RUTA DEL DINERO K | Lázaro Báez condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 4 tras dos años y medio de juicio.
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Lazaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero en lo que se conoció mediáticamente como la Ruta del dinero K. Así lo resolvió este mediodía el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti– tras dos años y medio de juicio.

El empresario recibió esta condena en el marco de la causa en la que se lo investigó por maniobras lavado de dinero por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015.

El dueño de Austral Construcciones tenía un pedido de 12 años de prisión por parte de la fiscalía, mientras que su defensa había reclamado la absolución y por considerar al caso como un “circo judicial”.

Báez está con prisión domiciliaria desde septiembre pasado, cuando la Cámara Federal de Casación Penal ordenó darle ese beneficio, y siguió las alternativas del juicio por videoconferencia, al igual que sus cuatro hijos.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y se preveía una duración de ocho meses pero la pandemia de coronavirus atrasó el proceso ya que no hubo audiencias entre fines de marzo y junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.

En su última intervención durante el juicio, el 30 de diciembre pasado, Báez aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.


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Causa $LIBRA | Martínez de Giorgi rechazó asumir la causa luego del bloqueo de Servini

El juez Marcelo Martínez de Giorgi no dudó: notificó que no aceptará la competencia para instruir la causa $LIBRA, el expediente que investiga una presunta estafa con criptomonedas promovida en plena campaña por el presidente Javier Milei.

La investigación nació el 28 de febrero de 2025, a partir de una denuncia presentada por los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro.

Antes, la jueza María Servini ya había dado un paso al costado. Se declaró incompetente y sostuvo que los hechos tenían conexión con otro expediente que lleva adelante el propio Giorgi.

Ese otro caso no es menor: involucra directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, apuntada por presuntas dádivas relacionadas con audiencias concedidas por su hermano presidente.

Con Servini afuera, Ariel Lijo —subrogando su juzgado— envió el expediente a Martínez de Giorgi. Pero el magistrado devolvió la pelota. Reconoció que existe relación entre las causas, aunque dejó en claro que la Cámara Federal ya resolvió que sigan separadas. La decisión fue tajante: sin un nuevo fallo de la Cámara que modifique esa postura, Giorgi no se hará cargo de $LIBRA.

El juez remarcó que comparte el criterio de conexidad —el vínculo entre causas—, pero no puede unificar los expedientes por decisión propia. “La Cámara ya habló”, dejó trascender en su resolución, en alusión al fallo previo que blindó la separación.

La trama suma otra capa: Servini había rechazado que damnificados por la caída de la criptomoneda ingresaran como querellantes. Sin embargo, la Cámara de Casación revirtió esa decisión y habilitó a varios inversores a sumarse al proceso.

En este escenario de pases y rechazos, el fiscal federal Eduardo Taiano continúa al frente de la investigación. Su tarea es sostener la instrucción y avanzar en las medidas de prueba, aunque todavía no esté definido qué juez se quedará con el expediente.

La causa $LIBRA quedó atrapada en un limbo procesal: jueces que se bajan, expedientes que van y vienen, recursos de querellantes y apelaciones cruzadas.

Ahora todo depende de la Cámara Federal, que tendrá que resolver de una vez por todas quién asume el control de la investigación.

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