Tras la condena a Alperovich, tiembla Fernando Espinoza
Los dos casos relacionan al abuso sexual y al poder. Ante la mínima sospecha, el intendente de La Matanza debería haber pedido licencia. Alperovich se había quedado sin fueros.
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“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe”, había escrito en una carta abierta la sobrina del condenado exgobernador de Tucumán y exsenador del peronismo.
En paralelo a conocerse la sentencia a 16 años de prisión e inhabilitación permanente a ocupar cargos públicos de parte del condenado José Alperovich, está la situación del procesado intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Un caso similar donde una mujer lo denunció al Barón matancero de haber abusado sexualmente, al compartir una cena en el departamento de la víctima. Según consta en la denuncia, ella se habría negado ante la insistencia del político que se le tiró encima. Luego, se señaló que el jefe de gabinete del intendente la habría presionado para retirar la demanda.
La pregunta que cabe, aguardando la decisión en este caso de la justicia es, ¿Cómo estando procesado, Espinosa, no se hizo a un lado de la gestión municipal?
Con Alperovich, el partido peronista tomó la debida distancia ante el increscendo del escándalo. En cambio, a Espinoza lo siguen bancando sobre todo en el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Fotos con el gobernador Kicillof y varios actos oficiales de fingir demencia o hacer de cuenta que “aquí no pasó nada”.
También es cierto que colectivos feministas no hicieron igual hincapié en estas dos causas que en otras de también impacto como las del actor Juan Darthes, también condenado pero por la justicia brasileña.
Cuenta la historia que la moral de Cristina le hizo bajar el pulgar de un dirigente cercano cuando descubrió que le era infiel a su mujer, encima ella muy cercana colaboradora, entonces, de la ex presidenta.
¿Ser infiel resultaría más gravoso que ser abusador de mujeres?
Quizás Alperovich corrió con la mala suerte de no ser un dirigente con vigencia de poder. Su esposa, Beatris Rojkés, cultivó mucha cercanía con Cristina cuando la líder del kirchnerismo era presidenta. La reemplazó en la primera magistratura ante uno de sus viajes. El actual mandatario tucumano aliado de Milei, Osvaldo Jaldo, intentó ubicar a una de las hijas de Alperovich en la Secretaría de la Mujer. Agrupaciones feministas tucumanas alertaron de la barrabasada que hubiera sido la medida.
El magistrado que condenó a Alperovich es Ramos Padilla, un viejo conocido de la justicia. Cercano a organismo de derechos humanos y ex miembro de Justicia Legítima, actuó leyendo un cambio de época. No está nada mal para comenzar a soñar que muchos otros lo imiten.
*Con información de Expediente Político (Horacio Caride)
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Tras el fallo internacional por el caso TheoHernández, el futbolista inició una millonaria demanda contra la abogada feminista Raquel Hermida, acusándola de haber promovido una falsa denuncia y de difundir información falsa en los medios.
Montiel, recientemente absuelto por “inexistencia de delito” en una denuncia de abuso sexual presentada en su contra, busca justicia no solo para limpiar su imagen, sino también para sentar un precedente contra lo que considera un uso malintencionado del sistema judicial y mediático.
Según fuentes cercanas al futbolista y a su equipo legal, la demanda no incluirá a la mujer denunciante.Montiel y sus abogados entienden que esta persona fue utilizada por Hermida en una operación mediática con presuntos fines extorsivos y económicos.
Además, consideran que la denuncia fue promovida de manera falaz con el objetivo de desviar la atención pública tras el escándalo que involucró a Hermida cuando fue despedida por Nahir Galarza, otra de sus conocidas expatrocinadas.
Este caso podría tener implicancias significativas en el debate sobre la responsabilidad ética de los abogados y la lucha contra las noticias falsas en el ámbito judicial y mediático.
El escándalo que sacude a la política platense podría ser el guion de una película, pero es real. Alberto Delgado, exdiputado provincial y actual subsecretario de Gobierno de la municipalidad de La Plata, fue la víctima de un robo insólito: más de medio kilo de oro, valuado en 45 mil dólares, que había enterrado en el patio de su casa, desapareció a manos de dos ladrones que fingieron realizar trabajos en su vivienda.
Delgado, quien asumió su cargo ad honorem bajo la gestión comunal, es conocido en el ámbito político local por su extensa trayectoria, que incluye la dirección del Consejo de la Tercera Edad, la secretaría de Acción Social y dos mandatos como representante de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, este episodio pone bajo la lupa sus finanzas personales y su vínculo con el patrimonio no declarado.
