19 septiembre, 2025

“Qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta”: La búsqueda en internet de César Sena

Tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski, quien era su pareja hizo inquietantes búsquedas en internet sobre la muerte de un ser querido. El historial está en manos de la justicia.
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Los mensajes de WhatsApp que Cecilia envió a un allegado para contarle que su pareja y uno de los tres acusados de asesinarla, César Sena, era “violento” y le tenía “miedo”, sumado a las recientes declaraciones del asistente del clan Sena, Gustavo Obregón, y las búsquedas en internet que realizó el propio imputado, complican aún más al joven de 19 años. 

Según trascendió en las últimas horas, la justicia tiene en su poder el historial de búsqueda de internet de César Sena y hallaron una consulta que este realizó en Google días después de la desaparición de su pareja: “¿Qué pasa con el alma de un ser querido que muere de forma violenta?”, fue la pregunta que dijo y que podría terminar de confirmar que César Sena asesinó a Cecilia.

El equipo fiscal plasmó las evidencias en una resolución mediante la cual los integrantes dictaron este jueves las prisiones preventivas de César Sena (19); su padre, Emerenciano Sena (59), y su madre, Marcela Acuña (51) por “homicidio agravado”, y de los colaboradores de ese clan, el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), por “encubrimiento agravado”.

Los fiscales hicieron especial hincapié en las capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo un testigo de identidad reservada con Cecilia días antes de su desaparición, en las que se refería a su esposo como alguien “violento” al que le tenía “miedo”.

“Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo“, fue uno de los mensajes que Cecilia envió a este testigo. Seguidamente, la joven relató: “No había nadie cerca (…) por eso me dio miedo también, no había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo (…) Y ahora tengo miedo de eso, si ya cruzó la línea qué dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto”, son las transcripciones que realizó la justicia según el medio Télam.

*Fuente: Periodismo y Punto

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CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

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