Un abogado sacó a relucir una antigua denuncia contra D’Elía cuando intimidó a ruralistas en Plaza de Mayo
El precandidato a diputado nacional de Republicanos Unidos, José Magioncalda, expuso una vieja mancha en el legajo del líder piquetero peronista.
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El precandidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde Republicanos Unidos, José Magioncalda, es reconocido por su labor legal como abogado. Respecto a ello, publicó en sus redes sociales una antigua denuncia contra el aspirante a gobernador bonaerense Luis D’Elía por haber intimidado a ruralistas en la Plaza de Mayo.
“El 4 de agosto del 2008 presenté esta denuncia contra Luis D’Elía, por irrumpir en la Plaza de Mayo para dispersar una manifestación opositora. Desde ese día, no paré de reclamar ante la Justicia, ante cada avasallamiento que implicara vulnerar derechos ciudadanos”, sentenció desde su Twitter.
En aquel momento, la denuncia llegó a manos de un fiscal que reclamó la indagatoria del líder piquetero, entonces K, quién intimidó a ruralistas y otros manifestantes que se acercaron a la Plaza de Mayo el 26 de marzo del 2008, durante los cacerolazos contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a favor del campo en su protesta contra las retenciones móviles.
La denuncia había sido radicada por el abogado José Luis Magioncalda apenas ocurrieron los incidentes y llevó como pruebas los videos e imágenes que tomaron los medios periodísticos el 26 de marzo. Aquella noche, en medio de la imposición del aumento de las retenciones al agro que había firmado el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, un grupo de ruralistas y otros ciudadanos fueron a protestar frente a la Casa de Gobierno, en lo que se convirtió en el primer cacerolazo contra el Gobierno de CFK.
El dirigente piquetero y actual precandidato a gobernador bonaerense Luis D’Elía.
Para demostrar su apoyo al Gobierno, unas 400 personas que respondían al piquetero oficialista D’Elía y al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, llegaron a la Plaza de Mayo para replicar la protesta. Incluso el ex secretario de la Federación Tierra y Vivienda agredió a un ciudadano que estaba en la marcha a favor del agro y que, según contó el ex funcionario luego, lo había insultado.
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La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.
La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.
La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.
Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.
Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.
De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.
Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.
Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.
La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.
En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.
En pleno debate por el Presupuesto 2026, el correntino Lisandro Almirón celebró un listado de rutas y obras para su provincia como un logro del oficialismo. La oposición le marcó en el recinto que leyó el dictamen de minoría de Unión por la Patria.
Otro hecho consumado entierra aún más la imagen de la libertaria y diputada nacional, Lorena Villaverde. Se trata de una nueva demanda en Las Grutas que continúa socavando la imagen de la congresista con presuntos vínculos con el narcotráfico.