Según consta en la denuncia, el oro, escondido a pocos centímetros de profundidad en un frasco de vidrio, fue descubierto por dos hombres que habían trabajado previamente en el barrio cerrado donde vive Delgado, en la localidad de Arana. Aprovechando su acceso al lugar, los ladrones planificaron el golpe con precisión quirúrgica, montando un operativo que incluyó excusas como mover postes de luz en su patio.
Lo llamativo es que Delgado, oriundo de Pehuajó pero radicado hace años en La Plata, afirmó que ni siquiera su familia sabía de la existencia del oro, que, según él, estaba destinado a la compra de un departamento para su hijo.
La gran pregunta… ¿De dónde salió el oro?
El robo abre un interrogante que Delgado aún no ha respondido públicamente: ¿Cómo obtuvo medio kilo de oro y por qué lo mantenía escondido en su patio? Aunque su cargo actual es ad honorem, la acumulación de riquezas en efectivo o metales preciosos no es común para un jubilado de la política, ni mucho menos para un funcionario público con una carrera de servicio.
– El hecho ocurrió en un barrio cerrado ubicado en 131 y 635, en la localidad de Arana
Más allá del trasfondo político, el robo en sí también refleja la creciente inseguridad en barrios cerrados de La Plata, donde, a pesar de las medidas de protección, los ladrones encuentran formas de perpetrar delitos.
El caso de Delgado trasciende el ámbito policial para convertirse en un asunto político y ético. Mientras los vecinos de La Plata reclaman mayor seguridad, surgen dudas sobre los recursos personales de un dirigente que, paradójicamente, ha sido un referente de la lucha por la equidad social.
Un policía de la Ciudad fue victima de un nuevo ataque en el Conurbano: recibió un disparo en el abdomen cuando intentaron robarle en La Matanza. El hecho fue denunciado por el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Woff, en el marco de una escalada de ataques violentos a agentes de la Policía de la Ciudad en la provincia de Buenos Aires.
El ministro Wolff detalló en las redes sociales que el efectivo baleado se llama Ernesto Andrés Mamani. Fue abordado por delincuentes que quisieron robarle y recibió un disparo por el que se encuentra internado luego de una intervención quirúrgica.
“Como a tantos bonaerenses, a él esta vez quisieron robarle delincuentes en La Matanza. Van 30 enfrentamientos armados de policías de la Ciudad que viven en el Conurbano al entrar o salir de sus casas en lo que va de 2025. Seguimos a disposición y esperando la reunión fallida entre nuestros equipos técnicos de ambos distritos para encontrar soluciones”, sostuvo el funcionario en X, quien agregó: “Qué mas tiene que pasar? Cuántos muertos más? Los problemas existen aunque no hablen de ellos”.
El oficial porteño Mamani fue atacado en la zona de Villa Palito cuando iba a trabajar como agente de la Policía de la Ciudad. El ataque violento sucedió sobre Camino de Cintura y Mendoza, cerca de la Ruta 21. Allí, se produjo un enfrentamiento y Mamani recibió un disparo en el abdomen.
Ahora se encuentra en el Hospital Balestrini de La Matanza, donde fue intervenido en la mañana de ayer martes. Desde el Gobierno porteño comunicaron que, si su estado de salud lo permite, será trasladado con un helicóptero del SAME al Hospital Italiano.
CRECE LA BRONCA ENTRE CIUDAD Y PROVINCIA:
El ataque en cuestión se inscribe en una escalada de hechos violentos que tienen a policías de la Ciudad que viven en el Conurbano bonaerense como víctimas. Se tratan de ataques que vienen registrándose desde el año pasado, lo que contribuyó a deteriorar el vinculo entre los Gobiernos de CABA y la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad pública.
Hace unos días hubo un intento de acercamiento entre Waldo Wolff y su par de Provincia, Javier Alonso, con miras a elaborar un plan coordinado para dotar de mayor seguridad a los municipios peligrosos del Conurbano y así evitar más ataques a policías porteños. Sin embargo, el encuentro terminó con acusaciones políticas a un lado y otro de las posiciones en conflicto.
A pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía Federal Nº 3, dirigida por Eduardo Taiano, presentó un informe exhaustivo que confirma la hipótesis del homicidio.
