19 septiembre, 2025

Tras una denuncia, Unión por la Patria fue impugnado en Mar del Plata y no podría presentarse a elecciones

El intento de coalición K, Encuentro Marplatense, habría sido bajado y no podría presentarse en las PASO tras una denuncia.
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Afiliados al Partido Justicialista de Mar del Plata, liderados por el referente peronista Álvaro Fanproyen, realizaron una presentación en la Justicia electoral impugnando la validez del acuerdo de adhesión de boleta entre Fernanda Raverta y Gustavo Pulti en la ciudad.

“En virtud de ese acuerdo inconsulto y efectuado a espaldas del peronismo marplatense, se decidió que de todos los 136 distritos, no se presentaran candidatos de la alianza Unión por la Patria, a la que esta integrada el PJ en la ciudad”, sentenciaron en un comunicado oficial.

A lo que añadieron: “De ese modo, señalan, se dejo a los precandidatos locales pertenecientes a dicho espacio, el PJ, al margen de las elecciones primarias”. En diálogo con Data24, Fanproyen expresó que “se ha decidido completar la boleta en el orden local con la alianza integrada por Acción Marplatense”.

Dicho acuerdo, afirmaron en el comunicado: “Viola el federalismo, y la democracia partidaria, ya que además de haber proscripto virtualmente a todo el peronismo marplatense no alineado con dicha jugada”. Y siguió: “Esta en contradicción con el decreto provincial 267/2019, artículo 23, que obliga a todas las alianzas y partidos a habilitar listas de precandidatos y candidatos en todas las categorías”.

Asimismo, Fanproyen puntualizó en este portal que “dicho decreto provincial, vigente, prohíbe en la provincia de Buenos Aires la integración de listas con distintas denominaciones en diferentes categorías. Ello estaría permitido solo por la legislación nacional, que se pretende aplicar al caso, en abierta violación a la bonaerense”.

“Hemos visto además en días pasados vídeos donde se ve claramente que se ha impedido la participación de otros compañeros que pretendían ser precandidatos, a los que no se les recibió ni siquiera los apoderados en la sede partidaria de la ciudad de La Plata”, afirmó el comunicado oficial presentado.

“Cabe agregar que la presentación aludida se suma a otros planteos judiciales efectuados días pasados en igual sentido, por el precandidato a intendente Rodolfo ‘Manino’ Iriart, todos ellos aún pendientes de resolución. ¿Ira ‘Encuentro Marplatense’ a las elecciones con lista ‘corta’? La junta electoral tiene la palabra”, concluyó.

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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