Una demanda por enriquecimiento ilícito PREOCUPA a Alberto

El primer mandatario pagó una tasa de Justicia de más de 3 millones de pesos, lo que no coincide con sus ingresos o su patrimonio.
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El ex diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires en representación de Cambiemos, Jorge Enríquez, denunció al presidente Alberto Fernández por la comisión de delito de enriquecimiento ilícito, que se encuentra previsto y reprimido por el artículo 268 del Código Penal. Enríquez, quien dejó su banca en diciembre del 2021, interpuso la acción legal con el patrocinio de los abogados Eric Natansohn y Luis Cevasco.

La medida se enmarca en las acciones legales que Alberto Fernández inició contra la presidente del Pro, Patricia Bullrich, a través de la cual reclama una indemnización de 100 millones de pesos. Para ello, Fernández tuvo que pagar más de 3 millones en concepto de tasa de justicia.

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En total, Fernández pagó 3.104.245. De acuerdo a Enríquez, “dicha suma resulta absolutamente incompatible tanto con sus ingresos como presidente de la nación, que son 256.207 pesos mensuales, como con su patrimonio, que según su propia declaración asciende a la suma de 5.7 millones de pesos”.

También resultó llamativo que para abonar la tasa de Justicia Alberto Fernández haya recurrido a un cheque de la sucursal de Lomas de Zamora del banco HSBC, “cuyo titular se ignora, dado que el presidente posee una cuenta corriente en el banco Santander”.

“Las circunstancias que rodean al pago de esa enorme tasa de justicia, ameritan que este hecho deba ser investigado a la luz de lo dispuesto por el artículo 268 del Código Penal”, asegura Enríquez en su escrito.

Jorge Enríquez

Por ello, es que el denunciante exigió que se requiera a Fernández para que justifique la procedencia de los fondos con los que satisfizo el pago de la tasa de justicia, se libre un oficio al banco HSBC de Lomas de Zamora, para que informe quienes son los titulares de la cuenta a la que pertenece el cheque y se intime al primer mandatario a prestar declaración indagatoria.

Como se recordará, Alberto Fernández había presentado ante la Justicia una demanda por 100 millones de pesos contra Patricia Bullrich, después de que fracasaran las mediaciones ordenadas por las autoridades. La dirigente del Pro había deslizado la existencia de irregularidades en la negociación entre el gobierno nacional y el laboratorio Pfizer por la compra de vacunas contra el coronavirus.

*Fuente: REALPOLITIK

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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