El documento, compuesto por 52 páginas y dividido en siete capítulos, detalla los avances de la investigación, las irregularidades en el tratamiento inicial del caso y el impacto político y social de su muerte. Además, señala que el asesinato estuvo relacionado con su rol como fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA) y, en particular, con la denuncia presentada contra Cristina Kirchner y otros funcionarios por presunto encubrimiento.
“Luego de años de tareas de investigación se arribó a una serie de conclusiones que hoy permiten afirmar que el fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y que su muerte estuvo motivada en su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán. A la fecha, en esta etapa de la investigación, se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía”.
El informe destaca que la muerte de Nisman ocurrió en un contexto de creciente presión y amenazas hacia él y su equipo, las cuales se intensificaron tras la presentación de su denuncia el 14 de enero de 2015. Este documento apuntó directamente al Memorándum de Entendimiento con Irán como una herramienta para garantizar la impunidad de los responsables del atentado terrorista a la AMIA de 1994. La fiscalía enfatiza que las pruebas recabadas hasta la fecha refuerzan la tesis de que el homicidio fue planeado con la intención de silenciarlo.
En el análisis de las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento en el complejo Le Parc de Puerto Madero, el informe denuncia graves irregularidades. Se registró la presencia de más de 80 personas en la escena del crimen, incluyendo funcionarios de alto rango de la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad. Estas acciones comprometieron la preservación de evidencias cruciales y han generado sospechas de encubrimiento. Además, se identificaron fallas significativas en la cadena de custodia, con elementos probatorios manipulados sin protocolos adecuados, como el arma utilizada en el homicidio. Este tipo de falencias, además de retrasar los avances en la investigación, abrieron la puerta a teorías de “conspiración” que, hasta el día de hoy, no han sido completamente descartadas.
“En ese dictamen se corroboró la participación activa de terceras personas en la muerte del Dr. Nisman, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo, lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″
Otro aspecto clave del informe es la ineficacia de la custodia policial asignada a proteger al fiscal. Durante el fin de semana en que ocurrió el crimen, los custodios abandonaron su puesto en varias ocasiones, dejando a Nisman completamente desprotegido por más de 12 horas. Según la fiscalía, esta negligencia facilitó el accionar de los perpetradores y la posterior manipulación de la escena. A la fecha, se está investigando a los agentes responsables de su seguridad para determinar su nivel de participación o negligencia.
– Eduardo Taiano
La investigación también pone el foco en los servicios de inteligencia. Se identificó la participación de agentes de la ex SIDE en el entorno de Nisman antes y después de su muerte. La fiscalía acusa a estos organismos de retener información relevante y, en algunos casos, destruir documentos clave que podrían haber arrojado luz sobre los hechos. Esta obstrucción no solo ha ralentizado el avance de la investigación, sino que también alimentaron las sospechas de un encubrimiento sistemático. Las conexiones entre estos agentes y sectores políticos vinculados al gobierno de ese entonces han sido un tema central en las hipótesis del caso, evidenciando un entramado de intereses cruzados que complican aún más el esclarecimiento del crimen.
“Del informe final también se desprende la presencia de ketamina en las vísceras, afirmándose que Nisman se encontraba al momento de su muerte con anestesia disociativa, siendo su voluntad abolida pero con conservación de su tono muscular”
En una medida reciente, el gobierno actual, bajo la administración de Javier Milei, desclasificó una serie de documentos de inteligencia vinculados a la causa. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que algunos de estos archivos habrían sido destruidos durante gestiones anteriores, dejando vacíos importantes en la investigación. Esta desclasificación busca aclarar las redes de contactos entre espías y actores políticos en las horas previas y posteriores a la muerte de Nisman. La fiscalía sostiene que estos documentos podrían ser clave para identificar tanto a los responsables materiales como intelectuales del crimen. A pesar de los esfuerzos recientes, la falta de documentación completa genera nuevos interrogantes sobre el grado de colaboración institucional en el caso.
El informe también subraya las nuevas líneas de investigación que se han abierto, incluyendo el análisis de más de 600 líneas telefónicas relacionadas con el caso y el entrecruzamiento de datos que podrían revelar patrones de comunicación sospechosos. Asimismo, se están impulsando nuevas imputaciones contra figuras vinculadas a los servicios de inteligencia y al entorno gubernamental de aquel momento. Estas medidas incluyen la convocatoria a declarar como testigos a agentes de inteligencia que habrían estado activos en las fechas críticas, así como el análisis de movimientos financieros relacionados con el uso de fondos reservados.
