19 septiembre, 2025

“Sé que Lucio me perdonó”: Las últimas palabras de Abigail Páez, una de las asesinas de Lucio Dupuy

La novia de Magdalena Espósito Valenti, progenitora de Lucio Dupuy, dio su última declaración en la etapa de alegatos y aseguró que la víctima ya la perdonó.
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Tras 18 audiencias en el juicio por el cruel asesinato contra Lucio Dupuy, la Justicia dictará una sentencia el 2 febrero contra las únicas dos acusadas, Magdalena Espósito Valenti y su novia, Abigail Páez. Ambas se encuentran acusadas del crimen bajo el delito de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”.

En la última audiencia que tuvo lugar este 26 de diciembre, Páez habló puntualmente de Lucio y expresó: “No sé realmente lo que pasó”, se disculpó con su familia y aseguró que el perdón de la víctima creé que ya lo tiene.

Caso Lucio Dupuy: Las homicidas le mutilaron los genitales antes de asesinarlo

Según la fiscal Verónica Ferrero, las acusadas "agredieron físicamente entre las 17:30 y las 19:40 ocasionándole múltiples lesiones", horas previas al deceso del menor.

Al ser consultada sobre el asesinato en plena audiencia, Páez comentó: "No vine acá a mentir, sino a dar mi versión y a decir la verdad de los hechos; y aunque no juré, lo juro ahora por todas mis creencias, que lo que dije es la verdad. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada".

Abigail Páez, Magdalena Espósito Valenti y Lucio Dupuy.
Abigail Páez, Magdalena Espósito Valenti y Lucio Dupuy

En ese sentido admitió tener conocimiento de las opiniones desfavorecedoras que recayeron sobre ella luego del homicidio, pero que tanto la madre de Lucio (Espósito Valenti) como ella, lo extrañan y lamentan lo que ocurrió: "Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido 'tocadas' por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan, como me pasa a mí y a su mamá".

En otro tramo, la acusada también brindó una palabras para su propia familia y se lamentó: "También quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas".

Por el final de su alegato, dijo: "Sé que Lucio me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar".

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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