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La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.
Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.
Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.
La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.
– El abogado de la víctima, Julio Razona
En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.
El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.
Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.
La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.
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La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras.
Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.
Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.
En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.
El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.
Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.
La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.
La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.
La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.
Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.
Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.
La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
El presidente JavierMilei convocó a su Gabinete y al titular de la Cámara de Diputados, MartínMenem, a una cena privada en la Casa Rosada tras su discurso en la Asamblea Legislativa, este sábado en el Congreso. La exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirma el distanciamiento político entre ambos, una tendencia que se acrecentó en los últimos meses y que pone en evidencia su marginación dentro del Ejecutivo.
El reencuentro sucederá luego de casi cuatro meses sin contacto. La última vez que coincidieron fue el 1 de noviembre de 2024, durante el 203° aniversario de la Policía Federal. Antes, el 15 de septiembre de 2024, durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. En aquella ocasión solo intercambiaron un saludo formal y breves palabras de rigor, más que nada, para las cámaras de los medios.
La cena, que se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada —un espacio poco habitual para este tipo de encuentros— contará con la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También estará presente el vocero presidencial Manuel Adorni. Además de Menem, se evaluó la posible participación de otros asesores cercanos al presidente, incluyendo a Santiago Caputo, aunque su asistencia aún no está confirmada.
El deterioro del vínculo entre Milei y Villarruel fue progresivo y se reflejó en varios episodios clave. Uno de los puntos más conflictivos ocurrió cuando la vicepresidenta presidió la sesión del Senado que destituyó al senador Edgardo Kueider, peronista aliado al oficialismo que fue detenido en la frontera con Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. El Gobierno reprochó a Villarruel por haber conducido la sesión en ausencia de Milei, quien estaba de viaje.
Otro motivo de enfrentamiento fue cuando la vicepresidente se quejó públicamente de ganar “dos chirolas” en un contexto en el que el Ejecutivo promovía la reducción de los gastos del Congreso.
Otro punto de fricción fue su postura en la controversia diplomática con Francia tras los cantos racistas de la selección argentina en la Copa América. Villarruel acusó al país europeo de ser “colonialista”, lo que obligó a Karina Milei a disculparse formalmente ante el embajador francés. En la Casa Rosada consideran que la vicepresidenta trató de posicionarse políticamente de manera independiente, lo que generó suspicacias dentro del mileísmo. Además, su postura en temas como las jubilaciones de privilegio, el aumento de dietas legislativas y su crítica al acuerdo con el Reino Unido sobre Malvinas también contribuyeron al distanciamiento.
– La respuesta de Villarruel a un usuario de Instagram, en enero
También fue excluida del grupo de WhatsApp del Gabinete, lo que oficializó su desvinculación de las decisiones de Gobierno. En los últimos meses, se le acusa ausentarse de reuniones estratégicas. En Balcarce 50, se considera que su figura es cada vez más irrelevante dentro del esquema de poder, “si había algún quilombo, como el de las universidades, no venía, pero si después cuando había algo que salía bien, reaparecía” —confirmaron fuentes de Casa Rosada al sitio Letra P— y de mantener contactos con “sectores de la oposición”, lo que profundizó aún más la desconfianza en su contra.
Por otra parte, el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa abordará cuestiones como seguridad y economía, con una fuerte crítica a la “ideología woke” y un respaldo a la iniciativa de Patricia Bullrich y Cúneo Libarona para reducir la edad de imputabilidad a 13 años. También se espera un anuncio de gran impacto, cuyo contenido se mantiene en estricta reserva. Sin dar demasiados detalles, el oficialismo adelantó que dicho anuncio “se llevará los titulares”.