El emblemático campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, Uruguay, y confiscado a Lázaro Báez tras su condena por lavado de dinero, fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La propiedad, valuada originalmente en 14 millones de dólares, tenía una base de 3,5 millones, pero alcanzó un precio final de 10,8 millones en una reñida puja. La oferta ganadora fue realizada por una sociedad vinculada al empresario Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, y al polista Adolfo Cambiasso, a través de la empresa Consultatio.
La subasta tuvo lugar en el hotel Jeans Clever de Punta del Este, donde empresarios y abogados se congregaron para participar del remate. Solo diez postores cumplieron con el requisito de un depósito inicial de 10.000 dólares para competir por el predio de 145 hectáreas. La entrada de “El Entrevero” se encuentra en el kilómetro 171 de la Ruta Nacional 10, a solo ocho kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, y el terreno ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.
El campo había sido adquirido en 2011 por Báez a través de maniobras que buscaban blanquear fondos ilícitos. Según Leonardo Fariña, uno de los imputados en el caso y colaborador clave como testigo arrepentido, la compra se realizó mediante sociedades fantasma como Traline SA y Jumey SA para ocultar a los verdaderos propietarios. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones”, declaró Fariña durante el juicio.
La propiedad fue decomisada en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, que destapó un esquema de corrupción liderado por Báez. En 2023, la justicia uruguaya condenó al empresario a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, mientras que Fariña recibió una pena reducida de dos años y medio por su colaboración.
Además de “El Entrevero”, Báez poseía otro terreno en la zona del Faro de José Ignacio, adquirido por 800.000 dólares, y una propiedad en Maldonado valuada en 320.000 dólares. En total, el decomiso de bienes alcanzó los 14,8 millones de dólares.
El rematador Javier Fasanelo destacó las características del terreno subastado, que incluye 40 hectáreas habilitadas para desarrollos inmobiliarios cercanas al mar. “Es un terreno único, con posibilidades de desarrollo que justifican un precio final cercano a los 10 millones de dólares”, aseguró Fasanelo antes de conocerse la oferta final.
La exmandataria Cristina Fernández de Kirchner recurrirá nuevamente a la Justicia Federal para reclamar la restitución de su jubilación especial, luego de que el gobierno de Javier Milei suspendiera su cobro. La expresidenta percibía dos haberes en simultáneo: su pensión como exjefa de Estado y la asignación correspondiente como viuda de Néstor Kirchner, lo que le permitía recibir una suma millonaria.
Cabe recordar que la exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, según lo ratificó la Cámara Federal de Casación Penal. El fallo la encontró responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, aunque aún restan instancias judiciales para que la sentencia quede firme.
Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en mayo de 2024, la expresidenta percibía un monto bruto mensual que equivalía aproximadamente a 385 jubilaciones mínimas de aquel entonces.
El abogado Facundo Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner, presentó ante la ANSES un escrito en el que sostiene que la suspensión de los pagos “vulnera los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional” y exigió el reintegro de los montos retenidos. En su denuncia, calificó la medida como “un acto más de persecución con fines vengativos, hostigamiento y sectarismo político” por parte del Gobierno. Asimismo, insistió en que la ANSES carece de facultades legales para revocar este tipo de beneficios.
Fuentes del organismo previsional confirmaron que ni Cristina Kirchner ni Amado Boudou —condenado por el caso Ciccone— están cobrando actualmente sus asignaciones especiales. “Por ahora, no cobran un peso”, indicaron.
El pasado 14 de noviembre, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció en conferencia de prensa la decisión de revocar tanto la jubilación como la pensión de la exmandataria. En ese contexto, señaló que la medida representaba “un ahorro de unos $21.827.624 para los argentinos”.
Desde el Gobierno buscan rechazar el reclamo de Cristina Kirchner, argumentando que su situación encuadra en el concepto de “indignidad” previsto en el artículo 29 de la ley 24.018, que impide otorgar beneficios previsionales a quienes hayan cometido delitos dolosos contra el Estado con fines de enriquecimiento. La normativa establece que estos haberes no podrán ser percibidos por quienes hayan sido destituidos mediante juicio político o sumario debido a un mal desempeño en sus funciones.
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