

https://twitter.com/lilialemoine/status/1931492025855021097

Como cierre de esta cadena de agravios, Pagano lanzó un reto público: se ofreció a someterse a todos los estudios previstos en su propio proyecto de ley, incluyendo análisis de sangre, orina, test psicológico y examen físico. “Yo me someto mañana mismo a lo que propongo en mi proyecto de ley. Salga o no. Y que públicamente se dé a conocer el resultado. Test psicológico, físico, análisis de sangre, orina, etc.”, escribió, desafiando a Lemoine a acompañarla a un hospital público para realizarse juntas la pericia psicofísica… y una rinoscopia.

Marcela Pagano on X (formerly Twitter): “Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de… https://t.co/8d4CHb5aYt / X”

Lacra, la información acerca de la identidad de mi hija es pública. Está inscripta como corresponde, es una bebé amada, sana y deseada. Tanto nos ocupamos de ella que en el Congreso está a diario a mi lado. Y yo también soy muy amada. Por suerte no tuve que esperar la promesa de…

El enfrentamiento entre ambas diputadas no es nuevo. Ya se habían cruzado fuertemente durante una sesión en el recinto, con insultos cara a cara e incluso forcejeos que incomodaron a más de un legislador oficialista. Pero este nuevo capítulo, más violento en lo simbólico y personal, suma tensión a un clima interno que el bloque de La Libertad Avanza no logra descomprimir.


Redacción

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Laner reivindicó la reforma del Consejo de la Magistratura y defendió concursos “transparentes y basados en el mérito”

La diputada provincial Carola Laner (Juntos por Entre Ríos) celebró la media sanción que la Cámara baja otorgó al proyecto que modifica la Ley 11.003 y redefine el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La legisladora calificó la iniciativa como “una reforma valiente, justa y profundamente necesaria para nuestra provincia” y subrayó que el objetivo central es “decidir cómo queremos que se elijan quienes van a impartir Justicia en Entre Ríos: que lo hagan por mérito, con transparencia y con reglas claras”.

Según Laner, el texto aprobado constituye “una reparación urgente” ante la imposibilidad actual del Consejo de cumplir su función esencial: seleccionar magistrados y funcionarios mediante concursos “públicos, abiertos y transparentes”. Recordó que la norma vigente, sancionada hace poco más de dos años, fue aprobada “sin planificación ni voluntad política de implementación”, lo que dejó al organismo sin herramientas operativas para sostener requisitos como el banco de casos. “Hoy nos encontramos con un órgano que debería estar activo, produciendo ternas y garantizando idoneidad. Frente a esa parálisis no hay lugar para especulaciones ni para discursos retóricos. Hay que actuar”, enfatizó.

Entre los cambios que consideró más relevantes, la diputada destacó la publicación digital de todos los expedientes —“no más decisiones entre cuatro paredes”— y la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia, que a su juicio solo generaba dilaciones. El proyecto también crea jurados especializados para evaluar a los aspirantes, restablece el orden de mérito en las ternas y habilita concursos anticipados para evitar vacancias prolongadas y designaciones provisorias poco claras.

Respecto del banco de casos, Laner señaló que la reforma lo mantiene como ideal, pero reconoce que hoy no puede aplicarse. El texto, añadió, “se abre incluso a la posibilidad de desarrollarlo en el futuro, con tecnología, inteligencia artificial y herramientas modernas”, aunque advirtió que la Justicia no puede seguir esperando mientras los cargos permanezcan sin cubrirse.

“Quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos confundir la exigencia con el obstáculo”, concluyó la diputada. “El perfeccionismo mal entendido no puede ser la excusa para dejar a la Justicia sin jueces ni a los entrerrianos sin las respuestas que necesitan”. Ahora el proyecto pasará al Senado provincial, donde deberá obtener el respaldo definitivo para convertirse en ley.

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El Gobierno descontará el día a los estatales que no trabajen para apoyar a Cristina

El Gobierno de Javier Milei dispuso descontar la jornada salarial a los empleados públicos que se sumaron al paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras centrales en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de la sentencia que la inhabilitó y le impuso seis años de prisión. La Dirección de Recursos Humanos notificó a cada organismo que relevara a los agentes ausentes con el argumento de “garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales”.

ATE decretó un paro nacional con movilización hacia los tribunales de Comodoro Py y el departamento de la ex jefa de Estado en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, señaló el gremio en un comunicado oficial. Su secretario general en la Ciudad, Daniel Catalano, ratificó que la protesta se realizaría “independientemente de lo que suceda” y advirtió: “Si el tribunal federal le toma declaración por Zoom, vamos a marchar igual”.

La medida del Ejecutivo también alcanzó a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y al Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Su titular, la diputada Vanesa Siley, sostuvo: “El movimiento obrero tiene que apoyar a Cristina. Ella se merece todo el acompañamiento de todos los sectores”. Además, confirmaron su adhesión la CTA Autónoma de Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky y La Bancaria de Omar Palazzo.

El cronograma de la protesta incluyó primero una concentración frente a los tribunales federales y luego una marcha hacia la residencia de la ex mandataria. Movimientos sociales como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y Libres del Sur anunciaron columnas propias. La Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con el Partido Justicialista y otorgó libertad de acción a sus sindicatos.

Mientras los gremios subrayaron que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron el descuento salarial como “un intento de disciplinamiento”, el Gobierno ratificó que “actuaría de acuerdo con las normas vigentes”. Servicios considerados esenciales en salud y seguridad funcionaron con guardias mínimas, según la pauta sindical interna.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reforzó el operativo antipiquetes: valló la Casa Rosada y otros edificios nacionales, colocó cortes de tránsito controlados y desplegó a la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El comando unificado también destacó agentes en los accesos a la Ciudad y mantuvo en alerta el protocolo para despejar cortes si fuera necesario.

La Casa Rosada celebró que el juez del Tribunal Oral Federal N.º 2, Rodrigo Gorini, notificara a la ex presidenta por videoconferencia y autorizara la prisión domiciliaria, al considerar que la medida ayudó a “mantener la paz social”. No obstante, el Ejecutivo sostuvo el dispositivo de seguridad, ya que sectores kirchneristas redireccionaron parte de la convocatoria hacia Plaza de Mayo para las 14.

En paralelo, el gobierno porteño expresó su preocupación por el impacto de la custodia permanente en la esquina de San José y Humberto Primo, tras las quejas de los vecinos por las manifestaciones recurrentes. Pese a la modificación del esquema judicial, la administración de Jorge Macri continuó coordinando con Nación la contención de eventuales disturbios.

Con el descuento del día, la intimación a los estatales y el despliegue de fuerzas federales, la gestión libertaria buscó desactivar o reducir la magnitud de una movilización que, aun así, reunió a sindicatos, organizaciones sociales y militancia kirchnerista en defensa de Cristina Kirchner.

Redacción

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