La exclusión de Villarruel de la tertulia parece consolidarse como un reflejo más de la fractura entre la vicepresidenta y el Gobierno. Aunque evitó confrontaciones públicas con Milei, las diferencias estratégicas y políticas quedaron en evidencia. En su entorno, aseguran que sigue comprometida con el proyecto libertario, pero con una visión propia sobre cómo debe conducirse la gestión. Sus ‘pares’ de la Rosada, sin embargo, la consideran una figura prescindible. Al menos, estas fueron las palabras que el propio presidente utilizó a finales de noviembre de 2024, entrevistado por Esteban Trebuc: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.
– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.
El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.
El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.
No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.
– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional
Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.
Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) reveló una malversación en la ejecución de los programas habitacionales Reconstruir y Reactivar durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre 2021 y 2023 se destinaron $52.920 millones a la construcción de viviendas sociales que nunca se terminaron, con retrasos de hasta el 80% en las obras y fondos públicos que desaparecieron sin rendición de cuentas. La auditoría expuso cómo 6.583 familias quedaron sin techo mientras las obras se paralizaban.
Los programas Reconstruir y Reactivar nacieron como respuesta política a la crisis habitacional heredada del gobierno de Mauricio Macri. El presidente del Frente de Todos los presentó en mayo del 2021 como “la obra de Néstor y Cristina que vengo a terminar”, prometiendo entregar 55.000 viviendas antes de finalizar su mandato.
“Esto es algo que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que yo vengo a terminar la obra de ellos dos, y eso a mí me llena de alegría”, fue la frase que utilizo.
El Programa Reconstruir concentró el 88% del presupuesto total de $46.421 millones, con el objetivo de construir 20.829 viviendas nuevas.
Sin embargo, la realidad demostró ser muy diferente. Únicamente 14.246 unidades llegaron a etapa de construcción, mientras 6.583 permanecían en evaluación burocrática sin avances concretos. Peor aún: de las obras iniciadas, el 35,5% (22 de 62 proyectos) presentaban retrasos críticos entre el 30% y 80% respecto a los plazos pactados.
Los anticipos entregados a contratistas tuvieron un gran costo económico, perdiendo hasta el 82% de su valor real por la inflación acumulada en la gestión de Alberto Fernández, según cálculos de la SIGEN. El caso más emblemático ocurrió en Monte Grande (Buenos Aires), donde 240 viviendas al 99% de avance físico acumulan $604 millones sin justificar desde 2021.
El Programa Reactivar por su parte, con un presupuesto de $6.498 millones, se inició con la finalidad de terminar 1.416 viviendas abandonadas. Pero la auditoría halló obras con el 100% de los fondos ejecutados de un total $2.123 millones, sin registro de rendiciones en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
En 16 de los 30 proyectos por comenzar, las obras demoraron entre 45-90 días en arrancar tras firmar los convenios. Cuando finalmente comenzaron, los costos ya habían aumentado 143% por la inflación acumulada, haciendo inviable su finalización.
El informe de 27 páginas de la SIGEN dibuja un sistema habitacional colapsado por fallas estructurales, constituyendo pruebas clave en tres causas federales iniciadas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La propia Dirección General de Desarrollo Urbano y Vivienda admitió ante los auditores que únicamente tenía capacidad para supervisar el 17% de las obras activas, dejando el 83% restante en un vacío de control.
Ocho expedientes del Reconstruir carecen totalmente de documentación contable, incluyendo tres casos donde las obras estaban teóricamente terminadas. La SIGEN identificó $1.812 millones en pagos sin respaldo documental, equivalentes al 3.4% del presupuesto total, estos fondos “fantasma” se concentran en cuatro provincias: Buenos Aires (37%), Santa Fe (28%), Córdoba (19%) y Mendoza (16%).
Los convenios firmados con provincias y municipios incluían cláusulas permisivas que facilitaban el incumplimiento. El 78% de los contratos analizados permitían prórrogas automáticas de 180 días sin penalidades. Además, el 63% de las actas de inicio de obra se firmaron con hasta 90 días de retraso, aprovechando vacíos legales para evitar multas.
