TV Pública intimó a la productora de Cristóbal López

Se conocieron nuevas demandas de otros siete periodistas, en este caso contra Radio Nacional, donde reclaman más de $110 millones al Estado.
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Hace ya varios días, el periodista Orlando Baronele, ex panelista de 6,7,8 le ganó un juicio laboral a la TV Pública por $15 millones. En la jornada de hoy, se conocieron nuevas demandas de otros siete periodistas, en este caso contra Radio Nacional, donde reclaman más de $110 millones al Estado.

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina SE (RTA), reveló que intimaron a la productora Pensado Para Televisión (PPT) el cual pertenece al Grupo Indalo de Cristóbal López y Fabián de Sousa para que les devuelva el dinero, esto lo confirmó en una entrevista para AM750.

“Si bien el trabajador elige a quien cobrarle, nosotros ya intimamos a la productora para que devuelva el dinero y si no lo devuelve vamos a iniciar acciones legales contra Pensado Para Televisión”, aseguró la presidenta. Además, desmintió las versiones donde se acusaba a la TV Pública de perjudicar al estado por no apelar: “Se dijeron barbaridades, como que la empresa no apeló por una cuestión ideológica. Se apeló, se fue hasta la Cámara, pero ese es un fallo firme”.

“Estamos condenados, por lo que estamos obligados a cumplir la sentencia. Ya se intimó a la productora para que devuelva el dinero, si no, iniciaremos acciones legales”, detalló Lufrano.

La presidenta además agregó que “nadie puede impedir que un trabajador haga un juicio contra su empleador”, y consideró que “hay mucha ignorancia y mentira”.

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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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