Las protestas continúan su curso más allá de que el oficialismo insista en ubicar el atentado a la vicepresidente como agenda nacional. Este segundo lunes de septiembre no fue la excepción. Nuevamente, madres, niños y tutores se hicieron presentes frente a La Rosada para decirle, “NO al ajuste en discapacidad”.

Otro punto de protesta en la ciudad de Buenos Aires fue también el Congreso Nacional. Más de 50 organizaciones no gubernamentales (ONG) se presentaron para entregar un petitorio referido a los retrasos que, -desde el mes de mayo- vienen afectando los pagos de las obras sociales y también directamente a sus prestadores de servicios.

Con plazos que van desde 120 a 160 días para cobrar, los prestadores tienen que ir a declarar lo obvio, “somos humanos, tenemos gastos, hijos y alquileres que pagar”. Y como agravante de esta dolorosa situación, la inflación no da tregua. El trabajo que brindaron hace meses “ya no vale nada”.

Tras ser acorralado por los reclamos, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, intentó desligarse de los retrasos e inconvenientes administrativos y aseguró que los pagos se regularizarán este mes: “En agosto hemos dado un incremento del 25% en los valores arancelarios, lo que consolida a septiembre un incremento del 69%, por encima de la inflación”, pero lo que el directivo no alertó es que, si no se regularizan los pagos este mes tal y como lo prometió, la inflación hará añicos ese incremento.

Mientras tanto, los recursos públicos siguen destinándose en gastos superfluos, desde picadas millonarias para Presidencia de la Nación, hasta banderas con sobre precios para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Sí, ese mismo que se jacta de aplicar políticas que incluyen a todos, o en su defecto, a todes.

La inclusión no incluye a unos pocos o a un selectivo grupo que simpatiza con la ideología del oficialismo, la inclusión debe garantizarse para todos. Entonces, ¿Por qué escasean fondos para solventar la Ley Brisa? Este programa creado para asistir a chicos menores que perdieron a sus madres víctimas de femicidios.

El área discapacidad, aunque muy sensible y de carácter urgente, no es la única a la que Massa ajustó -término que desmiente la vocera presidencial-. Es por este motivo que la defensora de la Niñez, Marisa Graham evalúa denunciar al ministro de Economía.

Pero, insistiendo con la pregunta, ¿Por qué faltan fondos para programas y áreas tan sensibles, pero parecen sobrar fondos para los lujos y gustos de los funcionarios públicos? La respuesta parece ser obvia, pero muy repudiable, estas cuestiones no son sus prioridades.

EL GOBIERNO NIEGA LA EXISTENCIA DEL AJUSTE

Luego del anuncio vía Twitter que realizó el ministerio correspondiente al área Salud, el jueves pasado la vocera presidencial volvió a referirse a este ajuste en una conferencia de prensa.

Gabriela Cerruti fue consultada sobre el malestar social generado por los recortes que Sergio Massa aplicó a áreas tan relevantes como Salud y Educación, en ese contexto Cerruti expresó: “No hay ningún tipo de ajuste. Lo único que sucedió en las últimas semanas en referencia a las partidas de Salud y Educación u otras áreas es que, aquellos créditos que estaban ‘pisados’ por algunos ministerios para cosas que no iban a suceder este año, sino que van a suceder el año que viene; realizamos un reordenamiento fiscal“, simplificó Gabriela. Por lo que se sobreentiende que, desde el Gobierno no buscan soluciones porque niegan la existencia de este problema.