La SIGEN estima que hay unas 22.000 personas que siguen esperando soluciones habitacionales por los fallos en estos programas. A pesar del 99% de avance físico, como sucede en Monte Grande, las familias no pueden ocuparlas porque falta completar conexiones eléctricas y de gas. Mientras tanto, $604 millones asignados a estos trabajos finales permanecen sin justificar desde 2022. Vecinos organizados denuncian que el municipio usa las casas vacías como depósito de materiales de otras obras.
En 2022, la Secretaría de Hábitat contaba con solo 12 inspectores para supervisar 620 obras en curso, lo que equivale a un promedio insuficiente de 52 proyectos por cada uno. Esta escasez de personal de control se vio agravada por disputas burocráticas entre Nación, provincias y municipios, responsables del 68% de los retrasos al no definirse claramente quién debía asumir los costos.
Además, se detectaron fallas en el GDE, ya que el 23% de los expedientes digitales presentaban errores o estaban incompletos, lo que impidió rastrear el destino de $1.420 millones en transferencias. Todo esto se enmarca en un contexto en el que el déficit habitacional afecta a 3,5 millones de argentinos.
El expresidente Mauricio Macri se refirió al escándalo del criptogate, que involucró al presidente Javier Milei en la difusión de la memecoin $LIBRA. Calificó como “un hecho grave” la filtración de una escena en la que el asesor presidencial, Santiago Caputo, interrumpió una entrevista televisiva en el canal TN para que Milei repitiera su respuesta. El exmandatario sostuvo: “Hemos visto un presidente muy descuidado. Tiene que rodearse mejor, ha sido una estafa para mucha gente”. Agregó que la situación “amerita una investigación seria” y afirmó: “No dudo de su honestidad”.
Macri dio estas declaraciones este martes en Rosario, adonde llegó cerca de las 11 en una camioneta para reunirse con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con empresarios vinculados al sector agropecuario, en la Bolsa de Comercio. Antes de ingresar al edificio, reiteró que el caso resultó “un tema delicado”. Luego insistió en que lo sucedido “tuvo un impacto sobre la imagen pública local e internacional del presidente”.
El exjefe de Estado también descartó iniciar un proceso de juicio político en el Congreso. “Las cosas se generan en base a estudiar los problemas, analizar lo que pasó y buscar dónde están las responsabilidades, no utilizando una herramienta límite como el juicio político”, advirtió. Señaló que Milei “había logrado una buena recepción en el mundo entero” y que lo acontecido “lamentablemente generó un impacto”.
Durante la misma jornada, Pullaro afirmó que “las instituciones tienen que actuar para ver qué sucedió” y calificó como “disparatado” el pedido de juicio político de varios sectores de la oposición. “Tenemos que intentar que no se erosione la figura del presidente”, añadió. En contraste, desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el criptogate “ha generado ruido en el Gobierno”, mientras que el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo: “Acá no pasó nada, para nosotros no hay delito. Las operaciones son un clásico en la política argentina. Dicen cualquier cosa, nada de esto modificó su credibilidad, ni en la agenda internacional, ni en el acuerdo con el FMI, ni nada”.
Macri lanzó un fuerte cuestionamiento contra el entorno de Milei, en referencia a Karina, hermana del presidente, y al asesor Santiago Caputo, quienes estuvieron presentes en la entrevista de TN, junto con el vocero Adorni.
Finalmente, reiteró que Milei “quedó en el medio de una situación que ha sido una estafa para mucha gente” y explicó que no se había comunicado con el mandatario después de que se conoció la presunta implicación en la promoción de $LIBRA. “Es importante que haya decidido ponerse a disposición para que se investigue en profundidad”, concluyó.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
UN JUEZ AVALA QUE QUIENES ALTEREN EL ORDEN PÚBLICO Y OBSTACULICEN EL DERECHO DE CIRCULACIÓN PUEDEN SEGUIR COBRANDO PLANES SOCIALES pic.twitter.com/lrCwyspXZs
